Chile Action Plan Review 2020-2022

Este producto consiste en una revisión IRM del plan de acción de Chile 2020-2022. El plan se compone de ocho compromisos en tres áreas – compromisos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo – que el IRM ha filtrado y agrupado en seis a efectos de esta evaluación. Esta revisión enfoca el análisis sobre la fortaleza del plan de acción para contribuir a su implementación y resultados. Para obtener datos generales de cada uno de los compromisos, consulte el Anexo 1. Para obtener detalles sobre la metodología y los indicadores utilizados por el IRM para esta Revisión del Plan de Acción, consulte la sección IV. Metodología e indicadores de IRM.

Resumen del plan de acción 2020-2022

El quinto plan de acción de gobierno abierto de Chile se caracteriza por la inclusión de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – en un enfoque de Estado abierto. Entre los resultados que cabe esperar de su implementación se destacan la producción de un plan estratégico para institucionalizar el enfoque de gobierno abierto y articular iniciativas de reforma en toda la administración pública, priorizando acciones consistentes y de alto impacto y garantizando su continuidad más allá de los cambios de Gobierno; y el cierre de brechas de representación y acceso a la justicia en virtud del aumento de la transparencia de procesos legislativos y judiciales. Para potenciar el impacto del plan de acción, el IRM recomienda fortalecer el componente de participación ciudadana de los compromisos de transparencia, de manera de habilitar una mayor exigencia social y alentar a los servicios públicos a responder con soluciones de gobierno abierto.

El quinto plan de acción de gobierno abierto de Chile abarca ocho compromisos que, en conjunto, apuntan en la dirección del objetivo de un Estado abierto: cuatro de ellos pertenecen a la órbita del Poder Ejecutivo, dos a la órbita del Poder Legislativo (ambos a cargo del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional), y dos a la órbita del Poder Judicial (a cargo de la Defensoría Penal Pública y la Corte Suprema de Justicia). La inclusión de esta última, así como de dos compromisos estrechamente vinculados con el ejercicio efectivo de los derechos humanos, es mencionada por diversos actores consultados como una novedad importante y un gran valor agregado del plan de acción.

La cocreación del plan fue liderada por la Mesa de Gobierno Abierto, presidida por el Subsecretario General de la Presidencia e integrada por un representante de la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto, un representante de la Red Académica de Gobierno Abierto, y dos representantes de organismos internacionales (CEPAL y PNUD) en calidad de observadores[1]. Este foro multiactor, formalizado en julio de 2017, ha desempeñado un rol rector en sucesivos planes de acción y se encuentra institucionalizado.

El proceso de cocreación tuvo lugar en el segundo semestre de 2020, período durante el cual continuó implementándose el plan anterior, cuyo plazo se extendió con la finalidad de superar los retrasos generados por la pandemia por la COVID-19. A la emergencia sanitaria se sumaron las incertidumbres del contexto de movilización social iniciado a fines de 2019. A instancias de algunas OSC, se barajó la posibilidad de postergar el inicio del nuevo proceso de cocreación, pero el tema se sometió a votación de la Mesa y ésta decidió seguir adelante, previo rediseño del proceso para adaptarlo al formato virtual.

El proceso tuvo varias etapas:

1) Instancias de difusión y sensibilización que tomaron la forma de siete jornadas abiertas para la sociedad civil, academia y personas interesadas, así como de una jornada específica para funcionarios y directivos públicos de la Red de Integridad (agosto de 2020)[2].

2) Recepción de propuestas de compromisos a través de una consulta pública en línea y una convocatoria dirigida a los organismos públicos (agosto-septiembre de 2020)[3].

3) Revisión de las propuestas por parte de la Mesa de Gobierno Abierto y “filtrado” por relevancia, factibilidad e impacto potencial (septiembre de 2020)[4].

4) Ordenamiento de las propuestas a través del trabajo de diez Mesas de Priorización, nueve de ellas de carácter regional y descentralizado, y una de ellas (“Mesa Joven”) destinada a recoger la perspectiva de los jóvenes (octubre de 2020)[5].

5) Refinamiento de las propuestas más priorizadas en mesas técnicas integradas por las instituciones públicas implementadoras, la Mesa de Gobierno Abierto, sociedad civil, academia y actores expertos en las temáticas (enero de 2021)[6];

6) Redacción final de los compromisos por parte de la institución pública implementadora.

Las sucesivas etapas dieron oportunidad de participación a las distintas partes interesadas, y el carácter virtual del proceso pudo haber tenido efectos positivos en términos de la inclusión de actores que no habían participado en los planes anteriores[7]. Sin embargo, la mayoría de los actores consultados tanto del Gobierno como de la sociedad civil desatacaron la necesidad de repensar a futuro las estrategias de convocatoria e inclusión para lograr mayor masividad y diversidad[8]. La funcionaria que opera de punto focal del proceso de OGP destacó: “en todo el proceso estuvo presente la Mesa de Gobierno Abierto, todas las acciones fueron definidas en conjunto y a causa de la virtualidad hubo más distribución de trabajo y delegación, generando mayor involucramiento de todos los integrantes”[9].

De este proceso resultó un plan que abarcó algunas áreas temáticas que ya estaban presentes en planes de acción previos –acceso a la información y datos abiertos, compras y contrataciones públicas, justicia abierta – así como algunas nuevas, como las de parlamento abierto[10] y derechos humanos, que en sí mismas constituyeron un importante valor agregado, completando el trípode del Estado abierto e incorporando una muy necesaria perspectiva de derechos en un contexto de alta movilización social y fuerte represión estatal. Dos de los compromisos incluidos en el plan constituyen continuaciones explícitas de iniciativas implementadas durante el plan anterior, lo cual no impide que uno de ellos – a cargo de la Defensoría Penal Pública – sea considerado una reforma prometedora.

Los compromisos que aparecen como más prometedores son el compromiso 4 “Hoja de Ruta” y los compromisos agrupados 7 y 8 “Parlamento Abierto”. El primero de ellos se incluyó en el plan por sugerencia del sector académico y apunta a la construcción de un plan integral para que las políticas de gobierno abierto, hasta ahora desarrolladas en forma fragmentaria, puedan desplegarse en toda la administración pública articulada y coordinadamente. Este compromiso reviste importancia estratégica para todos los actores involucrados, ya que permitiría ganar una visión de conjunto y un curso de acción claro en materia de gobierno abierto. Puesto que la hoja de ruta partiría de un diagnóstico colaborativo y sería cocreada con la sociedad civil, la academia y otras partes interesadas y validada en consulta pública con la ciudadanía, el compromiso es directamente relevante al principio de participación ciudadana.

Los compromisos agrupados 7 y 8, por su parte, resultaron de una iniciativa de la sociedad civil y, puesto que la incorporan en actividades de diagnóstico, diseño y seguimiento, y a la ciudadanía en un proceso de consulta pública, son relevantes para el principio de participación ciudadana. Asimismo, estos compromisos agrupados también son relevantes para el principio de transparencia dado que su implementación redundará en la confección de un reglamento de transparencia para el Poder Legislativo y en la unificación en una sola plataforma y la simplificación del acceso a toda la información relevante referida a los contenidos de los textos legislativos y las intervenciones e influencias sobre el proceso legislativo. En un contexto en que la opacidad alimenta las sospechas de corrupción y daña el vínculo representativo, contienen un alto potencial transformador.

En términos de contenidos, la mayoría de los actores consultados coincidió en afirmar que los grandes procesos de los últimos años – el ciclo de movilización que se activó en octubre de 2019 y la pandemia por la COVID-19 declarada en marzo de 2020 –  no se vieron reflejados en el plan de acción, ya que éste no habría sido la plataforma escogida para abordar los temas importantes del momento, que en algunos casos – como en el de la transparencia en las compras públicas y el manejo de la emergencia- ya estaban relativamente resueltos a la hora de encarar la cocreación del plan de acción. En ese sentido, no se habría logrado (y posiblemente tampoco se habría buscado) un plan de acción que respondiera en forma directa al contexto. Sin embargo, en consonancia con la protesta social que puso en primer plano a jóvenes y mujeres, en el marco del proceso de cocreación la Mesa procuró consultar a los jóvenes, promovió el liderazgo de mujeres en una variedad de roles y persiguió la inclusión de compromisos de género. Pese a la relevancia que adquirieron en los últimos años las manifestaciones feministas contra la violencia de género, el plan no contiene ningún compromiso sobre cuestiones de género. No obstante, aún cabe la posibilidad de que un compromiso sobre violencia contra las mujeres que quedó truncado en el proceso de cocreación acabe siendo incluido en la versión revisada del plan, junto con uno que gira en torno del otro gran tema de los últimos años, que llama mucho la atención de los jóvenes: el cambio climático. Adicionalmente, algunos compromisos – como los que involucran al Congreso Nacional – conectaron con el malestar con la representación política expresada en las protestas callejeras.

Con todo, algunos actores de la sociedad civil y del sector académico consultados discreparon de que el plan resultante respondiera a las prioridades de la ciudadanía, y subrayaron en cambio que la mayoría de los compromisos fueron formulados “desde una mirada institucional, sin considerar realmente lo que piensa el ciudadano de a pie o si realmente apuntan a generar valor público”[11]. Asimismo, varios lamentaron que el compromiso surgido de un reclamo de la ciudadanía quedara fuera del plan. En rigor, dada su complejidad, ya que involucraba a varios ministerios, dicho compromiso “Fomentar, impulsar y aumentar la inversión pública en Infraestructura Peatonal y Ciclo-Inclusiva” no pudo ser concluido a tiempo, razón por la cual no es evaluado en este informe, pero integra la versión revisada del plan de acción y será implementado y posteriormente evaluado junto con los restantes compromisos[12].

Tal como quedó plasmado, al menos en su versión inicial, el quinto plan de acción presenta un panorama de ambición limitada, similar en ese sentido a su predecesor. Como lo manifestó una integrante de la Red Académica, la mayoría de los compromisos “no va mucho más allá de lo que los organismos públicos deben hacer de todos modos”[13]. Otros actores consultados, sin embargo, encontraron mérito en su alcance acotado, y subrayaron que todos los compromisos son realizables y basados en expectativas realistas, de modo que su implementación no se topará con el obstáculo de los recursos, frecuente allí donde lo que se propone es algo nuevo y muy distinto de lo que los servicios públicos ya tenían planificado hacer[14].

Compromisos prometedores en el plan de acción de Chile 2020-2022

El texto siguiente analiza las dos reformas que el IRM identificó con el potencial para lograr los resultados más prometedores. Para ello, proporciona un análisis de desafíos, oportunidades y recomendaciones para contribuir al proceso de aprendizaje e implementación de este plan de acción. Esta revisión inicial de los compromisos informará el enfoque de investigación que el IRM tomará para evaluar la implementación en el informe de resultados. Es decir, la identificación temprana de los resultados potenciales del plan de acción constituirá la base sobre la cual se construirá el Informe de Resultados del IRM, que contrastará los resultados al final del período de implementación del plan de acción.

El IRM seleccionó las reformas prometedoras que se analizan en esta sección utilizando la metodología descrita en la Sección III. La primera de dichas reformas, destacada por su potencial para producir resultados significativos, está contenida en el compromiso 4 “Hoja de Ruta”, que busca desarrollar, en colaboración con actores de la sociedad civil y la academia, un plan estratégico para institucionalizar el enfoque de Gobierno y articular iniciativas de reforma en toda la Administración pública, priorizando acciones consistentes y de alto impacto a corto, mediano y largo plazo. La segunda reforma surge del agrupamiento de los compromisos 7 “Diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa” y 8 “Transparencia del Congreso Nacional”, analizados en conjunto como compromisos de transparencia legislativa. Esta reforma, destacada por su potencial para producir resultados significativos, busca establecer reglas de cumplimiento obligatorio para asegurar prácticas de transparencia tanto pasiva como activa y transparentar el proceso legislativo para habilitar la trazabilidad completa de los proyectos de ley. Además de por sus propios méritos, el conjunto de reformas arriba mencionadas se destaca por representar un enfoque de Estado abierto, en el cual los principios de gobierno abierto atraviesan a las tres ramas del Gobierno.

Entre los compromisos que el IRM consideró como de potencial relativamente modesto y por consiguiente no incluyó entre los más prometedores, se encuentra el compromiso 1 “Mejoramiento del sitio web de ChileCompra”, que se presenta en continuidad con el compromiso del plan de acción anterior “Implementación del Estándar Internacional de Datos de Contratación Abierta”, el cual redundó en la renovación del sitio de compras públicas[15]. El nuevo compromiso apunta a facilitar la comprensión de la información contenida en el sitio a un público más amplio que el de las organizaciones especializadas con capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Contiene varios elementos interesantes, tales como el involucramiento de la Mesa de Datos del Consejo de la Sociedad Civil en el proceso de rediseño del sitio y el desarrollo de un curso virtual de uso de la plataforma. Ambos apuntan a incluir información relevante para usuarios reales y potenciales y a mejorar la calidad de la interacción de los visitantes con el sitio, de modo tal de incrementar el volumen de visitas y aumentar las probabilidades de reutilización de la información. Sin embargo, los cambios que cabe esperar de su implementación no parecen muy significativos, por un lado, porque el texto del compromiso no da a entender que resultará en la provisión de información nueva; y, por el otro, porque -como lo reconoce una funcionaria consultada- “el tema de compras públicas es más bien de nicho, de modo que no se va a lograr un acceso muy masivo”[16].

Tampoco el compromiso 2 “Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación” carece de méritos pues apunta a organizar en un único sitio datos e informaciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) que hasta ahora se encuentran mayormente dispersos o, en menor medida, no disponibles. Como lo destacó la funcionaria a cargo del compromiso: “Esto significa que en el futuro se podrá hacer más y mejor investigación en estos ámbitos, tomar mejores decisiones de política pública en CTCI y, además, contar con evidencia para el desarrollo de nuevas políticas públicas que permitan a Chile avanzar en su desarrollo sostenible e integral”[17]. Si bien promete poner a disponibilidad del público informaciones que actualmente son de difícil acceso, el compromiso es relativamente sectorial y acotado, y su potencial para generar resultados parece ser modesto.

Al igual que el anterior, el compromiso 3 “Observatorio de Comercio Exterior” no parece ser la respuesta a un problema candente que necesariamente reclame soluciones de gobierno abierto. Igualmente propuesto por la agencia gubernamental que quedó a cargo de su implementación, el compromiso busca centralizar en un sitio único los datos relevantes sobre comercio exterior (intercambio comercial, exportación de bienes y servicios, importación, tráfico terrestre, tráfico marítimo, zona franca, recaudación, régimen de importación (general, acuerdos comerciales, otras preferencias), permitiendo el acceso directo de todas las partes interesadas desde la web de aduanas. Según la funcionaria de enlace de gobierno abierto, es posible que el compromiso haya sido priorizado por los participantes de las Mesas de Priorización en una suerte de “efecto pandemia”, es decir, en función de un contexto en que habían aumentado exponencialmente las compras internacionales de particulares vía internet. Algo similar puede haber ocurrido con el compromiso de Ciencia y Tecnología, en un contexto en el cual el rol de la Ciencia aparecía revalorizado[18].

Por su parte, los compromisos 5 “Derechos Humanos y Justicia Abierta” y 6 “Justicia Abierta en el Poder Judicial”, agrupados como compromisos de justicia abierta, están orientados a profundizar el conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial y la conciencia de derechos. Estos compromisos, propuestos por actores gubernamentales, fueron considerados prioritarios por una mayoría de actores participantes de las Mesas de Priorización[19]; asimismo, ambos contienen un elemento de novedad que es importante subrayar. Con el compromiso 5, la jefa de comunicaciones y participación ciudadana de la Defensoría Penal Pública (DPP) afirmó: “Se incorporan por primera vez los derechos humanos a los compromisos de gobierno abierto del Estado de Chile”, y en ese sentido se busca responder a la “necesidad de fortalecer la institucionalidad de derechos humanos” planteada por el estallido social de octubre de 2019[20]. Con el compromiso 6, apuntan los funcionarios responsables de su implementación en la órbita de la Corte Suprema, el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, se consolidaría el tránsito hacia un Estado abierto[21]. Ambos compromisos agrupados son relevantes para el principio de transparencia tal como lo define OGP.

El nuevo compromiso liderado por la DPP, situado en línea de continuidad con el primer compromiso de Justicia Abierta contenido en el cuarto plan de acción (2018-2020)[22] y al que en su momento el IRM asignó un impacto potencial menor[23], adopta una perspectiva explícita de derechos humanos y, a diferencia del anterior, no enfatiza actividades de coordinación interna del sector, para las cuales el IRM consideró que el organismo no se encontraba bien equipado, y en cambio se concentra en el desarrollo de acciones de cara a la ciudadanía. Por encima de la línea de base establecida por su predecesor, el compromiso apunta a crear: “un Observatorio de Defensa Penal de los Derechos Humanos que, por un lado, dé a conocer información relevante en esta materia referente a causas, estadísticas y estudios relevantes y, por otro, lleve a cabo acciones de educación cívico legal enfocadas a la comunidad, que permitan concientizar sobre la necesidad de respetar y promover los derechos humanos en el país”[24].

El compromiso busca paliar el amplio desconocimiento de la ciudadanía no solamente respecto del funcionamiento del sistema judicial, sino también de sus propios derechos fundamentales[25]. Sus hitos centrales apuntan a generar conciencia de derechos tanto entre la ciudadanía en general, para que esté en mejores condiciones de ejercerlos y exigirlos, como entre funcionarios públicos, judiciales y policiales cuya obligación es defenderlos y efectivizarlos. Asimismo,  incluyen el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía conocer sus derechos en el ámbito penal y hacer seguimiento de sus causas.

El compromiso de justicia abierta liderado por la Corte Suprema de Justicia se basa en un diagnóstico similar[26] pues su respuesta se centra en el derribamiento de “barreras de acceso a la justicia de carácter cognitivo”[27]. Para ello se propone trabajar sobre su plataforma de datos abiertos, desarrollar una iniciativa de lenguaje claro e inclusivo que facilite el acceso de la ciudadanía a la información del sistema judicial, y lanzar un plan de sensibilización en gobierno abierto al interior de la institución.

La reforma de Justicia Abierta representada por los compromisos 5 y 6 es temáticamente relevante y constituye un paso necesario pero insuficiente. Cabe esperar que su implementación redunde en cambios incrementales positivos[28], pero no en transformaciones radicales en materia de transparencia del sistema judicial y en el conocimiento de sus derechos por parte de la ciudadanía[29].

Tabla 1. Compromisos prometedores

[1] Los actuales representantes de la Red Académica y de la Red de Sociedad Civil son, respectivamente, Carolina Chávez, del Smart City Lab de la Universidad de Santiago de Chile, y Jaime Ibarra, de Fundación Multitudes; los representantes de los organismos multilaterales observadores, por su parte, son Alejandra Naser (CEPAL) y Felipe Ajenjo (PNUD).

[2] El listado de las jornadas, sus expositores y facilitadores se encuentra disponible en el documento del plan de acción, aquí: https://www.opengovpartnership.org/documents/chile-action-plan-2020-2022.

[3] En esta etapa se recibieron 81 propuestas de compromisos, disponibles para consulta aquí: http://consultapublica.ogp.gob.cl/.

[4] Los criterios de evaluación están contenidos en el documento “Proceso de cocreación del V Plan de Acción de Gobierno Abierto. Consideraciones para la evaluación de propuestas de compromiso”, disponible aquí: https://drive.google.com/file/u/1/d/13M5IO0wYZFBR0EasBFUTB0ExB5tr6-QX/view. Por efecto de esta revisión, la cantidad de propuestas que pasaron a la siguiente etapa se redujo de 81 a 53.

[5] La cantidad de participantes por mesa osciló entre 26 y 144, con un total de 558 para el conjunto de las mesas. Las actas y el orden de prioridades pueden consultarse aquí: http://consultapublica.ogp.gob.cl/.

[6] A las propuestas más priorizadas se agregaron las de Parlamento Abierto, que aunque no habían sido seleccionadas en las Mesas de Priorización, respondían a la decisión inicial de la Mesa de Gobierno Abierto de avanzar hacia un Estado Abierto, incluyendo a los tres poderes del Estado.

[7] La investigación revela cierta ambivalencia sobre este punto, ya que diversos actores consultados recalcaron alternativamente aspectos positivos y negativos de la virtualidad. Así, por ejemplo, una funcionaria de una agencia del Poder Ejecutivo destacó: “el hecho de que todo sea virtual nos ha permitido llegar a más personas de las que tal vez hubiéramos podido llegar con encuentros presenciales. El llevar todo de forma digital ha hecho los procesos más expeditos y menos costosos en términos monetarios”. En el mismo sentido se manifestaron la representante de la Red Académica en la Mesa de Gobierno Abierto y los dos observadores internacionales, uno de los cuales expresó que la nueva modalidad habilitó una mayor llegada a territorios adonde antes era difícil acceder. Por su parte, una funcionaria del Poder Legislativo explicó: “los talleres virtuales tienen sus beneficios (puede asistir más gente) y sus contras (la discusión desde mi punto de vista no se da de la misma forma, hay personas que no usan la tecnología que podrían también participar)”; evaluó que, en consecuencia, puede que la diversidad de participantes se haya visto negativamente afectada. Una representante de una institución académica, finalmente, destacó el impacto negativo de la modalidad virtual sobre personas mayores y poblaciones rurales: específicamente, subrayó que en la región del Biobí, personas de esos grupos que habían participado de forma presencial en el cuarto plan esta vez no estuvieron presentes. Véanse Paloma Baytelman, Oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, respuesta a encuesta, 23/06/21; Carolina Chávez, Universidad de Santiago de Chile, entrevista, 23/06/21; Felipe Ajenjo, PNUD, entrevista, 21/06/21; Rocío Noriega, Asesora Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, respuesta a encuesta, 10/06/21; Waleska Muñoz, Universidad de Concepción, respuesta a encuesta, 18/06/21.

[8] Desde la organización del proceso, sin embargo, se destacó: “fue un acierto dividir las distintas instancias de participación en fases más abiertas, más sectoriales, más cerradas. Eso facilitó la tarea en comparación con las enormes sesiones abiertas en las que resultaba tan difícil llegar a acuerdos”. Véase Claudia Montero, Comisión de Integridad Pública y Transparencia, entrevista, 23/06/21.

[9] Ibid.

[10] Si bien los compromisos sobre esta temática son nuevos en los planes de acción de gobierno abierto, ya formaban parte de sucesivos planes de parlamento abierto suscriptos por el Congreso Nacional de Chile en 2014-16, 2017-18 y 2019-20. Disponibles aquí: https://www.ogp.gob.cl/parlamento-abierto-en-chile-2/.

[11] Waleska Muñoz, Universidad de Concepción, respuesta a encuesta, 18/06/21.

[12] Tal como lo explicó Claudia Montero, además del compromiso de infraestructura de ciclovías, es posible que el plan revisado incluya también uno sobre cambio climático (casi listo) y otro sobre violencia contra las mujeres (que no es del todo seguro que llegue a concretarse). Sin embargo, el reclamo de algunos participantes que habían apostado por ese compromiso constituye una señal de alarma porque refleja una débil confianza en el proceso: un representante de sociedad civil afirmó que su ausencia le parecía “extrañ[a], pues fue votado con la máxima votación ciudadana en todas las mesas” y que había habido “mucha desinformación” y falta de claridad sobre el proceso, ya que no se entiende que “de los cerca de 90 proyectos, solo quedó un 10%; [no está claro] qué pasó con los otros 80 no elegidos, y eso que uno de los pilares del movimiento es la transparencia”. Véanse Claudia Montero, Comisión de Integridad Pública y Transparencia, entrevista, 23/06/21; integrante de Red Chilena de la Familia, respuesta a encuesta, 20/06/21.

[13] Waleska Muñoz, Universidad de Concepción, respuesta a encuesta, 18/06/21.

[14] Felipe Ajenjo, PNUD, entrevista, 21/06/21; Alejandra Naser, CEPAL, entrevista, 21/06/21.

[15] Aunque el MRI lo calificó como de impacto potencial menor, el compromiso – puntualizó la funcionaria que encabeza el proceso de gobierno abierto – recibió: “un premio internacional de Open Contracting, porque hicieron un trabajo muy minucioso de microetiquetado de datos para limpiar y tener datos de compras públicas. Terminaron el compromiso y se vino la pandemia y la gente iba al portal de compras públicas y podía encontrar información precisa de quién compró, cuánto, a qué precio, a quién, para hacer un proceso de control”. Véase IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, disponible aquí: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/01/Chile_Action-Plan_2018-2020.pdf; MRI Chile, Informe sobre el Diseño del Plan de Acción 2018-2020, disponible aquí: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/02/Chile_Design_Report_2018-2020_for-public-comments.pdf; Claudia Montero, Comisión de Integridad Pública y Transparencia, entrevista, 23/06/21.

[16] Claudia Montero, Comisión de Integridad Pública y Transparencia, entrevista, 23/06/21.

[17] Paloma Baytelman, Oficina de Estudios y Estadísticas, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, respuesta a encuesta, 23/06/21.

[18] Claudia Montero, Comisión de Integridad Pública y Transparencia, entrevista, 23/06/21.

[19] Los funcionarios a cargo del compromiso destacaron que en el curso de las mesas territoriales de cocreación lograron: “corroborar que nuestras propuestas eran en general bien recibidas y miradas con cierta sorpresa, ya que no se conocía que el Poder Judicial comenzaba a hacerse cargo de estos temas”. Véase Paulina Arriagada Contreras y Giulianno Pesce Heresmann, Corte Suprema/Subdepartamento de Atención de Usuarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, respuesta a encuesta, 23/06/21.

[20] Javiera Nazif, Defensoría Penal Pública, respuesta a encuesta, 11/06/21.

[21] Paulina Arriagada Contreras y Giulianno Pesce Heresmann, respuesta a encuesta, 23/06/21.

[22] Se trata del compromiso 3 de dicho plan, titulado “Justicia Abierta en la Defensoría Penal Pública”, consistente en: “acercar la justicia a la ciudadanía a través de la democratización el conocimiento de los derechos de los ciudadanos en materia penal, así como aclarar y transparentar los distintos roles de los actores del sistema de justicia, para mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho y la paz social. Esto a través de mesas de participación ciudadana, incorporación del programa de lenguaje claro, implementación de datos abiertos, estrategias de atención de usuarios”. Véase IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, op. cit.

[23] MRI Chile, Informe sobre el Diseño del Plan de Acción 2018-2020, op. cit.

[24] V Plan de Acción de Gobierno Abierto (2022-2022), op. cit.

[25] En efecto, en una encuesta de marzo de 2021 que la DPP encargó a la consultora CADEM, el 68% de las y los chilenos dijo conocer poco o nada los derechos que les asisten en el sistema de justicia, con los niveles más altos de desconocimiento entre las personas jóvenes (74%), procedentes de los estratos socioeconómicos más bajos (71%) y de las regiones del sur de Chile (73%); dos de cada tres, sin embargo, consideraron que los derechos humanos serán muy importantes bajo la Constitución que resulte del proceso constituyente actualmente en curso, lo cual pone al compromiso en sintonía con los requerimientos del contexto nacional. Por otra parte, solo el 35% de la ciudadanía consideró que el sistema penal chileno respeta y garantiza los derechos humanos de las personas; mientras que el 47% respondió que los derechos son respetados en la instancia del juicio y apenas el 20% y el 32% consideraron que los derechos son respetados en las cárceles y en los recintos policiales, respectivamente. Finalmente, el 81% afirmó que hoy las personas conocen más sus derechos que hace 10 años; el 56% opinó que los derechos no se respetan porque no se conocen y el 49% sostuvo que la información y educación que hay sobre el tema es deficiente. Véase CADEM-DPP, Estudio de Opinión Pública, Imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública, marzo de 2021, disponible aquí: http://www.dpp.cl/resources/upload/670471edf7f0700640fa1c7e5050f4f4.pdf.

[26] Sin embargo, parte de una línea de base inferior, similar a la adoptada por el compromiso de la DPP en el cuarto plan de acción. Según afirma el texto del compromiso: “solo el 21% de nuestros usuarios/as no letrados (ciudadanos/as que no son abogados/as ni procuradores/as) son capaces de identificar la función principal del Poder Judicial, mientras que un 26% declara que existe poca claridad en la entrega de información por parte de la Institución, situación que demuestra las brechas existentes en relación a la efectivización del derecho de acceso a la justicia”. Véase V Plan de Acción de Gobierno Abierto (2022-2022), op. cit. Los datos citados son del Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial (IPJUD) de 2019.

[27] Ibid.

[28] De ser implementados tal como están planteados en el plan de acción, resultarán en mejoras modestas en materia de capacitación, transparencia y acceso a la información. Concretamente, resultará en el mejoramiento de la plataforma de datos abiertos del Poder Judicial (https://numeros.pjud.cl), con una mejor accesibilidad como resultado de la actualización del Glosario de Términos Jurídicos y la presentación de la información en un lenguaje claro e inclusivo; la producción y difusión de estudios sobre derechos humanos, información legal actualizada y estadísticas sobre cuestiones judiciales con impacto de derechos humanos; la puesta en marcha de campañas de sensibilización y programas de educación cívico-legal para la ciudadanía y de formación para funcionarios policiales y judiciales; y el lanzamiento de una aplicación móvil para dar seguimiento a causas judiciales.

[29] Los funcionarios a cargo del compromiso de la Corte Suprema señalaron que su inclusión en el plan fue parte de un proceso evolutivo alentado por el contexto de estallido social, que llevó al Poder Judicial a comenzar “potenciando y visibilizando algunas iniciativas que ya se venían ejecutando, además de instalar los conceptos y la temática en la gestión interna de la Institución, para posteriormente avanzar en el desarrollo de los pilares fundamentales de la Justicia Abierta”. Véase Paulina Arriagada Contreras y Giulianno Pesce Heresmann, respuesta a encuesta, 23/06/21. Si bien las actividades que encarará la DPP reflejan un mayor grado de avance que las que realizará la Corte Suprema, dado que operan sobre el terreno preparado por el compromiso que el organismo implementó en el marco del plan anterior, en conjunto los compromisos resultarán en un mejoramiento de la información disponible y, de desplegarse campañas y capacitaciones altamente efectivas, en un mejoramiento mensurable de la conciencia de derechos por parte de la ciudadanía y de las responsabilidades concomitantes de funcionarios y servidores públicos.