Open Justice for an Open State (CL0075)

a. Información general

Se implementará una estrategia multiactor que acerca a las personas, impulsa Políticas Institucionales (PJUD y DPP), evalúa modelos de "Facilitadores Judiciales", articula acciones locales y fortalece el lenguaje claro. Lidera este compromiso la Excma. Corte Suprema de Justicia y la Defensoría Penal Pública. Los puntos de contacto son la secretaria privada del ministro Silva Cancino (Corte Suprema); el jefe Subdepartamento de Atención de Usuarios (Corporación Administrativa del Poder Judicial); y la jefa Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana (Defensoría Penal Pública). Entre las partes interesadas de apoyo a nivel de Gobierno se considera el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Consejo para la Transparencia y el Consejo para la Transparencia. Con respecto a la sociedad civil, se considera la Red Chilena de Gobierno Abierto, Red Chilena de Justicia Abierta, Red Internacional de Justicia Abierta, Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, asociaciones gremiales del sector justicia, consejos de la sociedad civil, juntas de vecinos, organizaciones locales juveniles, centros de estudios y organizaciones sociales vinculadas al ámbito de la justicia, universidades, escuelas de Derecho, y la Red Académica de Gobierno Abierto. Por último, en relación con otros actores interesados, considera la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ministerio Público, la Red de Lenguaje Claro de Chile, las Asociaciones de Municipalidades y las Corporaciones de Educación Municipal.

b. Definición del problema

i. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar? Se busca profundizar las acciones conducentes a un mejor acceso al servicio e información judicial, considerando medidas que fortalezcan la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana. Por otra parte, la propuesta busca disminuir la distancia que existe entre la ciudadanía y la justicia, explicada por altos niveles de desconfianza y desconocimiento por parte de esta última, a través de la implementación de una estrategia, en colaboración con los gobiernos y territorios locales, que permita aumentar el conocimiento en relación al sistema, sus instituciones, distintos roles, derechos y obligaciones, y garantías procesales. El fin último de esta propuesta es profundizar la incorporación de los principios de “Gobierno/Justicia Abierta” (consolidando la figura de un “Estado Abierto”), como herramienta de garantía del derecho humano de acceso a la justicia, no sólo como un elemento instrumental a su administración, sino sustantivamente en sus dimensiones de derecho civil y político, y también como derecho económico, social y cultural.

ii. ¿Cuáles son las causas del problema? Desde hace varios años se habla frecuentemente de la necesidad de modernizar la administración de justicia, ya que, según algunos estudios y encuestas de opinión pública, no cumpliría con las exigentes expectativas de la sociedad actual. En el “Informe de Caracterización de Usuarios y Usuarias del Poder Judicial de Chile” del año 2019, con datos obtenidos del levantamiento de encuestas del “Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial (iPJUD)”, sólo el 21% de los usuarios/as no letrados (ciudadanos/as que no son abogados/as ni procuradores/as), son capaces de identificar la función principal del Poder Judicial, mientras que un 26% declara que existe poca claridad en la entrega de la información por parte de la Institución. Esto contribuye a una falta de confianza y repercute de forma negativa en la percepción de la ciudadanía. Adicionalmente, la medición realizada por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC) de 2018, indica que el 57% de los ciudadanos/as cree que una persona de altos ingresos tiene la posibilidad de acceder a un juicio justo, en contraposición al 4% de una persona de bajos ingresos. Además, el 77% de los encuestados/as calificó el desempeño del sistema de justicia con nota insuficiente, lo que el año 2020 aumentó a 82%, según lo señalado en la encuesta Cadem. Por último, concluye que a la desconfianza se suma el desconocimiento, ya que sólo un 28% de la población indica conocer sus derechos en el sistema penal y el 56% cree que los derechos son poco respetados porque no se conocen. Finalmente, se espera puedan ser abordadas las recomendaciones emanadas por el “Mecanismo de Revisión Independiente” (IRM) de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se identifica “una oportunidad para la formulación de una política integral de justicia abierta”, y donde además se “recomienda fortalecer el componente de participación ciudadana”, buscando generar “cambios incrementales positivos”.

c. Descripción del compromiso

iii. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Teniendo en cuenta la relevancia de los valores promovidos por el “Gobierno/Estado Abierto”, es que desde hace algunos años el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública, adquirieron el compromiso formal de incorporarlos progresivamente en su gestión cotidiana, buscando profundizar la interacción y la apertura con la ciudadanía y las demás organizaciones de la sociedad. Por lo anterior y considerando que hasta ahora no se han desarrollado iniciativas concretas en materia de acceso a la justicia a nivel subnacional, la propuesta de la Defensoría Penal Pública obedece a una tercera etapa en la ruta de la “Justicia Abierta”, en el contexto actual hacia un “Estado Abierto” en Chile. Por otra parte, el Poder Judicial se embarcó en el desafío de participar por primera vez en el V Plan de Acción de Gobierno Abierto de Chile, para el periodo 2020 – 2022, potenciando su plataforma de datos abiertos, desarrollando un plan de sensibilización, orientación e instrucción interna respecto a los pilares y principios de la “Justicia Abierta”, y disponibilizando y difundiendo el “Glosario de Términos Jurídicos”, para fomentar y facilitar la participación ciudadana a través de un lenguaje claro e inclusivo; todo esto en la búsqueda de avanzar en conjunto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la construcción de un “Estado Abierto”, fortaleciendo la democracia, aumentando la confianza pública y promoviendo mejoras en la calidad de vida y el bienestar de todas las personas.

iv. ¿Qué solución propone? Por una parte, la iniciativa se trata de crear alianzas estratégicas entre la Defensoría Penal Pública y 18 municipios, uno en cada región y 2 en la Región Metropolitana, quienes se coordinarán con las nuevas “Unidades Regionales de Justicia Abierta”. Respecto de las acciones que se pretende realizar, éstas consideran encuentros con funcionarios/as municipales y dirigentes/as sociales comunales, para evaluar la percepción local sobre la justicia penal y, sobre todo, medir el nivel de conocimiento que tienen las personas respecto del sistema en su comuna. Luego, coconstruir los contenidos en relación con las necesidades detectadas; acercar el sistema de justicia a través de audiencias simuladas o “Tribunales de jóvenes”; y aproximar este sistema a la sociedad civil, sensibilizando sobre la importancia de la presunción de inocencia a través de la difusión del “Proyecto Inocentes”. Por otra parte, el Poder Judicial busca profundizar el proceso de acercar la justicia a la ciudadanía (considerando especialmente que la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública del año 2011, sólo aplica para los órganos de la Administración del Estado), con un enfoque de género y derechos humanos, permitiendo mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho y la paz social, a través de los siguientes componentes principales: - Incorporando los valores de la “Justicia Abierta” a la actual Política de Atención de Usuarios institucional (asociado al pilar de “Transparencia”). - Estableciendo mecanismos para articular y visibilizar las actividades locales (asociado al pilar de “Colaboración”). - Fortaleciendo la temática de lenguaje claro y estudiando distintos modelos de “Facilitadores/as Judiciales”, para evaluar su pilotaje y eventual implementación en el futuro (asociado al pilar de “Participación”). Con esta última iniciativa se espera establecer un vínculo más directo con la comunidad, buscando garantizar su acceso a la justicia, ofrecer información sobre los servicios judiciales y fomentando una cultura de diálogo, participación, respeto y paz. Es importante destacar que este compromiso contempla la actualización de la “Política de Atención de Usuarios del Poder Judicial” (incorporando la dimensión de “Justicia Abierta”) y la elaboración de la “Política Institucional de Justicia Abierta de la Defensoría Penal Pública”, las cuales constituirán una guía y carta de navegación para la gestión institucional, señalando una línea de base y entendiendo la “Justica Abierta” como un diálogo del ecosistema de justicia, cuyo fin es la creación de valor público.

v. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Se espera incidir en la disminución de la desconfianza y aumentar el valor público del sistema de justicia y sus instituciones en el nivel nacional y subnacional, acercándose a ellas a través de sus gobiernos locales de forma directa y dialogante. Se busca establecer mecanismos para la articulación de actividades sobre “Justicia Abierta” en distintos territorios (regiones, jurisdicciones, comunas, etc.) del país, realizando catastros de las acciones ya existentes, difundiendo e implementando nuevas.

d. Análisis del compromiso

vi. ¿Cómo promoverá la transparencia? El compromiso busca hacer partícipe e involucrar a la ciudadanía en la gestión de ambas instituciones del sistema de justicia. Esto corresponde a una forma de promover la participación y la transparencia proactiva, dirigida a los actores que se relacionan con estas organizaciones, contribuyendo incluso a generar condiciones para una mayor independencia judicial, al permitir que la comunidad conozca el desempeño de jueces/zas y funcionarios/as, otorgándoles a éstos mayor credibilidad en la toma de decisiones y fomentando así también que cualquier persona pueda acceder a la información que requiera.

vii. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Acercarse a los distintos territorios y sus organizaciones permitirá una relación más fluida con las personas, quienes podrán conocer de manera más directa en qué consisten las misiones y estructuras institucionales, sus competencias y alcance, su ordenamiento jurídico, sus objetivos estratégicos, sus presupuestos, sus agendas, su dinámica de funcionamiento, etc. En concreto, estas iniciativas buscan mejorar el acceso a la justicia a través de mecanismos más rápidos y fáciles de usar para la comunidad, promoviendo la capacidad individual de la ciudadanía para obtener justicia y propiciando que quienes tengan necesidades jurídicas, sepan dónde acudir para obtener la ayuda que requieran.

viii. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? La participación ciudadana (comprendida dentro de los límites propios del ámbito judicial, donde es un deber resguardar la intimidad, los derechos fundamentales y la información sensible de las personas), contribuye a prevenir la corrupción, a priorizar las necesidades de la población y a incrementar la confianza en las instituciones públicas, avanzando desde los niveles de “formulismo” hacia los niveles de “participación” efectiva, según la figura metafórica de la “escalera de la participación” de Sherry Arnstein (1969). Este compromiso es esencialmente “ciudadano/a-céntrico”, en consecuencia, sólo es viable desde y con las personas, en concordancia con los distintos territorios y los actores del sistema. En particular se proponen iniciativas como los “Tribunales de jóvenes”, que buscan que este trabajo llegue a las nuevas generaciones, contribuyendo a su educación cívica y legal; el “Proyecto Inocentes” ayudará a sensibilizar y tomar conciencia en materia de justicia penal, dejando de lado sesgos y estereotipos del sistema; y la implementación de un plan piloto de “Facilitadores/as judiciales” en algún/os territorio/s jurisdiccional/es, promoviendo la participación activa de las personas en la solución de sus conflictos.

e. Planificación (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista | Partes interesadas)

Políticas Institucionales del Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública: Actualización de la Política de Atención de Usuarios del Poder Judicial (incorporando la dimensión de “Justicia Abierta”) y elaboración de la Política Institucional de Justicia Abierta de la Defensoría Penal Pública. | Documento elaborado a través de un proceso de cocreación institucional, mediante diálogos internos a cargo del Comité de Justicia Abierta de la Defensoría Penal Pública.; Política de Atención de Usuarios del Poder Judicial actualizada, a través de un plan de difusión, diagnóstico y reflexión por jurisdicción (inicialmente con actores internos), incorporando la dimensión de “Justicia Abierta”. | Mayo de 2024; Noviembre de 2026. | Líder: Defensoría Penal Pública ; Líder: Excma. Corte Suprema de Justicia

Justicia Abierta en los Territorios: Establecer mecanismos para articulación de actividades sobre “Justicia Abierta” en cada región/ jurisdicción del país. | Creación de Subcomités e implementación de actividades de articulación sobre “Justicia Abierta” en cada región/ jurisdicción del país.; Documento que consolide los mecanismos más idóneos para articular las actividades de “Justicia Abierta” en cada jurisdicción del país. Informe de implementación de mecanismo de articulación en cada jurisdicción, con resumen de los principales hallazgos y resultados obtenidos. | Diciembre de 2025.; Noviembre de 2026 | Líder: Defensoría Penal Pública  Ministerio Secretaría General de la Presidencia  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  Asociaciones gremiales del sector justicia  OGP; Líder: Excma. Corte Suprema de Justicia  Ministerio Secretaría General de la Presidencia  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  Asociaciones gremiales del sector justicia  OGP

Glosario Interactivo de Términos Jurídicos: Desarrollar y difundir un mini sitio con un formato virtual, dinámico y de fácil uso para las personas. | Actividad de lanzamiento y difusión del minisitio con el Glosario Interactivo de Términos Jurídicos desarrollado y operativo. | Noviembre de 2026 | Líder: Excma. Corte Suprema de Justicia  Ministerio Secretaría General de la Presidencia  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  Asociaciones gremiales del sector justicia  OGP  Red de Lenguaje Claro de Chile

Piloto de “Facilitadores/as Judiciales”: Elaboración e implementación de un plan piloto en algún/os territorio/s jurisdiccional/es, a partir del estudio y evaluación de modelos, tanto nacionales como internacionales, de experiencias comparadas de “Facilitadores/as Judiciales” a nivel latinoamericano. | Elaborar un informe de evaluación de modelos de “facilitadores/as judiciales”. Informe de resultados del plan piloto implementado en algún/os territorio/s jurisdiccional/es. | Noviembre de 2026. | Líder: Excma. Corte Suprema de Justicia  Ministerio Secretaría General de la Presidencia  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  Asociaciones gremiales del sector justicia  OGP  Red Chilena de Gobierno Abierto  CEPAL  OEA  Asociaciones de Municipalidades

Justicia Abierta en la Comunidad: Desarrollar acciones de difusión sobre el sistema de justicia penal con funcionarios/as municipales. | Plan de difusión de “Justicia Abierta” implementado con gobiernos locales, realizando una acción de difusión por región (dos en la Región Metropolitana), durante cada año. | Noviembre de 2026 | Líder: Defensoría Penal Pública  Ministerio Secretaría General de la Presidencia  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  Asociaciones gremiales del sector justicia  Juntas de vecinos  Asociaciones de Municipalidades  Consejos de la Sociedad Civil.  Organizaciones sociales vinculadas al ámbito de la justicia.  Universidades y Escuelas de Derecho.

Tribunales de Jóvenes: Capacitar a docentes y jóvenes sobre educación legal de derechos y el funcionamiento del sistema penal. | Implementación de un plan comunicacional que dé a conocer el funcionamiento del sistema de justicia penal entre los jóvenes, considerando la realización de juegos de roles (Tribunal de Jóvenes). Se espera que se desarrolle uno por región y dos en la Región Metropolitana (zona norte y zona sur) anualmente. | Noviembre de 2026 | Líder: Defensoría Penal Pública  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género  Consejos de la Sociedad Civil  Organizaciones sociales vinculadas al ámbito de la justicia  Universidades y Escuelas de Derecho  Asociaciones de Municipalidades  Ministerio de Educación.  Organizaciones locales juveniles.  Corporaciones de Educación Municipal.

Proyecto Inocentes: Difundir experiencias de personas que han estado privadas de libertad sin ser culpables. | Realizar al menos un conversatorio anual en cada una de las regiones (dos en la Región Metropolitana) en establecimientos de educación superior. | Noviembre de 2026 | Líder: Defensoría Penal Pública  Ministerio de Educación  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.  Consejos de la Sociedad Civil.  Organizaciones sociales vinculadas al ámbito de la justicia  Universidades y Escuelas de Derecho  OGP