CNN Chile entrevista con Alejandro Ferreiro, Presidente del Consejo de Transparencia
En el Parlamento chileno y la Comisión de Constitución se aprobó una reforma de la ley de transparencia y según Ferreiro, estas instituciones han evaluado el modo que esta ley se aplicó durante los primeros tres años de vigencia. Han sugerido recomendaciones prácticas que mejoran el funcionamiento de la ley. También le dan más atribuciones al consejo y permiten el uso de la tecnología de información. Según Ferreiro, es un esfuerzo colaborativo entre el gobierno, la oposición y el Consejo para mejorar la ley de transparencia. Esta política es una oportunidad de disminuir las diferencias entre el gobierno y la oposición para definir como país lo que quiere Chile en esta materia. Ferreiro le asegura que la gente tiene derecho a pedir la información que esta en el poder del estado y cree que la información no es de las instituciones ni de las autoridades – es de las personas y los ciudadanos. Por tanto cuando piden la información están ejerciendo un derecho propio, un derecho considerado como derecho fundamental para la participación política. Si no le responden las instituciones, la gente tiene derecho ir al Consejo. El año pasado al consejo han llegado 1,820 casos pero según Ferreiro hay muchos más porque a menudo la gente no sabe que tiene estos derechos. Aunque Chile ha logrado mucho en esta materia, todavía hay mucho que avanzar y el acceso a la información es solo el primer paso. El segundo es la liberación de los datos por el estado y el tercero es la participación efectiva de la gente.
A reform of the transparency law was passed In Parliament and the Constitution Commission in Chile. According to Ferreiro, these institutions have evaluated the way the law has been applied during its initial three years. They have made practical recommendations that improve the way the law works, give more responsibilities to the Transparency Council and allow better use of information technology. According to Ferreiro, this is a collaborative effort between the government, the opposition and the Council to improve existing transparency laws. This policy is an opportunity to ignore differences between the government and the opposition in order to define as a country what Chile wants with regards to transparency. Ferreiro assures his interviewer that people have the right to ask for information that is in the power of the state and he believes that information is not the property of institutions or the authorities; it belongs to people and citizens. Because of this when people request information they are exercising their own right, a right that is considered fundamental for political participation. If institutions don’t respond, people have the right to go to the Council. Last year the Council received 1,820 cases, but according to Ferreiro there are many more because often people are not aware of the rights they have. Although Chile has made significant progress there is still progress to be made and access to information is only the first stage. The second is states liberating their information themselves and the third is effective participation.