Argentina Action Plan Review 2022-2024

El Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno 2022-2024 se compone de seis compromisos que abordan áreas clave de políticas públicas, como género, medio ambiente, obras públicas y salud. Se destaca la innovación en la federalización del plan, con colaboraciones entre el gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Aunque se enfocó en prioridades de partes interesadas, el plan resultó más compacto y homogéneo, con compromisos de ambición modesta. A pesar de algunos retrasos en el proceso de cocreación, se implementaron medidas para fortalecer el monitoreo y la participación ciudadana en la implementación de los compromisos.

El quinto plan de acción incluye seis compromisos[1] en varias áreas de políticas públicas relevantes para el contexto nacional y para la agenda de OGP. Algunas de estas –género, medio ambiente, obra pública y salud– ya estaban presentes en planes anteriores, pero pudieron ser abordadas desde ángulos nuevos, como ocurrió con el compromiso 1 sobre participación pública en la toma de decisiones ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú. Otros temas –subáreas de las temáticas de salud y género– fueron una novedad de este plan. Tales fueron los casos del compromiso 4 sobre salud mental y del compromiso 5 sobre políticas de cuidados.

Este plan encontró una tercera forma de federalización, diferente tanto de la del tercer plan –consistente en incluir una sección de compromisos asumidos por gobiernos subnacionales– como de la del cuarto plan, consistente en la inclusión de un compromiso para desarrollar un Programa Federal de Gobierno Abierto. En esta oportunidad, varios compromisos involucran un trabajo conjunto de la agencia del gobierno nacional a cargo del compromiso con gobiernos provinciales e incluso locales. En mayo de 2023 se revisó el plan, incorporando un compromiso específicamente orientado a implementar un Programa Federal de Estado Abierto, en continuidad con un compromiso del plan anterior, el cual será considerado en el informe de resultados[2].

El plan no incluye compromisos asumidos por otros poderes del Estado – en particular por las cámaras del Congreso, las cuales encararon procesos similares de cocreación de sus segundos planes de acción en colaboración con la Red de Parlamento Abierto, por fuera del proceso de OGP[3].

El proceso de cocreación de este plan fue coliderado por la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, punto focal ante OGP, y la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, un foro multiactor institucionalizado y de composición paritaria de gobierno y sociedad civil. La cocreación involucró a 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a centenares de ciudadanos y ciudadanas en 18 de las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Estos participantes tuvieron la oportunidad de contribuir en diversas etapas del proceso, que incluyeron la identificación de desafíos, la generación de propuestas para abordarlos y la presentación de aportes en las consultas públicas. Es importante destacar que este proceso se llevó a cabo de manera íntegramente virtual. Las innovaciones de proceso dificultan la comparación con los planes anteriores en lo que se refiere al volumen de participación, pero es posible afirmar que fue un proceso altamente participativo, con variadas oportunidades para realizar aportes, que sin embargo experimentó algunas dificultades puntuales bajo la forma de retrasos, postergaciones e interferencias en la comunicación.

El plan respondió a las prioridades de las partes interesadas y a los imperativos del contexto nacional mediante una innovación de proceso. En esta oportunidad hubo una primera etapa de trabajo conjunto en la Mesa Nacional y de consulta con la sociedad civil y la ciudadanía en la cual se priorizaron los temas y se analizaron problemas y desafíos. Recién en una segunda etapa se abrió la convocatoria de propuestas destinadas a dar a dichos problemas una solución de gobierno abierto. La extensión de la primera etapa fue justamente señalada como una de las razones de las mencionadas dilaciones.

Las recomendaciones previas del IRM fueron parcialmente atendidas. En primer lugar, se buscó federalizar las políticas de gobierno abierto mediante el trabajo conjunto de distintos niveles de gobierno en la implementación de algunos de los compromisos, así como dar continuidad al Programa Federal de Gobierno Abierto para alentar el diseño y la implementación de iniciativas de apertura a nivel provincial y municipal. Aunque no se incluyó en la primera versión del plan, el ahora llamado Programa Federal de Estado Abierto está en pleno funcionamiento y se incluirá en su versión revisada[4].

En segundo lugar, el plan priorizó el abordaje de las brechas de género, lo cual se reflejó en la incorporación de dos compromisos en esa temática; sin embargo, no adoptó explícitamente una perspectiva de género transversal a todos sus compromisos.

Tres de las cinco recomendaciones del IRM giraban en torno a la continuidad, la ambición y el impacto. Los actores consultados coinciden en que la atención a la primera, consistente en asegurar compromisos acotados y factibles de ser realizados en forma sustancial en el primer año de implementación, es decir, antes del cambio de gobierno que resultará de las elecciones generales de octubre de 2023, posiblemente menoscabara los niveles de ambición e impacto potencial de los compromisos. Priorizar la continuidad fue una decisión conjunta de gobierno y sociedad civil en la Mesa Nacional que no fue cuestionada. Sin embargo, sus efectos se hicieron sentir entre algunas OSC que dicen no haber visto sus propuestas más ambiciosas reflejadas en la redacción final de los compromisos.

El resultado fue un plan más compacto y homogéneo que los anteriores, con compromisos de ambición modesta e impactos potenciales limitados: iniciativas positivas que pueden producir algún avance, pero de las que no cabe esperar que resulten en cambios legalmente vinculantes o institucionalizados, y por lo tanto duraderos, en un área de políticas públicas. Aunque evaluados como de potencial modesto para obtener resultados, los compromisos 1 y 2 se identificaron como especialmente prometedores en virtud de la relevancia de las áreas de política pública que abordan y la posibilidad que ofrecen de avanzar más allá de los hitos explicitados en el plan, hacia una implementación más ambiciosa que potencie sus impactos.

Por último, en atención a una observación recurrente del IRM, todos los compromisos incluyeron un componente participativo encaminado a fortalecer el involucramiento de la sociedad civil en el seguimiento de la implementación, que suele decaer en comparación con su más amplia participación en la cocreación. Otras innovaciones valiosas destinadas a fortalecer el monitoreo incluyeron el lanzamiento de una nueva plataforma de seguimiento virtual y la decisión de organizar ‘reuniones de reporte’, donde cada organismo a cargo rinde cuentas de los avances a la ciudadanía.

Compromisos prometedores en el plan de acción de Argentina 2022-2024

El presente informe analiza en profundidad los dos compromisos que el IRM identificó como los que tienen el potencial de alcanzar mejores resultados. Los compromisos prometedores evalúan un área de política pública que es importante para las partes interesadas o para el contexto nacional. Deben ser verificables, tener una visión relevante de gobierno abierto o tener un potencial modesto o sustancial para obtener resultados. Este informe también proporciona un análisis de los retos y oportunidades, así como recomendaciones para contribuir al proceso de aprendizaje y a la implementación de este plan de acción.

Tabla 1. Compromisos prometedores

[1] La Mesa Nacional acordó elaborar un plan con no más de diez compromisos. Desde la perspectiva de la sociedad civil, fue una decisión acertada en lo que se refiere a facilitar el seguimiento, que en los planes anteriores recayó en un pequeño número de OSC que generalmente no lograron monitorear a fondo ninguno de los muchos compromisos a su cargo. Cf. Carmen Ryan, Fundación Huésped, grupo focal con OSC de Mesa Nacional, 07/03/23.

[2] Véase más información sobre el informe de resultados aquí: https://www.opengovpartnership.org/es/documents/independent-reporting-mechanism-results-report

[3] Véase las descripciones de los procesos realizados por las cámaras de diputados y senadores, respectivamente: https://www.diputados.gov.ar/institucional/infGestion/congreso_abierto/segundo-plan/index.html ; https://www.senado.gob.ar/micrositios/Plan/.

[4] En su página web, el Programa Federal de Estado Abierto es descripto como “un compromiso del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2022-2024) presentado ante la Alianza para el Gobierno Abierto”. Cf. https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/servicios-y-pais-digital/gobierno-abierto/programa-federal.