Guatemala End-of-Term Report 2016-2018

Guatemala institucionalizó la agenda de gobierno abierto a través de la conformación de una comisión presidencial y el establecimiento de un foro multiactoral. Los mayores avances se registraron en el eje de transparencia fiscal y presupuestaria, así como en los compromisos que se implementaron a escala local. Sin embargo, el proceso de monitoreo e implementación de los compromisos se vio afectado por tensiones entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Mejorar las relaciones de colaboración, así como fortalecer el diseño y potencial de impacto de los compromisos son retos que continúan pendientes.

La Alianza para Gobierno Abierto (AGA, u OGP por sus siglas en inglés) es una iniciativa voluntaria que busca obtener compromisos concretos de los gobiernos hacia sus ciudadanos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y usar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) lleva a cabo una evaluación anual de las actividades de cada país participante en la AGA. Este informe resume los resultados del periodo de junio de 2016 al 31 de agosto de 2018 e incluye algunos eventos que ocurrieron hasta septiembre de 2018.

La Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, institucionalizada a partir del Acuerdo Gubernativo 41-2018 el 6 de marzo de 2018, es la agencia gubernamental responsable de coordinar el proceso de gobierno abierto en Guatemala.[1] La conformación de una comisión central en materia de gobierno abierto fue una de las recomendaciones del reporte de medio término. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se involucran en el proceso de co-creación a través de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, un foro multiactoral de diálogo y monitoreo de los compromisos compuesto por entidades públicas y OSC.

A la fecha de presentación del informe de medio término catorce compromisos se habían cumplido de forma sustancial o completa.[2] Si bien este numero ascendió a diecisiete durante la implementación del segundo plan de acción, sólo siete compromisos lograron un avance significativo en la apertura del gobierno, limitando el alcance y potencial de las reformas. Del total de 22 compromisos, solo dos tenían un impacto potencial transformador, mientras que el impacto esperado de 15 era ninguno o menor. Los dos compromisos destacados fueron:

• Compromiso 18: Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria.
• Compromiso 20: Acciones para avanzar en transparencia tributaria.

Al igual que sucedió durante el primer año de implementación, el cumplimiento de los compromisos se dio en medio de tensiones entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil (OSC).[3] Más de diez[4] de las organizaciones de la sociedad civil que integraban la Mesa Técnica de Gobierno Abierto decidieron retirarse de ella en medio del proceso de implementación del plan de acción y de cocreación del próximo, como reacción a la decisión del presidente de gobierno Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y vetar el ingreso al país de su comisionado Iván Velazquez. Esta reacción tuvo consecuencias en el monitoreo de los compromisos y, en particular, en la ejecución de aquellos que se encontraban a cargo de las OSC (tales como el compromiso 3 y el 6).

Hacia el final del período de implementación de los compromisos, los investigadores del MRI asistieron a una reunión en la que las entidades gubernamentales a cargo de compromisos presentaron un informe final sobre el cumplimiento de los mismos. Asimismo, el Gobierno puso a disposición para comentarios en la web su informe final de auto-evaluación el 30 de Noviembre de 2018.[5]

El Cuarto Plan de Acción Nacional fue presentado oficialmente ante la AGA el 28 de noviembre de 2018. Sin embargo, hacia fines de octubre de 2018, ocho[6] organizaciones de la sociedad civil guatemalteca enviaron una carta[7] al Comité Directivo de la AGA en la que solicitaron “(s)uspender temporalmente el proceso de cocreación del Cuarto Plan de Acción y reanudarlo en enero de 2020, luego de que el gobierno electo en 2019 asuma el poder”. Las OSC solicitantes fundamentan su petición en que el gobierno de Guatemala carece de “capacidad (…) para coordinar con la debida legitimidad y la participación plural de la sociedad civil la cocreación del 4to Plan”.[8]

La AGA respondió a la petición indicando que

El Cuarto Plan de Acción Nacional consta de 24 compromisos divididos en 12 ejes temáticos.[9] El documento fue presentado oficialmente y en el acto participó el Presidente de la República. Los detalles del proceso de co-creación y compromisos del Cuarto Plan de Acción Nacional se analizarán en el próximo Informe de Diseño (2018-2020) del Mecanismo de Revisión Independiente.

Consulta con la sociedad civil durante la implementación

Los países participantes en la AGA deben llevar a cabo un proceso de consulta con la sociedad civil para el desarrollo e implementación de sus planes de acción. El plan de acción incluyó compromisos que requirieron la participación de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo el proceso de consulta durante la implementación fue afectado por el retiro de más de una decena de organizaciones de la sociedad civil de la mesa de trabajo que les daba seguimiento y por la crisis que generó la decisión del Presidente de la República de intentar declarar non grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez.[10]

Tabla 2: Proceso de consulta durante la implementación

El proceso de cumplimiento de los compromisos del presente plan se dio a conocer por medio de 14 reuniones mensuales, en la modalidad de mesas técnicas, convocadas por Zaira Mejía, Punto de Contacto (POC). La mayoría de las reuniones se realizaron en el Palacio Nacional de la Cultura. Para participar en las mesas técnicas, se inscribieron 51 entidades del Estado, 27 organizaciones de la sociedad civil y cinco instituciones internacionales que fungieron como observadoras del proceso. Adicionalmente, se establecieron 13 grupos técnicos de trabajo, que abordaron temas relativos al cumplimiento de compromisos específicos.

En el proceso de monitoreo e implementación del presente plan de acción, al 31 de octubre de 2018, solo cinco de las 21 OSC que se involucraron en el proceso continuaban participando: Ceidepaz, Cenacide, CIEN, CIIDH y Guatecívica—.[11] La observación realizada por los investigadores del MRI, que asistieron a la totalidad de mesas técnicas, da cuenta de una presencia pasiva de la mayoría de entidades de OSC que están registradas en el proceso. Al respecto, la persona POC indicó: “Falta mayor participación, no solo de las OSC sino también de la academia y el sector privado. En la mesa de ambiente un ciudadano pidió integrarse para dar seguimiento al tema. Por ahora, del sector privado organizado participan la Cámara de Industria y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa). No obstante, la primera no se ha integrado formalmente y la otra asiste esporádicamente”.[12]

[1] El Acuerdo puede ser consultado en la página de Gobierno Abierto del Gobierno de Guatemala, en este vínculo: http://gobiernoabierto.gob.gt/institucionalizacion-de-ga/

[2] Ver informe de Medio Término del MRI: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Guatemala_Mid-Term_Report_2016-2018.pdf

[3] El 27 de agosto de 2017, el Presidente de la República intentó declarar non grato al responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la declaratoria de non grato del responsable de la CICIG y declaró que cualquier proceso debía realizarse según al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La actitud del Presidente Morales ante esta comisión, generó críticas por parte de varias organizaciones de la sociedad civil, que decidieron retirarse de la Mesa Técnica.

[4] “Organizaciones se retiran de la discusión de Gobierno Abierto”. El Periódico, 06/10/2018: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/10/06/organizaciones-se-retiran-de-la-discusion-de-gobierno-abierto/

[5]http://gobiernoabierto.gob.gt/wp-content/uploads/2018/12/Informe-de-Autoevaluación-de-Fin-de-Término-de-3er.-Plan-GUATEMALA-2016-2018-30-11-2018.pdf (Fecha de acceso: 21 de enero de 2019).

[6] Acción Ciudadana, Artículo 35, Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres (Cenacide), Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), Guatecambia, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Red Ciudadana y Seguridad en Democracia (Sedem).

[7] “Carta de Sociedad Civil Guatemalteca al Comité Directivo de la AGA Open Government PartnershipThe Open Government Partnership (OGP) is a multi-stakeholder initiative focused on improving government transparency, ensuring opportunities for citizen participation in public matters, and strengthen... More” 30 de octubre de 2018.

[8] Carta de Sociedad Civil Guatemalteca al Comité Directivo de la AGA Guatemala. 30 de octubre de 2018. Una copia de este documento fue enviado por las organizaciones firmantes a los investigadores del MRI el 31 de octubre de 2018. La carta solamente circuló entre los participantes de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, el MRI y las autoridades de OGP. Ni el Gobierno ni las entidades de sociedad civil firmantes le dieron difusión pública.

[9] “Presidente Morales lanza cuarto plan de Gobierno Abierto, ampliado a 12 ejes”: http://gobiernoabierto.gob.gt/presidente-morales-lanza-cuarto-plan-de-gobierno-abierto-ampliado-a-12-ejes/

[10] Para más información ver la sección “RESUMEN” en las páginas 2-4 de este reporte.

[11] Zaira Mejía, persona Punto de Contacto Técnico de Gobierno Abierto. Entrevista realizada por investigadores del MRI el 19 de octubre de 2018.

[12] Entrevista con Zaira Mejía, Punto de Contacto de Gobierno Abierto. Entrevista realizada por los investigadores del MRI el 19 de octubre de 2018.