Strengthening Environmental Democracy (CL0033)

Problema: A nivel internacional la importancia de esta temática se consagró en la Cumbre de la Tierra (1992) con la adopción del Principio 10 que reconoce que dichos derechos de acceso son la mejor manera de lidiar con los desafíos ambientales. Tomando en cuenta los avances en Latinoamérica y el Caribe así como los desafíos pendientes, Chile, trabajando de cerca con organizaciones de la sociedad civil, propuso una declaración regional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, Brasil junio 2012).
En lo principal, la declaración señala que “Es necesario alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Por ello, manifestamos nuestra voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países de la región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada. América Latina y el Caribe puede y debe dar un paso significativo en esta materia”. Objetivo: Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso internacional regional que bajo el impulso de Chile, busca la construcción de un instrumento de cooperación para Latinoamérica y el Caribe respecto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.Descripción: Liderar proceso internacional regional hacia instrumento para fortalecer la democracia ambiental e implementar buenas prácticas de transparencia y participación en materia de cambio climático. Relevancia: Los valores OGP que destacan en el presente compromiso son, principalmente, la transparencia y la participación, tanto a nivel del proceso internacional como de las actividades y acciones a nivel nacional.
Así, la transparencia está tratada en cuanto uno de los objetivos del proceso es el acceso a la información. En coherencia, el proceso en sí busca ser transparente a través de mecanismos tales como un registro público. En virtud de este mecanismo, las personas interesadas en el proceso pueden mantenerse informadas, acceder a los documentos oficiales, estar al tanto de como efectuar contribuciones, elegir representantes y gestionar su participación en las reuniones internacionales.También destaca la apertura de las negociaciones ya que, salvo excepciones fundadas las reuniones son públicas. A su vez, a nivel nacional se fomenta este principio básicamente a través de la comunicación de lo acontecido en las reuniones internacionales, particularmente de la posición país lo que se refuerza con la difusión en el sitio web ministerial. http://portal.mma.gob.cl/democracia-ambiental- cooperacion-internacional-para-derechos-ciudadanos/
Por su parte, el valor de la participación ha sido recepcionado de modo similar en la negociación regional. En efecto, la participación pública informada es uno de los derechos que será parte del instrumento que se está negociando. De igual modo, se establecieron formas novedosas de participación cómo es de esperar de un proceso que busca un instrumento democrático. Las normas al respecto procuran involucrar a todo/a interesado/a permitiendo canalizar sus opiniones e intereses a través de instancias transparentes y abiertas y favorecer el diálogo. Se adoptó una amplia definición de público al conceptualizarlo como cualquier persona natural o jurídica u organizada en formas comunitarias. Finalmente, se opera distinguiendo distintos niveles de participación (presencial, informativo y participativo). A nivel nacional, la mesa comentada recibe los insumos del público.
Finalmente, la tecnología e innovación están presentes a través del mecanismo mencionado, la utilización de webex para realizar reuniones virtuales así como las transmisiones vía web streaming. Ambición: En la Cuarta Reunión de los Puntos Focales (Santiago, noviembre de 2014), los países dieron inicio al proceso de negociación del acuerdo regional, creando un Comité de Negociación, con la significativa participación del público. Para ello se constituyó una Mesa Directiva, integrada por Chile y Costa Rica como Copresidentes, y Argentina, México, el Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago como Vice-presidentes. Los países asimismo se comprometieron a emprender las actividades y consultas que requieran para preparar su participación en la negociación del instrumento regional con el fin de fortalecer el trabajo del Comité. Además, se acordó que a fin de favorecer la participación del público en las actividades y consultas, cada país signatario establecería mecanismos y diversas modalidades de participación, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, normativas y prácticas. En el caso de Chile, destaca la conformación de una mesa ampliada que reúne a sector público y al público interesado.
Además, en particular, la agenda de acción en Cambio Climático a nivel internacional y en Chile ha recibido un nuevo impulso a la luz del acuerdo concretado recientemente entre los países signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la COP21 y que se materializará formalmente en el Acuerdo de Paris, cuya firma ya se ha iniciado el 22 de Abril pasado. Este acuerdo impone acciones adicionales a los países como Chile en materia del reporte a Naciones Unidas en el avance de sus acciones locales así como en la información a poner disponible a la comunidad internacional.

✪ Compromiso 2: Fortalecimiento de la democracia ambiental

Texto del compromiso: Contribuir a la equidad y democracia ambiental en el marco del proceso internacional regional que, bajo el impulso de Chile, busca la construcción de un instrumento de cooperación para Latinoamérica y el Caribe respecto a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

Hitos:

1. Liderar el proceso regional ejerciendo la co-presidencia y participar en el Comité de Negociación (y sus eventuales instancias) de modo de impulsar contenidos que fortalezcan los derechos de acceso en la región.
2. Difundir el proceso de negociación en instancias nacionales y foros internacionales.
3. Realizar y/o apoyar actividades específicas como reuniones o seminarios con determinados grupos, tales como la academia, organizaciones comunitarias o no gubernamentales, y/o consultas sobre ciertas materias relacionadas con los derechos de acceso, con el objetivo de mantener y potenciar la apertura del proceso y considerar debidamente sus contribuciones.
4. Convocar a reuniones abiertas al público, tanto antes como después de las reuniones del Comité de Negociación, de modo de recibir aportes y rendir cuenta de las respectivas rondas.
5. Implementar el Principio 10 en acciones nacionales vinculadas a Cambio Climático tendientes a:

• Otorgar transparencia en el reporte del país a Naciones Unidas de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y de sus acciones en mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia tecnológica y creación de capacidades, a través de los Inventarios naciones de gases de efecto invernadero; sus reportes bienales de actualización (BUR) y Comunicaciones Nacionales(CN);
• Otorgar transparencia, Fortalecimiento de capacidades y participación pública que contribuyan en el reporte periódico, tanto a nivel internacional como en su construcción nacional, del avance de las medidas ofrecidas por el país en su INDC;
• Otorgar transparencia Fortalecimiento de capacidades y participación pública que contribuyan al avance de su plan de acción nacional de cambio climático 2017-2022.

Institución responsable: Ministerio del Medio Ambiente-Oficina de Asuntos Internacionales

Institución (es) de apoyo: Gobierno-Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha de inicio: septiembre 2016 Fecha de cierre: junio 2018

Objetivo del compromiso

El objetivo de este compromiso era conducir un proceso regional para fortalecer la democracia ambiental e implementar buenas prácticas de transparencia y participación en materias de cambio climático en lo nacional, a partir de los acuerdos internacionales. El compromiso incluye cinco hitos: los primeros cuatro se refieren a actividades acumulativas relacionadas con el ejercicio de la Presidencia del Comité de Negociación, mientras que el quinto hito propone acciones nacionales vinculadas al Principio 10 (P10). Por ello, la investigadora del MRI los agrupa en la tabla en dos hitos, para facilitar su revisión.

El Principio 10 aprobado en la Cumbre de la Tierra de 1992 reconoció que los derechos de acceso a la justicia, información y participación son la mejor manera de lidiar con los conflictos ambientales. Este estándar se reafirmó en la declaración regional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, Brasil junio 2012), en la que los países manifestaron su voluntad de iniciar un proceso para el establecimiento de un instrumento regional que permitiera materializar dichos derechos. Este compromiso expresa la voluntad de Chile de liderar un proceso para generar instrumentos de cooperación regional que lleven a hacer efectivos esos principios y a avanzar en democracia ambiental.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

En el primer año de implementación del plan de acción, Chile había liderado efectivamente un proceso de acuerdo regional sobre el P10. Chile participó en las 7 rondas de negociación llevadas a cabo en el período que se evalúa y en la totalidad de las rondas intersesionales. Además, el país coordinó el grupo de trabajo sobre acceso a la justicia. El proceso para la firma del acuerdo regional estaba en fase de revisión de artículos para la redacción final, con avance sustancial. Los hitos referidos a la difusión del P10 y de las negociaciones para el acuerdo regional en la materia, así como los referidos a la realización de actividades que involucraran a los sectores académicos, especialistas y para el público en general, si bien se habían hecho, no contaban con una evaluación satisfactoria, tanto por la cantidad de encuentros realizados, como por quienes habían participado en las actividades que se llevaron a cabo. Por último, frente al hito de promover la implementación del P10 en relación con la participación chilena relativa al cambio climático, se organizaron tres eventos de difusión de los informes nacionales sobre la materia y un seminario sobre cambio climático. Para la elaboración del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 se realizaron una consulta pública anticipada y una consulta pública intermedia. Adicionalmente, Chile, como integrante del grupo de cambio climático de la AGA, firmó nuevos memorandos y acuerdos de cooperación bilateral sur-sur y triangular. Para más información, consulte el informe 2016-2017 de medio término.

Fin de término: Sustancial

El hito 1 referido al liderazgo para el logro de un acuerdo regional para la implementación del P10 se cumplió cabalmente, tanto por el ejercicio del liderazgo como por el logro del objetivo. El 4 de marzo de 2018, el Comité de Negociación adoptó el texto final del Acuerdo Regional. [11] La apertura oficial para la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”) tuvo lugar el 27 de septiembre de 2018 en el edificio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, coincidiendo con el debate general anual de su 73.º Período de Sesiones.

La administración del Gobierno del presidente Piñera decidió no firmar el Acuerdo de Escazú dos días antes de la ceremonia de apertura para la firma. Aún no quedan claras las razones para distanciarse de un Acuerdo que inició y lideró durante su negociación. A la fecha de cierre de este informe, Chile no ha firmado el Acuerdo de Escazú.

En relación con el hito 2, el Gobierno hizo difusión de la negociación en foros nacionales e internacionales. En el marco del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2018 realizado el 11 de julio de 2018, Chile presentó aspectos del proceso de negociación en el “Evento Paralelo: Democracia ambiental para sociedades sostenibles”, organizado por CEPAL en colaboración con los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Francia, Italia, la Comisión Económica para Europa (CEPE), ONU Ambiente y la Iniciativa de Acceso. [12] El Ministerio de Medio Ambiente difundió el proceso en el encuentro “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre enfoques, tendencias y desafíos del Derecho Ambiental y Reunión y Consulta regional de los Puntos Focales Nacional del Programa de Montevideo de Derecho Ambiental”, realizado en la Ciudad de Panamá, Panamá, en el mes de junio de 2018. [13]

También se incorporaron artículos relativos al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, en las negociaciones de disposiciones ambientales y en Tratados de Libre Comercio, en ejecución o negociación. En particular, en las negociaciones con Tailandia, Argentina, Uruguay para el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11), así como con acuerdos con Brasil, Unión Europea y la Alianza del Pacífico‑Estados Asociados. [14] Así también, en la declaración final de la reunión de ministros de Chile y Argentina se destacó “la relevancia y plena vigencia del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y renovaron su compromiso con el proceso regional orientado a profundizar la materialización de sus conceptos”. [15]

En relación con el hito 3, se encuentra la participación de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos de la Cancillería en el Foro-Taller denominado “Acuerdo de Escazú: Una herramienta fundamental para la democracia ambiental en Chile. Información, participación y justicia en asuntos ambientales”, realizado en la Fundación Heinrich Böll el 8 de junio de 2018.

En relación con el hito 4, se realizaron 5 reuniones de la Mesa de Democracia Ambiental, integrada tanto por representantes del sector público como del público en general, en las cuales se informó sobre los temas y acuerdos de las rondas oficiales de negociaciones sobre el P10. En ellas se discutían las posiciones del público frente a los temas y resoluciones oficiales, para representarlas en las rondas siguientes. Otro medio de información ha sido el portal de asuntos internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, que ha incluido una sección titulada “Democracia Ambiental: Acuerdo Internacional en favor de Derechos Ciudadanos”, que contiene información referente al proceso de negociación así como documentación y recursos relacionados. [16]

En relación con el hito 5, se espera que la ley de cambio climático que se prepara en el país sea un aporte al aseguramiento de la transparencia, la participación y el control ciudadano sobre los reportes en materias que afectan al cambio climático, así como en la generación de planes de acción para cambiarlo, al establecer al hacerlos obligatorios y regularlos. Sin embargo, el proyecto debe entrar al Congreso el segundo semestre del 2019 para los trámites legislativos, por lo que aún no se puede evaluar la efectividad de su aporte.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente

Participación ciudadana: Marginalmente

Estas acciones y sus hitos fueron muestra del compromiso adquirido por Chile en el liderazgo de esta iniciativa en el nivel regional, con miras a incluir compromisos vinculantes para fortalecer la democracia ambiental e implementar buenas prácticas de transparencia y participación en materias de cambio climático. En esta medida, las acciones derivadas de este compromiso comprenden (i) los esfuerzos realizados por el Gobierno chileno en el escenario internacional, los cuales en su esencia no abordan aspectos de gobierno abierto y (ii) la implementación del P10 en acciones de transparencia, para así aumentar el acceso a la información vinculada al cambio climático.

Más allá de los resultados obtenidos en la esfera internacional, previamente ya se habían dado muy importantes avances en el acceso a la información ambiental, en particular con la consagración constitucional de la publicidad de los actos de la administración y la ley de transparencia. Asimismo, la Ley 20.417 del 2010 reformó las bases generales del medioambiente consagradas en la Ley 19.300 de 1994, y estableció, entre otros, que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y permitir el acceso a la información ambiental. [17] Con la reforma ambiental de 2010, las personas tienen derecho a acceder a toda información de carácter escrito, visual, sonoro, electrónico o registrado que verse sobre diferentes cuestiones asociadas al medioambiente, entre ellas, sobre factores asociados al cambio climático y que generan afectaciones al medioambiente, tales como emisiones y liberaciones. [18]

Los objetivos y compromisos contemplados en el Acuerdo de Escazú son un nuevo referente que exige implementaciones administrativas para el fortalecimiento y la promoción de los instrumentos vigentes en el país, sobre acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno está pendiente de impulsar iniciativas que permitan la debida implementación de este acuerdo internacional y no existe una voluntad política para hacerlo, tal y como lo demuestra la decisión de no adoptarlo. Por tal motivo, ante la adopción de medidas que buscan dar mayor transparencia en materia de información ambiental, este compromiso avanza de manera marginal la apertura del Gobierno en materia de acceso a la información.

Respecto al valor de participación ciudadana, este compromiso brindó espacios en los cuales se buscó involucrara a los con interesados y dialogar con ellos de manera informada. Durante el período de implementación del compromiso, el Gobierno cumplió con la realización de estos espacios, eminentemente presenciales y con un carácter informativo. Sin embargo, la investigadora tomó contacto con representantes del público, quienes no evidenciaron cómo el compromiso permitió que la ciudadanía interviniera activamente en materias relacionadas con los derechos de acceso para así potenciar el proceso de negociación del Acuerdo, ni la existencia de un mecanismo participativo de toma de decisiones alrededor de las acciones dispuestas en el compromiso. Debido a que estos espacios permitieron a diferentes actores aportar a la conversación, aunque de manera limitada, se valora que el Gobierno avanzó marginalmente en la participación ciudadana en temas ambientales.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El IV Plan de Acción de Chile no inluye compromisos dedicados a la democracia ambiental y el cambio climático.

[11] Las copias auténticas del texto están disponibles en la página web del Acuerdo Regional. https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la Los gobiernos de Chile y Costa Rica, en su calidad de copresidentes del proceso, en coordinación con la CEPAL y la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, invitaron a los 33 países de América Latina y el Caribe a participar en la ceremonia oficial de firma a las 10:00 horas en la zona del Evento de Tratados en el edificio de la Asamblea General (https://minrel.gob.cl/comunicado-conjunto-costa-rica-chile-sobre-la-apertura-a-la-firma-del/minrel/2018-06-07/104324.html)

[12] Ver “Agenda side_event_escazu_aarhus_hlpf_9_july_” en carpeta Medios Verificación C2.

[13] Ver “Agenda Reunión Panamá, junio de 2018” en Carpeta Medios Verificación C2.

[14] Ver textos de diversos “Acuerdos” en Carpeta Medios Verificación C2.

[15] Ver “Declaración Ministros Chile Argentina” en Carpeta Medios Verificación C2.

[16] http://portal.mma.gob.cl/asuntos-internacionales/democracia-ambiental-cooperacion-internacional-para-derechos-ciudadanos/

[17] Ver artículo 4 de la Ley 20.418 disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459

[18] Ibid.