Transparency of the National Congress (CL0070)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? El Congreso Nacional se rige por el principio de transparencia consagrado en el artículo 8º y debe dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado (transparencia activa), y con miras a fortalecer este principio, se presentó un proyecto de ley (Boletín 10.264-07, aprobado por la Comisión Especial de Probidad del Senado con participación continua de organizaciones de la sociedad civil, y que desde 2017 se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado) que fortalece el proceso de acceso al a información pública, homologa los plazos a la Ley de Transparencia y procesos entre las Corporaciones, también crea una Dirección de Ética y Transparencia común para el Senado y la Cámara para revisar los reclamos, mejora la transparencia activa, entre otros cambios. En el I Plan de Acción de Parlamento Abierto también se incluyeron dos compromisos para fortalecer la transparencia, los cuales quedaron plasmados en el Boletín mencionado. Sin embargo, ya que dicho proyecto de ley no ha tenido movimiento, es necesario avanzar tomando el ejemplo del reglamento de participación ciudadana. Un indicador importante que muestra la necesidad de que el Congreso Nacional avance en esta materia es el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, ya que desde 2016, Chile ha mantenido un promedio de 64.5 por ciento sobre cien. Reconociendo que la transparencia debe asegurar un flujo abierto y focalizado de información para los distintos grupos de interés del poder legislativo, se requiere desarrollar con mayor profundidad este principio a través de la homologación de los procesos y regulación de la publicación, plazos, formatos de transparencia activa. Por el otro lado, aunque en materia de transparencia pasiva no está incluido el Congreso Nacional en la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del 52 Estado, sin embargo, las organizaciones propusieron en este compromiso que se homologaran los plazos a la Ley, así como considerar la utilización de formatos uniformes de solicitud de información entre las Corporaciones y la BCN para garantizar y facilitar el acceso a la información pública. Finalmente, retomando un compromiso del I Plan de Acción, se propone trabajar participativamente con la sociedad civil organizada para contar con un sitio web estructurado que fomente la accesibilidad e inclusión de la información a través de una estructura clara que facilite la búsqueda de la información activa y proactiva y que sea de utilidad para los y las usuarios, por ejemplo, a través de visualizaciones del trabajo parlamentario con perspectiva de género.

¿Cuál es el compromiso? Redactar los Reglamentos sobre Transparencia y Acceso a la Información del Congreso Nacional y la BCN que profundicen el principio de transparencia con definiciones, plazos de actualización de transparencia activa, formatos de publicación, plazos para responder solicitudes de información, un formato de solicitud de información homologado para las tres instituciones y periodo de actualización de los Reglamentos. Por otro lado, facilitar el acceso a la información pública por medio de estructurar e implementar http://www.congreso.cl para organizar y facilitar el acceso a la información publicada vía transparencia activa y proactiva generando además estadísticas e indicadores de cumplimiento.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? Eliminará los obstáculos para que la ciudadanía pueda acceder de forma más eficiente y expedita a la información que publica el Congreso Nacional y la BCN; se podrán presentar solicitudes de acceso a la información con un proceso homologado en las tres instituciones, y, contar con un sitio común que estructure y publique la información activa y proactiva de manera de facilitar su acceso, uso y comprensión.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP? Mejora los estándares de transparencia activa y pasiva porque homologa y regula el acceso a la información, profundizando y garantizando el principio de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y la BCN. ¿Se vincula con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)? Sí ¿cuál(es)? 16 No ¿El compromiso aporta en la reducción de alguna de las siguientes brechas: género, inclusión y/o diversidad? Sí ¿cuál(es)? Sí, género e inclusión. No 53

Información adicional Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término: Comparación de procesos de publicación de transparencia activa y pasiva y taller virtual con sociedad civil. Marzo 2021 Junio 2021 Redacción de los Reglamentos de Transparencia de la Cámara, Senado y la BCN y metodología para crear indicadores de cumplimiento. Julio 2021 Febrero 2022 Consulta pública vía Congreso Virtual del o de los Reglamentos Marzo 2022 Abril 2022 Redacción de las mociones del o de los Reglamentos Abril 2022 Mayo 2022 Diseño Congreso.cl y taller virtual con sociedad civil Marzo 2021 Julio 2022 Implementación del sitio web Agosto 2022 Diciembre 2022

Action Plan Review

Compromiso 8: Transparencia del Congreso Nacional

Agrupación de los compromisos 7 y 8: Parlamento Abierto

Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional

En colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la Red Académica de Gobierno Abierto y OSC (Fundación Balmaceda, Ciudadanía Inteligente, Espacio Público, Observatorio Fiscal, Fundación Multitudes, Chile Transparente, etc.

Para una descripción completa de los compromisos en este grupo, ingresar al siguiente vínculo:

https://www.opengovpartnership.org/documents/chile-action-plan-2020-2022

Contexto y objetivos:

Esta propuesta de reforma en materia de transparencia del Congreso Nacional y acceso a la información legislativa surgió de la sociedad civil [6]. De hecho, se trata de la única propuesta surgida de la sociedad civil que quedó plasmada en la versión del plan de acción aquí examinada. La reforma es relevante para el principio de transparencia y para el de participación ciudadana dado que incorpora a la sociedad civil en actividades de diagnóstico, diseño y seguimiento, y a la ciudadanía en un proceso de consulta pública (de los reglamentos de transparencia del Congreso).

Actores del Gobierno y de la sociedad civil consultados coinciden en señalar que, si bien la reforma comprometida responde a demandas expresadas por la ciudadanía movilizada, su formulación precede al estallido social [7]. En efecto, desde hace años las encuestas de opinión pública delatan un alto grado de desconfianza y descontento con las instituciones políticas, y en particular con el Congreso Nacional, que según un sondeo de CADEM de diciembre de 2019, era evaluado positivamente por apenas el 11% de la ciudadanía [8]. Entre los factores usualmente mencionados como fuentes de desconfianza se destaca la percepción de opacidad, que en el caso de Chile remite a una situación real de limitada transparencia, reflejada en el puntaje de 65/100 obtenido en la edición 2018 del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa [9]. En respuesta a ello, un representante de la OSC que propuso la reforma en la instancia de consulta pública, dijo que esta apunta:  “a entregar garantías de confianza a la ciudadanía a través del conocimiento claro y sencillo de los proyectos de ley que se legislan en el poder legislativo junto con el establecimiento de normas en materia de transparencia (activa y pasiva) para que las personas que lo deseen puedan acceder de manera precisa y concisa a la información del Congreso” [10].

Más concretamente, el compromiso 7 parte de la constatación de que la información del Congreso Nacional se encuentra dispersa entre distintas plataformas [11], lo cual dificulta la localización y el acceso a la información requerida, y de que no existe un proceso estandarizado de registro de información, con lo cual los datos ingresados varían entre los diversos proyectos de ley o leyes aprobadas. En respuesta a este problema, el compromiso propone: “elaborar un diagnóstico y una propuesta de diseño, con participación ciudadana, para la actualización de la plataforma SIL [Sistema de Información Legislativa] y su interoperabilidad con las distintas páginas y sitios web del Congreso Nacional”, incluidos los de ambas cámaras y el de la Biblioteca del Congreso Nacional, con el objeto de permitir la trazabilidad completa de los proyectos de ley por parte de la ciudadanía [12]. El compromiso incluye talleres virtuales con la sociedad civil para el diagnóstico y la definición de la metodología, así como la elaboración de un manual de procesos internos, el dictado de capacitaciones internas de registro de información y la publicación de instructivos en video para el uso de la plataforma.

El compromiso 8, por su parte, busca corregir la ausencia de un reglamento que establezca de forma clara las normas que el Congreso Nacional, exceptuado en tanto que poder autónomo de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, debe cumplir en materia de transparencia pasiva, homologando los plazos de respuesta a los de dicha ley e impulsando el uso de formatos uniformes de solicitud de información pública. Asimismo, busca revitalizar a efectos de transparencia activa la página http://www.congreso.cl/, actualmente empleada apenas como “vínculo para las páginas institucionales del Senado, la Cámara de Diputadas/os y la Biblioteca del Congreso Nacional” [13]. En suma, el compromiso “eliminará los obstáculos para que la ciudadanía pueda acceder de forma más eficiente y expedita a la información que publica[n] el Congreso Nacional y la Biblioteca del Congreso Nacional; se podrán presentar solicitudes de acceso a la información con un proceso homologado en las tres instituciones y contar con un sitio común que estructure y publique la información activa y proactiva de manera de facilitar su acceso, uso y comprensión” [14].

Potencial para resultados: Sustancial

El escenario inicial es de una relativa opacidad que alimenta suspicacias acerca de supuestas maniobras corruptas y conduce a las y los ciudadanos a sospechar que los legisladores actúan en beneficio de intereses ajenos a los de la ciudadanía supuestamente representada en el órgano legislativo. En ese contexto, una reforma orientada a cerrar la brecha de transparencia y trazabilidad de las iniciativas legislativas contiene un alto potencial para transformar las prácticas vigentes y modificar positivamente el vínculo entre la ciudadanía y la institución.

La reforma impactará significativamente sobre la apertura del Congreso Nacional, de ser implementada completamente y con atención a la retroalimentación de la sociedad civil en relación con el tipo de informaciones que se requiere poner a disposición del público, sus formatos y su oportunidad. La reforma propuesta unificará en una sola plataforma el acceso a toda la información relevante referida a los contenidos de los textos legislativos y las intervenciones e influencias sobre el proceso legislativo en el trayecto, desde la presentación del proyecto inicial hasta la aprobación de la ley. Según señala la funcionaria a cargo de la implementación de la reforma, la “trazabilidad de un proyecto de ley (quién participó en comisiones, quién hizo lobby, qué opinó la ciudadanía, qué documentos se presentaron a los parlamentarios, quién hizo indicaciones, etc.)” contribuirá a habilitar el control social y prevenir casos de corrupción [15]. Asimismo, los nuevos reglamentos de transparencia de la Cámara, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional - explica el referente de la sociedad civil- permitirán a la ciudadanía saber qué información puede solicitar y le cómo obtenerla dentro de los plazos y bajo las condiciones establecidas por dichos reglamentos, hoy inexistentes [16].

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación

Para que el compromiso alcance en la práctica todo su potencial, el IRM recomienda atender en el curso de su implementación algunas limitaciones de diseño detectadas, así como asegurar el abordaje de los factores que dan cuenta de la calificación deficiente obtenida por el Congreso Nacional de Chile en la más reciente edición (2018) del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa [17] y que aún no hayan sido atendidos.

Entre los elementos señalados en dicho informe, se cuentan la demora en la publicación de las actas de las comisiones de ambas cámaras, la falta de transparencia de las versiones estenográficas de las sesiones de comisiones en el Senado, el secretismo en la publicación de informes de asesorías externas contratadas por la Corporación del Senado, y el estancamiento y falta de actualización de información presupuestaria y de gestión administrativa que anteriormente era transparentada de forma proactiva (como los estados financieros de los viajes de legisladores y los llamados a concurso público para personal). Asimismo, entre las limitaciones de diseño del compromiso, fuentes de la sociedad civil destacaron que la propuesta no avanza en la reestructuración homogénea de los sitios web de las cámaras a causa de sus diferencias en la forma de catalogar y proporcionar ciertas informaciones (por ejemplo, las relativas a asistencia, votaciones, asesorías externas, etc.) [18]. En el diseño de los sitios web, es importante que el énfasis esté en que se habilite la trazabilidad de los proyectos de ley, es decir, que no solamente se atienda al tipo de informaciones que deben estar disponibles, sino también a que la forma en que éstas sean presentadas permita a la ciudadanía comprender los procesos y rastrear las influencias ejercidas en él por diversas partes interesadas.

Por otra parte, cabe señalar el potencial contenido en el involucramiento de las comisiones de ética y transparencia de ambas cámaras en la implementación de esta reforma. Puesto que éstas serán los canales de participación de los representantes parlamentarios en el proceso, deberán profundizar el involucramiento de dichas comisiones e identificar a aquellos de sus integrantes que podrían dar mayor impulso al proceso, de manera de trascender lo que podría devenir en un mero ejercicio técnico, dotándolo de compromiso político de alto nivel.

Por último, esta reforma alcanzará su máximo potencial si la sociedad civil y el periodismo son convocados e integrados en una estrecha relación de colaboración que los haga partícipes del diagnóstico de los problemas y también del diseño de las soluciones y del monitoreo de su implementación. Como se deriva de la experiencia mundial comparada relativa a la implementación de leyes de acceso a la información, esto último será particularmente relevante a la hora de garantizar la efectiva vigencia de las obligaciones que han de imponer los futuros reglamentos de transparencia.

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