Citizen Participation Policy of the Judiciary (CR0040)

Texto del compromiso Objetivo principal: acompañar desde el Ejecutivo la difusión de las Estrategias del Poder Judicial para integrar a la ciudadanía como el eje principal de su actuación, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica por medio del fortalecimiento de las contralorías de servicios, comisiones de personas usuarias, la creación de mesas de diálogo en los territorios de los circuitos judiciales y la educación en derechos a los ciudadanos y funcionarios del Poder Judicial. Breve descripción del compromiso: la Política de Participación Ciudadana aspira a la construcción de una cultura judicial más inclusiva y respetuosa de la ciudadanía, así como a una serie de condiciones necesarias para que la sociedad costarricense devenga en ciudadanía activa. Estas aspiraciones son: · La participación ciudadana como un proceso de construcción social permanente. · La participación ciudadana ejercida como derecho constitucional y deber cívico a la vez, que se ejerce de forma voluntaria y autónoma. Esto conlleva una corresponsabilidad entre partes y aspira a la vigencia y ampliación de los derechos de la ciudadanía, en cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida. Hitos: 1. Acompañar la implementación de una estrategia de divulgación y comunicación de la política de participación ciudadana. 2. Acompañar la difusión y realización de actividades presenciales y virtuales por parte del Poder Judicial. 3. Coadyuvar en la difusión de la guía metodológica de participación ciudadana diseñada por el Poder Judicial.

Compromiso 17. Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial

Texto del compromiso

Objetivo principal: acompañar desde el Ejecutivo la difusión de las Estrategias del Poder Judicial para integrar a la ciudadanía como el eje principal de su actuación, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica por medio del fortalecimiento de las contralorías de servicios, comisiones de personas usuarias, la creación de mesas de diálogo en los territorios de los circuitos judiciales y la educación en derechos a los ciudadanos y funcionarios del Poder Judicial.

Breve descripción del compromiso: la Política de Participación Ciudadana aspira a la construcción de una cultura judicial más inclusiva y respetuosa de la ciudadanía, así como a una serie de condiciones necesarias para que la sociedad costarricense devenga en ciudadanía activa. Estas aspiraciones son: · La participación ciudadana como un proceso de construcción social permanente. · La participación ciudadana ejercida como derecho constitucional y deber cívico a la vez, que se ejerce de forma voluntaria y autónoma. Esto conlleva una corresponsabilidad entre partes y aspira a la vigencia y ampliación de los derechos de la ciudadanía, en cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida.

Hitos:

1. Acompañar la implementación de una estrategia de divulgación y comunicación de la política de participación ciudadana.
2. Acompañar la difusión y realización de actividades presenciales y virtuales por parte del Poder Judicial.
3. Coadyuvar en la difusión de la guía metodológica de participación ciudadana diseñada por el Poder Judicial.

Institución responsable: Ministerio de la Presidencia, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ-Poder Judicial).

Institución (es) de apoyo: Instituciones miembro de CONAMAJ (Colegio de Abogados, Defensoría de los Habitantes, TSE, Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Paz, Facultad de Derecho de la UCR) ; otras instituciones estatales: MEP, INIE de la UCR, Sociedad civil en general, ONG.

Fecha de inicio: febrero de 2016.     Fecha final: abril de 2017.

Contexto y objetivos

En el año 2010, el Poder Judicial desarrolló su política de participación ciudadana, creada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), que es también responsable de ejecutarla junto con la Corte Plena y Consejo Superior del Poder Judicial, el despacho de la presidencia del Poder Judicial, los Consejos de Administración de Circuito y otras unidades del Poder Judicial.

Esta política busca motivar a los funcionarios para involucrar al ciudadano en iniciativas de aplicación de la justicia y la implementación de proyectos para mejorar su ejercicio. A pesar de su existencia previa, su utilización y difusión eran bajas, razón por la que se incluyó en el Plan de Acción.

El mismo documento de la política afirma que debido a un conjunto de factores externos e internos, la ciudadanía se ve impedida a ejercer el derecho constitucional a la participación ciudadana, lo que se expresa en una participación ciudadana insuficiente como deber y derecho ante la gestión del Poder Judicial.  ^{Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, “Guía para incorporar la participación ciudadana en el Poder Judicial”, 2015.}  Además, señala que existe entre los ciudadanos una percepción de lentitud y complejidad en los trámites relacionados con procesos judiciales, lo que genera barreras de acceso al sistema y reticencia a incidir en dichos procesos.

Los objetivos de este compromiso son concretos y pertinentes para el gobierno abierto, al fomentar iniciativas de participación ciudadana en el ámbito judicial mediante la implementación de una política de participación ciudadana y difusión de los derechos y obligaciones que derivan de ella.

No obstante, su impacto se considera menor debido a que la política de participación del Poder Judicial está dirigida sobre todo a los funcionarios del Poder Judicial. Asimismo, su enfoque de cara al público se limita a la difusión de información sobre derechos, lo que restringe el ámbito de aplicación directo de este compromiso más a la organización interna del Poder Judicial que a los usuarios finales de este. Si bien es indispensable capacitar a los trabajadores para que la institución mejore sus comportamientos y la cultura de facilitar el acceso a la información y promover la participación de los ciudadanos, los efectos de esta iniciativa en la ciudadanía dependen de la capacidad de esos funcionarios para traducir lo aprendido en acciones concretas que la política de participación busca fomentar.

La estrategia de difusión, por su parte, sí se dirige al público en general, lo que le da mayor pertinencia y posibilidades de impacto potencial en materia de gobierno abierto. Sin embargo, su implementación y beneficios están sujetos a la disponibilidad de fondos y de recursos humanos dentro de CONAMAJ.

Cumplimiento

El Ministerio de Presidencia y la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica elaboraron la estrategia de difusión y la plasmaron en el documento titulado “Estrategia de Divulgación y Monitoreo Ciudadano de la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial”,  ^{Este documento se le facilitó al investigador del MRI durante la realización de este informe.}   que se le facilitó al investigador del MRI y que incluye una metodología detallada de divulgación de la política y otra de monitoreo que permita evaluar la eficacia en la divulgación.

La estrategia plantea diferentes elementos en materia de difusión:

• La creación de una identidad gráfica de la política, mediante la creación de una mascota elegida por votación de los usuarios a través de la red social Facebook.
• El uso de frases claves y cortas.
• La utilización de plataformas digitales para la divulgación y el uso de boletines, panfletos y vídeos en los Consejos Administrativos de Circuito, Asociaciones de Desarrollo Comunal, grupos organizados y estaciones de policía.
• La divulgación en medios de comunicación masivos (canales de televisión y radio).

Respecto del monitoreo, el documento plantea el apoyo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y establece un cronograma de actividades con la entidad para definir los tiempos de monitoreo, ya sean cuatrimestrales o semestrales, y la implementación de mesas de diálogo, foros ciudadanos y portales digitales como medios para recibir retroalimentación de los ciudadanos. También se promueve la disponibilidad de información pública del Poder Judicial en página web, redes sociales e impresos. Por último, sugiere la creación y consolidación de mesas de diálogo y foros ciudadanos.

De acuerdo con el CONAMAJ, la guía les pareció muy bien elaborada, sus recomendaciones están muy ajustadas a lo que se requiere y son muy válidas, viables y oportuna. Esas variables se han tomado como referencia y la planificación se está ajustando, por ejemplo, a la disponibilidad, sobre todo, de recursos presupuestarios.  ^{Ingrid Bermudez, Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), 23 de septiembre de 2016.}

Según el Ministerio de la Presidencia, el Poder Judicial se encuentra en un proceso de apropiación de la estrategia para llevarla a la implementación. Con ello, en octubre 2016, no ha empezado la ejecución de la estrategia, a pesar de que el II Plan de Acción tiene definido como fecha final para el cumplimiento de esta actividad el mes de octubre de 2016. Por lo tanto, el acompañamiento en implementación y actividades de difusión por parte de la Subcomisión de Participación Ciudadana de la CNGA no se ha llevado a cabo. Sin embargo, estas actividades de difusión tienen como fecha límite hasta abril de 2017.

El principal factor que ha incidido en el retraso de tiempo del compromiso y sus respectivos componentes es que no se contempló la creación de la estrategia de difusión y monitoreo como una actividad del compromiso.  ^{Esta iniciativa surgió posteriormente dentro del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano como una manera de apoyar al Poder Judicial y el CONAMAJ en la implementación del compromiso.}  

Siguientes pasos

El Poder Judicial es uno de los Poderes del Estado con más avances en temas de gobierno abierto, y la OCDE lo calificó, durante su visita de evaluación en el 2015, como un ejemplo internacional a la vanguardia en materia de justicia abierta.

Con base en estas consideraciones, el investigador del MRI ofrece las siguientes recomendaciones:

• Que el Poder Judicial asuma una participación más activa en los ciclos de desarrollo de los planes de acción, mediante la participación en los procesos de consulta y sugerencia de compromisos.
• También podría aprovechar su experiencia en el fomento de justicia abierta para asumir un mayor liderazgo en la generación de un Estado Abierto, asumiendo más responsabilidades y compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Fomentar campañas de divulgación de las plataformas electrónicas de información del Poder Judicial para aumentar su uso por parte de la ciudadanía.
• Aprovechar la oportunidad que tiene el Poder Judicial de mejorar la transparencia para la rendición de cuentas a través de medios digitales, mediante la divulgación de indicadores de eficiencia administrativa y en el ejercicio de la justicia, la efectividad en la resolución de casos, el proceso de trámites, entre muchos otros indicadores.
• El periodo de la actual presidencia de la Corte Suprema de Justicia concluirá en mayo de 2017, por lo que resulta de gran importancia impulsar iniciativas que ayuden a dar continuidad al camino emprendido para alcanzar una justicia abierta en el poder judicial, de manera que esta sea impulsada por los mismos funcionarios, quienes la requieran de parte de sus jerarcas.

Compromiso 17. Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial

Texto del Compromiso:

Objetivo principal: acompañar desde el Ejecutivo la difusión de las Estrategias del Poder Judicial para integrar a la ciudadanía como el eje principal de su actuación, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica por medio del fortalecimiento de las contralorías de servicios, comisiones de personas usuarias, la creación de mesas de diálogo en los territorios de los circuitos judiciales y la educación en derechos a los ciudadanos y funcionarios del Poder Judicial.

Breve descripción del compromiso: la Política de Participación Ciudadana aspira a la construcción de una cultura judicial más inclusiva y respetuosa de la ciudadanía, así como a una serie de condiciones necesarias para que la sociedad costarricense devenga en ciudadanía activa. Estas aspiraciones son: · La participación ciudadana como un proceso de construcción social permanente. · La participación ciudadana ejercida como derecho constitucional y deber cívico a la vez, que se ejerce de forma voluntaria y autónoma. Esto conlleva una corresponsabilidad entre partes y aspira a la vigencia y ampliación de los derechos de la ciudadanía, en cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida.

Institución(es) responsable(s): Ministerio de la Presidencia, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ-Poder Judicial).

Institución(es) de apoyo: Instituciones miembro de CONAMAJ (Colegio de Abogados, Defensoría de los Habitantes, TSE, Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Paz, Facultad de Derecho de la UCR) ; otras instituciones estatales: MEP, INIE de la UCR, Sociedad civil en general, ONG.

Fecha de inicio: febrero de 2016  Fecha de cierre: abril de 2017

Objetivo del compromiso

El principal objetivo de este compromiso fue fomentar la participación de la ciudadanía en las diferentes áreas de gestión del Poder Judicial, por medio de la aplicación y divulgación de la Política de Participación Ciudadana de dicho poder.

El Viceministerio de Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano apoyaría al Poder Judicial en la difusión de las estrategias entre sus colaboradores con la intención de integrar a la sociedad civil como eje principal de su actuación, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica^{[Note135: Constitución Política de Costa Rica, 7 noviembre de 1949. Artículo 9: “El Gobierno de la República es popular representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.”]}.

También impulsaría la difusión de la política entre usuarios del Poder Judicial, incentivando su participación e involucramiento en los diferentes foros que posee para relacionarse con diferentes sectores sociales.

Los objetivos concretos que se plantearon incluyeron:

·  Fortalecer las contralorías de servicios.

·  Fortalecer las comisiones de personas usuarias.

·  Crear mesas de diálogo en los territorios de los circuitos judiciales.

·  Implementar programas de capacitación en derechos a los ciudadanos y a funcionarios del Poder Judicial.

Cumplimiento

Medio término: Limitado

Durante el primer año de implementación del plan de acción, el avance del compromiso fue limitado. Estudiantes de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica en colaboración con el Ministerio de Presidencia redactaron el documento titulado “Estrategia de Divulgación y Monitoreo Ciudadano de la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial”^{[Note136: Astrid Acuña, Fiorella Rojas, Luis Monge, María José Álvarez, Nancy González, Natalia Mora, Steffi Lizano, “Estrategia de Divulgación y Monitoreo Ciudadano de la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial”, Escuela de Administración Pública, Universidad de Costa Rica, 2016.]}. Este incluye una metodología detallada de divulgación de la política y otra de monitoreo que permitiría evaluar la eficacia en la divulgación.

El trabajo se presentó a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), autora de la Política de Participación del Poder Judicial, que le dio su visto bueno y avaló implementar las iniciativas que proponía, tras considerarlas ajustadas a los requerimientos.

Sin embargo ninguna de las actividades propuestas en el compromiso había iniciado cuando se realizó la investigación para el informe de medio término.

Para entonces el Poder Judicial se encontraba en el proceso de apropiación de la estrategia propuesta y en la búsqueda de alternativas para cumplir con los requerimientos presupuestarios de su implementación.

Fin de término: Sustancial

Se califica el cumplimiento de este compromiso como sustancial por cuanto se completaron las actividades contenidas en el plan de acción y se desarrolló y ejecutó la estrategia de comunicación con que se divulgaría la política de participación del Poder Judicial.

Lo que no se concretó fue el fortalecimiento de las contralorías de servicio, planteado en el plan de acción, y la mayor “integración de la ciudadanía” que se pretendía obtener como resultado que los funcionarios del Poder Judicial hicieran de este objetivo “el eje principal de su actuación”, según define el texto del compromiso. Ni el viceministerio ni el CONAMAJ evaluaron hasta qué nivel los trabajadores interiorizaron esta meta, ni se cuantificó la mejora esperada de la integración ciudadana, por lo que no es posible determinar si se alcanzaron estos objetivos.

A la hora de implementar la estrategia de comunicación, el CONAMAJ y el viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano definieron cuatro áreas estratégicas a las cuáles dirigir su campaña^{[Note137: Entrevista, viceministerio de PresidenciaenAsuntosPolíticos y DiálogoCiudadano, 14 de setiembre de 2017.]}:

·  Funcionarios del Poder Judicial.

·  Dirigentes encargados de oficinas del Poder Judicial.

·  Sociedad civil en general.

·  Ciudadanos usuarios de los servicios del Poder Judicial.

Para abordar el primer grupo, de funcionarios, primer grupo, se implementó una campaña de comunicación interna que se dedicó a difundir el contenido de la política a través de la intranet. Esta permitió llegar a 13.500 cuentas de correo electrónico en dos momentos distintos durante el segundo semestre de 2016, y en tres ocasiones durante primer semestre de 2017.

Además, se realizaron talleres dirigidos al personal e impartidos junto con la Secretaría de Ética y Valores. En ellos participaron 164 trabajadores judiciales provenientes de diferentes zonas del país^{[Note138: Los asistentes provenían de Turrialba, Cartago, San José, Quepos, Puntarenas, Santa Cruz, Nicoya, Liberia, San Carlos, Guápiles, Limón, Golfito, Osa, Corredores, Pérez Zeledón, Grecia, San Joaquín de Flores, Heredia y Alajuela.]}. También se impartieron cursos virtuales sobre participación ciudadana a 293 funcionarios.  

La campaña dirigida a las oficinas del Poder Judicial tuvo como meta cumplir con una directriz del Departamento de Planificación según la cual, para el año 2017, todas las oficinas del Poder Judicial debían incluir acciones en su eje estratégico de participación. De acuerdo con el informe de cumpliento del compromiso^{[Note139: CONAMAJ-Poder Judicial. “Informe de Cumplimiento de Compromisos de Gobierno Abierto”.]}, solo el 47% (363 oficinas) habían cumplido con el mandato.

La campaña dirigida a la sociedad civil, el tercero de los grupos meta, incluyó una serie de cápsulas informativas difundidas en medios de comunicación radiofónicos y redes sociales:

·  Cápsulas informativas distribuidas a través de Panorama: un programa radiofónico que enlaza a más de 80 emisoras y se programa en una de las franjas horarias de mayor rating del día. Tiene una audiencia de 43.000 personas por programa. Durante el segundo semestre de 2016 se incluyeron en tres programas.

·  Programa Sinaí (radioemisora nacional): en dos ocasiones se ha tratado el tema de la participación ciudadana en el programa que dirige el Lic. Gustavo Barrantes. Los datos de esta emisora indican que por programa, en promedio, tienen 6.000 oyentes. Con base en lo anterior, como mínimo se tuvo un alcance de 12.000 personas a nivel nacional.

·  Perfil de Facebook de CONAMAJ^{[Note140: https://es-la.facebook.com/conamaj/]}: el Gobierno estimó su alcance en unas 1.000 personas por semana. La mayoría de las publicaciones diarias se orientan a temas de acceso a la justicia y participación ciudadana.

Finalmente la campaña dirigida al último de los grupos, los usuarios, consistió en la creación de nuevos espacios, foros y comisiones que incluyeran la participación activa de ciudadanos^{[Note141: CONAMAJ, Reporte de Cumplimiento de Compromisos, Plan Nacional de Gobierno Abierto Conamaj-Poder Judicial, 2017.]}. Las instancias creadas fueron:

·  Foro por la Justicia de Pococí, un enlace ciudadano de la comunidad con las oficinas judiciales locales.

·  Concejos de Administración de Circuito con representación ciudadana en el II Circuito Judicial de Alajuela y II Circuito Judicial de Limón.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, Nataly Salas del CONAMAJ, consideró que fue “puntual y circunstancial. Algunas organizaciones interesadas en el tema han solicitado material y lo han distribuido entre sus contactos. Además, algunas personas facilitadoras judiciales han llevado la información a sus comunidades”^{[Note142: Nataly Salas, CONAMAJ, Poder Judicial, Entrevista por medios electrónicos, 13 de septiembre de 2017.]}.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: No cambió

Participación ciudadana: Marginalmente

Las acciones tomadas para cumplir el compromiso incluyeron la creación de nuevas instancias de participación en el Poder Judicial, al incorporarse representación de sociedad civil en dos de los Consejos de Administración de Circuito, figura que no existía antes de implementarse el plan de acción.

Sin embargo estos fueron los únicos espacios de participación ciudadana creados como resultado de la implementación del compromiso.

En cuanto al acceso a la información, el Poder Judicial incrementó significativamente la cantidad de información divulgada de manera proactiva durante los dos años de implementación del plan de acción, pero ni el CONAMAJ ni el viceministerio establecieron una vinculación entre esta mejoría y la estrategia de comunicación desplegada por el compromiso. Ambas iniciativas se desarrollaron de manera paralela, pero sin que estuvieran necesariamente vinculadas entre sí.

Para Nataly Salas, a través de la campaña de comunicación “se mejoró el posicionamiento de la política de participación tanto dentro como fuera del Poder Judicial, y se ayudó a que los funcionarios reconozcan la importancia de generar vínculos entre las instituciones del Estado y la ciudadana para la construcción de acciones alineadas con las realidades de la población”^{[Note143: Ibidem]}. Queda pendiente que esta concientización se traduzca en mayor apertura por parte de los funcionarios de este Poder de la República.

Evelyn Villareal, de Costa Rica Íntegra y coordinadora de investigación del programa Estado de la Nación, encargada del informe Estado de la Justicia, consideró que la política de participación no ha tenido el apoyo institucional necesario para su adecuada implementación. Ella afirma que “algunos de los mecanismos que propone no cuentan con viabilidad política y las acciones se han limitado a procesos de concientización. Por eso se ha avanzado poco en los mecanismos de participación propuestos”^{[Note144: Evelyn Villareal, Costa Rica Integra. Entrevista, 12 de septiembre de 2017.]} .

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Durante el primer plan de acción se pretendió divulgar y potenciar los mecanismos de participación ciudadana con que contaba el Poder Judicial, sin embargo se hizo poco al respecto y no se mejoraron los niveles de involucramiento de la ciudadanía. Por este motivo, y debido a que el Poder Judicial había creado su propia política de participación pero no había logrado difundirla adecuadamente, se incluyó este objetivo en el segundo plan de acción. Sin embargo, el tercer plan de acción no incorporó este compromiso.