Chile Action Plan Review 2023-2027

El sexto plan de acción de gobierno abierto profundiza la perspectiva de Estado Abierto. Los tres compromisos con potencial sustanciales buscan la implementación colaborativa de leyes y normativas que abordan temas de compras públicas, pesquería y del medio ambiente. Por tratarse de un plan de cuatro años, existe la oportunidad de potenciar los compromisos a través del proceso de revisión del plan a los dos años de implementación. La activa colaboración con la sociedad civil será necesaria para un monitoreo robusto y una implementación efectiva que asegure la sostenibilidad del plan.

El sexto plan de acción de gobierno abierto de Chile incluye 11 compromisos: ocho liderados por distintas agencias del Ejecutivo, uno en la órbita del Poder Legislativo (a cargo del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso), uno en la órbita del Poder Judicial (a cargo de la Defensoría Penal Pública y la Corte Suprema de Justicia), y uno a cargo de la Contraloría General de la República, órgano autónomo de fiscalización.

Tres de los cuatro compromisos que forman parte del Desafío de Gobierno Abierto tienen un potencial sustancial para obtener resultados[1]. El compromiso 2 responde a los requerimientos de la Ley de Modernización de Contrataciones Públicas de 2023. El compromiso 9 busca establecer el marco operativo para implementar el Acuerdo de Escazú en Chile. El compromiso 10 busca implementar el Estándar de la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI, por sus siglas en inglés). El compromiso 5 que plantea fortalecer el acceso a información judicial para generar condiciones para un mejor acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, de implementarse con mayor ambición y participación, podría resultar en cambios profundos y sostenidos en el largo plazo

Todos los compromisos que hacen parte del Desafío de Gobierno Abierto, más el compromiso 7 que busca formar a las y los altos directivos públicos sobre este tema, son compromisos prometedores.

Para mejorar la ambición y resultados de los compromisos, en general, las agencias implementadoras manifestaron su disposición a redefinir los objetivos de los compromisos[2], mientras la sociedad civil y la academia trabajarán más fuertemente en el seguimiento del plan[3]. El proceso de revisión del plan de acción a los dos años de implementación será un momento clave para fortalecer el diseño, y por ende, la implementación de los compromisos.

La cocreación del plan fue liderada por la Mesa de Nacional de Estado Abierto[4], reestructurada en mayo de 2023 para incluir representación de los tres poderes del Estado y presidida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)[5]. El proceso duró desde mayo hasta noviembre de 2023 e incluyó jornadas de sensibilización en formato presencial, virtual y mixto, abiertas para todas las partes interesadas y, en algunos casos, para grupos específicos. También incluyó consulta ciudadana, mapeo del sector público para la recepción de propuestas, mesas de cocreación y la redacción de compromisos.

La cocreación contó con una participación ciudadana significativa. Tras un proceso de consulta pública que recibió 98 propuestas, se llevaron a cabo 16 mesas de cocreación, de las cuales 11 fueron virtuales y 5 presenciales, con 469 participantes entere ellas[6]. La metodología acordada priorizó las iniciativas que tuvieran contrapartes institucionales firmes y dejó en manos de éstas la redacción de los compromisos[7]. Se reconocieron mejoras en estándares y liderazgo en el proceso de cocreación[8], sin embargo la sociedad civil y la academia tuvieron menor incidencia que en procesos previos[9] y la mayoría de los compromisos provinieron del Ejecutivo[10]. En relación con los contenidos del plan, todas las partes interesadas consultadas identificaron algún compromiso que consideraron valioso.

El plan de acción de gobierno abierto de Chile dura cuatro años. Las reglas de OGP obligan al foro multiactor (la Mesa Nacional, en el caso de Chile) a revisar y actualizar su plan a los dos años de implementación. El proceso de revisión será un momento clave para fortalecer la ambición de todos los compromisos. Por ejemplo, el compromiso de justicia abierta podría implementar un programa que abarque una cantidad de escuelas mucho mayor, e incluso se podría trabajar en la inclusión de contenidos para formar a las personas jóvenes en temas de justicia. Por su parte, la implementación del Acuerdo de Escazú podría incorporar una fase piloto para poner en marcha los mecanismos de gobernanza, seguida de una evaluación colaborativa y ajustes necesarios para garantizar su funcionamiento efectivo a largo plazo.

Tabla 1. Compromisos prometedores

[1] Los 11 compromisos fueron postulados al Desafío de Gobierno Abierto de OGP. El Desafío es una convocatoria para que todos los integrantes de OGP eleven su compromiso en diez ámbitos de gobierno abierto con el fin de fortalecer las democracias de los países miembros. Más detalles sobre el Desafío disponibles aquí: https://www.opengovpartnership.org/es/the-open-gov-challenge/about-the-open-gov-challenge/
[2] Alexis Matamala, coordinador de la Unidad de Comunicaciones de la Defensoría Penal Pública, entrevista, 01/04/24.
[3] Patricia Reyes, representante de la Red Académica en la Mesa, entrevista, 01/04/24
[4] Véase Mesa Nacional de Estado Abierto, aquí: https://www.ogp.gob.cl/mesa-de-gobierno-abierto/
[5] Véase Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Resolución Exenta N° 499 del 19/05/23, aquí: https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2023/05/Res-Ex-N-499-Crea-la-mesa-nacional-del-estado-abierto-2.pdf.
[6] Véase Informe de Devolución: Resultados Consulta Ciudadana y Mapeo del Sector Público, aquí: https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2023/08/Informe-de-Devolucion-6o-Plan-de-Accion.pdf.
[7] Representante anónimo de sociedad civil, respuesta a encuesta, 19/03/24.
[8] Francisco Sánchez, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entrevista, 04/04/24
[9] Claudia Montero, asesora en Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto en la SEGPRES, entrevista, 01/03/24. Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SEGPRES, entrevista, 01/03/24.
[10] Michel Figueroa, Chile Transparente, respuesta a encuesta, 22/03/24; Daniel Oyarzún, Red de Sociedad Civil (Fundación Multitudes y Organización Chilena de Voluntarios), entrevista, 01/04/24; Patricia Reyes, representante de la Red Académica en la Mesa de Estado Abierto, entrevista, 01/04/24. Representante anónimo de sociedad civil, respuesta a encuesta, 19/03/24. Entre los temas que se hubieran querido ver incluidos en el plan se encuentran la protección de denunciantes, la privacidad de datos, los estándares de ética pública, la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas, la transparencia en las industrias extractivas, la regulación del lobby y el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción.