Guatemala Transitional Results Report 2018-2020

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) es una alianza global que reúne a reformadores de Gobierno y líderes de la sociedad civil en la creación de planes de acción que logren Gobiernos más incluyentes, responsables y que rinden cuentas. Los compromisos de los planes de acción pueden contribuir a esfuerzos existentes, identificar medidas adicionales para completar reformas que están en curso o iniciar medidas en un área completamente nueva. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los Gobiernos cumplan con sus compromisos. Los líderes de la sociedad civil y el Gobierno pueden utilizar estas evaluaciones para reflexionar sobre sus avances y determinar si las acciones implementadas han tenido impactos en la vida de las personas.

El Mecanismo de Revisión Independiente de OGP se asoció con Jaime D. Ayala, investigador independiente, para llevar a cabo esta evaluación. El IRM tiene el objetivo de aportar insumos a un diálogo constante sobre el desarrollo e implementación de compromisos futuros. Para consultar una descripción completa de la metodología del IRM, visite: https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Este informe cubre la implementación del cuarto plan de acción de Guatemala para 2018-2020. En el año 2021 el IRM implementó un nuevo enfoque a su proceso de investigación y al alcance de sus informes sobre sus planes de acción aprobados en el marco de la actualización el IRM^[1]. Los informes de implementación de los planes de acción 2018-2020 fueron ajustados para adaptarlos al proceso de transición a los nuevos productos del IRM y permitir al IRM ajustar sus procesos de trabajo a la luz de los efectos que ha tenido la pandemia por la COVID-19 sobre los procesos de OGP en los países. 

Implementación del plan de acción

El informe de transición de resultados del IRM evalúa el estado de los compromisos y los resultados de su implementación al final del ciclo del plan de acción. Este informe no evalúa “Verificabilidad”, “Relevancia” o “Impacto potencial”. El IRM evalúa estos tres indicadores en los informes de diseño. Para más detalles de cada uno de los indicadores, revise el Anexo II en este informe.

Aspectos destacados y resultados generales

El plan de acción 2018-2020 fue un esfuerzo ambicioso de Guatemala por realizar mejoras significativas en una amplia variedad de áreas temáticas: procesos electorales, inversión y empleo, educación, medio ambiente y recursos naturales, protección e inclusión social, transparencia fiscal, entre otras. En términos generales, los compromisos con un cumplimiento sustancial o completo poseían un diseño apropiado y especificidad suficiente para realizar acciones determinadas que se pudieran verificar, como la publicación de informes o datos y diseño de plataformas digitales. En comparación al plan de acción anterior, este último incluyó áreas de trabajo similares, sobre todo el acceso a la información pública y la generación y creación de nuevas plataformas de datos abiertos e innovación tecnológica[2].

Por otro lado, los compromisos con un cumplimiento limitado o no iniciados incluyeron actividades de planificación inicial y desarrollo parcial, pero no resultados que pudieran ser completamente verificados por el investigador del IRM. El portal web de OGP Guatemala no contenía todos los medios de verificación para la totalidad de los compromisos del plan, lo cual dificultó la revisión documental. Una de las razones principales que influyó en la implementación de los compromisos fue los efectos de la pandemia por la COVID-19, que no permitió la realización de actividades presenciales, como capacitaciones o talleres formativos, contempladas en los compromisos.

Asimismo, el Gobierno de Guatemala reconoce en su informe de autoevaluación que la ausencia de ciertas recomendaciones internacionales de convenciones regionales y mundiales en temas de transparencia y anticorrupción fue una limitante para el cumplimiento de algunos compromisos (por ejemplo, los compromisos 14 y 22 que incluyen hitos específicos de acciones basadas en dichas recomendaciones y los compromisos 6 y 15)[3]. Con respecto a esto, las fuentes gubernamentales entrevistadas describieron la necesidad de alinear los compromisos con recomendaciones de iniciativas de relevancia internacional, como informes de Naciones Unidas o de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las OSC argumentan que no les consultaron sobre la decisión de no continuar la implementación y que no es una justificación suficiente para incumplir con los compromisos[4]. El investigador del IRM sugiere que para asegurar una adecuada implementación de los compromisos resultantes del proceso de cocreación, se tomen en cuenta las recomendaciones internacionales ya existentes, y no condicionar la implementación a resoluciones aún no vigentes y a recomendaciones que puedan surgir con posterioridad.

En términos de cambios en las prácticas de gobierno, los tres compromisos notables incluyeron la publicación de información significativa y útil para el diseño de políticas públicas en materia educativa y sobre el proceso electoral (compromisos 5 y 20) o diseño de protocolos para acceder a información de utilidad en momentos de emergencia (compromiso 3), en un formato amigable para el usuario. Si bien los compromisos 11 y 16 registraban un impacto potencial moderado en el informe de diseño, no representaron cambios en la práctica de gobierno, ya que su cumplimiento fue limitado al cierre del período de implementación.

Impacto de la pandemia por la COVID-19 en la implementación

Al cierre de julio 2020, Guatemala registraba 50.625 casos acumulados de COVID-19 y 2.942 fallecidos por la misma enfermedad[5]. A nivel mundial, la crisis por esta enfermedad supuso una reorientación financiera y programática por parte de los Gobiernos para atender no solamente la emergencia sanitaria, sino también las consecuencias económicas y sociales de esta.

En el caso de Guatemala, el Gobierno reconoció en su informe de autoevaluación al menos dos consecuencias directas de la pandemia que afectaron el desarrollo de la implementación del plan. En primer lugar, las restricciones impuestas para prevenir los contagios -como las cuarentenas- no permitieron que muchas actividades presenciales (capacitaciones, talleres) pudieran implementarse en su totalidad, dado que ajustarse a las nuevas condiciones virtuales supuso un tiempo y esfuerzo extra considerable. En segundo lugar, muchos de los recursos (financieros, humanos, logísticos) tanto gubernamentales como de cooperación internacional inicialmente destinados a OGP, se reorientaron para atender los efectos de la pandemia (véase compromisos 13, 16 y 22). Las condiciones actuales por la pandemia y una crisis política actual también constituyeron una limitante para la obtención de evidencia y valoraciones de las OSC por parte del investigador IRM.

[1] Para mayor información, visite: https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/

[2] IRM (2021). “Design Report 2018-2020”. Disponible aquí: https://www.opengovpartnership.org/members/guatemala/#content

[3] Gobierno de Guatemala (2020). “Informe de autoevaluación de fin de término del 4to plan de acción”. Disponible aquí: https://gobiernoabierto.transparencia.gob.gt/wp-content/uploads/Plantilla-AUTOEVALUACION-FINAL-2020.pdf

[4] Entrevista con el investigador del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM).

[5] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2020). “Situación de COVID-19 en Guatemala”. Disponible aquí: https://tablerocovid.mspas.gob.gt/