Costa Rica Action Plan Review 2023-2027

Costa Rica ha iniciado un plan de acción de cuatro años que abarca seis compromisos, dándole continuidad a áreas de políticas públicas de planes anteriores y con la continua participación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este plan marca el primer esfuerzo de cocreación bajo la Comisión Nacional de Estado Abierto. El plan se beneficiaría de una revisión a los dos años de implementación que incremente la ambición y especificidad de los compromisos.

El plan de acción incluye seis compromisos: cuatro liderados por instituciones del Poder Ejecutivo, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Judicial.

Tres compromisos se destacan como prometedores. El compromiso 4, que busca la apertura de datos para combatir la corrupción, implica la publicación de hasta 30 conjuntos de datos y el empoderamiento de la ciudadanía para utilizar esta información. Este compromiso tiene un potencial de resultados modesto y retoma acciones similares del plan anterior, ahora con un enfoque de cooperación técnica internacional. El compromiso 5, con potencial de resultados sustancial, se centra en el rezago judicial a través del observatorio judicial establecido en el plan anterior. Además, tiene como objetivo implementar modelos de mejora continua de gestión en los circuitos judiciales, así como promover la participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas y sensibilizar sobre el rezago y la gestión judicial, aunque puede enfrentar desafíos debido a recortes presupuestarios. El compromiso 6, también con potencial de resultados sustancial, busca actualizar la Política Institucional de Parlamento Abierto (PIPA) para corregir deficiencias y mejorar el entendimiento y participación en el ámbito legislativo.

El plan fue cocreado por la Comisión Nacional de Estado Abierto (CNEA)[1], establecida en mayo de 2022, marcando un hito en Costa Rica en materia de gobierno abierto al otorgar voz y voto a los poderes Legislativo y Judicial en los procesos de gobierno abierto. La creación de esta Comisión, con la participación oficial de diferentes poderes del Estado, facilitó el progreso y la legitimación de los compromisos, ampliando el alcance del proceso y del plan más allá del ámbito Ejecutivo. Sin embargo, la Comisión presentó desafíos en su coordinación y cumplimiento de estrategias y plazos acordados[2].

Por ello, el proceso de cocreación presentó deficiencias y dificultades para cumplir con algunos de los estándares mínimos de cocreación de OGP – particularmente en lo que respecta al mantenimiento del sitio web para la publicación de información y la notificación previa del proceso de cocreación[3]. El plan se desarrolló mediante tres consultas ciudadanas y cuatro talleres regionales. Las dos primeras consultas y los talleres se utilizaron para priorizar temas, identificar problemas y proponer soluciones. La tercera consulta, destinada a validar y retroalimentar sobre los compromisos, no tuvo éxito debido a la baja participación reportada y a deficiencias en su diseño y en los mecanismos de convocatoria[4]. Debido el periodo de gracia de OGP para los planes cocreados en 2023, no se considera que Costa Rica haya actuado contrario al proceso, pero es importante tener en cuenta las deficiencias identificadas para futuras mejoras.

A través de estos espacios de participación, el plan refleja las prioridades ciudadanas, manteniendo continuidad en áreas de políticas públicas con respecto al plan anterior 2019-2022 como empleo, seguridad ciudadana, reactivación económica, justicia abierta y parlamento abierto[5]. Específicamente, tres de los compromisos construyen sobre esfuerzos previos (compromisos 2, 4 y 5), mientras que otros dos siguen áreas de política anteriores, pero a través de nuevas líneas de acción y proyectos (compromisos 1 y 3). El compromiso 6 busca mejorar y actualizar los resultados del compromiso sobre Parlamento Abierto del Plan de acción 2017-2019. No se incorporaron nuevas áreas de políticas públicas, en parte debido a la decisión del foro multiactor de priorizar temas continuos y reflejar problemas persistentes.

Los compromisos no identificados como prometedores, 1, 2 y 3, están alineados con las estrategias y prioridades nacionales, pero carecen de especificidad y ambición. El compromiso 1 busca transparentar los avances de una estrategia nacional de empleo, sin embargo, debe ser enriquecido con elementos de cocreación y participación ciudadana institucionalizada, para lograr una mejor implementación de la estrategia y llevar a mejoras en los servicios de empleo. El compromiso 2 busca expandir el impacto del programa Sembremos Seguridad. Existen oportunidades de agregar un valor diferenciador sobre el plan anterior al capacitar el personal policial en los principios de gobierno abierto. El compromiso 3 carece de una visión clara de gobierno abierto y podría fortalecerse para concretizar principios de gobierno abierto, o explorar otras iniciativas locales que promuevan, de manera más precisa, la reactivación económica a través de los principios de gobierno abierto.

El Plan de acción 2023-2027 muestra una ambición menor de la esperada para un período de cuatro años. Sin embargo, esta extensión brinda una oportunidad a los dos años de implementación, para revisar y elevar la ambición de los compromisos en colaboración con la sociedad civil organizada, aumentando su posible impacto. Para que el plan sea exitoso, la CNEA podría seguir avanzando y supervisar de cerca su implementación. Cabe resaltar que una mayor voluntad de acción por el Ejecutivo, con un mayor involucramiento de la sociedad civil organizada durante el proceso de implementación, será crucial para que el plan refleje un plan de Estado abierto y consiga resultados contundentes.

Compromisos prometedores

El presente informe revisa los tres compromisos que el IRM identificó que tienen el potencial de alcanzar los resultados más prometedores. Los compromisos prometedores evalúan un área de política pública que es importante para las partes interesadas o para el contexto nacional. Deben ser verificables, tener una visión relevante de gobierno abierto o tener un potencial de obtener resultados modesto o sustancial. Este informe también proporciona un análisis de los retos, oportunidades y recomendaciones para contribuir al proceso de aprendizaje e implementación de este plan de acción.

Tabla 1. Compromisos prometedores

[1] La CNEA está llamada a tener 13 miembros: cinco ministros del Ejecutivo (o sus designados), un representante del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tres personas provenientes de la sociedad civil, dos personas del sector privado, y una persona representante de la academia. En la actualidad la composición es de solo 11 miembros y un observador: el Ministerio de Comunicación y Enlace (quien la preside), Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Justicia y Paz por parte del ejecutivo. Una persona representante de la Asamblea Legislativa y otra de la Corte Suprema de Justicia. Dos representantes de la sociedad civil, ACCESA – Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta y Costa Rica Íntegra, una persona representante del sector privado, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, y una persona representante del Consejo Nacional de Rectores. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones participa como observador. Más información aquí: https://www.gobiernoabierto.go.cr/cnea/.

[2] Para más información ver Anexo 2: Cocreación del plan de acción.

[3] Para más información ver Anexo 2: Cocreación del plan de acción.

[4] Para más información ver Anexo 2: Cocreación del plan de acción.

[5] El compromiso sobre Integridad y Anticorrupción se considera continuado y no consultado. Ver Sección II.