Spain Action Plan Review 2020-2024 – For Public Comment
El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) publicó la Revisión del Plan de Acción para el cuarto plan de acción de España (2020-2024). Este informe es una revisión técnica de las características del plan de acción y las fortalezas y desafíos que identifica el IRM para informar al proceso de implementación.
El IRM resume los hallazgos del informe así:
El proceso de cocreación del cuarto plan de acción de España representa una apuesta ambiciosa para continuar el avance de la agenda de gobierno abierto en el país. El plan tiene un enfoque estratégico que integra demandas históricas de la sociedad civil a través de reformas al marco legal de acceso a la información y los sistemas de integridad pública.
El público está invitado a revisar y enviar comentarios sobre el informe por un periodo de dos semanas vigente hasta el miércoles 21 de julio de 2021. Los comentarios pueden ser enviados por aquí, en el espacio de comentarios abajo o a través del correo electrónico: irm@
Emmanuel Jiménez Franco Reply
Uno de los compromisos estrella en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo constituye la reforma de su marco regulatorio, que comenzaría con la aprobación del Reglamento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, responsable de dicho cometido, ya va con bastante retraso temporal, pues en el IV Plan se preveía su aprobación definitiva para el 31 de diciembre de 2020, y todavía no se ha producido cuando se escriben estas líneas, el 21 de julio de 2021.
Asimismo, desde sus inicios, el proceso de OGP se basa en un ciclo de plan de acción bienal. En cambio, España adopta en esta ocasión un plan de acción cuatrienal (2020-2024), que invita a una relajación en el cumplimiento de sus compromisos. Por ejemplo, dentro de la reforma regulatoria de la transparencia y la rendición de cuentas, se adopta como otro de los compromisos la reforma de la vigente Ley 19/2013, cuestión loable porque resulta vital según la doctrina, pero prevé un tiempo excesivo al dedicar para presentar el Proyecto de Ley 2 años y 7 meses (del 1 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2023) y, además, faltaría el trámite parlamentario, que en la anterior ocasión duró más de un año hasta su aprobación (desde su calificación por la Mesa del Congreso de los Diputados el 4 de septiembre de 2012 hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013), de lo que se deduce su utopía en la implementación.
La vigente Ley estatal de Transparencia ha sido un avance positivo en los estándares democráticos de España, pero a todas luces insuficiente, siendo necesaria una mejora regulatoria que la haga más ambiciosa, donde se instaure un régimen sancionador y otras modificaciones precisas, que impidan el incumplimiento normativo continuado por parte de las Administraciones y con total impunidad en materia de dación de cuentas.