Open Justice Policy (CR0053)

• OpenStories:Strengthening Justice Through Participation (September 1, 2019)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
La necesidad de un cambio de paradigma en el Poder Judicial, hacia uno más democrático, inclusivo y participativo; y la de fortalecer y articular las acciones de transparencia, rendición de cuentas y colaboración dan origen a la formulación de una política de justicia abierta en el Poder Judicial de Costa Rica, tratándose de ajustar a las demandas y necesidades actuales de la población costarricense.

¿Cuál es el compromiso?
Promover una gestión en todos los ámbitos del Poder Judicial basada en los principios rectores de la Justicia Abierta: transparencia, participación y colaboración, para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además se instrumentalizará la Política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Concretar una política en el Poder Judicial sobre Justicia Abierta permitirá indagar en el estado actual de las acciones ejecutadas en el tema en los distintos ámbitos de la institución, lo que posibilitará la articulación de estas últimas en un frente común, viabilizando el fortalecimiento, control, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas en los ejes transparencia, participación y colaboración. Asimismo, en el proceso será fundamental el involucramiento de la ciudadanía por medio de recursos de consulta y participación directa, lo que garantizará la incorporación de sus necesidades y demandas.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
El presente compromiso busca institucionalizar la apertura de datos y el mejoramiento de acceso a la información pública mediante la creación de mecanismos incluidos en el plan de acción de la política de
Justicia Abierta del Poder Judicial que viabilice dicho cometido, involucrando a las oficinas y despachos que integran los distintos ámbitos de la institución y utilizando recursos y tecnologías innovadoras; por lo que se puede afirmar que tiene relevancia frente al compromiso de transparencia.
La política de Justicia Abierta estará articulada con otra que ya existe en el Poder Judicial en torno al tema de participación ciudadana, lo que garantizará la inclusión de la ciudadanía y el mejoramiento de las formas de vinculación que existen con esta; por lo que se puede afirmar que el presente compromiso es relevante frente a la participación pública.
La concreción de una política en Justicia Abierta en el Poder Judicial será un mecanismo que fortalecerá el compromiso de la institución y de sus funcionarios y funcionarias en los principios de transparencia, participación y colaboración, mediante la concreción de acciones que se reflejen en los planes de operaciones de las distintas oficinas y despachos en acciones que promuevan el diálogo, la apertura y la rendición de cuentas.

Información adicional
Por tratarse de una política derivada de compromisos internacionales y nacionales, una vez que se tenga el plan de implementación formulado que a su vez contenga una estimación presupuestaria se realizará la gestión ante la Dirección de Planificación del Poder Judicial para incorporarlo al presupuesto ordinario. En este momento el Poder Judicial asigna a CONAMAJ la tarea de su ejecución con presupuesto que ya la oficina tiene, con apoyo de presupuesto asignado a la Presidencia de la Corte.
Las acciones propuestas en el tema de Justicia Abierta en el Poder Judicial son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) como parte del compromiso del Estado costarricense en adoptar políticas que promuevan el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el gobierno electrónico y la lucha contra la corrupción; y, en la misma línea, se encuentran vinculadas a la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto.
A nivel institucional, temas tales como la participación ciudadana se encuentran en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018, con el objetivo de “Aplicar la gobernanza en la gestión judicial, incorporando los diferentes actores involucrados con el fin de buscar soluciones que resulten satisfactorias para todas las partes”.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas la concreción de una política en Justicia Abierta se encuentra vinculada principalmente con el objetivo número 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
Como antecedente importante en el Poder Judicial, en el 2015 Corte Plena aprueba la Política Institucional de Participación Ciudadana, cuyo objetivo general es: “Garantizar un Poder Judicial capaz de integrar a la ciudadanía como el eje principal definitorio de su accionar, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.” La Política de Justicia Abierta deberá articular las acciones de la Política de Participación Ciudadana, en sus diferentes líneas estratégicas, pero sobre todo en el principio correspondiente a participación.

7. Política de Justicia Abierta

Texto del compromiso:

Promover una gestión en todos los ámbitos del Poder Judicial basada en los principios rectores de la justicia abierta: transparencia, participación y colaboración, para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además se instrumentalizará la política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. [46]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

Este compromiso, a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) [47], pretende crear una política de justicia abierta e instaurarla en el Poder Judicial. Según el plan de acción, la política articulará acciones de transparencia, rendición de cuentas y colaboración en todos los ámbitos del Poder Judicial para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria.

El compromiso afirma que el proceso de implementación requerirá “el involucramiento de la ciudadanía por medio de recursos de consulta y participación directa”.

Entre los objetivos está la institucionalización de la apertura de datos, esfuerzo iniciado años atrás y que ha permitido a este órgano contar con una página web con información bajo este formato [48]. Además, incluyen facilitar el acceso a la información pública generada por el Poder Judicial y articular esta Política con la Política de Participación Ciudadana de la misma institución, de manera que ambas se complementen al promover la participación de usuarios del Poder Judicial en varios de sus procesos de toma de decisiones.

Para alcanzar las metas mencionadas se definieron las siguientes tareas:

• Obtener la aprobación por parte de la Corte Plena del marco general orientador de la Política de Justicia Abierta.
• Definir el estado situacional
• Diseñar el plan de implementación de la Política de Justicia Abierta que contenga ejes, objetivos, indicadores, metas, acciones estratégicas, responsables, plazos y estimación presupuestaria
• Sistema de monitoreo y evaluación de la Política de Justicia Abierta.
• Sistematización de la experiencia.
• Diseño de la estrategia regional para compartir experiencia como buena práctica y lecciones aprendidas

Entre los entregables que define el compromiso se incluye un mapeo de actores, un plan de acción, la definición de una línea base, un sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Este compromiso es relevante a los valores de acceso a la información y participación ciudadana. El proceso para la construcción de la política incluirá la consulta con organizaciones de sociedad civil, pues éstas serán las que definan cuáles son sus principales necesidades de información, transparencia y rendición de cuentas. A partir de sus insumos, se priorizarán las áreas que abordará el documento final. El compromiso no define claramente cuáles serán las acciones, mecanismos o procesos que se crearán a razón de su implementación y mejorarán la rendición de cuentas del Poder Judicial, según la definición de este valor de OGP. Este compromiso muestra mayor especificidad que los anteriores por lo concreto de sus entregables y el mayor detalle de sus objetivos y las tareas para alcanzarlos. A pesar de ello se podrían relacionar mejor los objetivos y los entregables especificados en el plan de acción, de manera que sea más claro cuál objetivo ayuda a cumplir con cada producto.

Su implementación contribuiría a acercar a los ciudadanos a los procesos por los cuales se les brinda acceso a la justicia y contribuiría a mejorar la imagen de este Poder del Estado, la cual se ha visto afectada por recientes informaciones sobre el régimen de pensiones propio del que goza y sus políticas salariales, que el Gobierno ha propuesto modificar a través de propuestas de ley que provocaron una huelga generalizada en este Poder de la República [49].

El compromiso da continuidad a los esfuerzos del Poder Judicial por implementar políticas de gobierno abierto iniciadas hace varios años y al compromiso del plan de acción anterior de implementar y divulgar de la Política de Participación Ciudadana [50], creada en el año 2010 y cuya intención es motivar a los funcionarios a involucrar al usuario a participar de los procesos, toma de decisiones e iniciativas para impartir justicia [51].

Siguientes pasos

Una vez definidos el plan de acción y los indicadores de éxito, los esfuerzos deberán enfocarse en su implementación, de manera que se obtengan los beneficios esperados del trabajo desarrollado en forma conjunta entre sociedad civil y el Poder Judicial. Esta es una de las fases más retadoras del proceso para instaurar la política, lograr que influya en el comportamiento de los funcionarios y genere cambios. Éste fue uno de los retos que más costó con la implementación de la Política de Participación del Poder Judicial, incluida en el pasado plan de acción, según el Informe de Fin de Término del IRM 2015-2017.

Algunos de los aspectos que pueden ayudar a instaurarla es cuantificar los resultados esperados de la política y asignarles responsables, de manera que se pueda medir cómo están cumpliendo con lo esperado. Si esto llega a formar parte de la medición de desempeño de las personas responsables, será mayor la probabilidad de llevar la política a la práctica exitosamente.

El compromiso contempla el diseño de la estrategia regional para compartir la experiencia como buena práctica y las lecciones aprendidas. Una adecuada estrategia de divulgación será de gran provecho para otras iniciativas de colaboración entre el sector público con la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas, pues el Poder Judicial ha desarrollado un valioso conocimiento en esta área.

El éxito al convocar a civiles y organizaciones a sus procesos participativos se debe no solo a la relevancia de este Poder del Estado en la vida social y el día a día de los ciudadanos, sino al seguimiento puntual que se le ha dado a las iniciativas de cocreación del organismo, mediante la publicación de información sobre el proceso antes y durante su implementación y a la retroalimentación que reciben sus participantes sobre el uso que se le da los insumos que aportan durante los talleres.

Esto ha ayudado a que, a lo largo del tiempo, el Poder Judicial logre participaciones de mayor calidad que mejoren los resultados de sus procesos y que las OSC participantes se sientan escuchadas al expresar sus necesidades y expectativas, lo que ayuda a que el producto final satisfaga sus necesidades y calidad deseada [52].

Por el posible impacto potencial y el trabajo que requiere para su adecuada implementación y el desarrollo de capacidades en la sociedad civil necesario para su aprovechamiento, el investigador del IRM considera que este compromiso debería priorizarse dentro del presente plan de acción, de manera que cuente con los recursos necesarios para su cumplimiento y no se necesario trasladarlo a planes de acción posteriores.

• “Todos los ticos financian grandes privilegios en pensiones del Poder Judicial”, Juan Pablo Arias, CRHoy, 26 de julio de 2017,
• “El Poder Judicial de Costa Rica cumple 10 días atascado en una huelga inédita”, Álvaro Murillo, El País, España, 29 de julio de 2017,
• “Poder Judicial tiene los jubilados con las pensiones más altas de Costa Rica”, Óscar Rodríguez, La Nación, 15 de abril de 2018
• “800 funcionarios del Poder Judicial ganan más de ¢3 millones al mes”, Natasha Cambronero, Gustavo Arias, La Nación, 20 octubre de 2018
• “Magistrados defienden salarios del Poder Judicial y piden al Congreso hacer cambios a la reforma fiscal”, Manuel Avendaño, El Financiero, 16 de octubre de 2018.

7. Política de Justicia Abierta

Texto del compromiso:

Promover una gestión en todos los ámbitos del Poder Judicial basada en los principios rectores de la justicia abierta: transparencia, participación y colaboración, para garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas. Además se instrumentalizará la política, que contenga al menos los siguientes productos: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. ^[50]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

El Poder Judicial planteó este compromiso con el objetivo de construir una Política de Justicia Abierta que hiciera más inclusivo y participativo al órgano encargado de administrar justicia en el país, a la vez de fortalecer y articular sus acciones de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La iniciativa propuso entre sus actividades la aprobación, por parte de la Corte Plena, del marco general de la Política de Justicia Abierta y el desarrollo de un estado situacional que estableciera su línea base. También incorporó la construcción de un plan de acción y un sistema de evaluación y seguimiento que incluyera el monitoreo ciudadano y mecanismos de rendición de cuentas, particularmente enfocados en poblaciones en condición de vulnerabilidad. El compromiso contempló también la sistematización de la experiencia y lecciones aprendidas en el desarrollo de todas estas actividades y sus resultados.

La implementación estuvo a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), adjunta al Poder Judicial. Esta oficina fue la responsable de ejecutar las iniciativas de justicia abierta usando los recursos propios de su presupuesto más el apoyo de presupuesto asignado a la Presidencia de la Corte.

El primer hito del compromiso se cumplió el 12 de marzo de 2018, fecha de la sesión N° 10-18 ^[51]  de la Corte Plena y en la que se aprobó la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial. Esta Política, una de las primeras del mundo en su materia dentro de un Poder Judicial ^[52], define el marco jurídico y los lineamientos que seguirá este Poder en materia de gobierno abierto, y se articulará con la Política de Participación Ciudadana, creada como parte de la implementación de un compromiso del plan de acción anterior. El objetivo es que ambas se complementen y contribuyan a los procesos de inclusión de la ciudadanía y el mejoramiento de las formas de vinculación con esta.

Para cumplir los demás hitos del compromiso el Poder Judicial contrató una consultoría a Eurosocial ^[53], a quien encargó realizar el diagnóstico de la institución en materia de participación y acceso a la información, la definición del estado situacional y la línea base del plan de acción de justicia abierta y su plan de implementación.

Producto de esta consultoría, que se efectuó entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2018, se obtuvo el diagnóstico que funcionó como línea base para el desarrollo del plan de acción y que constituye el segundo entregable del compromiso. El documento ^[54] fue remitido con fecha del 7 de mayo de 2018 y da cuenta de los esfuerzos realizados por el Poder Judicial en materia de justicia abierta hasta esa fecha. Propone algunos indicadores de medición en la materia y destaca acciones implementadas por la institución en temas de participación y acceso a la información como la publicación de los estados financieros y presupuestarios, informes de rendición de cuentas y estadísticas, y los talleres y comités ciudadanos realizados con el objetivo de que los usuarios puedan incidir directamente en la selección de prioridades de la institución. También menciona los compromisos sobre el tema anteriormente incluidos en planes de acción de gobierno abierto, así como los logros reportados por los informes del IRM.

Una vez completadas las fases de investigación y determinación de dónde se encontraba el Poder Judicial en materia de gobierno abierto, se inició con el proceso de cocreación del plan de acción. En septiembre de 2018 se realizó un taller, del que el investigador del IRM fue testigo presencial, en el que participaron instituciones públicas, en su mayoría dependientes del Poder Judicial, y organizaciones de la sociedad civil. Este tuvo por objetivo construir de forma conjunta las iniciativas que se incluirían en el plan de acción de justicia abierta. Fue facilitado por la consultora de Eurosocial y obtuvo como resultado 22 propuestas ^[55] para incluirse en el plan. Solamente se descartaron dos de todas las iniciativas recibidas por no relacionarse a temas de justicia abierta ^[56]. Así, el primer plan de acción de justicia abierta del país incluyó 20 compromisos.

De estos, los primeros 12 representan acciones para mejorar en el área de transparencia, los siguientes cinco en materia de rendición de cuentas, y los últimos tres corresponden a iniciativas de participación ciudadana. De todos ellos, dos fueron propuestos directamente por organizaciones de la sociedad civil: compromisos 1.8 “Auditoría social permanente para el Sistema de Justicia Abierta del Poder Judicial” y 2.3 “Fortalecimiento de los procesos de construcción de ciudadanía, para la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la medición de impacto”. El resto de las iniciativas provino de funcionarios del Poder Judicial.

Las OSC que participaron en la cocreación destacaron la calidad del proceso, particularmente por la disponibilidad de información y retroalimentación ofrecida durante la ejecución. También consideraron positivo que se contó con el apoyo de la Corte Plena, la apertura y disposición que existió durante todo el proceso por parte del Poder Judicial para escuchar y considerar sus propuestas, así como el que la sociedad civil y funcionarios públicos compartieran el espacio tanto para le recolección de propuestas como para la definición final de los compromisos a incluir en el documento final ^[57].

Luego de la cocreación del plan de acción, la consultora de Eurosocial diseñó y desarrolló su sistema de monitoreo y evaluación, que fue entregado el 30 de octubre de 2018 y puede descargarse de la página de Justicia Abierta del Poder Judicial.

La experiencia y lecciones aprendidas a partir del proceso de implementación se empezaron a compartir a través del Consejo Judicial Centroamericano y durante el Congreso Internacional de Justicia Abierta que celebró el Poder Judicial en octubre de 2019. De esta manera el CONAMAJ cumplió con todas las actividades del compromiso a excepción de la sistematización de la experiencia, que para entonces estaba en proceso de elaboración pero aún debía completarse y someterse a consulta pública.

La principal contribución de este compromiso no radica en el documento de la Política de Justicia Abierta y su plan de acción, cuyos beneficios se verán hasta que se cumpla con su implementación, sino en el proceso participativo y la calidad y nivel de involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de construcción de estos documentos.

El CONAMAJ dio especial énfasis y destinó recursos y horas de trabajo específicamente a involucrar a la sociedad civil a lo largo del proceso de cocreación del plan de acción de justicia abierta. Lo hizo tomando el liderazgo y coordinación de la participación de la sociedad civil en el proceso, facilitando su participación, sus procesos de toma de decisión y liderando las convocatorias. También lo hizo dando seguimiento a cada uno de los talleres realizados, enviando a todos los participantes las minutas y acuerdos tomados en cada uno de ellos, ofreciendo respuesta a las reacciones de esas minutas y validando cualquier cambio con los participantes en el siguiente taller.

Asimismo, el CONMAJ llevó a cabo un trabajo de acercamiento previo a las convocatorias, por correo electrónico, redes sociales y a veces por medios de comunicación. Luego, por estos mismos canales se convocaba a los talleres que posteriormente se sistematizaban, se sacaban productos y se compartían. “De momento falta cultura para que los ciudadanos asuman procesos del Poder Judicial. Todavía la ciudadanía no ve el beneficio tangible de participar, se ven solo como usuarios cuando están en un proceso judicial pero no como actores en la toma de decisiones, por lo que se hace necesario tomar cierto liderazgo”, consideró Ingrid Bermúdez, coordinadora del Programa de Participación Ciudadana, CONAMAJ.

También se creó la Mesa de Trabajo de Justicia Abierta, un foro de la sociedad civil en el que tanto las organizaciones, como personas que participan por cuenta propia del proceso, pueden discutir sus propuestas y posturas ante el trabajo realizado y sobre las iniciativas propuestas por el Poder Judicial.

Esta estructura, apoyada e impulsada desde la Corte Plena de este Poder, facilitó que cerca de 40 personas por sesión de diferentes organizaciones participaran del proceso, una convocatoria numerosa en comparación con el resto de procesos participativos de gobierno abierto ^[58]. De acuerdo a la información de participación facilitada por el CONAMAJ, la participación de las personas fue constante y no solo ocasional, un evento sí y otro no, como ha sido más frecuente en otros procesos participativos de la agenda de gobierno abierto liderados por el Poder Ejecutivo.

Las organizaciones de la sociedad civil consultadas opinaron que el proceso de participación fue exitoso y se consideraron escuchadas, que sus aportes fueron tomados en cuenta y se vieron reflejados en los productos finales que salieron de los procesos de cocreación. En cuanto a la implementación de la política, se continuó con la cooperación de Eurosocial para la creación de un plan de acción, una matriz de seguimiento a las iniciativas de justicia abierta, y un sistema de monitoreo y evaluación ^[59].