Transparency Index Ombudsman (CR0032)

Texto del compromiso Objetivo principal: brindar un panorama del estado de la transparencia, específicamente, sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura de datos publicados en los sitios web de las instituciones del Sector Público. Breve descripción del compromiso: promover una cultura de transparencia para desarrollar una gestión pública centrada en el ciudadano. Se busca medir y clasificar el nivel de transparencia y accesibilidad de la información pública a partir de lo que se publica en las páginas web. Hitos: 1. Comunicación sobre la implementación del índice de transparencia. 2. Implementación del índice de transparencia. 3. Resultados del índice de transparencia basados en la información de las páginas web. 4. Incorporar mejoras en las instituciones a partir de los resultados del Índice de Transparencia.

Compromiso 9. Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes (J)

Texto del compromiso:

Objetivo principal: brindar un panorama del estado de la transparencia, específicamente, sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura de datos publicados en los sitios web de las instituciones del Sector Público.

Breve descripción del compromiso: promover una cultura de transparencia para desarrollar una gestión pública centrada en el ciudadano. Se busca medir y clasificar el nivel de transparencia y accesibilidad de la información pública a partir de lo que se publica en las páginas web.

Hitos:

1. Comunicación sobre la implementación del índice de transparencia.
2. Implementación del índice de transparencia.
3. Resultados del índice de transparencia basados en la información de las páginas web.
4. Incorporar mejoras en las instituciones a partir de los resultados del Índice de Transparencia.

Nota editorial: Para efectos de simplificación el investigador del MRI unió los hitos 1 y 2 en la tabla que se presenta a continuación.

Institución responsable: Defensoría de los Habitantes.

Institución (es) de apoyo: Procuraduría de la Ética, Ministerio de la Presidencia, MIDEPLAN, Costa Rica Integra, ACCESA, ALIARSE, Abriendo Datos Costa Rica, Red Ciudadana.

Fecha de inicio: enero de 2016                    Fecha final: abril de 2017.

Nota editorial: Este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores AGA, de impacto potencial transformador y está sustancial o totalmente cumplido.

Contexto y objetivos

El compromiso del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) se da en seguimiento del plan de acción anterior, en el que se incluyó el compromiso de “Desarrollar un Índice de transparencia de las instituciones públicas de Costa Rica”. De los tres compromisos señalados como “compromisos estrella” del plan de acción anterior, este fue el único que llegó a completarse.

En Costa Rica se ha demostrado el impacto que tiene en las instituciones públicas este tipo de rankings y su capacidad para movilizarlas. Ejemplo de ello son los índices desarrollados por la Contraloría General de la República,  ^{Índice de Gestión Municipal e Índice de Gestión Institucional, ambos desarrollados por la Contraloría General de la República.}  que abarcan a todo el sector público y que motivan a las instituciones a desarrollar planes de acción para mejorar su calificación en los indicadores peor evaluados.

De acuerdo con funcionarios de instituciones públicas consultados para la presente investigación, estos índices sirven como instrumentos para dar seguimiento a las iniciativas que buscan mejorar en los aspectos que miden y para evaluar la eficacia y continuidad de estos. Además, varios de ellos coincidieron por separado en que este índice es el que ha puesto a pensar a trabajadores y jerarcas de las instituciones del sector público en qué hacer para mejorar en los valores de gobierno abierto. Esto es lo que le da al compromiso un impacto potencial transformador.

Tanto Costa Rica Íntegra como Abriendo Datos coinciden también en el valor de este instrumento para fomentar la práctica de valores de gobierno abierto en instituciones públicas, y han procurado difundirlo a través de sus plataformas electrónicas y su participación como espectadores en los actos de lanzamiento celebrados cada año.

Un ejemplo del tipo de acciones que ha generado el Índice y de su impacto se muestra en la sección 1.3 del presente informe.

La Defensoría de los Habitantes lanzó el Índice en septiembre de 2015, tras tres años de desarrollo, búsqueda de fondos y validación de la metodología. Esta primera edición calificó a 105 instituciones públicas según 95 indicadores, agrupados en 16 variables principales que a su vez conforman las cuatro dimensiones, o grandes temas, que evalúa el índice:

• Acceso a la información.
• Rendición de cuentas.
• Participación ciudadana.
• Datos abiertos de gobierno.

La evaluación se hace únicamente a través del contenido de las páginas de internet de las instituciones, no incluye ningún tipo de visita o verificación física de procesos o documentos. Cada sitio lo revisan dos evaluadores de forma separada, quienes responden a cada indicador con un “sí” o “no”, o en una escala de “0” a “5”, según el tipo de pregunta.

Las calificaciones otorgadas por cada evaluador en todos los indicadores se comparan entre sí y, en caso de que se detecten discrepancias, se realiza una nueva evaluación del indicador por parte de un tercero, independiente de los dos primeros evaluadores.  ^{Defensoría de los Habitantes, CICAP, Secretaría de Gobierno Digital, Racsa, Universidad de Costa Rica “Documento Metodológico: Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense”, septiembre de 2015.}  

De acuerdo con la defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, el Índice ayuda a las instituciones a conocer con detalle dónde pueden y deben mejorar. En su criterio, se convierte en un instrumento que guía el proceso de mejora que siguen las instituciones públicas en materia de transparencia además de medirlo.  ^{Montserrat Carboni, Defensora de los Habitantes. Lanzamiento del Índice de Transparencia de las Instituciones Públicas, 12 de septiembre de 2016.}  

En opinión del investigador del MRI, este es el principal aporte del compromiso y lo que le confiere una alta relevancia para gobierno abierto, pues ayuda a definir a nivel nacional qué es ser una institución transparente y cómo lograrlo, cuantificando los niveles de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas a través de una medición lo suficientemente clara como para desarrollar planes de acción que ayuden a mejorar la calificación obtenida.

Además, al realizar la medición a través de un ranking, es posible comparar el desempeño de los diferentes organismos y evaluar la eficacia de las medidas tomadas por cada uno, de manera que se pueda concluir cuáles son las mejores prácticas y a la vez fomentar una competencia sana entre instituciones en la implementación de acciones concretas en cuanto a la difusión de información y el uso de medios electrónicos para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, fomentar su participación y darles seguimiento a sus aportes y solicitudes.

Para ejemplificar este posible uso del índice, el investigador tomó los resultados crudos de la edición de 2015 y agrupó a todas las instituciones evaluadas en dos grupos: las que contaban con un sistema para seguimiento de casos, como la asignación de un número para cada gestión, y las que no tenían ningún sistema de este tipo. Luego, determinó la calificación de ambos grupos en la variable de “Calidad de los mecanismos de participación”. Mientras que las instituciones con mecanismos para dar trazabilidad a los casos y solicitudes obtuvieron una calificación general de 41.6 puntos, las que no contaban con estos mecanismos obtuvieron un 1.3, ambas en escala de 0 a 100. La gran diferencia entre los resultados de ambos grupos en una misma variable permite ver el impacto positivo del mecanismo de seguimiento.

Cumplimiento

La elaboración del instrumento estuvo a cargo del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR (CICAP), bajo el liderazgo de la Defensoría de los Habitantes, y contó con el patrocinio de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, responsable del plan de acción anterior.

La definición de su metodología incluyó el análisis de mejores prácticas internacionales, de las cuales se tomaron criterios y otros insumos para adaptarlos al contexto nacional y desarrollar los indicadores de un borrador inicial, que luego se consultó a un panel de expertos. El resultado final es una herramienta que ofrece una radiografía exhaustiva, por su gran cantidad de indicadores, en materia de transparencia según la información disponible en los sitios web de las instituciones.

El 12 de septiembre de 2016, la Defensoría publicó la segunda edición de su Índice de Transparencia del Sector Público, que esta vez evaluó a 206 instituciones. Los resultados generales por indicador no variaron significativamente con respecto al año anterior; no obstante, algunas instituciones mostraron mejoras importantes en varias de sus calificaciones.

Durante el mes de octubre, el Ministerio de la Presidencia había iniciado un plan de la divulgación del índice a través de reuniones con las instituciones evaluadas en las que se profundizaba en posibles usos del instrumento para generar acciones que ayuden a mejorar en los indicadores, y se compartían mejores prácticas.  ^{Entrevista. Francela Valerín, Ministerio de la Presidencia, 12 de septiembre de 2016.}

Siguientes pasos

Ya que el índice está implementado, los próximos pasos de este compromiso deberían orientarse a capacitar a las instituciones evaluadas en el uso de toda la información generada a partir del índice, que es mucha y permite sacar conclusiones más allá de la simple calificación final.

De acuerdo con la información compartida por funcionarios de las instituciones evaluadas, estas instituciones todavía no aprovechan todo el contenido del instrumento y se limitan por lo general a la calificación final, la de las dimensiones y ocasionalmente la de algunos de los indicadores.

En este sentido, las iniciativas del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de servir de enlace entre instituciones y la Defensoría son positivas, para que esta establezca comunicación directa con los organismos evaluados, los capacite en el aprovechamiento del índice y ayude a generar planes de acción a partir de él.

El equipo de la Defensoría y del CICAP que lideran el proyecto  ^{David Zamora, consultor a cargo del índice, 22 de septiembre de 2016.}  coinciden en que este tiene un potencial altísimo que todavía no se aprovecha plenamente. Para atender esta situación y promover el uso de la herramienta, el investigador del MRI recomienda:

• Canalizar esfuerzos para capacitar no solo en el uso del ITSP, sino también en lo que está detrás de las cosas que miden, para construir agendas respecto a estos temas, como el de la calidad de la información.
• Conforme las instituciones mejoren en los diferentes indicadores, es recomendable que el índice evolucione hacia una medición que pueda centrarse más en la calidad de la información que en su disponibilidad, dando énfasis a las estructuras y estandarización de los datos y la utilidad que estos puedan tener para un mayor número de usuarios.
• Acompañar los lanzamientos del informe de estrategias de comunicación con objetivos de impacto concretos, más allá de la mera publicación de notas informativas que hagan eco del lanzamiento. Estas metas podrían ser temáticas, escogidas de acuerdo al contexto nacional del momento o las prioridades de mejora que se deseen enfocar, haciendo énfasis en temas o indicadores concretos evaluados por el índice, que respalden y ayuden a alcanzar los objetivos de la estrategia de comunicación. Así, cada año se profundizaría en un tema diferente, impulsando a las instituciones a mejorar en ese tema en particular, sin que eso menoscabe el progreso en el resto de indicadores.

La acogida de los medios de comunicación de las actividades de lanzamiento del índice ha sido positiva;  ^{Sofía Chinchilla, “Costa Rica fue 'reprobado con creces' en índice de transparencia institucional” La Nación, 12 de septiembre de 2016.}  sin embargo, si se limita el lanzamiento a la enumeración de resultados generales se corre el riesgo de que el instrumento pierda relevancia con el tiempo. Profundizar en alguna de las problemáticas señaladas por el índice podría prolongar el eco noticioso generado a partir de las actividades de lanzamiento y aumentar el impacto de este instrumento en el progreso de las instituciones en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

• También hay oportunidad de involucrar más activamente a la sociedad civil en la difusión y el aprovechamiento del índice, solicitando su retroalimentación y perspectivas. El investigador percibió una baja o poco activa participación de la OSC en las actividades relacionadas con el índice.

Compromiso 9. Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes (J)

Texto del Compromiso:

Objetivo principal: brindar un panorama del estado de la transparencia, específicamente, sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura de datos publicados en los sitios web de las instituciones del Sector Público.

Breve descripción del compromiso: promover una cultura de transparencia para desarrollar una gestión pública centrada en el ciudadano. Se busca medir y clasificar el nivel de transparencia y accesibilidad de la información pública a partir de lo que se publica en las páginas web.

Institución(es) responsable(s): Defensoría de los Habitantes.

Institución(es) de apoyo: Procuraduría de la Ética, Ministerio de la Presidencia, MIDEPLAN, Costa Rica Integra, ACCESA, ALIARSE, Abriendo Datos Costa Rica, Red Ciudadana

Fecha de inicio: enero de 2016  Fecha de cierre: abril de 2017

Nota editorial: Este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, de impacto potencial transformador y está sustancial o totalmente cumplido.

Objetivo del compromiso

Este compromiso tuvo por objetivo difundir los niveles de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura de datos con que contaban los sitios web de las instituciones del sector público costarricense. El Gobierno pretendía hacerlo a través de una campaña de comunicación que ayudara a difundir los resultados del Índice de Transparencia de las Instituciones del Sector Público, desarrollado de forma conjunta por la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP).

Este índice tiene por objetivo promover el desarrollo de un gobierno abierto mediante la medición y calificación de instituciones públicas según su desempeño en la publicación de datos abiertos, niveles de acceso a la información, mecanismos de rendición de cuentas y canales para la participación ciudadana que ofrezcan a través de sus páginas web^{[Note69: El instrumento también se creó con el fin de ofrecer una guía, a través de indicadores concretos, sobre cómo transparentar información a losciudadanos a través de sus páginas de ínternet, y a la vez destacar oportunidades de mejora para las entidades.]}.

La implementación del compromiso incluiría trabajo de apoyo a las instituciones públicas para ayudarles a generar iniciativas para mejorar su desempeño en los aspectos evaluados, y de esa forma aprovechar el índice como un mecanismo que guíe sus esfuerzos y recursos en la dirección de una gestión más abierta.

A la vez, busca darle trazabilidad a las acciones que tomen las organizaciones en estas temáticas a lo largo del tiempo y medir sus resultados, generando un benchmark de buenas prácticas que incentive construir a partir de acciones de probada efectividad.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

La Defensoría de los Habitantes impulsó el índice con el apoyo del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), que venían trabajando en conjunto desde antes del desarrollo del plan de acción. Se aplicó por primera vez en el año 2015, cuando se evaluaron 105 instituciones. Al momento de evaluar este compromiso para el informe de medio término, el índice se estaba aplicando y se evaluaban los resultados para varias de las instituciones incluidas, sin que todavía se hubiesen publicado los resultados.

No obstante, la mayor parte de la información requerida para la evaluación se había recolectado y estaba en proceso de sistematización y análisis, por lo que se consideró que el compromiso tenía un nivel de avance sustancial.

Estaban pendientes, además de los resultados finales, la implementación de la campaña de comunicación y el acompañamiento que desde Casa Presidencial le darían a las instituciones para el uso del índice como instrumento de mejora en las áreas que evalúa.

Fin de término: Completo

La edición del índice correspondiente al año 2016 se publicó el 12 de septiembre de ese año e incluyó la evaluación de 206 instituciones. Esto  representó un aumento del 96% en la cobertura de organizaciones del índice, acercándose a las más de 300 instituciones que conforman el aparato estatal costarricense.

Ese aumento se debió principalmente a la inclusión de las 81 municipalidades del país. La mayoría de ellas obtuvo calificaciones bajas en los diferentes indicadores. En varios casos obtuvieron un cero, debido a la falta de información o a que algunas de ellas no tenían siquiera una página de internet. Esto hizo que el promedio total de todas las instituciones evaluadas bajara con respecto al año anterior en cada una de las dimensiones.

Una vez publicado el índice, la Defensoría de los Habitantes y el CICAP realizaron una serie de visitas a diferentes instituciones del Estado para explicarlo en detalle, cómo puede aprovecharse como instrumento para la mejora de los elementos que mide, porqué la información que evalúa es pública y cuál es el marco jurídico por el que ese contenido debe divulgarse proactivamente.

Estas visitas y talleres impulsaron iniciativas dentro de las instituciones para mejorar la divulgación de información que hacen a través de sus sitios electrónicos, el aprovechamiento que les dan para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

El CICAP, por su parte, desarrolló la Guía para el diseño de sitios web transparentes. Esteban Mora, coordinador del Programa de Investigación e Innovación del CICAP^{[Note70: Esteban Mora, coordinador del Programa de Investigación e Innovación del CIC. Entrevista, 21 de septiembre de 2017.]} explicó que la guía “integra un conjunto de buenas prácticas que permiten mejorar los portales de transparencia de las instituciones públicas y, a la vez, ayuda a conseguir “victorias rápidas” ante indicadores que mide el ITSP”.

La institución impartió ocho sesiones informativas y seis talleres con entidades del Gobierno central, autónomas y municipalidades con el fin de explicar a profundidad conceptos técnicos y valorar posibles mejoras en los sitios web. Las organizaciones participantes diseñaron cápsulas informativas, nombraron comisiones de trabajo y expusieron los resultados a sus jerarcas.

Mora detalló: “Esto demandó una inversión cercana a las 32 horas de trabajo en seis talleres, más de 80 horas con organizaciones públicas en visitas, y la atención de múltiples consultas tanto telefónicas como por correo electrónico, aclarando o requiriendo mayor detalle para la implementación de acciones sugeridas. La Defensoría de los Habitantes, por su parte, realizó 25 talleres con instituciones durante 2016 y en lo transcurrido de 2017 cerca de 32”.

Las iniciativas mencionadas se desarrollaron sin la participación de la CNGA o el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, quien indicó que la defensoría prefirió que así fuera. Jorge Umaña, del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano explicó: “Diseñamos procesos de capacitación y formación para aprovechar el índice, con la ayuda de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Ministerio de Hacienda, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Contra Drogas, que salieron bien calificados en la última edición (2016, para efectos de este informe). La idea era presentar buenas prácticas con el apoyo de Abriendo Datos, pero la defensoría y el CICAP no accedieron, por lo que no se dieron los talleres”^{[Note71: Jorge Umaña, asesor del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Entrevista, 14 de septiembre de 2017. ]}, explicó.

Ante esta situación, el viceministerio de Presidencia optó por revisar las páginas web de las instituciones y darles seguimiento vía telefónica durante un mes, para que incluyeran la información pendiente según el índice.

Susana Soto, de Abriendo Datos coincidió en el mismo criterio: “se quería dar desde la CNGA un acompañamiento a las instituciones para ayudarles a entender el índice y mejorar las notas obtenidas, pero la propuesta no se recibió tan positivamente”^{[Note72: Susana Soto, AbriendoDatos Costa Rica. Entrevista, 21 de septiembre de 2017]}. Mora indicó que el CICAP avanzaba en el desarrollo de su plan de trabajo para impulsar mejoras en el índice y en la coordinación con la defensoría.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Significativamente

Participación ciudadana: No cambió

La edición del índice del 2016 mostró el impacto que ha tenido este instrumento en las instituciones públicas evaluadas, al motivarles a implementar iniciativas que generen mayor apertura y en consecuencia les ayuden a obtener mejores calificaciones en alguna de las cuatro dimensiones en que se agrupan los indicadores del instrumento^{[Note73: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense: Documento Metodológico.]}:

·  Acceso a la información

·  Rendición de cuentas

·  Participación ciudadana

·  Datos abiertos de Gobierno

Este impacto se empezó a hacer palpable en esta segunda edición del índice, gracias al cambio en el comportamiento de instituciones y nuevas prácticas que les llevaron a mejorar el puntaje obtenido en la edición del año 2015. Estas nuevas prácticas incluyeron una mayor divulgación de información en forma de datos abiertos y otros formatos.

En la dimensión de acceso a la información, por ejemplo, 20 instituciones obtuvieron una calificación superior a 70, contra cinco en el 2015. En la de rendición de cuentas cuatro instituciones lograron una calificación superior a esa nota, mientras que en el 2015 habían sido dos. En la dimensión de participación ciudadana sólo una institución registró una calificación de más de 70 puntos, cuando en el 2015 ninguna lo hizo. En la última dimensión, de datos abiertos, lo hicieron cuatro instituciones, contra ninguna en el 2015^{[Note74: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP). Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense: Segunda Edición, Informe de Resultados 2016, noviembre de 2016]}.

Como se puede observar, el área en que más instituciones públicas mejoraron fue en el acceso a la información, debido a un incremento en prácticas de divulgación proactiva y un mayor uso de formatos abiertos.

Un ejemplo de esta mejora y del cambio generado en las prácticas de gobierno abierto en entidades públicas a partir de la aplicación del índice, es la Municipalidad de Palmares que empezó a trabajar estos aspectos en su sitio web desde el 2012^{[Note75: http://transparencia.munipalmares.go.cr/]}. Gracias a las visitas realizadas por la Defensoría de los Habitantes al municipio durante el 2016, como parte del acompañamiento luego de la evaluación del 2015, el ayuntamiento tomó acciones que le llevaron a lograr el primer lugar general en la edición del índice del 2016.

Milagro Campos, jefe de Informática de la municipalidad de Palmares comentó que los indicadores “sirvieron de guía para saber qué publicar. Luego de estudiar el informe ya sabía qué tenía y qué me faltaba, nos dio la receta”.

Agregó que el ITSP le ha servido también de apoyo y legitimación para generar una cultura más transparente dentro de la municipalidad. Campos puntualizó: “Algunos decían que la información que les pedía para publicar era clasificada. Entonces les mostraba que el índice lo medía y que por lo tanto debía ser publica, y eso ayudó a que publicáramos información sobre salarios y calificaciones de desempeño”.

Experiencias como esta pueden contarse de otras instituciones, como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud o la Dirección General del Archivo Nacional, que han visto en el índice una guía para desarrollar su agenda de trabajo materia de apertura.

En la práctica, les ha servido para empezar a desarrollar sitios de datos abiertos con información institucional y a actualizarlos periódicamente para divulgar información sobre el presupuesto aprobado y su ejecución, sus planes de desarrollo, valor de activos, informes de auditorías y de viajes, reportes financieros y de dietas, publicación de carteles, indicadores de desempeño, adjudicación de contratos, entre otros.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por ejemplo, creó un plan de trabajo que utilizó indicadores del ITSP, relacionados a los temas citados, como parámetro para medir mejoras en temas de transparencia. Para más detalle ver Informe de Avance 2015-2017.

La Universidad de Costa Rica creó un Comité Institucional de Gobierno Abierto y empezó a publicar información sobre la evaluación de desempeño de sus funcionarios, contrataciones de bienes y servicios, las actas del Consejo Universitario, los informes históricos de gestión y los planes estratégicos y operativos anuales^{[Note76: https://www.ucr.ac.cr/transparencia/ ]}.

El Comité usa las calificaciones recibidas en el ITSP para medir el impacto, positivo o negativo, de las iniciativas de transparencia implementadas. También para determinar áreas de mejora y, a partir de estas, priorizar las iniciativas que incluirá en sus planes de mejora constante. Para el 2017 las iniciativas incluyeron, entre otros, divulgar la agenda de los jerarcas, los reportes de viáticos por viajes al exterior y los informes de asesorías externas^{[Note77: Informe de la segunda sesión del Comité Institucional de Gobierno Abierto de la Universidad de Costa Rica.]}.

Marco Monge, representante del Consejo Nacional de Rectores en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y coordinador del Comité de Gobierno Abierto de la Universidad de Costa Rica explicó que las visitas mencionadas hechas por la defensoría y el CICAP han ayudado a los funcionarios a entender qué es información pública, porqué debe ser divulgada, por qué es importante involucrar a ciudadanos en la toma de decisiones y cuáles pueden ser los mecanismos para hacerlo.

Los efectos y eficacia de estas acciones se muestran al comparar las calificaciones por dimensión entre las dos ediciones del índice (2015 y 2016). El promedio del puntaje obtenido por todas las instituciones muestra en cuáles hubo un avance y en cuáles se retrocedió:

  Fuente: Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 2016

Como se mencionó, la mejora más significativa se presentó en el área de acceso a la información, seguida muy detrás por la de datos abiertos, mientras que la de participación ciudadana mostró un deterioro de casi ocho puntos.

Este decrecimiento podría verse influido por el hecho de que el índice mide exclusivamente el contenido de los sitios web de las instituciones, y una parte de los mecanismos de participación desarrollados se dan por otros canales no reflejados en las páginas de internet, como foros, ventanillas y principalmente través de las contralorías de servicio.

Según el informe publicado con el índice, “los rankings por cada dimensión muestran que hay instituciones que han hecho un esfuerzo importante para mejorar en el ITSP dado que se presentaron varias calificaciones de 90’s y 80’s, que no estaban disponibles antes”.

Además, “la mejor calificación para todos los rankings por naturaleza jurídica fueron superados en el 2016 según los resultados obtenidos en el 2015. Esto evidencia que el esfuerzo por mejorar en materia de transparencia no es sólo de un grupo particular de entidades, sino de todos los tipos de instituciones evaluadas”^{[Note78: ]}.

Las mejorías antes expuestas y las acciones tomadas por las instituciones costarricenses muestran que el índice les ha ayudado a promover la transparencia y una cultura de mayor apertura. Asimismo les a ayudado a cultivar una sana competencia que les lleva a tomar acciones para mejorar en estos temas, las cuales se traducen en mejores calificaciones en el instrumento de evaluación. Por este motivo se califica como “significativo” el avance en la apertura del Gobierno en cuanto al acceso de información, logrado por este compromiso.

No es así para el pilar de participación ciudadana, en el que los resultados no reflejan todavía ninguna mejora .

El compromiso no se consideró relevante para la rendición de cuentas debido a que los canales creados por las instituciones en sus páginas web, en la práctica, suelen ser más usados para la divulgación de información, la cual es compartida de manera muy sucinta y personal, contra petición particular de cada usuario. Esto provoca que en la realidad no resulten mecanismos para una efectiva rendición de cuentas públicas.

Otro de los grandes aportes del índice es que cuantifica problemas que por lo general no son cuantificados, como la falta de información pública difundida por las instituciones, la carencia de mecanismos de participación y vías para la rendición de cuentas. Adicionalmente, la forma de cuantificarlos no consiste únicamente en asignarle a las instituciones una calificación para cada indicador y una posición dentro del ranking. La siguiente tabla muestra otra manera de cuantificar el rezago en el sector público en cuanto a publicación de información que genera transparencia en temas concretos:

Fuente: Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 2016

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Esta fue la segunda ocasión en que se incluyó el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense como compromiso en un plan de acción, pues también formó parte del primer plan de acción de Costa Rica.

El informe de medio término del segundo plan de acción de Costa Rica recomendó incluir este compromiso solo si serviría para divulgar y aprovechar el índice como herramienta para la mejora en las dimensiones que mide. Muchos de estos aspectos se desarrollaron durante el segundo año de implementación del plan. El índice es ahora una herramienta consolidada en el sector público, usado como parámetro de mejora en diferentes iniciativas. Su influencia como motor para la mejora de la gestión pública ya se manifestó y se seguirá manifestándose si se continúa utilizando como se ha hecho. El reto que enfrenta ahora es el de empezar a innovar para mantenerse vigente.

Por esas razones y porque contó con poca participación de los actores de la CNGA, no se incluyó en el nuevo plan de acción, que da prioridad a nuevas iniciativas y a la consolidación de otras de implementación reciente.

II. Tema: Lucha contra la corrupción