Strengthening Environmental Democracy (CL0031)

Status quo o problema que se quiere resolver: Implementar plenamente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales de modo que se garantice el derecho de las personas a participar informadamente en las decisiones que les afectan, con especial énfasis para las comunidades vulnerables.
Busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones con impactos ambientales.
Objetivo principal: Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso internacional regional, que bajo el liderazgo de Chile, busca la construcción de un instrumento de cooperación para Latino América y el Caribe respecto a los derechos de acceso.
A nivel internacional la importancia del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales se consagró en la Cumbre de la Tierra con la adopción del Principio 10 que reconoce que dichos derechos de acceso son la mejor manera de lidiar con los desafíos ambientales. Tomando en cuenta los avances en Latinoamérica y el Caribe así como los desafíos pendientes, Chile, trabajando de cerca con organizaciones de la sociedad civil, propuso una declaración regional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, Brasil junio 2012).
En lo principal, la declaración señala que “Es necesario alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países de la región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada. América Latina y el Caribe puede y debe dar un paso significativo en esta materia”.

Compromiso 12. Fortalecimiento de la democracia ambiental (✪)

Texto del compromiso

Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso internacional regional que, bajo el liderazgo de Chile, busca la construcción de un instrumento de cooperación para Latinoamérica y el Caribe respecto a los derechos de acceso.

A nivel internacional, la importancia del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales se consagró en la Cumbre de la Tierra con la adopción del Principio 10, que reconoce que dichos derechos de acceso son la mejor manera de lidiar con los desafíos ambientales. Tomando en cuenta los avances en Latinoamérica y el Caribe así como los desafíos pendientes, Chile, trabajando de cerca con organizaciones de la sociedad civil, propuso una declaración regional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, Brasil junio 2012).

En lo principal, la declaración señala que “Es necesario alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992.

Por ello, manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional, que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países de la región, y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada. América Latina y el Caribe puede y debe dar un paso significativo en esta materia”.

Institución responsable:  Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

Instituciones de apoyo:  Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio Secretaría General de Gobierno y otros servicios públicos relacionados con la temática.

Fecha de inicio: julio 2014  Fecha de término: julio 2016

Nota editorial: Este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, tiene impacto potencial transformador y fue sustantivamente o completamente implementado

Objetivo del compromiso

Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso internacional regional que, bajo el liderazgo de Chile, busca la construcción de un instrumento de cooperación para Latinoamérica y el Caribe respecto a los derechos de acceso.

Cumplimiento: Completo al medio termino

A la fecha del informe de medio término, este compromiso se encontraba completo. Respecto a la postura nacional sobre la naturaleza y contenido del instrumento regional, existió una discrepancia entre la evaluación realizada por las organizaciones de la sociedad civil participantes y el Ministerio de Medio Ambiente. En noviembre de 2014, el Subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en la inauguración de la Cuarta Reunión de Puntos Focales realizada en noviembre del 2014 en Santiago, declaró: 'Chile no sólo propicia un acuerdo vinculante, sino además que éste sea lo suficientemente ambicioso y efectivo para asegurar los derechos de acceso”.

Para el gobierno, esta declaración es la expresión de la postura nacional sobre la naturaleza del instrumento. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas indicaron que dicha declaración cumple sólo parcialmente con el compromiso, ya que no existe un documento oficial con la posición de Chile sobre la importancia de negociar un convenio legalmente vinculante. La posición país está también explícita en las presentaciones realizadas en las reuniones de la Mesa Chile del P10, particularmente en las de diciembre de 2015, marzo de 2016 y mayo de 2016. Los informes de las rondas de negociación disponibles para conocimiento público establecen también esta postura  ^{http://negociacionp10.cepal.org/3/es/documentos/informe-la-segunda-reunion-comite-negociacion y http://negociacionp10.cepal.org/2/es; http://negociacionp10.cepal.org/3/es. } .

Los tres objetivos principales del compromiso se refieren al liderazgo de Chile en el proceso regional y su participación en las diferentes actividades y reuniones internacionales. Estos fueron cumplidos a cabalidad. Desde 2012, el Gobierno de Chile es parte de la Co-presidencia de la Mesa Directiva junto con Costa Rica. De acuerdo a la información disponible, Chile en su calidad de co-presidente dirigió un total de once reuniones, virtuales y presenciales, desarrolladas entre febrero de 2014 y julio de 2015. Durante el segundo año de implementación del plan de acción, Chile participó en dos nuevas rondas de negociación, una en Panamá (octubre 2015) y la otra en Uruguay (abril 2016) y dos reuniones inter-sesionales, en julio y septiembre de 2015. Para mayor información sobre el status de este compromiso al cierre del primer año de implementación, ver el Informe de Avances Chile del MRI 2014-2015. 

Durante el segundo año de implementación del plan de acción, el proceso y la consulta se difundieron en el Comité de Participación Ciudadana y en el Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y ante el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia del Medio Ambiente  ^{En el sitio web del MMA se mantiene el portal de democracia ambiental con la información y documentación del proceso: http://portal.mma.gob.cl/democracia-ambiental-cooperacion-internacional-para-derechos-ciudadanos/.} . Por su parte, la Mesa Chile P10 sesionó en 6 ocasiones (agosto, septiembre, octubre y diciembre 2015 y marzo y mayo 2016).

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente

Participación ciudadana: Marginalmente

Este compromiso busca superar las barreras que existen para que todas las personas puedan participar de manera informada en las decisiones que impactan el medio ambiente y que les afectan.

El gobierno de Chile se comprometió a liderar un proceso regional con el objetivo de crear un instrumento común para mejorar el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Este instrumento deberá objetivar y estandarizar las condiciones de la democracia ambiental, estableciendo parámetros para su ejercicio y evaluación, contribuyendo así a mejorar el desempeño de los países en esta materia.

Además, se han adoptado medidas para incorporar el acceso a la información y la participación en asuntos ambientales a nivel nacional. Entre las medidas que se han adoptado, se señalan las siguientes:

1. Se actualizó la Norma General de Participación Ciudadana del MMA  ^{http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/doc/Norma-PAC-MMA_Res-0601.pdf}  
2. Se realizaron consultas ciudadanas voluntarias  ^{Es posible revisar en el siguiente enlace los instrumentos estratégicos que se han sometido a este mecanismo http://portal.mma.gob.cl/instrumentos-estrategicos/} ;
3. Se inició el proceso de planificación de actividades de consulta pública (PAC) en los programas para la recuperación ambiental y social (PRAS)  ^{http://portal.mma.gob.cl/anteproyecto-programa-para-la-recuperacion-ambiental-y-social-de-quintero-puchuncavi/} ;
4. Se organizaron cabildos ciudadanos de la Comisión Asesora Presidencial para modificación del SEIA  ^{http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf}
5. Se realizó una consulta indígena  ^{http://consultaindigena.mma.gob.cl/} .

Respecto al acceso a la información, se han realizado mejoras a los distintos componentes del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), Catalogador de Metadatos, Infraestructura de Datos Espaciales y el Sistema Integrador de Información Ambiental. El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (http://www.retc.cl) está incorporando la ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor, fomento al reciclaje y el registro de los establecimientos afectos a impuestos verdes.

De la información señalada anteriormente, son notables los esfuerzos realizados por el gobierno chileno de consolidar una posición y un marco normativo para el acceso a la información en materia de justicia ambiental. Hasta el momento, se ha avanzado en el desarrollo de diferentes espacios de difusión de la iniciativa con amplia participación de la sociedad civil. Esto incluye, entre otros, un proceso de consulta ciudadana y la aprobación de una norma general en materia de participación ciudadana para el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, para la investigadora del MRI no hay certeza acerca de si estos progresos son resultado del proceso de negociación regional del Principio 10 o son actividades que de igual forma el Ministerio de Ambiente habría llevado a cabo.

Por otro lado, para comenzar la implementación del Convenio del Principio 10 para América Latina y el Caribe y ver sus efectos en términos de mayor información y participación en los asuntos ambientales faltan dos pasos fundamentales:

- Los países signatarios deben finalizar su negociación que se estima para diciembre del 2017;

- Cada país debe ratificar el Convenio en sus congresos, si es que se acuerda que éste sea de carácter vinculante.

¿Se llevó adelante?

Este compromiso fue incorporado en el borrador del tercer plan de acción 2016-2018 del Gobierno de Chile.