Pilot Platform Public Nformation (AR0029)

Problema: Dificultad en la gestión y procesamiento a los pedidos de información pública. Objetivo: Mejorar la calidad en el acceso a la información y en la producción de información y la calidad de los datos públicos visibilizando los pedidos y respuestas y, potenciando una política de transparencia activa a través de una plataforma. Descripción: Desarrollo de una plataforma piloto para digitalizar y publicar la recolección de pedidos y respuestas a solicitudes de información pública. En esta prueba inicial se trabajará con 5 organismos “testigos” para la recolección y publicación de la información. Relevancia: Transparencia para la visibilización de solicitudes y respuestas de pedido de acceso a la información pública. Rendición de cuentas mediante el seguimiento de los pedidos y respuestas de acceso a la información pública. Innovación tecnológica para el desarrollo de una plataforma que centralice el pedido de acceso a la información pública. Ambición: Que el desarrollo de este compromiso colabore con el fortalecimiento de la oferta y demanda de información y datos públicos, garantizando el derecho de los ciudadanos y promoviendo un cambio cultural dentro de las administraciones públicas.

For details of the commitments, please see the Argentina Progress Report 2015-2017.

Compromiso 10. Plataforma piloto para la publicación de pedidos y respuestas a solicitudes de información pública

(Compromisos de medio término 2016-2017)

Texto del compromiso

Desarrollo de una plataforma piloto para digitalizar y publicar la recolección de pedidos y respuestas a solicitudes de información pública. En esta prueba inicial se trabajará con 5 organismos “testigos” para la recolección y publicación de la información.

10.1. Relevamiento de requerimientos funcionales de la plataforma.

10.2. Definición de cinco (5) organismos de la administración pública para la recolección de pedidos y respuestas a solicitudes de información pública.

10.3. Desarrollo del prototipo.

10.4. Mesas de consulta y diálogo con las OSC para el seguimiento a la implementación del compromiso.

10.5. Capacitación interna en los organismos.

10.6. Publicación de la plataforma piloto.

Institución responsable: Subsecretaría de Reforma Institucional y de Fortalecimiento de la Democracia – Ministerio del Interior

Institución(es) de apoyo: Oficina Anticorrupción

Fecha de inicio: julio 2016

Fecha final: junio 2017

Nota editorial: El texto completo del compromiso se encuentra en II Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la República Argentina 2015-2017, disponible aquí: http://goo.gl/mTgUpU.

Nota editorial: El cuadro incluye únicamente las calificaciones para el compromiso en general porque las actividades individuales son acumulativas. En el texto a continuación se describen los avances respecto de cada uno de los seis hitos del compromiso.

Contexto y objetivos

Este compromiso estuvo guiado por el objetivo, formulado de modo algo confuso, de “mejorar la calidad en el acceso a la información y en la producción de información y la calidad de los datos públicos visibilizando los pedidos y respuestas, y potenciando una política de transparencia activa a través de una plataforma”. Según el texto del compromiso, el problema que operó de disparador fue la dificultad observada en la gestión y el procesamiento de los pedidos de información pública ^{A la fecha de la redacción del compromiso, el derecho de acceso a la información pública estaba regulado por el Decreto 1172 de 2003, que se aplicaba a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.} . Según la propuesta, este problema se vería de algún modo aliviado mediante la publicación de una plataforma piloto que contendría las solicitudes de información pública, y las respuestas brindadas, en el ámbito de cinco organismos seleccionados.

Cabe señalar que, no obstante, la importancia de la transparencia en el procesamiento de los pedidos de información resulta difícil verificar una conexión fuerte entre la visibilización de los pedidos de información y las respuestas obtenidas, por un lado, y el mejoramiento de la calidad y la velocidad de respuesta, por el otro. A lo sumo, cabe esperar que la existencia de un portal con información sobre los pedidos de información y las respuestas brindadas por los organismos seleccionados proporcione un mapa (parcial) del problema, más que una contribución directa a su solución. Con todo, una representante de la sociedad civil que participó de la mesa de trabajo en la que se definió el compromiso destacó que si bien el objetivo, relativamente modesto, no fue montar un portal de seguimiento de expedientes electrónicos, podía resultar sin embargo de utilidad, pues “tener estadísticas sobre los pedidos– cuántos se reciben, cuántos se responden, y en qué tiempo – y poder acceder a las respuestas nos sirve para el análisis y para no pedir lo mismo” ^{Grupo focal con sociedad civil, Buenos Aires, 20/09/17. Otra participante del grupo se explayó: “No me parece banal o desechable; era un piloto, tenía un plazo de un año, con un Gobierno que acababa de asumir y sin mecanismos aceitados. En ese contexto el compromiso no era malo; es algo que venimos pidiendo desde siempre: una base de datos online donde se pueda hacer seguimiento de los pedidos y las respuestas. Pero la verdad es que ellos tampoco tienen relevados todos los pedidos; tienen que pedir a los organismos información sobre las solicitudes que reciben, ellos tienen que mandarlas… [...] Como prueba piloto es una buena experiencia, aunque no sea un compromiso ambicioso o transformador, es una base para retomar”.} . De ahí su calificación como de impacto potencial moderado.

Las actividades propuestas y conducentes a la publicación de la plataforma piloto varían en su grado de especificidad; sin embargo, la mayoría son altamente específicas. En estos casos, se espera la obtención de productos claramente observables y medibles: el listado de especificaciones técnicas para el diseño de la plataforma (10.1), el listado de los organismos de la administración pública sobre los cuales se relevarán los datos (10.2), la plataforma que se utilizará para la publicación de las solicitudes de información pública y las resoluciones obtenidas, primero en versión prototipo (10.3) y luego en versión piloto en funcionamiento (10.6). El hecho de que no podamos saber qué criterios se utilizarán para decidir cuáles serán los organismos testigo, por ejemplo, no le quita especificidad a la actividad, en la medida en que basta que ésta arroje un listado de organismos seleccionados, y que éstos sean los mismos cuya información luego aparezca en la plataforma piloto, para que el hito se considere cumplido. Es importante señalar que la mayoría de estos hitos son considerablemente modestos al tiempo que altamente específicos.

Los dos hitos restantes exhiben una especificidad algo menor. Respecto del hito 10.4, por ejemplo, el compromiso indica que se realizarán mesas de consulta y diálogo con OSC (cabe suponer que refiere, entre otras, a las citadas como actores relevantes en el cuerpo del compromiso), pero no queda claro sobre qué versarían las consultas ni qué influencia podría ejercer la sociedad civil en esos espacios; de ahí su calificación como de especificidad media. El hito 10.5, finalmente, es poco específico porque no provee indicios acerca de los destinatarios (definición y cantidad), formatos y contenidos de la mencionada capacitación, más allá del dato de que ella se orientará al interior de los organismos involucrados.

El compromiso tiene un componente de participación ciudadana (la consulta con sociedad civil y la constitución de un mecanismo de seguimiento) y un componente de acceso a la información, en la medida en que el destino de las solicitudes de información constituye en sí mismo una información en manos de los organismos del Estado que actualmente no está disponible para la ciudadanía y cuya disponibilidad sería fundamental a la hora de evaluar el grado con que se está verificando en la práctica el derecho de acceder a información en manos del Poder Ejecutivo Nacional consagrado por la legislación argentina.

Cumplimiento

Fin de término: Sustancial

La implementación del compromiso se inició con la conformación de un equipo de trabajo ^{El equipo de trabajo estuvo integrado por miembros de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana y la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia por parte del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección Nacional de Datos e Información Pública, la Dirección Nacional de Servicios Digitales y la Dirección Nacional de Gestión de la Información y Soporte del Ministerio de Modernización.} y la subsiguiente definición de las características que tendría la plataforma (10.1). Se decidió que ésta contendría tres elementos: primero, un espacio de consulta sobre los pedidos de acceso a la información realizados; segundo, información acerca del alcance del derecho de acceso a la información pública y cómo ejercerlo; y, tercero, un enlace a la plataforma de trámites a distancia para poder realizar pedidos. Para desarrollar el prototipo (10.3), los integrantes del equipo técnico trabajaron en una interfaz que permitiera la interacción de los sistemas deargentina.gob.ar con el data warehouse que almacenaba los datos del sistema de gestión de expedientes ^{Cf. Tablero de Seguimiento Trello, 30/06/17.} .

Respecto de los organismos testigo (10.2), el compromiso no establecía quién, ni en función de qué criterio, los seleccionaría y, aunque esta instancia no era presentada como una oportunidad para la participación ciudadana, voceros de la sociedad civil subrayaron que no se les había convocado para definirlo y ni siquiera les constaba que los organismos hubieran sido elegidos ^{Grupo focal con sociedad civil, Buenos Aires, 20/09/17.} . Funcionarios del equipo de implementación, por su parte, anunciaron que, “en virtud de una implementación más eficiente, se decidió que el objeto de la plataforma serán todos los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional que utilicen el sistema de gestión de expedientes electrónicos, ya que las horas de desarrollo para un objeto acotado o amplio serían las mismas, mientras que el impacto del modelo actual es considerablemente mayor, especialmente en términos de beneficio para el ejercicio del derecho de acceso a la información” ^{Cf. Tablero de Seguimiento Trello, 30/06/17.} .

Las mesas de diálogo con OSC (10.4) no tuvieron lugar, razón por la cual el nivel de cumplimiento de este compromiso es calificado como sustancial y no como completo. En lugar de las mesas, entre abril y mayo de 2017 se realizaron algunas acciones externas de difusión, consistentes en reuniones más o menos informales con algunas OSC, generalmente a partir de encuentros casuales en conferencias y seminarios, y acerca de temas vinculados con el tema del compromiso (tales como la calidad de las respuestas a los pedidos de acceso brindadas por diversos organismos o la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública), pero que no giraban específicamente en torno de la implementación del compromiso ^{El Gobierno reportó la realización de tres reuniones o conjuntos de reuniones: la primera reunión, con ACIJ, tuvo lugar en el marco del Encuentro de la Red Federal de Acceso a la Información y giró en torno de la calidad de respuesta que brindan los organismos a los pedidos de acceso (12/04/17); la segunda reunión, con CIPPEC, trató sobre un proyecto de evaluación sobre la implementación del Reglamento de Acceso a la Información Pública (19/04/17); finalmente, en el marco del XIII Encuentro de la RTA se realizaron reuniones con ACIJ, Poder Ciudadano, ADC y Directorio Legislativo sobre la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la tramitación de solicitudes de acceso a la información y los desafíos implicados (11/05/17).} . En ese sentido, una integrante de una de las organizaciones mencionadas que también participó en el grupo focal destacó: “Se informa que se hicieron tres reuniones, pero éstas se realizaron en el marco de otro espacio, la Red de Acceso a la Información, y será porque [los funcionarios] fueron a hablar en un panel, pero entendemos que no se hizo en cumplimiento del compromiso de OGP. En realidad, no hubo participación activa de la sociedad civil en la implementación; solo estamos al tanto de lo que vemos en el trello” ^{Grupo focal con sociedad civil, Buenos Aires, 20/09/17.} .

En cumplimiento del hito 10.5 se realizaron capacitaciones internas dirigidas a los agentes estatales que deberían utilizar el nuevo sistema de carga de datos: funcionarios, enlaces, responsables de mesas de entrada y equipos jurídicos de los diferentes organismos. Sin embargo, cabe señalar que varias de las reuniones reportadas tuvieron lugar antes del inicio de este compromiso; es decir, formaban parte de la política de los organismos involucrados, pero no fueron realizadas específicamente en cumplimiento de los hitos prometidos. En efecto, tal como lo reporta el gobierno, en enero de 2016 se convocó a los funcionarios de Unidades Ministro de todos los ministerios y se les presentó el alcance del Decreto 1172/03, con énfasis en los reglamentos de Acceso a la Información y de Gestión de Intereses. Durante el año 2016 y hasta principios de 2017 se llevaron a cabo ocho talleres de capacitación y actualización destinados a enlaces y responsables de mesas de entrada. La mitad de ellos tuvo lugar durante el período de implementación del compromiso. Todos los ministerios tuvieron presencia en, por lo menos,dos capacitaciones; también participó la mayoría de los organismos descentralizados. En total, 398 funcionarios vinculados al trámite de acceso a la información pública asistieron a las capacitaciones ^{Los encuentros de desarrollaron en las siguientes fechas: 16/02/16, 30/03/16, 27/04/16, 31/05/16, 09/08/16, 25/08/16, 09/03/17 y 24/04/17. Cf. Tablero de Seguimiento Trello, 30/06/17.} .

Adicionalmente, se concertaron 13 reuniones individuales con los responsables de las direcciones de asuntos jurídicos de los ministerios. Estas giraron en torno de la interpretación de las excepciones del Decreto 1172/2003 y los cambios que supondría la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en septiembre de 2016.

Con el objeto de aceitar los mecanismos requeridos para la puesta en marcha del portal, se estableció una Red de Enlaces de Acceso a la Información Pública para vincular a los responsables de dar curso a las solicitudes de información pública en la Administración Pública Nacional, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado. Los funcionarios a cargo del compromiso informaron que el año 2016 cerró con una red en actividad permanente de 102 enlaces de acceso, y que para entonces todos los ministerios, la Jefatura de Gabinete de Ministros y las Secretarías Legal y Técnica y General de la Presidencia habían designado a su responsable. También lo había hecho el 83% de los organismos descentralizados y las empresas del Estado. Los citados funcionarios destacaron, asimismo, que se continuaba promoviendo el contacto frecuente con los organismos que aún no habían designado enlaces, y que la meta era llegar a fin de 2017 con la totalidad de los organismos trabajando en conjunto ^{Cf. Tablero de Seguimiento Trello, 30/06/17.} .

A la fecha de cierre de este informe, la plataforma de pedidos y respuestas a solicitudes de información pública es accesible desde el portal de datos del gobierno nacional, y contiene dos listados con informaciones tales como la fecha del pedido, el estado del trámite y una síntesis del objeto de cada solicitud, correspondientes al año 2015 y al primer semestre de 2016 ^{Cf. http://datos.gob.ar/dataset/solicitudes-acceso-informacion-publica.}.

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente

Participación ciudadana: No cambió

Como resultado de este compromiso se montó una plataforma piloto con la síntesis de las solicitudes de acceso a la información, el estado de los trámites y las respuestas obtenidas de parte de los ministerios y entes descentralizados del Estado nacional durante un año y medio (2015-2016). No se constata que se hayan incluido actualizaciones para el segundo semestre de 2016 o el primero de 2017. De hecho, por tratarse de un piloto, y en vistas de la inminente entrada en vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública ^{De acuerdo con la Ley 27.275, cualquier ciudadano podrá solicitar información a cualquier ministerio u organismo en la órbita de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación, los cuales deberán responder en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial. La ley también introduce obligaciones de transparencia activa: todas las áreas del Estado deberán publicar de manera accesible, actualizada y en formato reutilizable la información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones, entre otros ítems. En su artículo 8, referido a las excepciones, la ley establece: “El carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada por razones de defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades competentes, de forma previa a la solicitud de información'. Cf. Ley 27.275, aquí: http://goo.gl/8Mpyzz.} a fines de septiembre de 2017, no se preveía que el portal continuara siendo actualizado en el futuro.

La implementación de este compromiso no produjo avances en el terreno de la participación ciudadana, ya que las mesas de diálogo no se llevaron a cabo, y por consiguiente la sociedad civil no participó en el proceso. Respecto del acceso a la información, por su parte, la implementación del compromiso produjo un avance marginal, dadas las limitaciones tanto de su cobertura temporal como de los contenidos publicados. En efecto, mientras estuvo en línea, la plataforma proporcionó información acerca de los pedidos de información y las respuestas brindadas, pero no incluyó la publicación de los documentos divulgados.

Tal como lo plantea la responsable de la Coordinación de Gobierno Abierto, la utilidad de este compromiso tuvo que ver más con el aprendizaje interno que con el acceso externo. En ese sentido la entrevistada, Natalia Carfi, recuerda que hacia marzo de 2016, cuando se redactó este compromiso, “se sabía que el proyecto de ley de acceso a la información estaba por ser enviado al Congreso. No sabíamos si iba a salir, de modo que queríamos que el compromiso fuera útil para la aplicación tanto del decreto 1172 como, si se aprobaba, de la ley”. De modo que - continúa Carfi - el compromiso “sirvió para trabajar dentro del sistema de gestión de expedientes de la administración pública nacional el módulo de acceso a la información de modo de generar el circuito administrativo del trámite” ^{Entrevista con Natalia Carfi, Buenos Aires, 20/09/17.} . Aprobada la ley, sin embargo, su aplicación quedaría en manos de un nuevo organismo, la Agencia de Acceso a la Información Pública, y no ya del ministerio responsable de la implementación de este compromiso. De hecho, el portal ya no volvió a actualizarse tras la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública ^{La documentación de respaldo de la evaluación de este compromiso se encuentra disponible en http://goo.gl/Va2Hqo.}.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Este compromiso no se retomó porque la autoridad de aplicación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública aún no se había conformado cuando se realizaron las mesas de trabajo conducentes a la elaboración del tercer plan de acción. La nueva Agencia de Acceso a la Información Pública, que iniciará sus actividades en octubre de 2017, es un organismo con autonomía funcional en la órbita del Poder Ejecutivo ^{Cabe señalar que, a pocos días de la instalación de esta agencia, seis OSC –entre las que se contaban cuatro que habían participado asiduamente en los procesos de gobierno abierto- emitieron un comunicado para cuestionar públicamente el decreto reglamentario que, a su entender, había modificado las facultades de la Agencia de Acceso a la Información Pública, recortando su autonomía. Cf. Directorio Legislativo, 27/09/17, “Reclamo de organizaciones por la reforma por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública”, http://goo.gl/i5tPnJ.}.