El Salvador Transitional Results Report 2018-2020

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) es una alianza global que reúne a reformadores de Gobierno y líderes de la sociedad civil en la creación de planes de acción que logren gobiernos más incluyentes, responsables y que rinden cuentas. Los compromisos de los planes de acción pueden contribuir a esfuerzos existentes, identificar medidas adicionales para completar reformas que están en curso o iniciar medidas en un área completamente nueva. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los gobiernos cumplan con sus compromisos. Los líderes de la sociedad civil y el Gobierno pueden utilizar estas evaluaciones para reflexionar sobre sus avances y determinar si las acciones implementadas han tenido impactos en la vida de las personas.

El Mecanismo de Revisión Independiente de OGP se asoció con Jaime Ayala para llevar a cabo esta evaluación. El IRM tiene el objetivo de aportar insumos a un diálogo constante sobre el desarrollo e implementación de compromisos futuros. Para consultar una descripción completa de la metodología del IRM, visite: https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Este informe cubre la implementación del cuarto plan de acción de El Salvador para 2018-2020. En el año 2021 el IRM implementará un nuevo enfoque a su proceso de investigación y al alcance de sus informes sobre sus planes de acción aprobados en el marco de la actualización el IRM^[1]. Los informes de implementación de los planes de acción 2018-2020 fueron ajustados para adaptarlos al proceso de transición a los nuevos productos del IRM y permitir al IRM ajustar sus procesos de trabajo a la luz de los efectos que ha tenido la pandemia por la COVID-19 sobre los procesos de OGP en los países.

 Implementación del plan de acción

El informe de transición de resultados del IRM evalúa el estado de los compromisos de los planes de acción y los resultados de su implementación al final del ciclo del plan de acción. Este informe no evalúa “Verificabilidad”, “Relevancia” o “Impacto potencial”. El IRM evalúa estos tres indicadores en los informes de diseño. Para más detalles de cada uno de los indicadores, revise el Anexo II en este informe.

Aspectos destacados y resultados generales

La implementación del plan de acción 2018-2020 de El Salvador se vio severamente afectada por acontecimientos importantes, incluyendo el cambio de presidencia, la eliminación de órganos responsables de supervisar e implementar el plan, y el estado de emergencia declarado por el Gobierno como respuesta a la pandemia por la COVID-19. Como se explica a continuación, este contexto nacional complejo resultó en la descontiuación del foro multiactor y la deshabilitación de la página oficial de OGP, la cual albergaba el repositorio de documentos y evidencias correspondientes a la implementación del plan. Sin acceso al respositorio y sin representates de órganos responsables por el plan de acción que le respondieran a sus consultas, el investigador del IRM no obtuvo evidencia que demuestre avances en la implementación de los compromisos del plan. Por ello, al carecer de foro multiactor, de repositorio de información y de avances en la implementación de los compromisos del plan de acción, el IRM encuentra que El Salvador no cumplió con los requerimientos mínimos estipulados en la Política de Revisión Procedimental de OGP, actuando en contra de proceso[2].

La Administración gubernamental electa para el período 2019-2024 dio inicio el 1 de junio de 2019. Después de tomar posesión de su cargo, el Consejo de Ministros aprobó la solicitud del presidente de la República con respecto a reformas del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo conforme a la organización y estructura de las principales instituciones públicas. Esta modificación incluyó la eliminación de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) y la Secretaría de Inclusión Social (SIS). La SPTA era la institución encargada de liderar el proceso multi actor de OGP en El Salvador, así como de velar por la implementación de los compromisos. La SIS, por su parte, era responsable de la implementación del compromiso número tres de este plan de acción[3].

Tras la eliminación de la SPTA, el Gobierno también inhabilitó la página web de OGP en El Salvador, donde se publicaba información sobre la implementación de los compromisos. Según el último registro disponible en internet, la actualización más reciente del sitio web se realizó el 25 de mayo de 2019, días antes del inicio de la nueva Administración gubernamental[4]. Ambas actuaciones han afectado directamente la agenda de gobierno abierto de OGP en el país, y la capacidad de dar seguimiento e implementar el proceso. El actual Gobierno de El Salvador no aclaró su intención sobre el cumplimiento del plan de acción o de alguno de sus compromisos. Tampoco ha explicado las razones para la eliminación del sitio web de OGP. Adicionalmente, el investigador del IRM considera que no existe evidencia suficiente para evaluar los cambios en prácticas de gobierno derivadas de la implementación del plan de acción.

De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) entrevistadas para este reporte, tras el cambio de Administración gubernamental la comunicación sobre la implementación del plan de acción o la participación de El Salvador en OGP fue difícil de concretar y casi nula. En septiembre de 2019, nueve OSC[5] enviaron una carta al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para manifestar su interés en que el país continuara en OGP y establecer un espacio de comunicación para implementar este o próximos planes. Aunque la carta fue recibida por la Presidencia de la República, no recibió respuesta.

Impacto de la pandemia por la COVID-19 en la implementación

El Gobierno de El Salvador declaró estado de emergencia por la pandemia por la COVID-19  el 14 de marzo de 2020. El país promulgó decretos de emergencia sanitaria a nivel nacional, que incluyeron el establecimiento de centros de contención, cuarentena domiciliar, cierre de fronteras internacionales, restricción de la libertad de movimiento, suspensión de clases presenciales, cierre de la actividad económica no indispensable y promoción del uso de medidas de protección e higiene. Los esfuerzos de la Administración gubernamental se orientaron a la ampliación de la capacidad de atención del sistema de salud pública y la entrega de transferencias monetarias y recursos para atender la crisis económica y de inseguridad alimentaria provocada por las medidas de prevención implementadas.

Para implementar las medidas relacionadas a la cuarentena, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19[6] y la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la pandemia[7] en marzo de 2020. Dicha normativa restringía temporalmente los derechos de libre tránsito, reunión pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio. En las semanas siguientes, el Órgano Ejecutivo estableció una serie de decretos ejecutivos para extender la implementación de dicha ley y establecer medidas restrictivas que regularan el libre tránsito a nivel nacional[8].

En junio de 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dichas leyes, argumentando que no se justificaron las razones suficientes para suspender los derechos constitucionales. También declaró inconstitucionales los decretos promulgados por el Órgano Ejecutivo, dado que la restricción de derechos constitucionales solamente puede realizarse a través de un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa[9].

En ese mismo mes, el Ministerio de Salud estableció una reserva de dos años para la información relacionada al procesamiento y divulgación de resultados de pruebas de COVID-19 a nivel nacional[10]. Esto ha dificultado el desarrollo de investigaciones para muchas organizaciones periodísticas y académicas. Una de estas, LPG Datos, obtuvo una resolución favorable por parte del IAIP en febrero de 2021, donde se ordenó al MINSAL entregar información relacionada a los costos de construcción del Hospital El Salvador, creado específicamente para atender a pacientes con COVID-19[11].

[1] Para mayor información, visite: https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/

[2] Política de Revisión Procedimental de OGP: https://www.opengovpartnership.org/procedural-review/

[3] CAPRES (2019). “Acta de sesión del Consejo de Ministros No. 1”. Disponible aquí: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/actas-de-consejo

[4] Wayback Machine (2019). “Gobierno abierto”. Disponible aquí: https://web.archive.org/web/20190525192525/http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/

[5] Fundación Nacional para el Desarrollo, Futuro Abierto, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Iniciativa Social para la Democracia, Generación HT 503, Líderes Solidarios, Tutela Lega, Peace 2 World Foundation y la Universidad Politécnica de El Salvador.

[6] Asamblea Legislativa (2020). “Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19”. Disponible aquí: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/21DCF1A0-13C1-4F31-A9E7-A1FB952E62BF.pdf

[7] Asamblea Legislativa (2020). “Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia por COVID-19”. Disponible aquí: https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-marzo/29-03-2020.pdf

[8] Gobierno de El Salvador (2020). “Decretos y Comunicados”. Disponible aquí: https://covid19.gob.sv/category/noticias/decretos-y-comunicados/

[9] Sala de lo Constitucional (2020). “Inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020”. Disponible aquí:

 https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/I_21-2020.pdf

[10] MINSAL (2020). “Índice de Información Reservada 2021”. Disponible aquí: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/indice-de-informacion-reservada

[11] Romero, Cecibel (2021). “Hospital El Salvador costea publicación de artículos en revistas internacionales”. Disponible aquí: https://saludconlupa.com/noticias/hospital-el-salvador-costea-publicacion-de-articulos-en-revistas-internacionales/