Transparency in Extractive Industries (AR0079)

What is the public problem that the commitment will address?
The Argentine society does not access accurate and reliable information in open formats on certain legal, social, environmental and economic aspects of extractive activities (oil, gas and mining), which are fundamental for the governance and transparency of these industries. In this sense, we identify as a problem the lack of information on the economic flows of payments from companies to the State for taxes, fees or other non-tax payments such as royalties, contributions to trusts, distribution of profits in UTE ( Transitional Unions of Enterprises), as well as information on the benefits and fiscal costs of the mining investment regime and social and environmental information of projects incorporated therein.

What is the commitment?
The commitment consists in publishing information on the extractive industries referring to economic, legal and tax aspects of extractive activities, as well as the evaluations of the fiscal costs and benefits of the mining investment regime (Law 24,196) made on the basis of a co-created methodology with civil society organizations (CSOs). Social and environmental information existing in the Secretariat of Mining Policy (SPM, for its acronym in Spanish) will also be systematized and made available on projects that request the benefit of fiscal stability within said regime. The general objective that guides this commitment is to contribute to the governance and transparency of these industries in our country. It seeks to ensure the transparency of information regarding objectives, beneficiaries, requirements, amounts and results of the regime in economic and financial terms, both in methodological design and in its implementation.

How will the commitment contribute to solving the public problem?
The lack of information and transparency creates governance problems in these industries because it increases distrust among stakeholders involved. For this reason, it is important to solve the problem of the register of information and its easy and friendly access, as well as provide elements for the interpretation of the data. Similarly, the evaluation of the mining investment regime, on the basis of an agreement with the interested parties on the methodological aspects, provides confidence and credibility in the results. At the same time, having impact evaluations will allow us to know if the objectives sought with the mining activity promotion regime are achieved and if it is an efficient, reasonable and equitable public policy or if it needs to be reviewed. Thus, solving the problem is a condition to improve citizen participation and the quality of discussions about public policies that aim to achieve social, economic and environmentally responsible development of these industries.

Why is this commitment relevant to OGP values?
The commitment is mainly relevant to transparency because it implies an increase in the quantity and quality of the information, understanding that quality takes into account both technical consistency and the ability to meet the needs of users in general. It improves access to information and makes the exercise of this right easier. It also implies the co-creation of a public policy evaluation tool with the participation of civil society organizations in the methodological design process, as well as the publication of the results of the evaluations that arise from its implementation. Also, it entails instances of accountability on the implementation of a public policy. Therefore, this commitment involves the values of citizen participation and accountability as well.

Additional information
The Secretariat of Mining Policy and the Secretariat of Energetic Planning are actively participating in the process of implementing the EITI standard in Argentina together with the extractive sector companies and civil society organizations involved in this issue. The Cabinet Office and the Secretariat of Public Revenue also participate representing government. The process will also include provinces that voluntarily adhere to the implementation of the On the other hand, both agencies support and continue to develop information systems related to the hydrocarbon and mining industries. These systems comply with open data standards and aim to facilitate access to public information to diverse users, both experts and non-experts.

1. Transparencia en industrias extractivas

Texto del compromiso:

El compromiso consiste en publicar información sobre las industrias extractivas referida a aspectos económicos, jurídicos y tributarios de las actividades extractivas, así como las evaluaciones de los costos y beneficios fiscales del régimen de inversiones mineras (Ley 24196) realizadas sobre la base de una metodología cocreada con OSC. También se sistematizará y disponibilizará información social y ambiental existente en la Secretaría de Política Minera sobre los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal dentro de dicho régimen.

Objetivo principal

Contribuir a la gobernanza y la transparencia de estas industrias en nuestro país. Se busca asegurar la transparencia de la información relativa a objetivos, beneficiarios, requisitos, montos y resultados del régimen en términos económicos y financieros, tanto en el diseño metodológico como en la implementación del mismo.

Hitos

1.1 Publicación semestral de información relativa al proceso de implementación del estándar EITI en Argentina en un formato amigable y suministro de elementos de interpretación de esa información; así como enlace a las publicaciones del proceso EITI con los portales públicos ya existentes.

1.2 Publicación semestral de información catastral de fuentes provinciales en el CIMA (Centro de Información Minera de Argentina).

1.3 Colaboración entre Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para la evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera:

1.3.1 Realización de al menos tres (3) reuniones para acordar una metodología de evaluación consensuada por las partes involucradas (se acordará la frecuencia de actualización, el formato y la publicación de estas evaluaciones);

1.3.2 Publicación en los sitios web oficiales de la SPM de los resultados de la implementación de la metodología para realizar la evaluación del régimen;

1.3.3 Realización de al menos una (1) reunión presencial de rendición de cuentas convocada por el organismo responsable, permitiendo la formulación de consultas y recepción de comentarios y/o sugerencias sobre los resultados de la evaluación.

1.4 Sistematización y disponibilización de la información social y ambiental existente en la SPM referida a los proyectos que solicitan el beneficio de la estabilidad fiscal en el marco del régimen de inversiones mineras (entendiendo que no se trata de los estudios de impacto ambiental que presentan ante las autoridades provinciales competentes). Para ello, se cocreará el producto de esa sistematización: el formato en que se podrá disponer de esa información.

1.5 Implementación de una estrategia de sensibilización -entre la SPM y la Subsecretaría de Planeamiento Energético- para la adhesión de las provincias a este compromiso y de una política de comunicación para el involucramiento de las OSC provinciales. Se convocará a las organizaciones que participan de la mesa de cocreación para diseñar conjuntamente la estrategia de sensibilización. Asimismo, se promoverá la generación de un debate informado, y la participación de las comunidades y pueblos involucrados en la problemática de las industrias extractivas.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Análisis del compromiso

A partir del diagnóstico de que la falta de información y transparencia alimenta la desconfianza y favorece la corrupción, este compromiso persigue el objetivo de aumentar la transparencia de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería) mediante la publicación de información en formatos abiertos sobre aspectos jurídicos, sociales, ambientales y económicos del régimen de inversiones mineras. En particular, busca poner a disposición del público datos, faltantes en el momento de la cocreación del compromiso, relativos a los flujos económicos que suponen los pagos de las empresas al Estado en concepto de impuestos, tasas o pagos no tributarios, y a los beneficios y costos fiscales del régimen de inversiones mineras, así como sobre los impactos sociales y ambientales de los proyectos extractivos incorporados a ese régimen.

Adicionalmente, el compromiso busca involucrar a la sociedad civil en un proceso de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera, actualmente en discusión.

El primer componente del compromiso fue incluido en el plan de acción en línea con un compromiso internacional recientemente contraído por el país. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual Argentina forma parte desde principios de 2019 [1], exige de gobiernos y empresas la divulgación de información sobre sus ingresos procedentes del gas, el petróleo y la minería; así como sobre el marco legal, la emisión de licencias y contratos, la exploración y producción, y el gasto social y económico, entre otros. El estándar EITI proporciona una metodología para la apertura de información, la participación ciudadana y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas, incluida la conformación de un grupo multiactor [2] para gestionar la implementación del estándar.

El segundo componente del compromiso apunta a generar una relación de colaboración entre la Secretaría de Política Minera (SPM) y las OSC para producir y aplicar una metodología de evaluación de los costos y beneficios del régimen de estabilidad fiscal minera vigente, un mecanismo cuya efectividad ha sido disputada debido a la inestabilidad de la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras, que ha generado incertidumbre ante las empresas inversoras en el sector [3]. Asímismo, busca sistematizar y disponibilizar la información social y ambiental existente referida a los proyectos que hacen parte del régimen de inversiones mineras.

El compromiso es verificable, ya que sus hitos suponen la realización de actividades y/o de productos comprobables (reuniones con determinados actores y con objetivos predefinidos; publicación de ciertas categorías de datos con una frecuencia predeterminada). El compromiso es relevante a los valores de OGP de transparencia y acceso a la información y de participación ciudadana.

Según lo expresaron varias fuentes de sociedad civil en sus respuestas a la encuesta del IRM, si bien el compromiso no responde a una demanda de larga data de la sociedad civil ni a una necesidad expresa de la ciudadanía, existen actores interesados en disponer de la información que resultaría de su implementación, y en condiciones de sacar provecho de ella [4]. Las mismas OSC también señalaron, en ese sentido, que una falencia del proceso de cocreación de este compromiso fue la ausencia de representantes de pueblos indígenas, así como de representantes de los gobiernos provinciales, las entidades con competencia originaria en materia de recursos naturales [5].

Desde su ingreso a la EITI, Argentina cuenta con un Portal de Transparencia de las Industrias Extractivas, que ya contiene algunas de las informaciones requeridas en las categorías de exploración y explotación, comercio exterior, recaudación de ingresos e impacto ambiental (en orden decreciente de densidad y completitud de la información ofrecida). Es de esperar que esta base de datos se incremente como resultado del trabajo de Argentina el marco del EITI, independientemente del compromiso asumido ante OGP.

En ese sentido, el valor agregado del componente de publicación de datos incluido en el compromiso se reflejaría ante todo en los productos del hito 1: la publicación semestral, en formatos amigables para un público más amplio, de información relativa a los avances realizados en la implementación del estándar EITI, con enlaces a las publicaciones efectuadas en los portales públicos ya existentes. Desde la perspectiva de la sociedad civil consultada, la implementación de este componente redundará en la publicación de alguna “información que hasta ahora no es pública” [6]. Sin embargo, según la misma entrevistada, esa información sería insuficiente debido a que “la información de impacto social no ha podido ser incluida y se trata de un análisis que debería realizarse en conjunto con los gobiernos provinciales involucrados para que sea completa”.

Por su parte, el componente de participación ciudadana del compromiso busca involucrar a la sociedad civil en la discusión de la efectividad del régimen de estabilidad fiscal vigente. Se trata de una actividad importante, sobre todo en vistas de la inestabilidad en la aplicación del régimen fiscal y el involucramiento limitado de la sociedad civil en la toma de decisiones en el sector minero. En consecuencia, esta actividad se puede considerar ambiciosa. Sin embargo, tiene limitaciones de alcance. El problema principal en el sector minero es la falta de consultas públicas en las etapas de evaluación ambiental. A pesar de la existencia de un marco regulatorio minero que incluye con carácter obligatorio la consulta libre, previa e informada, los pueblos indígenas que pueden ser afectados negativamente por la actividad minera no han sido involucrados efectivamente en el proceso, lo cual ha generado desconfianza [7]. Por ello, se reconoce la importancia de estas instancias de participación. No obstante, a la hora de enfrentar los problemas de gobernanza de esta industria quedan retos importantes, en particular en materia de provisión de información e involucramiento de la ciudadanía, y específicamente de los grupos directamente afectados.

Compromiso 1. Transparencia en industrias extractivas

● Verificable: sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

● Cumplimiento:completo

● ¿Abrió El Gobierno?marginalmente

El compromiso fue implementado en su totalidad, aunque no exactamente en la forma en que estaba formulado debido, según el funcionario a cargo [1], a la “discontinuidad institucional” en el organismo y al “desconocimiento” de quienes habían redactado el compromiso. Según dicho funcionario, se logró avanzar gracias a la cooperación con una entidad académica y una OSC.

El compromiso redundó en el rediseño de la página web de EITI Argentina [2] y la publicación de información actualizada de todas las provincias sobre la localización de los proyectos mineros, cantidad por provincia, estado y minerales producidos, así como de información socioambiental sistematizada. Todo ello se encuentra disponible en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad de la Actividad Minera (SIACAM) [3], establecido para reemplazar al CIMA (Centro de Información Minera de Argentina).

Asimismo, se realizaron algunas acciones de sensibilización en el marco del Plan de Acción Nacional EITI Argentina y se organizaron tres reuniones con la sociedad civil, aunque solamente dos de las seis organizaciones invitadas participaron efectivamente y una que había tenido fuerte participación en el proceso de cocreación declinó de participar por considerar que el compromiso asumido “distaba de la propuesta acercada originalmente por nuestra organización” [4]. De la colaboración con las dos organizaciones mencionadas, sin embargo, surgió un documento de trabajo (publicado en septiembre de 2022) sobre los costos y beneficios de la minería en Argentina [5].

Por diferentes motivos, el Gobierno y la sociedad civil concuerdan en que el compromiso produjo cambios positivos, pero menores. Desde la sociedad civil se manifestó que el compromiso estuvo demasiado “focalizado en el EITI”, con lo cual duplicaba otras iniciativas, no respondía a la demanda y carecía de ambición [6]. El funcionario consultado, por su parte, admitió que “el alcance y la viabilidad” del compromiso podrían haber sido mayores de haber sido redactado con mejor conocimiento de la materia, y que su implementación se vio entorpecida por “la falta de asistencia de la mayoría de las OSC” [7].