Introducción

La evidencia continúa demostrando que el gobierno abierto tiene impactos en la vida de las personas. Pero aún hay personas escépticas que no conocen los beneficios de este enfoque. ¿Te cuesta trabajo convencer a la gente para que aplique la perspectiva de gobierno abierto en la implementación de reformas? ¿Estás buscando evidencia concreta de su impacto en la creación de gobiernos más transparentes, participativos y con capacidad de rendir cuentas? Entonces, esta guía es para ti.

En esta guía encontrarás evidencia de cómo los gobiernos abiertos mejoran la eficiencia de las empresas, reducen la corrupción y ofrecen servicios de mejor calidad entre otros temas de interés. A diferencia de otros reportes, esta guía está basada en publicaciones recientes revisadas por pares en cada una de las áreas de política pública incluidas. Expertas y expertos de todo el mundo aportaron estudios sociales rigurosos realizados en los países miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), así como en países que no forman parte de ella^[1]. En cada sección encontrarás un enlace para acceder a los artículos originales. La Unidad de Apoyo de OGP y sus socios seguirán actualizando esta guía y elaborarán capítulos adicionales sobre otras áreas de política pública. Para enterarte de nueva información sobre los beneficios del gobierno abierto, puedes visitar el sitio de la Guía para escépticos continuamente.

Organización

En esta guía traducimos las investigaciones técnicas en evidencia que puedes utilizar. El informe está dividido en seis secciones, cada una de las cuales incluye lo siguiente:

• Definiciones de términos clave;
• Evidencia de los impactos de una política de gobierno abierto en particular, en un lenguaje no técnico;
• Estudios de caso de instancias en las que los gobiernos observaron que sus políticas públicas funcionaron a través de ciertas reformas o experimentos y lecciones aprendidas que pueden ser útiles en otros contextos y
• Los límites de la evidencia que quienes leen esta guía deben considerar. Aunque este informe pretende ser fácil de entender, también es importante aclarar lo que aún no sabemos y lo que no podemos afirmar sobre los resultados del gobierno abierto.

Acerca de OGP La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) ofrece la oportunidad a las personas reformadoras del gobierno y la sociedad civil de ser más transparentes, participativas, incluyentes y capaces de rendir cuentas. En equipo, el gobierno y la sociedad civil cocrean planes de acción que incluyen compromisos concretos sobre diversos temas. Al día de hoy, 77 países y 106 gobiernos locales – los cuales representan a más de dos mil millones de personas – junto con miles de organizaciones de la sociedad civil forman parte de OGP.

Contenido

Esta guía incluye evidencia fácil de comprender sobre los impactos de algunas de las políticas de gobierno abierto más populares y exitosas. La guía muestra que:

• el acceso a la justicia beneficia a la economía y restaura el contrato social;
• la apertura fiscal puede reducir la corrupción y aumentar los ingresos;
• los mecanismos de reparación de agravios en el sector público pueden mejorar la gobernanza y los servicios;
• las auditorías sociales pueden mejorar el acceso a los servicios públicos y la confianza en los proveedores de servicios y
• las contrataciones abiertas pueden llevar a mayores ahorros y competencia.

Asimismo, encontrarás la respuesta a preguntas como:

• ¿De qué manera los presupuestos participativos ayudan a los gobiernos a ahorrar dinero?
• ¿De qué manera los mecanismos de reparación de agravios empoderan a las mujeres?
• ¿De qué manera la justicia centrada en las personas ayuda a las empresas?

Cómo utilizar esta guía

Con la evidencia que contiene esta guía, podrás:

• Crear una propuesta de valor para las reformas de gobierno abierto en tu institución, estrategia de incidencia u organización.
• Inspirar reformas y compromisos.
• Incluir ejemplos de resultados en tus discursos.
• Utilizar las redes sociales para compartir esta evidencia y llegar a una mayor audiencia.
• Promover sinergias entre el gobierno y la academia para evaluar reformas y entender cómo el gobierno abierto puede traer beneficios a todas las personas.

¿Cuáles son las novedades de la segunda edición? Esta guía es una segunda edición de la primera Guía para escépticos del gobierno abierto, publicada en 2018. En la primera edición, analizamos los impactos del gobierno abierto en general. Además de actualizar esta evidencia, esta segunda guía analiza los impactos del gobierno abierto en políticas públicas específicas de gobierno abierto. La guía no podría abarcar todas las políticas públicas existentes; por lo tanto, esta edición se enfoca en las que son prioritarias para el liderazgo de OGP y que han sido evaluadas en una gran cantidad de estudios revisados por pares sobre los impactos del gobierno abierto. Algunas áreas (por ejemplo la gobernanza de los recursos naturales) merecen un capítulo completo, pero no se incluyeron para lograr un proyecto en tiempo y manejable. Si una organización tiene una idea para capítulos futuros, pueden contactar a research@opengovpartnership.org.

¿Qué es el gobierno abierto?

Frecuentemente nos preguntan qué es el “gobierno abierto” para OGP. Los Artículos de gobernanza de OGP, documento fundador de OGP, establecen los valores clave de la alianza. El gobierno abierto busca adherirse a los siguientes valores con el fin de mejorar la gobernanza y resolver retos públicos:

• Acceso a la información: El acceso a la información que el gobierno alberga empodera a la ciudadanía a ejercer sus derechos, exigir a los gobiernos que rindan cuentas y participar en la toma de decisiones. En esta guía incluimos algunos ejemplos de cómo la transparencia impulsa avances en áreas de política pública claves:
  • El manejo fiscal transparente y la contratación pública desincentivan la corrupción y permiten a las personas reformadoras seguirle la pista al dinero para asegurar que los fondos públicos se gasten de forma eficiente y en beneficio de la ciudadanía.
  • El acceso a información sobre justicia puede ayudar a la ciudadanía a entender sus problemas de mejor manera y asegurar que existan los recursos necesarios para resolverlos.
• Participación cívica: La participación cívica empodera a la ciudadanía, de manera que pueda formar parte, libremente, en la gobernanza, ya sea a través de consultas o a través de la creación de un espacio para la libre expresión y asamblea. Además, la participación cívica ayuda a los gobiernos a ser más responsables, innovadores y efectivos. En esta publicación, mostramos algunas de las muchas formas en las que la participación pública puede ayudar a impulsar avances en áreas de política pública claves. Por ejemplo:
  • Para los gobiernos nacionales y locales tiende a ser difícil crear mecanismos para promover la participación de las personas en condición de pobreza, mujeres, jóvenes y otros grupos marginados en la gobernanza comunitaria. Las auditorías sociales son canales productivos para este tipo de interacción en un formato colaborativo y no contencioso.
  • La evidencia muestra que, a nivel local, los presupuestos participativos llevan a un gasto más efectivo en servicios públicos.
• Rendición de cuentas pública: La rendición de cuentas se refiere a las reglas, regulaciones y mecanismos que permiten a la ciudadanía exigir que las personas actoras de gobierno justifiquen sus acciones, respondan a críticas o solicitudes y acepten su responsabilidad cuando no logren respetar la ley o cumplir con los compromisos adquiridos. En esta guía incluimos evidencia que muestra diferentes formas a través de las cuales la ciudadanía puede exigir a sus gobiernos que rindan cuentas. Por ejemplo:
  • Las auditorías de la ejecución de los presupuestos públicos en tiempos de elecciones le dan a la ciudadanía información valiosa para decidir si quieren reelegir a su funcionariado[2].
  • Los mecanismos de reparación de agravios permiten a la ciudadanía corregir fallas del gobierno cuando éste no garantice sus derechos.

Acceso a la Justicia

Este capítulo está basado en un documento que Mark Weston desarrolló en colaboración con los Pioneros de las Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas para apoyar a la Guía para escépticos.

Beneficios del acceso a la justicia para todas las personas 

Las inversiones en instituciones de justicia abiertas y accesibles benefician a la economía y a las sociedades. El acceso a la justicia permite a la ciudadanía defender sus derechos, exigir acceso a los servicios públicos y proteger su derecho de participar en los procesos democráticos. La justicia es un elemento esencial para reducir las barreras que enfrentan las comunidades marginadas. Las instituciones nacionales como los ministerios de justicia, así como las locales como los tribunales y organizaciones que ofrecen asistencia legal y mecanismos informales tienen un papel fundamental en la prestación de servicios de justicia y deben participar en el diseño de soluciones a los problemas de justicia de las personas^[3].

Cuando la justicia se centra en las personas, las instituciones encargadas de garantizarla son más abiertas y accesibles. La figura 1 resume los componentes de este enfoque.

Figura 1: Justicia centrada en las personas^[4]

Definiciones

• Acceso a la justicia: La capacidad de las personas de resolver y evitar sus problemas judiciales y utilizar la justicia como plataforma para participar en la economía y en la sociedad^[5].

La evidencia

A continuación, presentamos lo que la evidencia demuestra que el acceso inadecuado a la justicia ocasiona impactos y cómo mejorar el acceso a la justicia puede evitar dichos impactos.

Equidad

• Las personas con bajos recursos tienen desproporcionadamente más problemas judiciales. Los grupos de bajos recursos tienden a experimentar significativamente más problemas legales^[6]. En Australia, los grupos desfavorecidos- incluyendo las personas que pertenecen a grupos indígenas, padres y madres solteras y las personas en situación de calle, desempleadas y con discapacidades – tienen de dos a cuatro veces más probabilidades de experimentar multas que las personas que no pertenecen a estos grupos. Además, estos grupos tienen menor probabilidad de contar con los recursos legales y financieros para resolverlos^[7]. Las personas de estos grupos desfavorecidos tienden a dejar estos problemas sin resolver, lo que lleva a una deuda y desventajas agravados^[8].
• Asimismo, las personas con bajos recursos tienen menor probabilidad de resolver sus problemas judiciales. Una encuesta aplicada en 2020 en Estados Unidos encontró que, mientras que el 52% de los hogares adinerados logran resolver sus problemas con éxito, solo el 44% de los hogares con un ingreso menor a US$25,000 logran el mismo resultado^[9]. Dicha encuesta define un conflicto resuelto como aquél en el que el problema se resolvió y el resultado se cumplió^[10].
• Las mujeres enfrentan barreras especiales al acceso a la justicia. La encuesta a población general del World Justice Project de 2018 aplicada a 45 países encontró que el 53% de las mujeres encuestadas experimentaron un problema legal en los dos años previos a la encuesta. Sin embargo, solamente el 13% se acercó a una autoridad o a un tercero para ayudar a resolver dicho problema^[11]. Lo anterior puede explicarse por la discriminación de género, estigma social, desconocimiento de derechos y desventajas económicas que enfrentan las mujeres.
• Las mujeres y los hombres no reciben el mismo trato en los sistemas judiciales de algunos países. Una evaluación de 189 países encontró que 16 de ellos todavía dan menos importancia a los testimonios de las mujeres que a los de los hombres en los tribunales^[12].

Imparcialidad

• El aumento en el nombramiento de jueces por pares lleva a decisiones más imparciales. En Pakistán, una reforma que modificó el procedimiento de selección de jueces, pasando de un nombramiento presidencial a nombramiento por pares, se asoció a una reducción significativa de fallos a favor del gobierno. Por cada 10% de incremento en los jueces nombrados por pares, la cantidad de fallos a favor del Estado se redujo en dos puntos porcentuales^[13].
• La representación legal lleva a mejores resultados:
  • En Australia, un estudio encontró que, cuando las personas desfavorecidas^[14] recibieron asistencia para resolver sus problemas de multas, el resultado de los casos era similar a los observados en las personas que no pertenecen a estos grupos subrepresentados^[15].
  • Un estudio cualitativo aplicado en el Reino Unido, encontró que las personas en proceso de solicitud de asilo que tenían acceso a representación legal tenían una probabilidad significativamente mayor de lograr sus apelaciones^[16].
  • A partir de un análisis de datos de más de 18.000 casos judiciales de Estados Unidos, un estudio mostró que las personas con representación en casos migratorios tienen 30% más probabilidad de evitar ser deportados que las personas que carecían de representación legal^[17].

Salud y bienestar

• Los problemas de justicia pueden llevar a consecuencias más allá del problema legal. La encuesta a población general aplicada por el World Justice Project en 2018 en 101 países encontró que el 29% de las personas encuestadas sufrieron de problemas de salud como resultado de sus problemas judiciales^[18].
• Los problemas de justicia ocasionan dificultades financieras a las personas:
  • En Estados Unidos, las personas que enfrentan problemas de justicia tienden a perder recursos, tener impactos negativos en su bienestar financiero o perder su empleo. Los costos asociados a la resolución de problemas judiciales van desde US$1.750 hasta US$6.000, dependiendo del tipo de problema^[19].
  • Una encuesta aplicada en 2019 encontró que en Uganda cerca de la mitad de las personas que enfrentaban al menos un problema legal reportaron pérdidas de ingresos y uno de cada diez perdieron su empleo^[20].

Trabajo decente

• La reintegración social efectiva mejora la perspectiva de los exdelincuentes. Un estudio llevado a cabo en Michigan, Estados Unidos encontró que cuando los exdelincuentes lograron borrar sus antecedentes penales, sus salarios potenciales incrementaron en más del 22%, en comparación con lo reportado antes de este hecho^[21].

ESTUDIO DE CASO: La capacitación en Australia reduce la reincidencia Acción: El proyecto Fairbridge Bindjareb ofreció a las personas aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres que habían sido apresados, capacitación sobre las habilidades necesarias para acceder a la industria minera antes de ser liberados de prisión y posteriormente les ayudaron a encontrar empleo. Impacto: A dos años de ser liberados, solamente el 18% de las personas participantes reincidió (en comparación con la tasa de reincidencia del total de la población de la prisión, que es del 40%) y cerca de tres cuartas partes aún se encontraban empleadas tras terminar el programa[22].

ESTUDIO DE CASO: El recorte de los tribunales laborales en Francia detuvo la creación de empleos Acción: En 2018, el gobierno tomó la decisión de eliminar una tercera parte de los tribunales laborales, lo cual implicaba una mayor distancia para personas empleadas y empleadoras que se encontraban en proceso de litigación. Impacto: La tasa de creación de empleos fue cuatro puntos porcentuales menor y la creación de empresas fue seis puntos porcentuales menor en las ciudades lejanas a los tribunales laborales que en las ciudades que no fueron afectadas por la decisión[23].

Crecimiento económico

• La falta de acceso a la justicia afecta la economía. Un análisis llevado a cabo a partir de datos de 44 países encontró que en 39 países los costos anuales de los problemas legales equivalen, al menos, al 0.5% del PIB. En 29 de esos 39 países, los costos eran de al menos 1% del PIB y en nueve, incluyendo a Grecia y Portugal (países de altos ingresos) y Etiopía, Malawi y Nepal (de ingresos medios) el valor excedió el 2% del PIB^[24].
• Más jueces implican un crecimiento más rápido. Un estudio que analizó la cantidad de jueces per cápita en 83 países entre 1970 y 2014 encontró que un aumento de 1% en la cantidad de jueces estaba asociado a un crecimiento de 0.17% en el PIB per cápita^[25].
• Una reparación más rápida de las disputas lleva a un mayor crecimiento. En India, se encontró que mejorar la eficiencia en cuanto a la aplicación de contratos está asociada a una mayor productividad de los sectores manufactureros. En 2018, un estudio encontró que “reducir el tiempo de los casos pendientes en un año, en promedio, incrementaría la productividad del estado en un 3%”^[26].

ESTUDIO DE CASO: Asistencia legal a productores incrementa la productividad en Kenia Acción: Como parte de un experimento aleatorizado, se asignaron abogados sin costo a un grupo de productores de Kenia que trabajan en áreas con alta prevalencia de conflictos agrarios y poco acceso a las instituciones formales de justicia. Impacto: Debido al incremento en cuan predecible era el ambiente económico, los productores con asistencia legal incrementaron su producción en 4% y su inversión en 21%, en comparación con aquellos que no recibieron asistencia[27].

Recaudación

• Las inversiones en justicia son rentables. Cálculos de la Organización de las Naciones Unidas y el informe Pathways for Peace [Rutas hacia la paz] del Banco Mundial reportan una estimación conservadora que un aumento en las funciones centrales del sistema judicial y la ampliación del acceso a la justicia puede tener un retorno de US$16 por cada US$1 invertido, reduciendo la prevalencia de los conflictos violentos^[28].
• Sin resolución de disputas, los gobiernos pierden ingresos. En 2015, Nueva Orleans, Estados Unidos invirtió US$1.9 millones más en la detención de las personas que no podían pagar las multas que los ingresos que recibieron por las multas que eventualmente fueron pagadas^[29].
• La innovación reduce el incumplimiento de pagos. En Michigan, Estados Unidos, la implementación de una plataforma virtual a través de la cual es posible pagar multas se asoció a una reducción de 19 puntos porcentuales en la probabilidad de incumplir en los pagos^[30]. Esta tecnología benefició tanto a las personas como a las jurisdicciones, pues redujo el tiempo que la ciudadanía dedica a resolver sus disputas e incrementó el porcentaje de pagos recibidos por los tribunales y redujo el tiempo de recepción de dichos pagos^[31].
• La asistencia pro bono implica ahorros por parte del gobierno. Una evaluación del programa “Pro bono Ontario” aplicado en Ontario, Canadá mostró que su asistencia legal pro bono está asociada a ahorros y beneficios económicos a la provincia de 5.76 millones de dólares canadienses, con un retorno de 10 dólares canadienses por cada dólar invertido^[32].
• La representación legal genera ahorros. Un análisis costo-beneficio de la representación legal para los inquilinos de bajos recursos que estaban en proceso de ser desalojados en Philadelphia, Estados Unidos encontró que una inversión de $1 beneficiaba a la ciudad en $12,74, lo anterior como resultado de los ahorros resultantes de los desalojos evitados^[33].

Confianza

• Una percepción positiva de la aplicación de la ley está relacionada a la confianza en otro tipo de instituciones. Una encuesta aplicada a personas de 27 países europeos encontró que en las instancias en las que el comportamiento de la policía se percibía como justo, la confianza en las instituciones políticas era mayor^[34].
• El contacto positivo con el funcionariado encargado de la aplicación de la ley fortalece la confianza. En Connecticut, Estados Unidos, un experimento de campo demostró que un contacto positivo con la policía podría mejorar las actitudes hacia la policía. Para este experimento, se asignaron personas a un grupo de tratamiento (que recibió la intervención) o a un grupo control (que no recibió la intervención). Oficiales de la policía visitaron a las personas en sus hogares utilizando estrategias de contacto positivo y les dieron sus tarjetas de contacto. Las encuestas de línea de base y las de seguimiento mostraron que las personas del grupo tratado tienen mejores actitudes y una mayor confianza en la policía^[35].

Seguridad pública

• Un sistema de justicia débil perjudica el contrato social. Una encuesta aplicada a personas de 25 países europeos mostró que la calidad de los sistemas judiciales tiene impactos en la probabilidad de romper la ley. Tres indicadores de la calidad judicial: independencia del sistema judicial, imparcialidad de los tribunales y la protección de los derechos de propiedad están relacionados significativamente con la propensión de las personas a ofrecer sobornos a los funcionarios, solicitar falsamente servicios del gobierno, hacer solicitudes fraudulentas a seguros o robar bienes.^[36]

ESTUDIO DE CASO: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala promueve el orden público Acción: En 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se estableció con el mandato de investigar a las personas involucradas en casos de corrupción y crimen organizado[37]. Aunque no tenía la facultad de procesar a las personas sospechosas, en sus 12 años de operación ayudó a presentar más de 120 casos al sistema judicial guatemalteco, incluyendo el enjuiciamiento de dos expresidentes. Además, la CICIG ayudó a Guatemala a impulsar reformas importantes al sistema judicial y mejorar las capacidades de las autoridades locales encargadas de investigar casos[38]. Impacto: ● Entre 2008 y 2016, se registró una fuerte caída en las tasas de homicidio del país. En comparación con otros 11 países latinoamericanos similares, se encontró que el CICIG ayudó a prevenir al menos 18.000 homicidios y que la tasa de homicidios del país se habría más que duplicado en su ausencia[39]. ● La tasa de impunidad del país cayó del 98% de los casos en 2006 al 70% nueve años más tarde. ● La ciudadanía guatemalteca expresó que confiaba más en el CICIG que en la Corte Constitucional o en la fiscalía[40].

ESTUDIO DE CASO: Los servicios judiciales para las mujeres reducen los delitos relacionados con el género Acción: Perú implementó Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), cuyo personal son mayoritariamente mujeres. En ellos, se ofrecen servicios policiales, médicos y legales a las mujeres. Impacto: En las comunidades en las que se implementaron los CJM, los reportes de delitos basados en género aumentaron en 40% y la violencia de género, feminicidios y muertes de mujeres por agresiones se redujeron en 10%. Las niñas y los niños que viven en hogares con un CJM cercano tienen una probabilidad ligeramente mayor de asistir a la escuela y una menor probabilidad de dejar los estudios[41].

Límites de la evidencia[42] ➢ Existe poca evidencia sobre el impacto del acceso a la justicia en ciertos sectores como el impacto en la niñez y su educación, el impacto en los conflictos violentos, el impacto en los derechos laborales y la calidad del empleo y el impacto en las empresas. ➢ Los métodos de investigación más robustos tienen implicaciones éticas. A través de ensayos controlados aleatorizados, podría obtenerse evidencia más robusta. Sin embargo, estos son escasos en el campo de la justicia, posiblemente por los costos que implican o por las implicaciones éticas de tener que organizar un grupo de control que no se beneficiaría de la intervención. ➢ Los impactos de los mecanismos judiciales informales no han sido suficientemente estudiados. ➢ La efectividad del empoderamiento legal y la prestación de servicios centrados en las personas no ha sido suficientemente estudiada. Es necesario llevar a cabo mayor investigación para determinar si estos mecanismos ayudan, en qué medida y de qué manera. ➢ La academia podría hacer un mayor uso de los “experimentos naturales” como los cambios de política que resultaron de la pandemia por la COVID-19. ➢ No se cuenta con métodos estandarizados para medir el impacto de incrementar el acceso a la justicia.

Apertura Fiscal

Este capítulo está basado en un documento informativo realizado por Martin Haus, Joachim Wehner y Paolo de Renzio en colaboración con International Budget Partnership y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal.

Los beneficios de la apertura fiscal 

Cada vez hay más evidencia que muestra que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en materia fiscal llevan a una menor corrupción, mayores ingresos y mejores servicios de gobierno^[43].

Definiciones

• Apertura fiscal o apertura presupuestaria: Acciones del gobierno que aseguran la transparencia y participación ciudadana en cualquier etapa del ciclo presupuestario. Lo anterior incluye la transparencia y participación en gastos e ingresos, así como déficits y deuda^[44].
• Ciclo presupuestario: El ciclo presupuestario abarca las fases de formulación, aprobación, ejecución (incluyendo las adquisiciones) y auditoría y evaluación de los presupuestos^[45] (ver la figura 2 para una descripción simplificada del ciclo presupuestario y en qué puntos aplican los principios de la apertura fiscal).
• Presupuestos participativos (PP): Proceso deliberado a través del cual los miembros de una comunidad deciden cómo gastar una parte del presupuesto público^[46].

Figura 2: Ciclo presupuestario^[47]

La evidencia

La apertura fiscal puede beneficiar a la ciudadanía, a las sociedades y a los gobiernos. A continuación, describimos lo que muestra la evidencia sobre los impactos de la apertura fiscal en áreas como la salud, control de la corrupción y seguridad pública. Este capítulo incluye estudios de caso que respaldan esta evidencia, así como futuras áreas de investigación en apertura fiscal.

Control de la corrupción

• El monitoreo comunitario puede reducir las fugas de fondos públicos. Un estudio^[48] de las carreteras públicas de Indonesia sugiere que el monitoreo comunitario, por sí mismo, puede ser tan efectivo en reducir la corrupción como las auditorías verticales^[49] y casi tres veces más costo efectivo^[50]. El estudio encontró que, cuando las instituciones de gobierno realizan auditorías verticales conjuntamente con monitoreos comunitarios, los miembros de la comunidad pierden la motivación por participar^[51].
• Anticipar una auditoría anual reduce la corrupción. En Brasil, incrementar la probabilidad de una auditoría anual en 20 puntos porcentuales redujo la proporción de procesos de adquisiciones con evidencias de corrupción en aproximadamente 15 puntos porcentuales^[52]. Las auditorías, incluso las internas, son fundamentales para el gobierno abierto.

Ingresos y gastos

• Los presupuestos participativos están asociados a mayores ingresos públicos. Un estudio llevado a cabo en Brasil^[53] comparó a los gobiernos municipales que cuentan con instituciones participativas (por ejemplo consejos de política pública y presupuestos participativos) con aquellos que no cuentan con ellas y encontró que los que sí tienen instituciones participativas reportan mayores ingresos fiscales. Asimismo, el estudio encontró que la tasa de recaudación fiscal de estos municipios aumenta con el tiempo.
• Los presupuestos participativos incrementan la “moral fiscal”, llevando a un ciclo virtuoso: Una encuesta aplicada en 50 países encontró que la moral fiscal, es decir, la disponibilidad de la ciudadanía a pagar impuestos de forma voluntaria, incrementa de 5.07 a 5.21 en una escala del 1 al 8 cuando ésta tiene la oportunidad de expresar sus opiniones acerca de los gastos públicos^[54]. Lo anterior sugiere que los presupuestos participativos inician ciclos virtuosos en los que los gobiernos promueven la participación ciudadana, la ciudadanía tiene mayor propensión a pagar impuestos, lo que incrementa los ingresos fiscales para implementar los proyectos que la ciudadanía exige^[55]. La figura 3 ilustra este ciclo virtuoso.

Presupuestos participativos: Un ciclo virtuoso Los presupuestos participativos pueden detonar ciclos virtuosos de buena gobernanza, en los que la ciudadanía paga más impuestos cuando pueden influir en la manera en la que los gobiernos invierten recursos públicos y los gobiernos locales recaudan más ingresos para financiar los servicios públicos que la ciudadanía exige[56]. Figura 3: El ciclo virtuoso de los presupuestos participativos Cada vez hay más evidencia que muestra que una mayor participación está asociada a una mayor recaudación fiscal. Por otro lado, un caso de estudio sugiere que la recaudación fiscal puede mejorar la participación cívica. En 2016, el gobierno de la provincia de Kasai Central en la República Democrática del Congo implementó una campaña de gran escala y “de puerta en puerta” en la ciudad de Kanang. En las colonias en las que se implementó la campaña, la participación política incrementó en cinco puntos porcentuales y la ciudadanía mostró mayor propensión a asistir a las reuniones municipales, incluso si les implicaba costos. Adicionalmente, la recaudación fiscal incrementó y el gobierno sintió una mayor responsabilidad de proveer bienes públicos[57].

ESTUDIO DE CASO: La participación y recaudación fiscal en Brasil incrementan los ingresos fiscales Acción: Un grupo de municipios de Brasil creó “consejos de política pública” (en los que la ciudadanía puede opinar sobre la política pública local) y adoptó presupuestos participativos, asignando una parte del presupuesto municipal a proyectos que eligen los participantes en las asambleas. Impacto: Un estudio mostró que, en promedio, los municipios recolectaron 2,5% más ingresos fiscales por cada consejo de política pública creado y un 16% adicional cuando adoptaron presupuestos abiertos[58]. Estas relaciones se fortalecen con el tiempo.

ESTUDIO DE CASO: En Costa Rica, la transparencia sobre proyectos de inversión pública aumenta la eficiencia Acción: En 2018, el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzó MapaInversiones, plataforma digital en la que la ciudadanía tenía la oportunidad de visualizar información georreferenciada, hacer consultas y verificar los avances de los proyectos de inversión pública[59]. Impacto: Un estudio experimental realizado en 2018 encontró que los proyectos registrados en MapaInversiones tenían mejor desempeño que los no registrados. Tres meses después del lanzamiento de la plataforma, los avances financieros de los proyectos de inversión pública registrados en la plataforma incrementaron 18 puntos porcentuales y el avance físico incrementó en 8 puntos, en comparación con los proyectos no publicados. El efecto fue más claro en el largo plazo y en los proyectos menores[60].

ESTUDIO DE CASO: La independencia de auditores en Italia mejora el manejo presupuestal Acción: Cuando a la rendición de cuentas independiente se añade transparencia puede ser aún más poderosa. En Italia, los auditores pasaron de ser nombrados a discreción de los alcaldes a ser nombrados aleatoriamente. Impacto: La reforma mejoró significativamente el manejo presupuestal y resultó en un aumento de aproximadamente 1% en el superavit neto promedio de los presupuestos anuales[61]. Esta reforma es parte de una estrategia más amplia de transparencia fiscal de Italia. El estudio a partir del cual surge esta evidencia utilizó datos abiertos de todos los presupuestos municipales, incluyendo gastos, fuentes de ingresos, pago de deuda y otras variables. Estos datos fueron publicados por el Ministerio del Interior de Italia.

Seguridad pública

• Los presupuestos abiertos permiten expresar problemas de seguridad. Un estudio de Corea del Sur^[62] encontró que las asignaciones presupuestales para la instalación de cámaras de vigilancia fueron mayores en las colonias de bajos ingresos cuando el presupuesto se asignó a través de procesos participativos y no burocráticos. Esto podría reflejar una preferencia de estas comunidades por una mayor actividad policial^[63].

Salud

• Los presupuestos participativos están asociados a una menor mortalidad infantil. En Brasil, los municipios que adoptaron presupuestos participativos de forma temprana mostraron menores tasas de mortalidad infantil. Un estudio encontró que los presupuestos participativos permitieron a la ciudadanía asignar fondos a necesidades como el cuidado de la salud^[64].

Límites de la evidencia ➢ Es necesario llevar a cabo más investigación sobre la participación en otras etapas del ciclo presupuestario. Además de los presupuestos participativos, es necesario reunir más evidencia sobre los efectos de la participación, por ejemplo, durante los procesos de aprobación legislativa y auditorías. ➢ Es necesario aplicar métodos experimentales que reflejen la realidad. Aunque se han utilizado ampliamente experimentos de campo para evaluar el impacto de las intervenciones, los experimentos naturales ayudan a evaluar más holísticamente el impacto a nivel sistémico de las intervenciones de apertura. ➢ Entender por qué la apertura fiscal funciona. Sigue creciendo la evidencia que indica que los presupuestos participativos hacen la diferencia, pero aún hay preguntas sobre por qué funciona y en qué momentos[65]. Es necesario llevar a cabo investigaciones que aclaren los mecanismos y condiciones habilitadoras, de manera que las intervenciones puedan diseñarse y desplegarse de forma más efectiva. ➢ Los gobiernos pueden apoyar investigaciones. Los gobiernos pueden ayudar a identificar lecciones aprendidas sobre apertura fiscal. Por ejemplo, el despliegue escalonado y aleatorizado de reformas permite a las personas investigadoras comparar las comunidades en las que la política fue implementada con las que no y evaluar el efecto de la política en contextos similares. Poner información a disposición del público permite a las personas investigadoras evaluar políticas públicas y programas de forma creativa. Además, esto ayuda a los gobiernos a manejar riesgos y considerar hacer cambios antes de la implementación a gran escala. Estas lecciones serán valiosas tanto para los gobiernos, como para la academia[66]. ➢ Es necesario llevar a cabo investigaciones sobre el seguimiento a gastos en tiempo real. Un área de interés común entre la academia y el gobierno son las encuestas de seguimiento a gastos. Un estudio pionero sobre la prestación de servicios locales y resultados de educación en Uganda[67] sugiere resultados prometedores. ➢ Algunas intervenciones diseñadas para incrementar la apertura fiscal podrían tener consecuencias no esperadas. Cuando el funcionariado es consciente de que podría ser sujeto a auditorías, podría cambiar su comportamiento de forma temporal para evitar resultados negativos, especialmente cuando se acercan las elecciones[68]. El funcionariado podría reducir la corrupción en el corto plazo y regresar a mayores niveles de extracción de recursos después[69]. Otro ejemplo de distorsión es cuando el funcionariado opaca ciertas actividades como las licitaciones para reducir la visibilidad de la corrupción[70]. En ese sentido, es importante que las personas investigadoras evalúen el impacto de la apertura fiscal en el largo plazo.

Contratación Abierta

Este capítulo se desarrolló a partir de una revisión de literatura llevada a cabo por Andrew McDevitt en colaboración con la Alianza para las Contrataciones Abiertas para apoyar la realización de la Guía para escépticos.

Beneficios de la contratación abierta 

Las adquisiciones públicas son de las mayores categorías de gastos de cualquier país, así como una de las más propensas a usos indebidos e ineficientes. La contratación abierta lleva a ahorros significativos, eficiencia interna, prestación de servicios públicos de calidad y una mayor competencia[71].

Definiciones

• Contratación abierta: Reformas a las políticas y procesos de adquisiciones públicas para una mayor transparencia, participación e inclusión (desde la planeación hasta la implementación de los contratos públicos) a través del uso de datos abiertos, relevantes y accesibles para la toma de decisiones, monitoreo y supervisión.
• Adquisiciones electrónicas: El uso de la tecnología de la información para la adquisición de bienes, obras y servicios públicos de proveedores.
• Adquisiciones sensibles al género: Compromisos de gobierno que incluyen objetivos y acciones sensibles al género, reducen la disparidad de género y desarrollan la capacidad para implementar dichas acciones. Lo anterior podría incluir medidas para apoyar la inclusión de empresas lideradas por mujeres como proveedoras o medidas para asegurar que los bienes, obras y servicios cubran las necesidades de las mujeres y niñas^[72].

Evidencia

A continuación, presentamos la evidencia que muestra el impacto de la contratación abierta en los gastos públicos, eficiencia, calidad de las obras y servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la inclusión social.

Ahorros y agilización de plazos

• Las plataformas abiertas de adquisiciones electrónicas generan ahorros financieros y reducen plazos.
  • Un estudio realizado en 2019 comparó los datos sobre los procesos competitivos llevados a cabo a través de ProZorro, plataforma de adquisiciones electrónicas de Ucrania, con las licitaciones aplicadas antes de su creación. El estudio encontró que, tras la introducción de ProZorro, se registró un incremento en la brecha entre los precios estimados y reales (3,5 a 5,8% menor que las adquisiciones realizadas antes de ProZorro)^[73]. Además, ProZorro redujo los tiempos para finalizar compras de bienes y servicios a 5 o 6 días^[74]. En su fase piloto en 2015, se estima que ProZorro ahorró 55 millones de dólares a más de 3.900 instituciones de gobierno y empresas estatales de Ucrania^[75]. Para finales de 2020, los ahorros totales se estimaron en seis mil millones de dólares^[76].
  • Un estudio realizado en 2020 sobre la plataforma de adquisiciones electrónicas de Argentina AR encontró que ésta redujo los precios en aproximadamente 4%, para un total de 35 millones dólares en ahorros. Además, COMPR.AR redujo los tiempos de adquisiciones en más de 11 días y aumentó la eficiencia, transparencia y disponibilidad de datos. Por diseño, facilitó el acceso público a información para reducir asimetrías y permitir la participación de un mayor número de proponentes en las licitaciones^[77].
  • Una investigación apoyada por la Alianza para las Contrataciones Abiertas en Paraguay estimó ahorros de 1,4% en los costos asociados a las adquisiciones tras la creación del portal de adquisiciones abiertas y el rediseño de su portal de adquisiciones en 2015. Además, el estudio identificó una reducción de las enmiendas a contratos del 19% en 2013 al 3% en 2016^[78].
  • En 2016, un informe de la OCDE sobre el sistema de adquisiciones electrónicas (KONEPS) de Corea del Sur estimó ocho mil millones de dólares de ahorros cada año, resultantes de una reducción de los costos administrativos, principalmente a través de una menor carga a los negocios. Además, KONEPS redujo el tiempo que toma procesar contratos de gobierno de más de 30 horas a 2^[79].
  • En Moldavia, el sistema electrónico de adquisiciones médicas, MTender, generó 15,4% de ahorros por las transacciones, para un total de aproximadamente 60 millones de dólares. En el programa de VIH/SIDA, se reemplazaron medicamentos costosos por medicamentos genéricos de menor precio, ahorrando el 19% del presupuesto del programa de VIH/SIDA de 2020^[80].
  • En Colombia, tras un año de implementación del nuevo sistema de adquisiciones electrónicas, Colombia Compra Eficiente, la cantidad de días que le toma al país asignar contratos se redujo, en promedio, en 16 días^[81].
• La transparencia de los costos estimados puede generar ahorros. En 2008, un análisis de los proyectos de construcción de las carreteras en el estado de Oklahoma en Estados Unidos encontró que, cuando el estado publica los costos estimados de los proyectos, se reducen los costos de las propuestas enviadas, así como de la propuesta ganadora. El estudio encontró un mayor efecto en los proyectos complejos e inciertos. Además, la política permitió a los nuevos participantes presentar propuestas más realistas e incrementó su tasa de supervivencia en la industria^[82].
• Los procesos transparentes de calificación de propuestas pueden reducir los costos de las adquisiciones. En 2009, un estudio sobre el proceso de calificación de las propuestas en las licitaciones de obras públicas municipales de Japón encontró que la transparencia reduce los costos asociados a las adquisiciones hasta en 8%^[83]. Estudios sobre los datos de adquisiciones de Japón encontraron que la transparencia en varios aspectos, por ejemplo precios mínimos, genera una mayor compensación y eficiencia, dificultando la colusión entre las empresas que presentan propuestas^[84].

Mayor competencia

• La publicación de los detalles de los contratos puede reducir la presentación de propuestas únicas. Un estudio realizado en 2017 a más de cuatro millones de contratos públicos en 30 países europeos encontró que la publicación de información adicional sobre los contratos (por ejemplo criterios, valor del contrato y metodología de selección)^[85] redujo la presentación de una sola propuesta en los procesos de adquisición (las asignaciones directas se realizan solamente cuando una sola empresa participa en el proceso de licitación, resultando en un proceso no competitivo^[86]). El estudio estimó que incrementar la transparencia en cinco elementos podría reducir la presentación de propuestas únicas en 2 a 3,5% y podría generar ahorros de 3.6 a 6.3 mil millones de euros en toda la Unión Europea. Además, el estudio concluyó que la transparencia antes de la asignación del contrato resulta en menor riesgo de corrupción que la transparencia después de la asignación del mismo^[87].
• Los sistemas transparentes de adquisiciones atraen más promoventes. Un estudio que el Banco Mundial realizó en 2017 encontró que las empresas tienen mayor probabilidad de participar en mercados de licitaciones públicas cuando éstos cuentan con sistemas transparentes y en donde las excepciones a las competencias abiertas tienen que estar bien justificadas. Este estudio también encontró evidencia que los sistemas transparentes promueven la participación de un mayor número de empresas, especialmente empresas pequeñas para quienes los costos de las transacciones de las licitaciones son mayores^[88].

• Anunciar las oportunidades de los contratos aumenta la competencia y genera un mayor retorno a la inversión.
  • Un estudio del 2016 realizado a partir de datos del Banco Mundial encontró que aumentar los anuncios de las oportunidades de licitaciones incrementó la competencia significativamente (la cantidad de licitaciones). El estudio sugiere que un incremento relativamente pequeño en la transparencia tuvo un impacto importante en los resultados de los procesos de adquisiciones^[89].
  • Un estudio de Italia encontró que la publicación de las licitaciones en el portal nacional de adquisiciones tuvo un impacto positivo en la cantidad de propuestas presentadas, en la prevalencia de propuestas locales ganadoras y en descuentos, en comparación con las licitaciones publicadas en los periódicos locales^[90].

• La competencia abierta puede reducir los precios. En 2021, un estudio encontró que las competencias abiertas llevan a una reducción de precios de entre 10 y 20%. Entre las intervenciones de política evaluadas, el estudio encontró que las adquisiciones electrónicas y la ampliación de las oportunidades tuvieron los impactos más significativos^[91].

Relación calidad-precio

• El monitoreo por parte de la sociedad civil puede reducir los costos de los proyectos de obras públicas. En 2017, un experimento de campo realizado en Perú comparó los proyectos de infraestructura de 200 gobiernos. Los distritos que fueron previamente notificados que una organización de la sociedad civil estaría monitoreando el proceso, completaron los proyectos con costos significativamente menores (51% menos). En promedio, la intervención redujo los costos de las obras públicas en aproximadamente US$75.000 por proyecto^[92].
• La contratación abierta desempeña un papel importante en salvaguardar los fondos asociados al cuidado de la salud. En la República Eslovaca, la publicación de información sobre adquisiciones descubrió ineficiencias considerables en las adquisiciones de los hospitales, incluyendo la compra de equipos de tomografía idénticos por precios con una variación de más del 100 %^[93].

ESTUDIO DE CASO: El monitoreo comunitario en Filipinas mejora la calidad de los libros de texto y reduce el precio a la mitad Acción: El Departamento de Educación de Filipinas se asoció con ONGs locales para monitorear el proceso de contratación del departamento, analizar la calidad de los libros de texto y dar seguimiento a las entregas entre 2002 y 2005. Impacto: Los precios cayeron en 50% y los observadores voluntarios reportaron entregas 95% libres de errores. Además, la calidad de los libros mejoró, reflejándose en un incremento de la vida útil de dos a cuatro o cinco años para 2007. El ciclo de cada libro de texto, desde la licitación hasta la entrega, se redujo en 50% en 12 meses[94] .

Control de la corrupción

• Contrastar los datos de adquisiciones con los datos de registro de empresas puede ayudar a detectar casos de corrupción. Transparencia Internacional realizó un estudio a profundidad en Georgia en el año 2013, en el que analizó 430.000 asignaciones directas por parte del gobierno, cruzando los datos con registros de las empresas, declaraciones patrimoniales y registros de donaciones a partidos. El estudio encontró al menos 150 millones de dólares en asignaciones directas a empresas que pertenecían a personas miembros del parlamento y funcionariado o sus cónyuges. En 2012, 60% de las donaciones publicadas por el partido en el poder venían de personas dueñas, integrantes de la junta directiva o abogados y abogadas de las empresas que habían recibido asignaciones directas. El promedio de la donación se estima en 4% del valor del contrato^[95].
• Vincular datos sobre beneficiarios finales con las adquisiciones abiertas puede revelar conflictos de interés, incluso entre fronteras. El capítulo de Transparencia Internacional de la República Checa descubrió un conflicto de interés en el país utilizando el registro público de la República Eslovaca (ver más adelante más información sobre el registro de la República Eslovaca). El estudio encontró que el primer ministro Andrej Babiš tenía control de las acciones de Agrofert, conglomerado agrícola de la República Checa. Como beneficiario único de dos fideicomisos que eran dueños de 100% de Agrofert, Babiš recibió millones de euros en subsidios de la Unión Europea cada año, caso identificado claramente como conflicto de interés por parte de la Comisión Europea^[96].
• La transparencia y el monitoreo ciudadano pueden desincentivar las prácticas injustas. En 2020, un estudio realizado en Ucrania encontró que la transparencia y el monitoreo ciudadano del mercado de adquisiciones abiertas logró eliminar la colusión entre las empresas, con lo que se promovió una verdadera competencia. Las empresas se coluden estableciendo las condiciones (costo, cantidad de proponentes y otros factores) para favorecer a un candidato en particular, creando una competencia artificial. El estudio encontró que la supervisión adicional de los procesos de adquisiciones ayudó a reducir los precios del mercado en 20,6% y que se lograron ganancias de entre 2,68 % y 3,11% del total de adquisiciones^[97].

ESTUDIO DE CASO: El registro de la República Eslovaca de los socios del sector público mejora la integridad de los procesos de adquisiciones Acción: En noviembre de 2015, la República Eslovaca creó el registro de socios del sector público para las empresas que participan en las licitaciones públicas. Impacto: Las organizaciones de la sociedad civil de la República Eslovaca utilizaron este registro y revelaron que 190 de los beneficiarios finales eran parte del funcionariado (que podrían tener un conflicto de interés en la asignación de contratos). Además, verificaron si las empresas estaban publicando información sobre sus beneficiarios finales como parte de los contratos otorgados, como lo exige la ley. En marzo de 2016, se encontró que la agencia pública de noticias TASR habría firmado un contrato para la actualización de computadoras por 110.000 euros con una empresa que no había puesto a disposición el nombre de su beneficiario final. Lo mismo ocurrió con dos contratos asignados por un gobierno local. Cuando se creó el nuevo registro en 2007, un operador ferroviario estatal fue obligado a retirarse de un contrato a 50 años que había sido muy criticado cuando la ciudadanía descubrió que la empresa no había presentado los datos de su beneficiario final[98].

Inclusión social  

La contratación abierta es un elemento importante de la apertura de los procesos de adquisición a diversos postores. Abrir los procesos a una competencia más amplia puede resultar en una mayor diversidad de contratistas. Además, la publicación de datos sobre la diversidad de contratistas, su desempeño y la inclusión de empresas más diversas en el diseño de la licitación puede ayudar a identificar áreas de difusión y mejoras a los contratos.

• Las adquisiciones incluyentes pueden generar beneficios económicos y sociales concretos. De acuerdo con un informe de 2020, los procesos incluyentes de adquisiciones pueden promover la creación de empleos y dar a los gobiernos acceso a una gama más amplia de bienes, servicios y habilidades y generar una mayor competencia y crecimiento económico^[99].
• Los programas de diversidad de proveedores generan una mejor relación calidad-precio. Un estudio encontró que las organizaciones que tienen una mayor tasa de programas de diversidad de proveedores generan 133% más retorno en los costos de las operaciones de las adquisiciones que el promedio, generando 3.6 millones de dólares adicionales por cada millón asociado a los costos de las adquisiciones^[100].
• Los datos abiertos pueden identificar vacíos de desigualdades en las adquisiciones. Un estudio que analizó los datos de adquisiciones de Albania encontró que los contratos asignados a emprendedoras tendían a ser más costo-efectivos. Sin embargo, a pesar de que éstas han mostrado un mejor desempeño y que el 27% de las empresas del país son manejadas por mujeres, solamente el 5% de los contratos municipales son asignados a empresas controladas por mujeres^[101].

ESTUDIO DE CASO: Empoderando a empresas de mujeres para las adquisiciones públicas de la República Dominicana Acción: A partir de 2012, además de ampliar sus reformas de adquisiciones electrónicas, la República Dominicana lanzó diversas iniciativas para incrementar la participación de las empresas dirigidas por mujeres. Lo anterior incluyó invitaciones a mujeres a registrarse como proveedoras, el establecimiento de una cuota del 5% de los contratos de gobierno para asignar únicamente contratos a mujeres y eventos y talleres para familiarizarlas con las adquisiciones públicas. Impacto: Estas acciones incrementaron la participación de mujeres en las licitaciones y la asignación de contratos a empresas de mujeres. De acuerdo con los datos de la agencia de adquisiciones públicas de la República Dominicana, entre 2012 y 2017 la cantidad de mujeres proveedoras registradas en la base de datos creció de 2.000 a 15.000 y, para 2019, una quinta parte de los contratos de gobierno, un total de RD$20 mil millones (350 millones de dólares), se asignaron a mujeres[102]. El valor de los contratos a MIPyMES incrementó en 600%, de 6 millones de dólares en 2013 a 42 millones en 2019[103].

Límites de la evidencia ➢ El alcance geográfico de la evidencia está enfocado en dos regiones: Europa (en particular Europa oriental) y Latinoamérica. Aunque hay cierta representación de otras partes del mundo, incluyendo Indonesia, Filipinas y Kenia, el enfoque en Latinoamérica y Europa podría explicarse por la amplia introducción de reformas de adquisiciones electrónicas en estas regiones a principios de los años 2000. Para 2020, más de dos terceras partes de los países de Latinoamérica y el Caribe y el 100% de los países de la OCDE habían implementado sistemas de adquisiciones electrónicas, muchas veces como una plataforma central. Sin embargo, no todas las plataformas ponen sus datos a disposición del público[104]. ➢ Es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los beneficios de vincular los datos de contrataciones abiertas con los datos sobre beneficiarios finales. En la práctica, el uso sistemático de datos sobre beneficiarios finales sigue siendo muy limitado[105]. Por ello, no hay estudios empíricos ex post para determinar los efectos disuasivos de los registros ni una relación causal entre los registros e investigaciones exitosas. Sin embargo, experiencias anecdóticas revelan un pequeño número de casos donde los registros de beneficiarios finales ayudaron a detectar delitos financieros[106] . Será especialmente importante vincular estos datos con datos sobre los procesos políticos, incluyendo las declaraciones de activos y de renta del funcionariado así como datos sobre el financiamiento político. ➢ Muchos estudios no ofrecen evidencia sobre la magnitud de los efectos de las intervenciones de contrataciones abiertas. Lo anterior se debe a que no hay suficientes datos de calidad para comparar los resultados antes y después de la intervención o porque las intervenciones evaluadas son parte de reformas más amplias, incluyendo las adquisiciones electrónicas y un cambio en la estructura de la licitación[107], por lo que es difícil aislar sus efectos. Los gobiernos pueden ayudar a crear esta base de conocimiento colaborando con investigadoras e investigadores para realizar experimentos naturales. ➢ Es necesario impulsar más esfuerzos para atender las desigualdades estructurales. La evidencia que hasta ahora se tiene sobre el impacto de las contrataciones abiertas en la inclusión social es en gran medida anecdótica. Los resultados sugieren que el potencial de la contratación abierta hacia una mayor inclusión es limitada en la ausencia de otros esfuerzos para atender las desigualdades estructurales. Por sí misma, la contratación abierta podría no ser suficiente para lograr que las empresas controladas por grupos minoritarios participen en los procesos. Aún hay muchas barreras que limitan su participación, por ejemplo la falta de acceso y empoderamiento.

Auditorías Sociales

Este capítulo fue desarrollado con base en una bibliografía anotada que desarrolló Suchi Pande en colaboración con el Centro de Investigación en Rendición de Cuentas en apoyo a la Guía para escépticos.

Beneficios de las auditorías sociales en la prestación de servicios 

La evidencia muestra que las auditorías sociales^[108] pueden mejorar la implementación de programas, el acceso a los servicios públicos y la confianza en los proveedores de servicios^[109].

Definiciones

• Auditorías sociales: herramientas a través de las cuales la ciudadanía puede participar y exigir que el gobierno rinda cuentas. En el contexto de esta guía, las auditorías sociales tienen las siguientes características^[110]:
1. Proceso de recolección de información con el fin de identificar los estándares o leyes que determinan el derecho de la ciudadanía y la calidad de los servicios públicos.
2. Una convocatoria por terceros (ya sea de gobierno o la sociedad civil) para comparar los objetivos, estándares o leyes con la práctica del sector público, con énfasis en el acceso y la calidad de los servicios.
3. Foro público en el que se identifican los hallazgos de la evaluación y se identifican, priorizan y acuerdan recomendaciones prácticas. Ver la figura 4 para un resumen de las etapas de las auditorías sociales.

Figura 4: Etapas de las auditorías sociales

En esta guía incluimos evidencia de dos enfoques de las auditorías sociales que han sido exitosos:

• Tarjetas de calificación comunitaria: tipo de auditoría social desarrollada por CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) en 2002. Este enfoque incluye: identificación del derecho a servicios; inclusión de miembros de la comunidad y proveedores de servicios en reuniones presenciales para la discusión y diseño de planes de acción conjuntos y monitoreo y evaluación de la implementación de los planes.
• Voz y acción ciudadana (CVA por sus siglas en inglés): modelo de rendición de cuentas social basado en evidencias desarrollado por la organización internacional de asistencia humanitaria World Vision en 2018. Aunque su implementación es flexible, consta de cuatro elementos centrales: compartir información sobre los servicios públicos; incrementar las oportunidades a través de las cuales la ciudadanía puede retroalimentar al gobierno e influir en las decisiones; crear oportunidades para el diálogo y la colaboración e incrementar la rendición de cuentas de los proveedores de servicios.

Además de las auditorías sociales lideradas por la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales internacionales, existen las auditorías sociales de gran escala lideradas por el gobierno. Frecuentemente, hay sinergias entre los diferentes actores que manejan dichas auditorías. Esta sección incluye ejemplos de auditorías sociales manejadas por la sociedad civil local, organizaciones internacionales y gobiernos.

Evidencia

A continuación describimos lo que la evidencia muestra sobre cómo las auditorías sociales impactan la prestación de servicios públicos y cómo pueden sensibilizar a la población sobre dichos servicios y mejorar la confianza^[111].

Salud

• Las auditorías sociales sensibilizan a la población sobre los servicios públicos que están disponibles y pueden mejorar el estado de la salud.
  • En Uganda, el monitoreo comunitario de los proveedores de salud incrementó la calidad y cantidad de la prestación de servicios de salud de atención primaria, especialmente la vacunación a infantes, tiempos de espera, procedimientos de examen y la ausencia de proveedores. Además, la mortalidad infantil se redujo y el peso promedio de niñas y niños incrementó en las comunidades monitoreadas^[112].

ESTUDIO DE CASO: El monitoreo comunitario creó resiliencia a epidemias en Sierra Leona Acción: En 2012, un proyecto apoyó el monitoreo comunitario de las clínicas públicas de salud y ofreció incentivos no financieros al personal de la clínica. Impactos: La satisfacción de pacientes y el uso de la clínica incrementaron. Además, el monitoreo comunitario generó una reducción del 38% en las muertes de menores de cinco años. Durante la crisis del ébola en 2014, las clínicas monitoreadas por la comunidad llevaron a un incremento de reportes de casos de ébola en 62%. Además, se redujeron significativamente las muertes por esa enfermedad. La evidencia sugiere que el monitoreo comunitario mejoró la calidad del servicio de salud, exhortando a pacientes a reportar síntomas de ébola y recibir atención médica[113].

• En Nepal, un estudio encontró que las auditorías sociales mejoraron la calidad de los servicios: los medicamentos y tratamientos tenían precios claros; se sensibilizó a la población sobre la disponibilidad médica en nepalí; se publicaron los horarios de atención y se dio mejor tratamiento de atención materna^[114].
• Un estudio llevado a cabo en Odisha, India encontró que las auditorías sociales pueden mejorar la prestación y aceptación de los servicios sanitarios y de nutrición. Además, encontró que las auditorías sociales sensibilizan a las comunidades sobre los derechos que tienen como parte de la ley nacional de seguridad alimentaria de la India. Se hallaron cambios positivos en tres de los cuatro programas relacionados con maternidad, distribución de alimentos y servicios integrales para el desarrollo de niñas y niños^[115]. Como resultado de la exposición acumulada a servicios de auditoría social, las personas participantes reportaron una reducción en los pagos exigidos para obtener alimentos como parte del esquema de distribución de alimentos^[116].

• La validación ciudadana ayuda a identificar brechas y atender problemas.
  • Un estudio cualitativo de las clínicas comunitarias de salud de Bangladesh mostró que las tarjetas de calificación comunitaria mejoraron la participación en cuanto a la atención a la salud, sensibilizaron a la comunidad y generaron más ingresos para las clínicas. Las personas encuestadas opinaron que las tarjetas de calificación incrementan la sensibilidad de los servicios clínicos en las comunidades y mejoran la comunicación entre la comunidad y los proveedores de salud. Además, concluyeron que el esfuerzo colectivo ayudó a identificar y priorizar problemas^[117].
  • En Nepal, un estudio mostró que las auditorías sociales ayudaron a identificar problemas en el uso y la disponibilidad de servicios. El uso de los servicios institucionales y la vacunación incrementaron. La demanda por servicios incrementó con el aumento del conocimiento de la disponibilidad y derecho a los servicios de salud que promovieron las auditorías sociales. Un tema que se mencionaba frecuentemente en los primeros años fue la existencia de personal o atención inadecuada en las instalaciones de salud. Esto mejoró a lo largo de los ciclos de las auditorías. Asimismo, se evitaron casos de escasez de medicamentos en el tercer año a través de paneles de información que enlistan los medicamentos esenciales. Las reuniones públicas de las auditorías mejoraron la infraestructura, atendiendo un problema asociado a los edificios y equipo que en las reuniones se mencionaba constantemente.

Educación

• Las auditorías sociales benefician al sector educativo.
  • Un análisis que llevó a cabo World Vision sobre los proyectos de CVA en doce países (Uganda, Kenia, Sierra Leona, Ghana, Senegal, República Democrática del Congo, Indonesia, Kosovo, Armenia, Rumania, Pakistán y Líbano) mostró mejoras en los sectores de educación y salud. El estudio identificó una mejora en los resultados de los exámenes del estudiantado, un incremento de 8 a 10% en la asistencia de estudiantes, una reducción de 13% en el ausentismo del profesorado y un aumento del 16% en la disponibilidad de las comunidades a participar en acciones colectivas^[118].
  • Un estudio de la primera auditoría social sobre educación impulsada en la India encontró que las auditorías sociales mejoran la matrícula estudiantil y la puntualidad del profesorado, así como la cantidad de escuelas nuevas y reducen los castigos fijos y el pago de tarifas adicionales^[119].
  • El monitoreo comunitario del proceso de licitación y entrega de libros de texto del Departamento de Educación de Filipinas ayudó a mejorar la calidad de los libros y redujo su costo^[120].

Rendición de cuentas presupuestaria

• Las auditorías sociales impulsadas por las comunidades pueden ayudar a identificar problemas asociados a la prestación de servicios públicos.
  • Los hallazgos de una auditoría sobre servicios de saneamiento e intendencia en asentamientos informales de Sudáfrica identificaron vacíos en la prestación y mantenimiento de sanitarios – sanitarios faltantes, violaciones de contratos por parte de proveedores privados responsables de la limpieza de los sanitarios, sanitarios dañados, riesgos a residentes por el uso de sanitarios inestables y falta de transparencia sobre disposición de residuos^[121].
  • Un estudio enfocado en la participación ciudadana en Ciudad del Cabo, Sudáfrica encontró que los datos sobre auditorías sociales muchas veces demostraron vacíos importantes entre la asignación presupuestaria para los servicios y los servicios que realmente se ofrecían. El compromiso por parte del gobierno a abrir los datos promovió una gobernanza participativa, vinculación ciudadana y agendas activistas^[122].

Colaboración y confianza

• Las auditorías sociales promueven ambientes de trabajo colaborativo y fortalecen la confianza a través de la participación directa.
  • Las auditorías sociales en Nepal ayudaron a construir una relación de confianza entre los proveedores de servicios de salud de atención primaria y las comunidades, dando a las personas un espacio para expresar sus preocupaciones. Esto funciona especialmente cuando se combina con otros mecanismos de reparación de disputas^[123].
  • En Andhra Pradesh, India, un estudio de las auditorías sociales promovidas por el Estado encontró que la población tuvo mayor participación en programas gubernamentales durante las auditorías sociales. En las auditorías, la mayoría de las personas trabajadoras expresaron quejas y se comunicaron de forma individual y colectiva en el foro público sin miedo. Ochenta y cinco por ciento de las personas trabajadoras expresaron tener mayor confianza para solicitar información a funcionarios. El estudio también encontró que las auditorías sociales incrementan la visibilidad del Estado, detectando y eliminando robos de salarios y mejorando la capacidad de respuesta del Estado^[124].
  • En una revisión de los efectos en la rendición de cuentas de las auditorías iniciadas por el estado en Andhra Pradesh, India, un estudio encontró que las auditorías sociales suelen ir más allá de la corrupción y que también son capaces de identificar malas prácticas cotidianas como la discriminación de castas y género. Las auditorías fueron un espacio para la retroalimentación positiva. El funcionariado expresó que su naturaleza pública las hace un mecanismo efectivo de monitoreo porque invitan a las personas a expresarse^[125].
  • Una revisión del programa de tarjetas de calificación comunitarias de CARE, el cual se aplica en cinco países (Malawi, Tanzania, Etiopía, Ruanda y Egipto), encontró que la mayoría de los proyectos con tarjetas de calificación comunitarias incrementó la confianza y apertura entre proveedores y miembros de la comunidad. Además, las tarjetas reportaron cambios en el acceso y uso de servicios: mayores resultados institucionales, facilitación del acceso a consejos y pruebas voluntarias y una respuesta respetuosa de los proveedores^[126].

ESTUDIO DE CASO: Las auditorías sociales lideradas por el Estado reducen la corrupción en la India Acción: En Sikkim, India, se implementaron auditorías sociales para evaluar el programa de trabajo rural de la nueva ley nacional de garantía de empleo rural (NREGA). Tras registrar resultados positivos, el formato de las auditorías se ajustó y escaló a otras regiones. Impacto: Las auditorías sociales ordinarias redujeron el reporte de irregularidades del programa NREGA. Asimismo, las auditorías sociales lograron: Mayor participación de trabajadores que buscaban acceder a empleo en el marco de NREGA. Mayor retorno de fondos desviados. Creación de un ambiente no confrontativo y establecimiento de un mínimo de participación (30% de los miembros) para las reuniones del foro público. Reducción de los niveles absolutos de corrupción (por ejemplo, los fondos desviados en comparación con los costos autorizados para el trabajo), lo que sugiere que la eficacia de las auditorías sociales se mantiene tras varias rondas. Cierre del ciclo de retroalimentación con una conferencia final en la que participaron funcionarios que tienen la autoridad para tomar decisiones. Ajustes a la estructura de los equipos de auditorías sociales con el fin de generar ahorros y asegurar la efectividad del proceso[127].

ESTUDIO DE CASO: Las auditorías de voz y acción ciudadana mejoran los servicios públicos en Bangladesh Acción: El programa Nobo Jatra implementó un programa de voz y acción ciudadana (CVA) para los sectores salud, agua, saneamiento y agricultura con el fin de mejorar la participación ciudadana y la prestación de servicios. Impacto: A través del uso del programa voz y acción ciudadana, la ciudadanía fortaleció su confianza para exigir servicios. El funcionariado escuchó las demandas ciudadanas sobre vacíos en la prestación de servicios y respondió al 51% de las demandas asociadas a clínicas de salud, agua y saneamiento y al 40% de las demandas relacionadas con temas agrícolas. Tras la implementación del programa en 2020, se incrementó el cumplimiento de los estándares de monitoreo en las clínicas comunitarias (88% de las clínicas que participaron) y en los comités de agua y saneamiento y unidades agrícolas (55% de las unidades que participaron). Finalmente, el proceso empezó a escalar hacia actores nacionales, promoviendo una coordinación interinstitucional y rendición de cuentas institucional formal[128].

Límites de la evidencia ➢ La escala de las auditorías está limitada a problemas puntuales. Muchas auditorías sociales no presentan evidencia sobre cómo afectan a los gobiernos provinciales, subnacionales o nacionales. Es fundamental entender si este tipo de intervenciones pueden funcionar a escala.  ➢ El conocimiento institucional es fundamental para el éxito de las auditorías sociales. Muchas auditorías sociales dependen de terceros y grupos locales que conocen a las personas tomadoras de decisiones y pueden facilitar objetivamente el acceso entre las partes. Sin la presencia de estos facilitadores, es menos probable que el proceso tenga impactos positivos. En ese sentido, es importante pensar de qué manera las intervenciones formales por parte del gobierno pueden hacer una diferencia. ➢ El argumento a favor de las auditorías sociales podría fortalecerse con evidencias cuantitativas de diversas áreas geográficas y económicas. La mayoría de las investigaciones disponibles sobre auditorías sociales son cualitativas, están concentradas en el sur de Asia y no son revisadas por pares. Es necesario llevar a cabo investigaciones cuantitativas y con representatividad geográfica, incluso en países de ingresos medios y altos, en donde esta idea está creciendo en popularidad.

Mecanismos de Reparación de Agravios

Este capítulo está basado en una revisión de literatura realizada por Suchi Pande y Naomi Hossain en colaboración con el Centro de Investigación en Rendición de Cuentas en apoyo a la Guía para escépticos.

Beneficios de los mecanismos de reparación de agravios 

Los mecanismos de reparación de agravios^[129] en el sector público son una herramienta poderosa que complementa al sistema judicial y mejora la gobernanza y la prestación de servicios públicos. Pueden ayudar a identificar y atender malas prácticas, minimizar los daños a las personas afectadas y evitar retrasos o cancelaciones no justificadas de servicios y programas^[130].

Definiciones

• Mecanismos de reparación de agravios: Son procesos institucionalizados del sector público que permiten a la ciudadanía denunciar cuando no reciben los servicios a los que tienen derecho y buscar reparación por ello^[131]. Las instituciones de gobierno crean mecanismos de reparación de agravios para exhortar a las personas a expresar sus inquietudes. Algunos elementos de estos mecanismos son^[132]:
  • Capacidad de la ciudadanía: Las personas deben conocer sus derechos y qué esperar de los programas públicos. Además, deben tener el apoyo institucional para acceder a sus beneficios y para utilizar los mecanismos de quejas para recibir respuesta sin miedo a represalias.
  • Capacidad de respuesta del Estado: Los actores del Estado deben tener la independencia, autoridad y recursos suficientes para registrar, dar seguimiento y resolver quejas y aplicar las decisiones. Además, deben tener la opción de redirigir o escalar las denuncias cuando no pueden atenderlas por sí mismos y deben comprometerse a mantener la anonimidad de las denuncias.
  • Transparencia proactiva: Los mecanismos de reparación de agravios deben ser transparentes proactivamente sobre la naturaleza y la cantidad de quejas, la tasa de resolución y el tiempo que toma resolverlas. Cuando las quejas se resuelven opacamente, hay pocas presiones externas sobre el gobierno para resolverlas. La transparencia proactiva es especialmente importante para lograr retroalimentación a la política pública, pues puede identificar problemas sistémicos en un sector que requiera de transparencia o que necesite reconstruir la confianza institucional.

A partir de experiencias de implementación de mecanismos de reparación de agravios en países en vías de desarrollo se han identificado algunas lecciones aprendidas. A continuación se listan algunos elementos de los mecanismos de reparación de agravios exitosos:

• Participación de la sociedad civil en el codiseño de mecanismos de reparación de agravios y verificando que las quejas se atiendan^[133].
• Inclusión de salvaguardas contra represalias, por ejemplo asegurar la anonimidad incluso cuando las quejas se transfieran entre departamentos. La ciudadanía podría reducir su uso y confianza en los mecanismos de reparación de agravios si su uso lleva a represalias. Estas represalias podrían implicar la pérdida del status como beneficiarios o incluso consecuencias más serias como acoso o asesinato^[134].

La figura 5 ilustra estos elementos.

Figura 5: Elementos de un mecanismo de reparación de agravios exitoso^[135].

Mecanismos de reparación de agravios en el sector público

Los mecanismos de reparación de agravios son cada vez más comunes en diferentes sectores. Algunas agencias de asistencia para el desarrollo los han incluido en sus operaciones crediticias desde 2008, y desde 2018 el Banco Mundial los incluyó como elementos obligatorios de todas sus inversiones^[136]. Estos mecanismos también se han implementado en el sector privado, pues han demostrado reducir los “riesgos financieros, de construcción, operativos, reputacionales y corporativos”^[137]. Algunas experiencias de estos sectores han fortalecido los argumentos a favor de la instalación de mecanismos de reparación de agravios. La figura 6 ilustra algunos beneficios de estos mecanismos identificados en el sector privado y que pueden aplicarse también en el sector público. 

Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones sobre mecanismos de reparación de agravios se han enfocado en su uso en el marco de alianzas público-privadas, por ejemplo mega proyectos o inversiones privadas de gran escala como operaciones mineras o petroleras. Esta sección se enfoca en una tendencia: incluirlos en las operaciones cotidianas de la administración pública.

Las auditorías sociales y los mecanismos de reparación de agravios son complementarios entre sí. Las auditorías sociales son una herramienta útil para monitorear la prestación de servicios públicos, mientras que los mecanismos de reparación de agravios permiten presentar quejas cuando los gobiernos no prestan los servicios a los que están obligados. De alguna manera, las auditorías sociales son medidas preventivas y los mecanismos de reparación de agravios son medidas reactivas.

Figura 6: ¿Qué beneficios tienen los mecanismos de reparación de agravios para los gobiernos y para los encargados de la implementación de proyectos?^[138]

Evidencia

A continuación, describimos lo que la evidencia muestra sobre los mecanismos de reparación de agravios en el sector público y cómo pueden diseñarse e implementarse para una mayor efectividad^[139].

Equidad y salvaguardas sociales

• Los mecanismos de reparación de agravios ayudan a las personas en condición de pobreza a acceder a servicios públicos. En Filipinas, el programa condicional de transferencia de efectivo 4P (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) incorporó un mecanismo para recibir y atender quejas desde su creación en 2007. Este programa atiende a la población más pobre, otorgándoles un subsidio diario, el cual está condicionado a la asistencia de niñas y niños a la escuela y a revisiones médicas periódicas. A través del mecanismo de reparación de agravios del programa, las personas encargadas de la implementación del programa han podido dar seguimiento a todas las quejas y categorizarlas. En 2017, el programa alcanzó una tasa de resolución de quejas del 91%^[140].
• Los mecanismos de reparación de agravios empoderan a las mujeres. Las personas beneficiarias del programa de apoyo al ingreso de Benazir en Pakistán expresaron que tener la opción de visitar al funcionariado para registrar sus quejas sobre el programa fue en sí misma una experiencia empoderadora para las mujeres que anteriormente no tenían incentivos para comunicarse con el funcionariado^[141].
• Personas intermediarias y facilitadoras pueden ayudar a construir una relación de confianza e incrementar el uso de los mecanismos de reparación de agravios. Los mecanismos de reparación de agravios digitales pueden ayudar a la ciudadanía a hacer reportes sobre el desempeño de los gobiernos sin pasar por procesos burocráticos^[142], pero podrían no ser la mejor solución para algunas comunidades. Los mecanismos de reparación de agravios digitales carecen de la relación personal que puede ofrecer una persona intermediaria o facilitadora. Éstas pueden ayudar a construir una relación de confianza y guiar a la ciudadanía para expresar sus denuncias. Lo anterior es particularmente importante en comunidades que sienten que no han recibido trato justo por parte del Estado^[143].
• Los mecanismos de reparación de agravios ayudan a las personas con discapacidades a participar en los programas a los que tienen derecho. En Egipto, el gobierno utilizó mecanismos de reparación de agravios para analizar las denuncias de las personas con discapacidades que habían expresado ser excluidas de los programas Takaful y Karama de transferencias no condicionadas de efectivo. Los mecanismos de reparación ayudaron al funcionariado a identificar los registros incorrectos de discapacidades que estaban afectando la elegibilidad para participar en el programa. De las más de 270.000 quejas recibidas entre 2018 y 2020, cerca de 100.000 fueron revisadas y las personas beneficiarias fueron registradas como elegibles para las transferencias de efectivo^[144].

Satisfacción ciudadana

• Los mecanismos de reparación de agravios transforman las denuncias en satisfacción ciudadana. En 2014, Kenia lanzó MajiVoice, un sistema integral a través del cual recibe quejas sobre los servicios de prestación de agua en persona, por teléfono o en línea (el 97% de las denuncias se hacen en persona o por teléfono). El sistema es monitoreado por el organismo regulador de servicios de agua, el cual asegura su transparencia y tiene la autoridad de tomar medidas legales cuando se registren fallas en el estándar de prestación de servicio. Durante el primer año de implementación de MajiVoice, la cantidad de denuncias se multiplicó diez veces, mejoraron los tiempos de reparación y el tiempo de respuesta se redujo por la mitad. En 2017, una encuesta aplicada a las personas usuarias de MajiVoice encontró que cerca de la mitad estaban satisfechos o muy satisfechos con la experiencia y el 60% percibió que la autoridad tomó su denuncia con seriedad^[145].
• El monitoreo ciudadano a través de plataformas digitales puede mejorar el desempeño del funcionariado. Un proveedor municipal de agua en la India mejoró su mecanismo de reparación de agravios, añadiendo un sistema digital que monitorea el desempeño del personal con base en las denuncias ciudadanas. Desde que se incorporó el elemento digital, las personas usuarias reportaron percibir “cambios significativos” en el comportamiento del funcionariado^[146]. Las denuncias se atendieron en cuatro días, mientras que antes simplemente no se atendían^[147].

Límites de la evidencia ➢ Hay evidencia limitada en países en vías de desarrollo. Es necesario identificar lecciones aprendidas y evidencia de los mecanismos de reparación de agravios aplicados en países de ingresos medios y altos. ➢ El éxito de los mecanismos de reparación de agravios puede atribuirse a la motivación inicial de su implementación. Existen algunos elementos que aplican a todos los mecanismos de reparación de agravios, pero la motivación de políticos y gobiernos para su implementación afecta su diseño y evaluación. Por ejemplo, cuando éstos son obligatorios por ley, podrían ser más “decorativos” que funcionales[148]. De ahí la importancia de asegurar que todos los actores internalicen y comuniquen los beneficios de los mecanismos de reparación de agravios y los implementen con propósito y no solamente por cumplir con la ley. ➢ Los mecanismos de reparación de agravios son comunes en el sector público, pero la práctica institucional no ha sido suficientemente estudiada. Dado que las políticas públicas y programas tienden a exigir la implementación de mecanismos de reparación de agravios, frecuentemente no son cuestionados o estudiados. En algunos contextos, no es necesario buscar argumentos en favor de estos mecanismos porque ya son obligatorios[149]. Sin embargo, con mayor investigación podría mejorarse la calidad de los mecanismos de reparación de agravios. ➢ Es necesario llevar a cabo más investigación sobre los impactos globales de los mecanismos de reparación de agravios. La mayoría de la literatura alrededor de los mecanismos de reparación de agravios se enfoca en su eficiencia interna, no en cómo afectan la prestación de servicios y las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en el largo plazo. Por otro lado, en general, las investigaciones se enfocan en mejorar las respuestas a fallas en los servicios y no en atender las causas de dichas fallas. El potencial de la retroalimentación en el ciclo de política pública no se ha abordado. Además, se ha puesto más atención al registro exitoso de quejas que a su reparación[150]. ➢ El papel de los mecanismos de reparación de agravios es limitado. Aunque estos mecanismos podrían ayudar a identificar y atender problemas, no pueden compensar un mal diseño o implementación de un programa[151] . Los mecanismos de reparación de agravios han mostrado ser útiles en los problemas que tienen una solución reglamentaria como el registro de errores o pagos retrasados[152]. Rara vez están diseñados para resolver otros problemas como la no elegibilidad de una persona para participar en un programa. Por ejemplo, las personas que no son elegibles, pero que creen que son elegibles, pueden enviar una denuncia pero podrían decepcionarse si la institución responde que no puede atender su problema[153]. ➢ La digitalización de los mecanismos de reparación de agravios puede no beneficiar a todas las poblaciones. Las personas intermediarias son importantes para facilitar el acceso a los mecanismos de reparación de agravios para las poblaciones que sienten que han sido tratadas injustamente[154]. ➢ Los efectos diferenciados por género de los mecanismos de reparación de agravios exigen la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Evidencias desde Indonesia, Kenia y Etiopía apuntan a un mayor uso de los mecanismos de reparación de agravios por parte de hombres con títulos universitarios[155]. Las mujeres y otros grupos marginados tienden a presentar denuncias y a recibir apoyo organizacional para el registro y monitoreo de denuncias en menor medida[156]. En ese sentido, es importante proteger y promover el papel de las organizaciones de la sociedad civil como intermediarias.

Espacio Cívico

Este capítulo está basado en una revisión de la literatura llevada a cabo por Peter Noorlander en apoyo a la Guía para escépticos con asesoría de American Bar Association Center for Human Rights and Rule of Law Initiative: Peter Noorlander, The Impact of Protecting Civic Space: Review of the State of the Evidence (El impacto de la protección del espacio cívico: Revisión del estado de la evidencia) (Alianza para el Gobierno Abierto y American Bar Association, 2022).

Los beneficios de la protección del espacio cívico y las libertades democráticas

El espacio cívico y las libertades democráticas son la clave de las sociedades abiertas y democráticas.^[1] El espacio cívico permite a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil asociarse independiente y libremente, expresarse, participar en la vida pública y acceder a información del Estado.

Definiciones

• ESPACIO CÍVICO Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS – Para fines de este capítulo, este término abarca las libertades fundamentales de:
  • expresión,^[2]
  • asamblea y
  • asociación.

Estos derechos están protegidos por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tratado internacional más importante sobre los derechos humanos, ratificado por 173 países.

Algunas organizaciones y personas expertas en el campo definen el espacio cívico de forma más amplia y también incluyen las interacciones entre el Gobierno y la sociedad civil, además del derecho de acceso a la información. Sin embargo, este capítulo se enfoca en los tres derechos listados en la definición. En ocasiones, estos derechos se denominan “libertades democráticas”, “libertades cívicas”, “derechos cívicos” o “libertades civiles”. En este documento utilizamos estos términos de forma intercambiable.

• LIBERTAD DE MEDIOS – Se refiere a la oportunidad de las y los periodistas de reportar libremente los temas de interés público.^[3] En el marco de la libertad de expresión, es un principio que, como lo demuestra la evidencia de este capítulo, está asociado a beneficios sociales.

La evidencia

A continuación, presentamos evidencia de los beneficios que la protección del espacio cívico genera para la sociedad, así como de los impactos negativos que tienen las medidas enfocadas en amenazar o restringir sus libertades.^[4]

Crecimiento económico

• Mejorar las libertades democráticas está asociado a un crecimiento más rápido. Los países que avanzan de 0 a 1 en el índice de las libertades civiles de V-Dem incrementan su PIB per cápita en 1.3 % en promedio a lo largo de un periodo de cinco años.^[5] Este índice incluye indicadores como la libertad de expresión, censura de medios, acoso a periodistas y represión de la sociedad civil, abarcando datos desde el año 1900 hasta 2016 en 201 países.

Inclusión social

• Un espacio cívico más restringido significa que las personas que tienen menos poder, es decir las que viven en situación de pobreza, las mujeres desfavorecidas, las comunidades rurales y los grupos indígenas, continúan sin poder. Esto resulta en más desigualdades. Un reporte sobre Bangladesh, Brasil, Camboya, China, Etiopía, Mozambique, Myanmar/ Birmania, Nepal, Rusia, Ruanda y Zimbabue concluyó que las restricciones al espacio cívico tienen el potencial de revertir los avances hacia la reducción de la desigualdad, la inclusión y la sustentabilidad.^[6] Lo anterior se debe a que cerrar el espacio cívico a través de acciones como amenazas, criminalizar o violentar a personas de la sociedad civil para deslegitimar o estigmatizarlos dificulta o imposibilita que los grupos marginados puedan alzar su voz, organizarse y empoderarse.^[7]
• Con el cierre del espacio cívico, los grupos más marginados y desfavorecidos enfrentan un riesgo cada vez mayor de quedarse atrás. Un estudio basado en investigaciones realizadas en Brasil, Etiopía, Afganistán y Zimbabue encontró que las restricciones a las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como la intimidación, criminalización y vigilancia limitan su capacidad para realizar lo siguiente:
  1. a) influir y criticar las políticas para exigir al Gobierno que rinda cuentas y
  2. b) ofrecer servicios a las personas que viven en pobreza o hambre.

  Lo anterior, a su vez, obstruye los esfuerzos de la sociedad civil de llegar a los grupos marginados, por lo que éstos quedan excluidos de los procesos de política y servicios públicos,^[8] especialmente cuando hay penalizaciones por ayudar a grupos identificados como criminales, por ejemplo, personas drogadictas, trabajadoras sexuales, integrantes de la comunidad LGBTQ+,^[9] solicitantes de asilo, migrantes, entre otros.^[10]

• Restringir el espacio cívico digital limita el desarrollo incluyente. Un estudio llevado a cabo en diez países de África encontró que medidas gubernamentales como los bloqueos de internet o de material y la vigilancia imposibilitan la gobernanza incluyente, responsable, participativa y representativa a la que aspira el ODS 16. Específicamente, el informe encontró que la vigilancia digital, la desinformación, los cortes de internet, la legislación anti sociedad civil y las detenciones por expresión digital intimidan a las organizaciones de la sociedad civil y amplían las divisiones, resultando en una mayor exclusión.^[11]
• Las OSC locales contribuyen al desarrollo incluyente. En 2006, Nepal sufrió una transición política tras diez años de una guerra civil, el desarrollo de una nueva constitución y un proceso de reconstrucción tras un sismo en 2015. Un estudio de caso sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este periodo destacó que las OSC locales son especialmente importantes para asegurar la inclusión.^[12] El estudio explica que la sociedad civil a nivel nacional ha desempeñado un papel significativo en la definición de los derechos civiles y políticos en los últimos tres años, pero que las organizaciones locales se perciben con mayor legitimidad e independencia de los donantes y la política nacional. Esta legitimidad promueve una mayor participación de las comunidades a nivel local y de las castas que podrían haber sido desatendidas tras el conflicto y mejora la inclusión de sus necesidades en la toma de decisiones.

Estabilidad política

• Los medios contribuyen a la estabilidad política al mostrarle diferentes puntos de vista a las y los electores. Un estudio de caso llevado a cabo durante las elecciones parlamentarias de 2016 de Uganda demostró que las y los votantes que habían sido expuestos a mensajes electorales de diversas candidaturas tenían menor probabilidad de votar por las y los candidatos del partido en el poder.^[13] Lo anterior fortalece los valores democráticos tales como la competencia electoral, reduciendo la probabilidad de tener un régimen con un partido dominante.
• El libre debate en medios está asociado a una ciudadanía más activa. Un estudio llevado a cabo en siete países asiáticos y africanos con datos de más de 23,000 personas encuestadas encontró una mayor participación política de las audiencias de los programas de debate político.^[14] Para mayor información, consulta el estudio de caso: “Los medios promueven la participación política en los países asiáticos y africanos.”
• La represión a la prensa precede quiebres políticos democráticos:
  • Tras una investigación llevada a cabo en Turquía, Freedom House analizó que la presión a los medios independientes había sido parte de una represión general a los valores democráticos del país.^[15]
  • En países como los de los Balcanes Occidentales, la debilidad de los medios independientes se identificó como uno de los factores principales del deterioro de la democracia.^[16]

ESTUDIO DE CASO Los medios promueven la participación política en países asiáticos y africanos ACCIÓN: Los programas de gobernanza de la organización British Broadcasting Corporation’s charity BBC Media Action utilizaron la televisión, radio y plataformas móviles para generar programas de debate y discusión enfocados en incrementar el conocimiento político de la ciudadanía y promover la participación cívica. IMPACTO: Un estudio encontró que las audiencias de estos programas tuvieron una mayor participación y un mayor conocimiento político que las personas que no escucharon los programas.[17] El estudio también encontró que las audiencias de estos programas tienen una mayor probabilidad de votar y tener participación política a través de lo siguiente: colaborar para resolver problemas comunitarios, asistir a reuniones municipales, contactar a funcionarios locales, contactar a funcionarios electos a nivel nacional, contactar a un líder local o tradicional o participar en protestas, marchas o demostraciones.[18] El estudio analizó datos de más de 23,000 personas encuestadas de Bangladesh, Myanmar, Nepal, Kenia, Nigeria, Sierra Leona y Tanzania.

Alfabetización

• La libre prensa contribuye a mayores niveles de alfabetización. Un estudio de países de África subsahariana encontró que en los países donde hay libre prensa, la tasa de alfabetización es mayor que en los países en donde ésta no existe.^[19] A partir de cifras del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el estudio determinó que la tasa de alfabetización en los países con libre prensa incrementó del 60 % en 2022 al 77 % en 2009. Las y los autores concluyeron que la “alfabetización, libre prensa y la democracia pueden crear un ciclo virtuoso que establece mejoras a la gobernanza.”^[20]

Participación cívica

• El periodismo favorece la participación cívica:
  • El informe 2022 de Tendencias mundiales de la UNESCO describe al periodismo como un “bien público”. Además, explica que el periodismo ofrece a la ciudadanía información confiable y basada en hechos, necesaria para participar en la sociedad libre y abierta y, por lo tanto, que su papel es fundamental para promover un espacio cívico saludable.^[21] La UNESCO explica que el periodismo requiere de un ambiente político y económico favorable para mejorar su independencia y la calidad de los análisis y la información.
  • El personal de los medios digitales cree que su trabajo promueve la participación cívica. Un estudio realizado en 2021 encontró que en las entrevistas realizadas a más de 200 personas empleadas de start-ups digitales de África, Asia y las Américas, el 82 % cree que su trabajo lleva a impactos positivos en la sociedad y el 76 % respondió que su trabajo mejora la participación cívica.^[22]

Control de la corrupción

Libertad de medios y corrupción

• La libertad de medios en la lucha contra la corrupción. Los siguientes ejemplos ilustran algunas áreas en donde esto ha ocurrido:
  • Sobornos – En 2021, un estudio analizó el impacto de la libertad de prensa en la corrupción en las empresas y encontró que los países con mayor libertad de prensa tienen significativamente menor incidencia de sobornos a funcionarios y que la libre prensa está asociada a menos reportes de corrupción.^[23]
  • Recuperación de bienes – Los proyectos multi país colaborativos, por ejemplo los Panama, Pandora y Paradise Papers han expuesto casos de corrupción a gran escala, llevando a reformas estructurales y destitución de líderes corruptos en todo el mundo.^[24] Los datos más recientes del Organized Crime and Corruption Reporting Project (Proyecto de reporte del crimen organizado y la corrupción) sugiere que se han impuesto multas y decomisado un total de 7.4 mil millones de dólares gracias al periodismo.^[25]
  • Rendición de cuentas – El Media Development Investment Fund (Fondo de inversión para el desarrollo de medios), el cual invierte en medios de todo el mundo, encuestó a sus inversionistas y encontró que el 78 % de sus reportes de corrupción y rendición de cuentas tuvieron impactos medibles: “los medios desempeñaron un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y en exigir la rendición de cuentas de las personas que están en el poder”.^[26]

• La libertad de prensa tiene una prima reputacional. Un estudio llevado a cabo en 2020 a partir de encuestas de funcionarios de alto nivel en empresas privadas identificó una prima reputacional asociada a la libertad de prensa: la percepción de corrupción mejora con la libertad de prensa. Lo anterior es especialmente evidente en los países con niveles de corrupción bajos a moderados según los estándares globales.^[27]

Participación de la sociedad civil y corrupción

• Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son un elemento esencial de las iniciativas anticorrupción. Un estudio analizó los factores que determinan el éxito de los esfuerzos anticorrupción y encontró que el control de la corrupción requiere tanto del Estado como de la sociedad.^[28] La razón por la cual la sociedad civil es tan importante es porque las ONG son uno de los usuarios principales de las herramientas anticorrupción, tales como las leyes de transparencia.^[29]
• Sin embargo, la sociedad civil por sí misma no puede detener la corrupción; requiere de un ambiente facilitador efectivo. Un estudio evaluó datos de 200 países entre 1789 y 2018, encontrando que la sociedad civil por sí misma no es suficiente: también es necesaria la transparencia de las leyes y la predictibilidad de su aplicación, rigurosidad e imparcialidad de la administración pública.^[30]

Confianza en el gobierno

• El respeto a las libertades que son la base del espacio cívico incrementan la confianza en el Gobierno.
  • Libertad de expresión:
    • Un estudio realizado en Indonesia en 2010 indicó que la confianza en el Gobierno incrementó con la democratización y el respeto a la libertad de expresión.^[31] Lo anterior se debe a que la libertad de expresión ofrece la oportunidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas para las prácticas de Gobierno.^[32]
    • Un estudio realizado a partir de datos de 29 países europeos encontró que el respeto a la libertad de expresión mejora la confianza en el Gobierno.^[33] Este estudio también analizó si la prosperidad económica es un buen predictor de una mayor confianza en el Gobierno, encontrando que no están relacionadas significativamente. Por lo tanto, a la luz de los resultados del estudio, la protección de la libertad de expresión desempeña un papel más importante en mejorar la confianza en el Gobierno que el crecimiento económico.
  • Participación cívica: Un estudio de Corea del Sur concluyó que la confianza en las instituciones públicas mejora con el crecimiento en la cultura de la participación política.^[34]

• Sin embargo, la confianza en el Gobierno depende del desempeño en la prestación de servicios. Un estudio llevado a cabo en 2020 encontró que promover el espacio cívico tiene un impacto positivo si el Gobierno se desempeña de forma confiable.^[35] El estudio encontró que la ciudadanía, en general, confía en sus líderes si los perciben como competentes, honestos y desinteresados.^[36] Si hay libertad de medios y los medios reportan la inefectividad del Gobierno, se reduce la confianza.^[37]

Prestación de servicios públicos

• La participación ciudadana ayuda al Gobierno a ofrecer mejores servicios. Una investigación de la OCDE demostró que la participación ciudadana hace que los servicios públicos sean más accesibles, costo-efectivos y eficientes.^[38] La participación de la ciudadanía y las OSC en el diseño, producción y prestación de servicios lleva a una mayor satisfacción y relación calidad-precio.^[39] Lo anterior se debe a que los insumos de la ciudadanía ayudan al Gobierno a identificar los problemas que ésta enfrenta, contribuyen a identificar soluciones innovadoras y crean un sentido de apropiación de los proyectos de servicios públicos.^[40]
• Sin embargo, en este campo hay evidencias mixtas. Un estudio llevado a cabo en 2019 en 20 países de ingresos medios y bajos encontró que las intervenciones que promueven la colaboración directa entre las y los usuarios de los servicios y proveedores (como en el caso de la salud pública) tienden a generar mejoras en el acceso y la calidad de los servicios públicos.^[41] No obstante, si hay una falta de intervenciones para atender cuellos de botella en la prestación de servicios, la participación ciudadana por sí misma no puede mejorar los servicios públicos. Además, la presión ciudadana al Gobierno, cuando no hay una interacción directa entre las y los usuarios y proveedores (como en el caso de la infraestructura), en general no influye en la provisión de servicios.^[42]
• Las sociedades menos abiertas tienden a ofrecer servicios de menor calidad. Hay investigaciones que sugieren que los países con mayores restricciones al espacio cívico, como el caso de Ruanda, obtienen buenos resultados en indicadores como el crecimiento económico, pero no han avanzado suficiente en la prestación de servicios públicos. Lo anterior se debe a que las y los funcionarios de bajo nivel tienen la instrucción de cumplir ciertas metas sin cumplir un estándar en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos.^[43] Asimismo, una investigación realizada en países como Pakistán, Zimbabue y Camboya concluyó que los países con restricciones al espacio cívico y los medios tienen baja probabilidad de ofrecer servicios públicos de alta calidad debido a que no tienen la exigencia y rendición de cuentas que ofrece la sociedad civil.^[44]

Salud

• Las restricciones al espacio cívico debilitan los esfuerzos de lucha contra las epidemias. Un estudio de 2018 encontró que las restricciones al espacio cívico aplicadas en Etiopía, Kenia y Uganda tuvieron un impacto negativo en su respuesta al VIH/SIDA.^[45] Las OSC pueden ayudar a los países a cumplir con los compromisos establecidos ante las Naciones Unidas para dar fin a la epidemia del SIDA para el 2030. Sin embargo, las contribuciones de las OSC están obstruidas por la criminalización y la estigmatización, además de por barreras establecidas por el Gobierno que limitan su capacidad de registrarse, acceder a financiamiento y operar libremente.

ESTUDIO DE CASO Las OSC sudafricanas ayudan a salvar miles de vidas ACCIÓN: Hasta finales de los 2000, la administración de Mbeki de Sudáfrica se rehusó a poner medicamentos antirretrovirales a disposición del público.[46] La organización activista Treatment and Action Campaign (TAC) confrontó al Gobierno a través de una marcha y una campaña de desobediencia civil, exigiendo el acceso universal a tratamiento de VIH a través del sistema de salud pública.[47] IMPACTO: Gracias a la presión de TAC, en 2002 Sudáfrica lanzó un programa para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo y un programa nacional de medicamentos antirretrovirales en 2004.[48] Hasta la fecha, el TAC sigue promoviendo el acceso a servicios de salud de calidad y ampliando sus servicios, abarcando también problemas como la tuberculosis, violencia de género y el COVID-19.

Seguridad pública y paz

• Las OSC desempeñan un papel positivo durante los conflictos y después de ellos. Durante los conflictos, las OSC contribuyen a la construcción de paz en, al menos, tres formas:
  • trabajando con las comunidades más afectadas y reuniendo evidencias del conflicto en las y los civiles,
  • llamando la atención nacional e internacional al conflicto y
  • promoviendo la negociación de acuerdos.^[49]
• Tras los conflictos, las OSC contribuyen a la construcción de paz a través de:
  • el apoyo a la creación de espacios no militarizados y
  • desarrollando las capacidades de la sociedad civil.^[50]
• Cuando se restringen las OSC, hay un mayor riesgo de conflicto. El relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU informó que las restricciones al espacio cívico incrementan el riesgo de conflicto debido a tensiones que surgen a partir de las demandas no atendidas y de la falta de canales para expresarlas.^[51] Personas expertas en libertades civiles como Thomas I. Emerson han promovido la libertad de expresión (excluyendo los discursos de odio) como una “válvula de escape” que permite a la ciudadanía desahogarse de forma civilizada.^[52]
• A pesar de las creencias, las restricciones a las OSC no protegen contra el terrorismo. Un estudio de 2022 sobre la efectividad de 158 leyes y regulaciones en un periodo de ocho años no encontró ninguna evidencia de que las restricciones a las actividades de las ONG que luchan contra el terrorismo redujeran la incidencia del terrorismo como resultado de estas leyes.^[53]
• De hecho, la libertad de discusión puede evitar el terrorismo en las democracias. Un estudio realizado en 2020 con datos de 162 países encontró que mejorar la libertad de discusión puede reducir el riesgo de ataques en el ejército y la policía casi en un 50%.^[54] Las y los autores concluyeron que la libertad de expresión y discusión pueden ayudar a los servicios de seguridad e inteligencia a obtener mayor información sobre amenazas potenciales de lo que podrían si se restringieran las discusiones públicas y privadas.^[55]
• Mayor libertad de medios significa menos violencia estatal. Un estudio realizado en 2021 en diversos países encontró que en los contextos en los que se restringen los medios, el Estado puede ocultar y negar la violencia. Por el contrario, en los casos en los que hay libertad de medios, los costos políticos de la represión son mayores. Por lo tanto, concluye que la libertad de medios reduce el riesgo de escalamiento de la violencia estatal.^[56]
• La libertad de asociación y asamblea desempeñan un papel fundamental en las transiciones democráticas no violentas. Un estudio concluyó que la transición democrática a través de la resistencia no violenta incrementa la calidad democrática. Los principales factores detrás de la democratización son las mejoras en las libertades de asociación y asamblea.^[57]

 

Derribando el mito: Autocracias y desarollo Países como China y Vietnam, en donde, según datos de CIVICUS el espacio cívico está “cerrado”, parecen tener resultados de desarrollo positivos. Ruanda y Etiopía son ejemplos de países en los que el espacio cívico se califica como “reprimido” pero aun así parecen haber alcanzado resultados de desarrollo importantes.[58] Las y los académicos que estudian este tema creen que esto puede deberse a que las élites en el poder necesitan silenciar a sus críticos y reprimir a los disidentes para comprar el tiempo que requieren para lograr cambios económicos y sociales.[59] Sin embargo, las autocracias no siempre se traducen en beneficios económicos o de desarrollo humano. Un estudio realizado en Brasil, Etiopía, Paquistán y Zimbabue destaca que las restricciones a la sociedad civil han afectado negativamente sus esfuerzos por detener la pobreza y el hambre y llegar a los grupos más marginados. Como resultado, su exclusión de los procesos de política y servicios públicos incrementan el riesgo de que los grupos más marginados y debilitados sean dejados atrás.[60] Adicionalmente, el desarrollo económico no implica un liderazgo estable en una autocracia. Amartya Sen observó que China ha tenido un desarrollo económico importante, pero que es frágil y está sujeta a dinámicas de poder en las altas esferas.[61] Por ejemplo, cuando se retiró el acceso universal a los servicios de salud, la esperanza de vida se redujo importantemente.[62] Además, la confianza en los datos de crecimiento de las autocracias es débil. Un estudio en 2017 demostró la necesidad de cotejar los datos estadísticos a nivel macro con los datos de los hogares, debido a las implicaciones políticas de la recolección y análisis de datos y la sospecha de que éstos podrían ser incorrectos o interpretados de formas potencialmente engañosas.[63]

Límites de la evidencia Aunque cada vez hay más evidencia de los beneficios de la protección del espacio cívico y los impactos negativos de sus ataques, aún hay retos para su estudio.[64] Ambigüedad conceptual: Primero, el “espacio cívico” es un concepto muy abstracto y, a pesar de los esfuerzos por definirlo, aún hay desacuerdos entre las personas expertas y las organizaciones del campo.[65] Dificultad para medirlo: Además, debido a que es un concepto abstracto y un término paraguas para diversos derechos, la academia lo tiene que estudiar utilizando sustitutos. Por ejemplo, para saber qué tan “sólido” es el espacio cívico de un país, los académicos tienden a estudiar el número de organizaciones de la sociedad civil registradas y medios de comunicación. Esta medida no es perfecta, pues no captura el tipo de trabajo que llevan a cabo estas organizaciones ni su impacto. Sociedad civil autoritaria: En ocasiones, el espacio cívico puede utilizarse por las razones “equivocadas”. Las OSC pueden promover causas antidemocráticas. Ha habido casos en los que la movilización del público ha llevado a golpes autoritarios. Además, la libertad de medios puede estar sujeta a la difusión de desinformación y discurso de odio y los medios pueden estar capturados por el Estado y difundir contenido controlado por el Gobierno, en contra del propósito de la libertad de medios. Por lo tanto, la evidencia sobre el espacio cívico debe interpretarse cuidadosamente, tomando en cuenta todos los matices. Relación causa-efecto: La investigación sobre el espacio cívico debe tomar en cuenta el contexto político y los desfases de tiempo. El régimen histórico de un país tiene implicaciones en el contexto actual. Además, los beneficios de las iniciativas preventivas (no reactivas) para proteger las libertades democráticas rara vez tienen impacto inmediato. Por lo tanto, es importante tener cuidado de no hacer interpretaciones y supuestos simplistas de las investigaciones. Acceso del público a los medios: Los países que buscan proteger las libertades de medios deben acoplar estos esfuerzos con un mejor acceso a los medios. Como lo muestra parte de la evidencia de este capítulo, la libertad de medios puede mejorar el conocimiento político y la participación ciudadana. Sin embargo, estos beneficios dependen de que la ciudadanía tenga acceso a los medios.

 

Más allá de las políticas públicas

Argumentos a favor del gobierno abierto

Los capítulos anteriores se enfocaron en los impactos de algunas políticas públicas puntuales de gobierno abierto. En este capítulo incluimos evidencia más general a favor del gobierno abierto.

La sección se divide en tres partes:

1. Evidencia sobre la importancia de la libertad de medios y el espacio cívico
2. Gobierno abierto, COVID y salud pública
3. Beneficios democráticos: El papel del gobierno abierto

1. Argumentos a favor de la libertad de medios y el espacio cívico

El gobierno abierto hace una diferencia en el desarrollo. En 2018, OGP trabajó con un grupo de investigación de la organización Varieties of Democracy (V-Dem), analizando la “rendición de cuentas diagonal”^[157]. V-Dem mide la rendición de cuentas diagonal en términos de libertad de medios, libertad de expresión, independencia de las decisiones públicas y la solidez de las organizaciones de la sociedad civil. La investigación encontró que la rendición de cuentas diagonal es un predictor de los siguientes indicadores del desarrollo:

• Menor mortalidad infantil: Con el incremento de la rendición de cuentas de los países, se reduce la tasa de mortalidad infantil. Cuando se alcanza la máxima rendición de cuentas diagonal, la mortalidad se reduce en 10 muertes por cada 1.000.
• Mayor promedio de escolaridad adulta: En promedio, por cada 10 años que un país demuestra mayores niveles de rendición de cuentas diagonal, el promedio de escolaridad adulta incrementa un año.
• Desigualdad y crecimiento: La rendición de cuentas diagonal en un país se correlaciona con una mejor distribución de la riqueza (menor coeficiente de Gini) y un mayor crecimiento económico.

2. Gobierno abierto, COVID-19 y salud pública

Una serie de evidencias^[158] muestran que las democracias tienen mejor desempeño en el contexto de pandemias y en aspectos de salud pública en general. Algunos artículos publicados en revistas científicas como The Lancet^[159] y The British Medical Journal^[160], así como laboratorios de ideas como Chatham House^[161] y Our World in Data^[162], predijeron que las democracias tendrían mejores resultados en cuanto a la atención a la pandemia por la COVID-19. Pero, ¿cuál es el papel de la transparencia?

• Sorprendentemente, las muertes oficiales por COVID-19 son más elevadas en los países más transparentes^[163].
• Sin embargo, los gobiernos menos transparentes tienen mayor probabilidad de caer en un subregistro de las muertes asociadas a COVID-19. Cuando los investigadores analizaron los datos de “exceso de mortalidad” – métrica que compara todas las muertes registradas con las que se esperaría que ocurrieran, encontraron que la transparencia no está correlacionada con un exceso de mortalidad. Lo anterior sugiere que los países menos transparentes podrían no estar reportando las muertes debido a sistemas nacionales de estadísticas menos robustos o a una posible interferencia en la recolección y publicación de datos^[164].

3. Beneficios de la democracia: El papel del gobierno abierto

De manera creciente, el sector académico está analizando la relación entre la democracia y el desarrollo, más allá de la salud. Una gran parte de dicho trabajo se enfoca en los datos de V-Dem. El documento Case for Democracy Conference Report [Informe de argumentos a favor de la democracia] resume algunas de las investigaciones de este campo. En esta sección, analizamos los hallazgos de especial relevancia a los valores del gobierno abierto de transparencia, participación y rendición de cuentas.

La apertura contribuye al crecimiento económico

• La libertad de expresión desempeña un papel importante entre los beneficios de la democracia en el crecimiento económico. Investigaciones recientes establecen una relación positiva de largo plazo entre la democracia y el crecimiento económico^[165]. Un estudio realizado en 2022 analizó qué factores de la democracia llevan al crecimiento económico y encontró que los principales aspectos que determinan el efecto de largo plazo de la democracia en el desarrollo económico son las elecciones limpias y la libertad de expresión^[166].

La protección del espacio cívico fortalece la protección ambiental

• Permitir la libertad de expresión y asociación beneficia al medio ambiente. El respeto por las libertades cívicas ofrece a las ONG ambientales las condiciones necesarias para influir en la política ambiental. Un estudio realizado en 2020 encontró que un aumento de 1% de las libertades cívicas genera una reducción del 0.05 % de las emisiones de CO₂ nacionales^[167].

La democracia apoya la apertura

• Las democracias tienden a compartir más datos con las organizaciones internacionales. Un estudio encontró que, cuando los países pasan de ser autocracias a democracias, incrementan su reporte de datos al Banco Mundial en 13 puntos porcentuales^[168].
• Las democracias son más transparentes sobre su crecimiento. Un estudio comparó las estadísticas del Banco Mundial con otra medida del crecimiento económico: las luces nocturnas. El estudio encontró que, al medir el incremento en la luz, los regímenes autocráticos sobreestiman el crecimiento anual de su PIB por 0.5-1-5 puntos porcentuales, en promedio, en las estadísticas que comparten con el Banco Mundial^[169].
• La democratización también lleva a una mayor transparencia fiscal. Un estudio encontró que la transición de la autocracia a la democracia mejora la transparencia fiscal en 18 puntos porcentuales. Los autores explican que es muy probable que este incremento sea una consecuencia de las elecciones libres, justas y competitivas^[170].

¿Qué puede hacer OGP por ti?

La participación en OGP ofrece un espacio único para explorar soluciones a los retos de la actualidad y crear gobiernos más abiertos, incluyentes, participativos y capaces de rendir cuentas frente a su ciudadanía.

OGP es una plataforma para la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil

Los miembros de OGP cocrean planes de acción y dialogan constantemente con la sociedad civil a través de plataformas como los foros multiactor de gobierno abierto. El informe Signos vitales de OGP, el cual realiza una revisión de 10 años en datos, muestra evidencia estadística que la fortaleza de la colaboración con la sociedad civil es un predictor de resultados positivos^[171]. Cuando la sociedad civil participa en un diálogo constante y en el establecimiento de la agenda en coordinación con el gobierno, los compromisos tienden a ser más ambiciosos. La plataforma de OGP reúne a una amplia gama de actores. En los últimos 10 años, OGP no solo ha crecido en cantidad de miembros, sino que además ha ampliado los poderes y niveles del gobierno que participan en sus procesos. Finalmente, OGP se ha vuelto más incluyente y equitativa^[172] .

OGP es una plataforma que ayuda a impulsar áreas de política pública

Los miembros de OGP han mostrado mejoras reales en algunas áreas de política pública como la apertura fiscal y las contrataciones abiertas. Según datos de terceros, los países de OGP que han establecido, a lo largo de diversos planes de acción, el compromiso ambicioso de publicar información presupuestaria, han incrementado su apertura más que otros países miembros de OGP^[173]. Los compromisos relacionados con el combate a la corrupción, tales como la contratación abierta, regularmente se traducen en resultados tempranos.[174]

Los compromisos sobre justicia han incrementado de forma dramática en los últimos años. Específicamente en lo que se refiere al acceso a la justicia, algunos países han establecido compromisos de justicia enfocados en las personas con el fin de atender barreras y problemas sistémicos^[175]. Estos esfuerzos demuestran el poder de la plataforma global de OGP y de los planes nacionales para generar beneficios a la ciudadanía.

OGP apoya el aprendizaje y resultados

OGP no es solo un espacio para discursos. Ser miembro de OGP implica rendir cuentas y obtener resultados reales. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) exige a los gobiernos que rindan cuentas a través de evaluaciones de sus planes de acción y permite monitorear los avances de los miembros. Además, el IRM presenta recomendaciones clave para mejorar y aprender. La implementación de estas recomendaciones está asociada a planes de acción y procesos de mayor calidad^[176]. En los últimos diez años, se han registrado cientos de compromisos completamente implementados y las tasas de resultados tempranos (cambios concretos en la práctica del gobierno con relación al acceso a la información, participación cívica y/o rendición de cuentas como resultado de la implementación de los compromisos) se ha mantenido estable.

Créditos / Notas

La Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto elaboró esta publicación en 2022. Paulina Ornelas es la autora principal, con apoyo de Sandy Arce, Joseph Foti y Chathan Raj.

La Unidad de Apoyo de OGP comisionó una serie de documentos informativos a partir de los cuales se desarrolló esta guía. La Unidad de Apoyo agradece a todas y todos los autores de estos documentos informativos. A continuación enlistamos cada uno de estos documentos.

Acceso a la justicia

Weston, Mark. The Benefits of Access to Justice for Economies, Societies and the Social Contract: A Literature Review. [Beneficios del acceso a la justicia en la economía, sociedad y contrato social] Alianza para el Gobierno Abierto y Pioneros de las Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas, 2022. https://www.opengovpartnership.org/documents/the-benefits-of-access-to-justice-for-economies-societies-and-the-social-contract-a-literature-review/

Apertura fiscal

Haus, Martin, Joachim Wehner y Paolo de Renzio. (When) Do Open Budgets Transform Lives? Progress and Next Steps in Fiscal Openness Research. [¿(Cuándo) los presupuestos abiertos transforman vidas? Avances y siguientes pasos en la investigación sobre apertura fiscal] International Budget Partnership, Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y Alianza para el Gobierno Abierto, 2022. https://www.opengovpartnership.org/documents/when-do-open-budgets-transform-lives-progress-and-next-steps-in-fiscal-openness-research/

Contrataciones abiertas

McDevitt, Andrew. State of Evidence: Open Contracting. [Estado de la evidencia: Contrataciones abiertas] Alianza para el Gobierno Abierto y Alianza para las Contrataciones Abiertas, 2022. https://www.opengovpartnership.org/documents/state-of-the-evidence-open-contracting/

Auditorías sociales

Pande, Suchi. Social audits in service delivery: An annotated bibliography. [Auditorías sociales para la prestación de servicios: Biografía anotada] Alianza para el Gobierno Abierto y Accountability Research Center, 2022. https://www.opengovpartnership.org/documents/social-audits-in-service-delivery-an-annotated-bibliography/

Mecanismos de reparación

Pande, Suchi y Naomi Hossain. Grievance redress mechanisms in the public sector: a literature review. [Mecanismos de reparación en el sector público: revisión de la literatura] Alianza para el Gobierno Abierto y Accountability Research Center, 2022. https://www.opengovpartnership.org/documents/grievance-redress-mechanisms-in-the-public-sector-a-literature-review/

Créditos

Diseño

Stacey Simmons

Traducción inglés-español

Alejandra Calzada Vázquez Vela

Corrección de estilo

Andreina Pérez

Licencia

Este trabajo cuenta con una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 – International License. Para ver una copia de la licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fotografías

Fotografía de Bon Moya: Maria Teresa Magno-Garcia

Fotografía del presidente Abinader: Wikimedia Commons

Fotografía de la secretaria Madeleine Albright: Wikimedia Commons – Dominio público

Fotografía de Victoria Alsina-Burgués: Generalidad de Cataluña

Fotografía de Steve Potter: Alianza para el Gobierno Abierto

Fotografía de Isaac Aidoo: Isaac Aidoo

Fotografía de Lysa John: CIVICUS

Los mapas incluidos en esta publicación pueden mostrar fronteras que no necesariamente reflejan la política institucional de OGP.

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