Description
Reform Description
La primera acción involucra el desarrollo y presentación de cuerpos normativos que favorezcan la transparencia e identificación de los beneficiarios finales. Esta iniciativa surge de la necesidad del Estado de Guatemala de contar con el andamiaje legal para identificar a las personas físicas que pueden beneficiarse de las operaciones y ganancias de los vehículos corporativos (como las empresas), o controlar sus actividades, con lo cual se contribuye a prevenir la corrupción, promover la integridad y transparencia en los procesos de contratación pública, luchar contra la evasión fiscal, contra el lavado de dinero u otros activos y contra el financiamiento del terrorismo. El paquete normativo desarrollado con el fin de cumplir lo anteriormente expuesto está conformado por:
- La presentación de la Iniciativa de “Ley de Beneficiarios Finales”, la cual busca obligar que las personas o estructuras jurídicas identifiquen e informen sobre las personas individuales que sean sus beneficiarios finales (propietarios, accionistas o que de algún otro modo tengan control directo o poder de decisión en la misma). Para cumplir sus objetivos, se propone la creación de un Registro de Beneficiario Final, que será responsable de llevar su registro y control, así como el resguardo de la información. La normativa se alineará con los principios y directrices establecidos por entidades como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
- El desarrollo e implementación del proyecto de Acuerdo Gubernativo “Proveedores Transparentes”, que consiste en una reforma al Acuerdo Gubernativo Número 133-2024, para fortalecer la transparencia en los mecanismos de verificación de información del Registro General de Adquisiciones del Estado, adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas. Esta reforma permitirá identificar la información sobre los beneficiarios de las empresas jurídicas que desean ser proveedoras del Estado y que son habilitadas para participar en procesos de contratación pública.
La segunda acción busca lograr una serie de medidas para sensibilizar a la sociedad guatemalteca sobre las ventajas y desafíos de la regulación de Beneficiarios Finales, así como las consecuencias para el país en caso de desatender los compromisos y estándares internacionales que aseguren su debida implementación. Esto porque se considera que la implementación de este tipo de normativa requiere un amplio conocimiento y aceptación por parte de la ciudadanía y actores clave. También se busca promover un diálogo sobre los riesgos y costos de mantener un sistema opaco que dificulta la detección de prácticas ilícitas y limita la confianza en las instituciones públicas.
Problem(s) Addressed by Reform
La iniciativa “Proveedores Transparentes” y el proyecto de “Ley de Beneficiarios Finales” buscan abordar los siguientes problemas:
1. Opacidad en la propiedad beneficiaria: Actualmente, no se conoce quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas que participan en contrataciones públicas, lo que permite que personas vinculadas a actividades ilícitas oculten su identidad y controlen empresas que se benefician de recursos públicos. Esta falta de información dificulta que el Estado pueda identificar y sancionar a los responsables.
2. Corrupción en la contratación pública: Algunas empresas con vínculos ocultos pueden ganar contratos fraudulentos, desviando fondos públicos y afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La falta de transparencia sobre la información de beneficiarios finales agrava este problema.
3. Lavado de dinero y crímenes financieros: Las estructuras corporativas opacas se usan para ocultar flujos ilícitos, y la ausencia de mecanismos para identificar a los beneficiarios finales, facilita el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
4. Evasión fiscal: Las empresas con estructuras complejas o anónimas pueden ser utilizadas para evadir impuestos. Sin información sobre los beneficiarios finales, las autoridades fiscales tienen dificultades para rastrear las ganancias reales y asegurar que los impuestos sean pagados.
5. Desconfianza en las instituciones públicas: La opacidad en los procesos de contratación pública ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. La falta de transparencia sobre quiénes se benefician de los contratos públicos aumenta la percepción de impunidad y corrupción, lo que afecta la legitimidad del gobierno y la efectividad de las políticas públicas.
6. Cumplimiento de estándares internacionales: Guatemala ha asumido compromisos internacionales para combatir la corrupción, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. La implementación de estos compromisos ha sido limitada, y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la transparencia de los beneficiarios finales representa un obstáculo importante para cumplir con estos estándares.
La normativa propuesta busca solucionar estos problemas, mediante la creación de un sistema que obligue a todas las empresas que contratan con el Estado a reportar a sus beneficiarios finales al momento de su inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado. Las reformas introducidas por “Proveedores Transparentes”, aplicarán a las modalidades de compra realizadas por las entidades gubernamentales, mejorando la transparencia y permitiendo que las autoridades y la ciudadanía monitoreen y fiscalicen quiénes se benefician de los recursos públicos.
Las iniciativas de “Beneficiarios Finales” y de “Proveedores Transparentes” buscan avances claves en los siguientes ámbitos:
1. Transparencia de los beneficiarios finales: La reforma establece que las empresas que deseen participar en contratos con el Estado deberán reportar quiénes son sus beneficiarios finales. Este requisito fortalece la transparencia en los procesos de contratación pública y ayuda a combatir el anonimato corporativo, que ha sido uno de los principales instrumentos utilizados para ocultar actividades ilícitas. Al conocer a los verdaderos propietarios de las empresas, las autoridades podrán identificar posibles conflictos de intereses, conexiones con redes criminales o actos de corrupción.
2. Detección y prevención de crímenes financieros: La iniciativa facilita la detección de esquemas de lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. La recopilación de esta información permitirá que las instituciones financieras y los organismos de control detecten irregularidades. Con esto, se crean las bases para evitar que empresas vinculadas a actividades ilícitas obtengan contratos con el Estado.
3. Fortalecimiento del marco legal: La iniciativa creará el primer marco normativo en torno a la transparencia de las empresas en Guatemala. Las empresas que se nieguen a proporcionar información precisa o que intenten ocultar a sus beneficiarios finales no podrán estar habilitados en el Registro General de Adquisiciones del Estado.
4. Generación de confianza pública: Al hacer que los procesos de contratación pública sean más transparentes, se reduce la percepción de corrupción y se mejora la legitimidad del Estado ante los ciudadanos. La reforma representa un paso tangible hacia la creación de un sistema de gobierno más íntegro.
5. Cumplimiento de estándares internacionales: Esta iniciativa se alinea con los estándares internacionales promovidos por organismos, como el GAFI, la OCDE, las convenciones anticorrupción y otros compromisos asumidos por el Estado de Guatemala. La implementación de políticas de transparencia de beneficiarios finales es una recomendación internacional que el país ha estado rezagado en cumplir.
6. Impacto en la cultura de cumplimiento: Esta reforma fomenta una cultura de cumplimiento más robusta en el sector empresarial guatemalteco. Al exigir mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, las empresas estarán obligadas a mejorar sus prácticas internas de gobernanza corporativa y a adaptarse a un entorno donde la integridad y el cumplimiento normativo son condiciones necesarias para participar en contratos con el Estado.
7. Intercambio de información para la toma de decisiones: Es necesario crear las capacidades para fortalecer el intercambio de información a nivel nacional e internacional para proveer de datos y herramientas que permitan la toma de decisiones en materia de adquisiciones públicas.
Relevance to OGP Values
La iniciativa “Proveedores Transparentes” y de “Ley de Beneficiarios Finales” están directamente alineadas con los valores de Gobierno Abierto; fomentan la transparencia al hacer de conocimiento de las autoridades la información sobre los beneficiarios finales y promueve la rendición de cuentas al responsabilizar tanto a las empresas como a las autoridades.
El valor de la transparencia está en el núcleo de la iniciativa “Proveedores Transparentes”, ya que su objetivo principal es requerir que las empresas reporten quiénes son sus verdaderos propietarios. La reforma garantiza que esta información crítica esté disponible para las autoridades encargadas de los procesos de contratación pública. Esta transparencia reduce las oportunidades para que las empresas operen en la sombra, ocultando sus vínculos con funcionarios corruptos o actividades ilícitas.
La iniciativa también promueve la rendición de cuentas al crear un entorno en el que las empresas que participen en contratos con el Estado deben ser más responsables y transparentes en su estructura de propiedad. Esto permite a las autoridades hacer preguntas importantes sobre quiénes están detrás de las empresas que gestionan recursos públicos y cómo estos recursos son utilizados. Al conocer a los beneficiarios finales, se pueden identificar conflictos de interés, prácticas corruptas y otros abusos, lo que incrementa la capacidad del Estado para exigir responsabilidad a las empresas contratistas.
La acción es relevante para los valores de gobierno abierto, ya que aborda directamente uno de los principales obstáculos para la transparencia y la rendición de cuentas: la corrupción. Al aumentar la visibilidad sobre quiénes son los beneficiarios finales de los contratos públicos, la reforma reduce las oportunidades de malversación y abuso de poder, y ayuda a crear un entorno en el que los funcionarios públicos y las empresas se comporten de manera más ética.
Intended Results
Al final del período de implementación de la iniciativa “Proveedores Transparentes” y la “Ley de Beneficiarios Finales”, se esperan obtener los siguientes resultados:
1. Mayor transparencia en el Registro de Proveedores del Estado: a través de la actualización de los campos obligatorios que soliciten información sobre los beneficiarios finales de las empresas. Se espera que en un futuro este registro se convierta en una herramienta pública que fortalezca la verificación de información, la fiscalización y permita a las instituciones gubernamentales y a la sociedad civil monitorear las relaciones de propiedad entre las empresas y las contrataciones estatales, promoviendo así la rendición de cuentas.
2. Reducción de la corrupción y el lavado de dinero, ya que al hacer más transparente el sistema de contratación pública y exponer ante las autoridades quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, se espera que la iniciativa contribuya a la reducción de la corrupción y al combate del lavado de dinero.
3. Alineación con los estándares internacionales de transparencia sobre la propiedad beneficiaria, como los establecidos por el GAFI o la OCDE, por lo que se espera que Guatemala avance en la adopción de estas políticas, cumpliendo con sus compromisos internacionales y mejorando su reputación a nivel global en la lucha contra la corrupción y los crímenes financieros.
4. Mayor conocimiento público sobre el concepto y su importancia: La ciudadanía y los actores especializados (centros de pensamiento, universidades, sociedad civil, sector privado) tendrán un entendimiento claro sobre qué es el Beneficiario Final, su relevancia y cómo contribuye a múltiples objetivos de interés público y de la ciudadanía.
5. Creación de una red de aliados estratégicos: Se habrá establecido una red activa de colaboración entre centros de pensamiento, universidades, organizaciones de sociedad civil, sector empresarial y líderes de opinión, comprometidos a continuar promoviendo la adopción de la figura del Beneficiario Final en el país, a partir de una base de información sólida y bien documentada.
6. Incremento en la discusión pública e incidencia mediática: El tema habrá ganado relevancia en los medios de comunicación y plataformas digitales, generando un debate informado y constructivo sobre las ventajas y los desafíos de su implementación. Esto incluirá la difusión de buenas prácticas internacionales y las consecuencias para Guatemala de no incorporar esta figura en su marco legal.
7. Fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas: La implementación de este compromiso habrá contribuido a sensibilizar a la población guatemalteca permitiendo que se destaque la capacidad de esta figura legal para promover la integridad, la transparencia y la trazabilidad de las actividades económicas y financieras, fortaleciendo la confianza en los sistemas financieros y el entorno de negocios.
Milestones
- Presentación de las normas relacionadas con la iniciativa de Ley de Beneficiarios Finales y las Reformas al Acuerdo Gubernativo 133-2024 para la implementación de Proveedores Transparentes (mes 1)
- Desarrollo de la campaña de sensibilización y capacitación (mes 2 y 3)
- Integración al Registro General de Adquisiciones del Estado las reformas al acuerdo gubernativo (mes 3 al 6)
- Realización de talleres y foros con actores clave como medios de comunicación, sector privado, sociedad civil (mes 4 al 6)
- Talleres de capacitación con funcionarios y empleados públicos, sobre la aplicación de las reformas (mes 4 al 6)
- Reuniones con diputados del Congreso de la República, para impulsar el ciclo legislativo de la iniciativa sobre la Ley de Beneficiarios Finales (mes 6 al 10)