Develop roadmap to institutionalize open government principles (CL0066)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? La Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia es el ente rector responsable de la coordinación de la participación de Chile frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto implica presentar planes de acción bianuales, así como generar instancias de participación y cocreación para su desarrollo. Además, cuenta con un foro multi-actor, la Mesa de Gobierno Abierto, instancia participativa que involucra a sociedad civil y academia en los asuntos relacionados con las acciones de Chile en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto. Si bien se han realizado avances para aumentar los estándares de cocreación y participación en los distintos ciclos de planes de acción presentados a la fecha, se ha evidenciado a través de los años, que existe la necesidad de mayor articulación y proyección en los temas de gobierno abierto, mejorar la institucionalidad de Gobierno Abierto, así como suplir necesidades respecto a los recursos para liderar este proceso. También se ha levantado la necesidad de generar acciones de gobierno abierto, que permeen e involucren a la Administración del Estado, que vayan más allá del cumplimiento de los Planes de Acción formulados para dar cumplimiento a las obligaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto. Chile está en un proceso de construcción de un plan de desarrollo o estrategia nacional que oriente los pasos que se deben seguir para profundizar los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública. Si bien los esfuerzos realizados han logrado profundizar los principios de gobierno abierto y una cultura de la cocreación, las acciones no se han desarrollado de forma articulada, y se han encontrado dificultades al momento de sumar a la discusión a actores relevantes de las instituciones públicas, sociedad civil y academia. Adicionalmente, Chile requiere de un diagnóstico que permita evidenciar con claridad los avances realizados en la materia y los siguientes pasos que permitan consolidar los principios de Gobierno Abierto en nuestro país. 34

¿Cuál es el compromiso? Desarrollar una hoja de ruta para consolidar, con la adecuada institucionalización, los principios de Gobierno Abierto en Chile mediante un diagnóstico colaborativo en conjunto con sociedad civil y academia para articular acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan profundizar una cultura de gobierno abierto en la Administración del Estado.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? La elaboración de una hoja de ruta permitirá contar con un plan de trabajo y curso de acción claro en materia de Gobierno Abierto, además de promover la participación y cocreación de actores provenientes del sector público, organizaciones de la sociedad civil, academia y todas las personas interesadas.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP? Este compromiso es relevante a los valores de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya que permitirá fortalecer todos los principios de Gobierno Abierto en la Administración del Estado y articular las acciones del Gobierno para su consolidación. Además, el compromiso promueve la transparencia, probidad e integridad, y su implementación se basa en la colaboración, participación y cocreación. ¿Se vincula con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)? Sí ¿cuál(es)? ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. No ¿El compromiso aporta en la reducción de alguna de las siguientes brechas: género, inclusión y/o diversidad? Sí ¿cuál(es)? Inclusión, ya que se promueve la reducción de brechas para la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. No

Información adicional Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: Diagnóstico colaborativo Marzo 2021 Julio 2021 Propuesta de hoja de ruta Agosto 2021 Octubre 2021 Consulta pública de la hoja de ruta Noviembre 2021 Diciembre 2021 Publicación de la hoja de ruta Diciembre 2021 Enero 2022

Action Plan Review

Compromiso 4: Hoja de ruta para la institucionalización del gobierno abierto

Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.

En colaboración con la Mesa de Gobierno Abierto, la Red de Sociedad Civil de Gobierno Abierto, la Red Académica de Gobierno Abierto y otros actores multilaterales, de la sociedad civil y del sector privado.

Para una descripción completa del compromiso, ingresar al siguiente vínculo: https://www.opengovpartnership.org/documents/chile-action-plan-2020-2022

Contexto y objetivos:

La propuesta del compromiso provino del sector académico, y el proceso que resultó en su inclusión en el plan fue liderado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, la cual quedaría a cargo de su implementación. El compromiso se contó entre los que tuvieron mayor aceptación en las Mesas de Priorización del área Función Pública y atravesó exitosamente el proceso de refinamiento en las mesas técnicas, razón por la cual se incluyó en el plan.

El compromiso propone: “Desarrollar una hoja de ruta para consolidar, con la adecuada institucionalización, los principios de Gobierno Abierto en Chile mediante un diagnóstico colaborativo en conjunto con la sociedad civil y academia para articular acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan profundizar una cultura de gobierno abierto en la Administración del Estado” [1]. Concretamente, el texto del compromiso señala la necesidad de construir una estrategia nacional que oriente las políticas de gobierno abierto en la administración pública, ya que hasta la fecha los esfuerzos realizados han sido fragmentarios y no se han desarrollado de forma articulada y coordinada. Por esta razón han enfrentado obstáculos tales como dificultades para sumar a las iniciativas a todos los actores institucionales necesarios para llevarlas a cabo y limitaciones de recursos que ponen en riesgo su sostenibilidad en el largo plazo.

Tal como lo explica el texto del compromiso, la hoja de ruta partiría de un diagnóstico colaborativo orientado a relevar todos los avances realizados en materia de gobierno abierto, y sería cocreada con la sociedad civil, la academia y otras partes interesadas. Asimismo sería validada en consulta pública con la ciudadanía. En ese sentido, es directamente relevante al principio de participación ciudadana tal como lo define OGP.

Para los actores gubernamentales encargados de implantar los principios de gobierno abierto y de orientar las reformas, en el marco de la participación de Chile en OGP y más allá, este compromiso reviste importancia estratégica, ya que permitiría ganar una visión de conjunto y un curso de acción claro en materia de gobierno abierto. Claudia Montero, funcionaria de la agencia implementadora del compromiso, afirmó: “no tenemos las herramientas – recursos humanos, presupuesto – para profundizar los valores de gobierno abierto y hacerlos política de Estado. La Hoja de Ruta sería el primer paso para evaluar qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer a futuro, y el segundo paso, a futuro, será implementar lo que salga de esta hoja de ruta” [2]. La funcionaria señaló que este compromiso va de la mano de la tramitación en curso de la Ley de Transparencia 2.0, que convertiría a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, en una División de Integridad Pública y Transparencia en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia con la función de liderar la ejecución de políticas de gobierno abierto. Actualmente esta Comisión en la práctica funciona como “una especie de secretariado ejecutivo” que hace lineamientos en materia de transparencia e integridad pero tiene un radio de acción limitado.

Potencial para resultados: Sustancial

El punto de partida de este compromiso es similar al que se observa en buena parte de los países miembros de OGP que, como Chile, llevan más de una década (o cuatro rondas completas de planes de acción) implementando una variedad de iniciativas puntuales de gobierno abierto en diversas áreas de la política pública, introducidas al compás de la coyuntura, muchas veces condicionadas por la voluntad dispar de los organismos públicos para tomar a cargo los compromisos más que guiadas por una visión y una racionalidad de conjunto y de largo plazo que permita generar sinergias entre las distintas iniciativas y asegurar impactos significativos más allá de actividades con resultados y entregables puntuales.

La representante de la Red Académica en la Mesa de Gobierno Abierto resumió: “Por ahora no hay una interconexión entre las actividades de gobierno abierto que desarrollan los distintos ministerios; de ahí la importancia del compromiso 4 de la Hoja de Ruta. Porque permite generar un diagnóstico de las instituciones públicas que trabajan en gobierno abierto y avanzar de un plan de acción a un proyecto integral de Estado abierto. Que los sistemas se conozcan, conversen, se vinculen y se expandan. E identificar qué cosas se podrían hacer para mejorar” ^[3].

Por su parte, los observadores internacionales de la Mesa, subrayaron que este compromiso permitiría lograr que el plan de acción de OGP no sea el único motor que mueva al tema de gobierno abierto en Chile, que las diversas iniciativas emprendidas apunten todas en la misma dirección, sean consistentes y potencien sus impactos y que no sean resistidas por sus propios implementadores como una especie de “trabajo extra” no alineado con sus planes institucionales y en cambio vayan acompañadas de la voluntad política, el presupuesto y los recursos humanos necesarios para llegar a buen puerto ^[4]. Finalmente, en referencia al inminente proceso electoral que genera incertidumbre respecto de la posición más o menos amigable que el próximo Gobierno pueda tener hacia las políticas de gobierno abierto, la ya citada funcionaria de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia destacó que la implementación de este compromiso permitiría “asegurar cierta continuidad de funciones” ante cambios de administración y representaría “un giro importante a la forma en que se manejan los temas de gobierno abierto en Chile” [5].

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación

Los compromisos de este tipo representan un gran desafío para el IRM, ya que sus resultados dependen de factores que caen fuera de la jurisdicción de la agencia implementadora, tales como la aprobación e implementación de la Ley de Transparencia arriba citada, y de acciones que ocurrirán por efecto de la implementación del compromiso y que naturalmente tendrán lugar con posterioridad al período de este plan de acción.

La implementación de este compromiso incluye dos componentes claramente distinguibles: diagnóstico y planificación. Puesto que ambos se realizarán conjuntamente con la Red de Sociedad Civil, la Red Académica y otras partes interesadas, se trata de una buena oportunidad para fortalecer el trabajo colaborativo. Cabe señalar, sin embargo, que los actores involucrados son los mismos que lideraron el proceso de la cocreación, lo cual representa el riesgo de que las prioridades y dinámicas expresadas en dicho proceso se repitan en este ejercicio, sin abrir espacio a otras prioridades de la ciudadanía. La participación de la Red Académica brinda una oportunidad inmejorable para encarar una labor de diagnóstico que vaya más allá del mero recuento de iniciativas concluidas o en curso, y avance en cambio en dirección del diseño y la aplicación de una metodología de evaluación de impactos que permita orientar esfuerzos futuros hacia el tipo de iniciativa que ofrezca mejores perspectivas de apertura del Gobierno.

Para que este compromiso alcance todo su potencial, el IRM ofrece las siguientes recomendaciones para su implementación:

Diagnóstico: Además de hacer un relevamiento de iniciativas implementadas hasta la fecha para mapear la penetración de los principios de gobierno abierto en la geografía del Estado, se recomienda que el diagnóstico incluya un seguimiento del destino de los compromisos implementados en los planes de acción anteriores así como de otras iniciativas de gobierno abierto encaradas por fuera de los planes de acción. Ello con el fin de saber, al cabo de los años, cuánto de lo realizado continúa en pie, organizando mecanismos institucionales y orientando comportamientos, y cuánto de ello se agotó en un producto específico (por ejemplo, una página web), hoy desactualizado o en desuso, y por consiguiente carece de impactos significativos de largo plazo. Esto habilitaría una mejor comprensión del tipo de iniciativas más adecuadas para cambiar las prácticas y abrir efectivamente el Gobierno. En la etapa de diagnóstico también se debe evaluar la medida en que los esfuerzos realizados abordaron los grandes desafíos del contexto nacional, no solamente desde la perspectiva del Gobierno y de la sociedad civil, sino también en función de las preocupaciones de la ciudadanía en general.

Planificación: La Hoja de Ruta, desarrollada sobre la base de este diagnóstico integral, debería contener una estrategia de despliegue coordinado de los principios de gobierno abierto en las distintas áreas del Estado. Es recomendable que dicha estrategia establezca un menú de reformas prioritarias en función del contexto nacional y de la evaluación de su impacto potencial; que identifique, para cada una de ellas, a los actores que habría que involucrar y los modos de conseguirlo; y que desglose las acciones a corto, mediano y largo plazo que habilitarían su implementación en las diferentes áreas del Estado.

Institucionalización: Tal como se desprende del texto, este compromiso se considerará plenamente implementado si resulta en la publicación de una hoja de ruta elaborada colaborativamente y validada en consulta pública. Sin embargo, para que tenga los efectos esperados también será necesario asegurar su ulterior utilización en tanto que el plan de trabajo oriente y coordine todos los esfuerzos del país en materia de gobierno abierto. Para que ello ocurra, es importante que a lo largo del período de implementación se persigan los acuerdos institucionales necesarios para conseguir que se adopte la hoja de ruta como documento rector de su actuación por parte de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, y eventualmente por el organismo que la Ley de Transparencia 2.0 establezca en su reemplazo. Es posible que los plazos para lograrlo sean menos extensos de lo previsto en el compromiso, cuya implementación cierra en enero de 2022, ya que en noviembre de 2021 tendrán lugar elecciones generales que podrían producir el tipo de disrupción del cual este compromiso busca blindar a las políticas de gobierno abierto, convirtiéndolas en política de Estado.

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