Perceptions and Representations of People with Disabilities on Service Institutions (AR0063)

Status quo o problema que se quiere resolver: En Argentina, el número de personas con dificultades y limitaciones permanentes alcanza al 12,9% de la población según el último Censo (2010) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La concepción de la discapacidad ha experimentado un importante desarrollo, pasando de un pensamiento enfocado exclusivamente en los estados de salud a una mirada más amplia que se extiende hacia un modelo universal con enfoque biopsicosocial que sirve de marco para pensar la salud-enfermedad-atención. Este marco conceptual fue adoptado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Nuestro país ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Asamblea General de la ONU el 13/12/2006, mediante la Ley N° 26.378 promulgada el 06/06/2008. Dicha Convención adquirió jerarquía Constitucional mediante la Ley N° 27.044 del 19/11/2014. La Convención propone un nuevo paradigma a partir del cual la discapacidad deja de ser un tema de salud exclusivamente y comienza a abordarse como una cuestión de derechos humanos que deben ser garantizados en condiciones de igualdad. En este contexto, las políticas de discapacidad requieren nutrirse de las visiones de los propias personas que vivencian la discapacidad para adoptar el enfoque biopsicosocial propuesto. Objetivo principal: Fomentar el diálogo para la definición de prioridades y la formulación de políticas públicas en discapacidad convocando a personas con discapacidad, familias, y organizaciones a fin de garantizar el cumplimiento de la Convención. Breve descripción del compromiso: Se promoverá la participación activa de las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil para la formulación de políticas públicas. Las personas con discapacidad suelen tener una percepción clara acerca de su situación y necesidades, por consiguiente es preciso consultarlas y procurar su mayor participación. Ante todo, las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer el control de sus vidas y, por tanto, se las debe consultar acerca de cuestiones que les atañen directamente, ya sea en relación con su salud, rehabilitación o la vida en comunidad. Desafío de OGP atendido por el compromiso: Mejorar los servicios públicos. Relevancia: Participación ciudadana para garantizar derechos en condiciones de igualdad, lo cual demanda una mayor presencia del Estado, así como el desarrollo e implementación de políticas públicas de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, políticas vinculadas a la recuperación funcional e inclusión social de las Personas con Discapacidad. Estas políticas públicas, en el contexto actual, solo son factibles de plasmarse mediante un accionar integrado y coordinado entre las distintas instituciones vinculadas con la temática y con una participación activa de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. Ambición: Que se aborden y adopten políticas y programas de discapacidad alineadas con la concepción impulsada por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), en tanto organismo rector en la materia, y que las políticas, programas, prestaciones y las actividades tengan su centro en las personas con discapacidad como sujeto activo.