Policy Open Parliament Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica (CR0054)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
El Poder Legislativo ha sufrido una constante erosión al sentir los habitantes que no representa sus intereses y demandas, no promueve una efectiva participación en el proceso legislativo y que la legislación no es oportuna. Por ello, se pretende mejorar la interacción con los habitantes, en razón del mandato constitucional que dispone que el Estado costarricense debe ser popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Lo anterior implica una responsabilidad activa de los Poderes de la República en promover la participación, colaboración, transparencia, rendición de cuentas e innovación, en el caso de la Asamblea Legislativa en los procesos de legislar y control político.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso es crear e implementar una Política Institucional de Parlamento Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Con ella se pretende establecer una nueva forma de interacción con los habitantes para fomentar la apertura, la transparencia, el acceso a la información pública, la redición de cuentas, la cocreación y participación ciudadana, la ética y la probidad mediante la innovación con el uso de nuevas tecnologías de información y la comunicación.
El objetivo general es elaborar conjuntamente con legisladores, administrativos y sociedad civil, en siete meses, un documento que oriente tres años acciones concretas que promuevan los principios que impulsa tanto la OGP como la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica.
Para el 2021, se espera lograr que los habitantes puedan conocer: la actividad y labor tanto de los diputados como de las fracciones políticas, desarrollar mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas, contar con más y mejores mecanismos y procesos de participación activa de la sociedad con el Parlamento, emplear nuevas tecnologías de la información y mejorar la comunicación para transparentar las acciones y decisiones de los legisladores.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Para mejorar la Rendición de cuentas: Dar a conocer las agendas, planes y programas de los legisladores y las fracciones, así como los informes de gastos y actividades realizadas por ellos. Suministrar información de asesores de diputados y fracciones. Dar a conocer los planes institucionales, las contrataciones y las ejecuciones presupuestarias. Implementar espacios de interacción directa de los diputados con los habitantes para su rendición de cuentas. Para fortalecer la participación ciudadana y colaboración activa en el proceso legislativo:
Desarrollar metodologías y herramientas virtuales de fomento de la participación ciudadana en el proceso de la ley y control político mediante consultas, chat, peticiones, comentarios y otros mecanismos interactivos. Establecer mecanismos de evaluación de la atención a los habitantes. Fomentar la participación de los habitantes en el monitoreo de los gastos institucionales y los presupuestos. Fortalecer los foros y encuentros presenciales de consulta, formación e información con diversos sectores y organizaciones de la sociedad civil para impulsar la participación en el proceso de la ley como un derecho humano, en especial con los grupos sociales más vulnerables. Para lograr una mayor transparencia y acceso a la Información (utilizando las tecnologías de la información y la comunicación): Comunicar e informar proactivamente la labor legislativa e institucional a los grupos vulnerables (Ley 7600). Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles de acuerdo con las necesidades de los habitantes sobre información legislativa e institucional. Establecer un registro individualizado del voto de cada legislador en Plenario y Comisión en formato abierto. Fortalecer la publicación proactiva de Datos abiertos para diferentes sectores y habitantes. Potenciar el uso de redes sociales para mejorar la comunicación con los habitantes. Potenciar la televisión (transmisión de comisiones) y el sitio web para permitir la interacción con los habitantes. Publicar los Informes de auditoría interna.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?Con una Política Institucional de Parlamento Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se fortalecen los valores de la OGP, la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica.
En especial se mejoran los mecanismos para una mejor rendición de cuentas, se fortalece la participación ciudadana y la colaboración activa en el proceso legislativo, se logra una mayor transparencia y acceso a la Información utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. En resumen:
Rendición de cuentas. Ampliar los mecanismos para fortalecer los foros y encuentros presenciales de consulta, formación e información con diversos sectores y organizaciones de la sociedad.
Tecnologías e innovación: Fortalecer los canales virtuales y televisivos con la sociedad. Fortalecer los chat y plataformas para interactuar con los habitantes. Impulsar la apertura de datos abiertos interoperables (formatos que permitan su uso, reutilización y redistribución por terceros para la generación de nuevo valor/ habilidad de sistemas para trabajar juntos e integrar conjuntos de datos).
Rendiciones de cuentas oportunas. Más y mejores espacios abiertos y públicos para que las personas puedan acceder a la Asamblea y darle seguimiento al proceso de la ley. Mejorar la atención ciudadana. Mejorar los Informes periódicos de gestión (proyectos, actividades, votaciones) Potenciar el uso de redes sociales para facilitar la participación de los habitantes.

Información adicional
La Asamblea Legislativa también debe responder a los principios que impulsa tanto la OGP como la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica.

8. Política de Parlamento Abierto de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Texto del compromiso:

El compromiso es crear e implementar una Política Institucional de Parlamento Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Con ella se pretende establecer una nueva forma de interacción con los habitantes para fomentar la apertura, la transparencia, el acceso a la información pública, la redición de cuentas, la cocreación y participación ciudadana, la ética y la probidad mediante la innovación con el uso de nuevas tecnologías de información y la comunicación.

El objetivo general es elaborar conjuntamente con legisladores, administrativos y sociedad civil, en siete meses, un documento que oriente tres años acciones concretas que promuevan los principios que impulsa tanto la OGP como la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica.

Para el 2021, se espera lograr que los habitantes puedan conocer: la actividad y labor tanto de los diputados como de las fracciones políticas, desarrollar mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas, contar con más y mejores mecanismos y procesos de participación activa de la sociedad con el Parlamento, emplear nuevas tecnologías de la información y mejorar la comunicación para transparentar las acciones y decisiones de los legisladores. [53]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

El 25 de noviembre del 2015 los entonces presidentes de los tres Poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones [54] firmaron conjuntamente la Declaratoria para la Creación de un Estado Abierto en Costa Rica. En ella, cada Poder se comprometió a crear un plan de acciones prioritarias para “fomentar una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación a favor de los ciudadanos” que se incluirá en los planes estratégicos institucionales y se evaluaría anualmente.

También acordaron desarrollar mecanismos que ayudaran a cada uno a convertirse progresivamente en instituciones con mejores prácticas de difusión de información y rendición de cuentas y más participativas.

Previo a la firma, todos los Poderes venían trabajando en iniciativas de gobierno abierto. La Asamblea Legislativa acababa de firmar, en octubre de 2015, su “Plan de Acciones Prioritarias para la Apertura Legislativa” [55], un acuerdo de compromisos de promoción de la apertura legislativa en el que se comprometía a “implementar un Plan de Acciones Prioritarias de Apertura Legislativa como mecanismo para impulsar, en forma conjunta con la Alianza para una Asamblea Abierta, una política institucional de apertura en la Asamblea Legislativa que establezca metas claras, indicadores de avance y de cumplimiento, plazos y responsables de su implementación” [56]. Uno de los cambios que esto generó fue el rediseño de su página web, que incluyó una sección de Parlamento Abierto con documentos divididos en 8 áreas temáticas, la hoja de ruta y bases de datos en formato abierto [57].

Este plan se desarrolló gracias al trabajo de la Alianza por una Asamblea Abierta (AAA), creada tras la presentación de la primera evaluación del Índice de Transparencia Legislativa [58] para Costa Rica en el 2015 [59], que motivó al directorio Legislativo de entonces a empezar a trabajar en iniciativas que atendieran las oportunidades de mejora señaladas por el informe. ACCESA invitó a otras organizaciones de la sociedad civil a conformar la alianza  para que les acompañaran en el proceso de asesorar y diseñar un plan de trabajo para lograr una Asamblea Legislativa más abierta [60].

Estos antecedentes propiciaron las condiciones para la formulación del presente compromiso, el cual pretende desarrollar herramientas para aumentar y mejorar la interacción de los ciudadanos con el parlamento y fomente en este una mayor apertura, colaboración, transparencia y rendición de cuentas.

Estas herramientas serían digitales y se especificarían en un documento llamado “Política Institucional de Parlamento Abierto”, que definiría la hoja de ruta a seguir por los próximos tres años. Este documento contendría los detalles sobre cómo funcionarían los mecanismos de evaluación y participación, como foros, herramientas virtuales y encuentros presenciales de consulta; y cómo se publicaría información sobre las agendas, planes y programas de los legisladores y sus fracciones, sus votos tanto en el plenario como en las comisiones, las ejecuciones presupuestarias, datos abiertos e interoperables sobre el quehacer parlamentario y los informes de auditoría interna, entre otros.

Las actividades definidas incluyen talleres para preparar la Política Institucional de Parlamento Abierto y espacios para consultar los borradores desarrollados en las diferentes etapas de construcción. La última de ellas contempla la implementación y contiene el detalle de los entregables esperados del compromiso, algunos de ellos mencionados anteriormente. Las actividades son suficientemente concretas como para verificar si se completaron y el cumplimiento de todas ellas ayudará a mejorar las condiciones de la Asamblea en los valores de difusión de información y participación, no así en el área de rendición de cuentas. Lo que se define como mecanismos de rendición de cuentas es, en realidad, divulgación de información y no se contempla crear instrumentos para que los ciudadanos llamen a cuentas a los funcionarios y diputados de la Asamblea Legislativa.

Al ser varias de estas iniciativas y metodologías nuevas y ambicionar a crear un ecosistema completo de apertura parlamentaria que fomente el involucramiento pleno de la ciudadanía, cabe esperar un impacto potencial moderado de su implementación. Este podría llevarse a transformador si se logra un involucramiento activo por parte de la sociedad civil.

Siguientes pasos

Vale la pena pensar en las herramientas y mecanismos de participación que se van a desarrollar para comunicarse con los diferentes sectores que actualmente interactúan con el Poder Legislativo para validar con cada uno su eficacia y conveniencia. También vale la pena involucrar en la implementación del compromiso a aquellos que actualmente no participan pero tienen un alto potencial de hacerlo de contar con las condiciones y herramientas adecuadas.

Estos grupos dictarán las necesidades de información y de espacios para su participación y para la rendición de cuentas por parte de los diputados y sus fracciones. La eficacia de estos espacios estará en función de su capacidad de solventar las necesidades de los públicos meta específicos.

Es necesario invertir tiempo y recursos en el mapeo adecuado de estos sectores y en fomentar su efectiva participación en los talleres y todo el trabajo de elaboración de la política. De esta manera se logrará que el documento sea realmente un plan de acción diseñado para el beneficio de la ciudadanía, desde su perspectiva, antes que un instrumento político creado a partir de lo que los diputados o funcionarios legislativos consideran que los ciudadanos esperan.

Será de gran ayuda que desde la CNGA, bajo la nueva estructura que operaría con un futuro decreto diseñado para apoyar la implementación del plan de acción, se priorice el seguimiento a este compromiso, por la importancia que tiene el Poder Legislativo en el funcionamiento democrático y en el avance de reformas y legislación que el país necesita para atender su actual situación económica y las principales necesidades de su población.

8. Política de Parlamento Abierto de la Asamblea Legislativa de la República  de Costa Rica

Texto del compromiso:

El compromiso es crear e implementar una Política Institucional de Parlamento Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Con ella se pretende establecer una nueva forma de interacción con los habitantes para fomentar la apertura, la transparencia, el acceso a la información pública, la redición de cuentas, la cocreación y participación ciudadana, la ética y la probidad mediante la innovación con el uso de nuevas tecnologías de información y la comunicación.

El objetivo general es elaborar conjuntamente con legisladores, administrativos y sociedad civil, en siete meses, un documento que oriente tres años acciones concretas que promuevan los principios que impulsa tanto la OGP como la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica.

Para el 2021, se espera lograr que los habitantes puedan conocer: la actividad y labor tanto de los diputados como de las fracciones políticas, desarrollar mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas, contar con más y mejores mecanismos y procesos de participación activa de la sociedad con el Parlamento, emplear nuevas tecnologías de la información y mejorar la comunicación para transparentar las acciones y decisiones de los legisladores. ^[60]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

La Asamblea Legislativa de Costa Rica se comprometió, a través de este compromiso, a crear una Política Institucional de Parlamento Abierto que ayudara a fortalecer los niveles de confianza de la ciudadanía en este Poder de la República, que de acuerdo con el compromiso, se ha erosionado al crecer el sentir entre la población de que no representa adecuadamente sus intereses y demandas. Para cumplir con este objetivo, la Política debería ayudar al Congreso a mejorar su interacción con los habitantes y hacerlo más participativo.

Las acciones definidas en la Política cubrirían el período 2018-2021 y, según el plan de acción, al menos incluirían acciones para mejorar o implementar los siguientes aspectos:

• Dar a conocer las agendas, planes y programas de los legisladores y las fracciones, así como los informes de gastos y actividades realizadas
• Suministrar información de asesores de diputados y fracciones
• Dar a conocer los planes institucionales, las contrataciones y las ejecuciones presupuestarias
• Implementar espacios de interacción directa de los diputados con los habitantes
• Desarrollar metodologías y herramientas virtuales de fomento de la participación ciudadana en el proceso de la ley y control político
• Establecer mecanismos de evaluación de la atención a los habitantes
• Fortalecer los foros y encuentros presenciales de consulta
• Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles de acuerdo con las necesidades de los habitantes sobre información legislativa e institucional
• Establecer un registro individualizado del voto de cada legislador en Plenario y Comisión en formato abierto
• Fortalecer la publicación proactiva de datos abiertos
• Potenciar la televisión (transmisión de comisiones) y el sitio web para permitir la interacción con los habitantes

La Política se elaboraría a partir de talleres con la sociedad civil, de donde saldría un primer borrador que pasaría por un proceso de tres consultas, con una revisión y reelaboración del documento después de cada una. Finalmente, el documento resultante de ese proceso sería aprobado por el directorio de la Asamblea Legislativa y empezaría a ejecutarse la primera etapa de implementación. Al final del período, en 2021, se presentaría un informe de evaluación con los resultados de esta primera etapa de ejecución de la Política.

La Política Institucional de Parlamento Abierto (PIPA) se aprobó el 29 de abril de 2019, durante la última sesión del directorio presidido por la diputada oficialista Carolina Hidalgo ^[61]. Fue elaborada a partir del análisis de experiencias de propuestas similares en otros parlamentos, referencias bibliográficas e insumos internacionales, un esfuerzo que se lideró desde una Comisión Institucional integrada además por representantes de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, y que se nutrió de las capacitaciones a diputados y actividades de incidencia, como foros y audiencias con el Directorio Legislativo, realizadas por las organizaciones civiles que integran la Alianza por una Asamblea Abierta ^[62]. De acuerdo con las OSC que integran esta Alianza, no fue cocreada con estas sino que los insumos para su contenido se recogieron en los departamentos internos de la Asamblea. La participación ciudadana en esta etapa de elaboración se limitó a aportar algunos documentos y asesoría inicial ^[63].

Las organizaciones civiles se involucraron durante la consulta del documento final, de la que también participaron las Jefaturas de Fracción y asesores parlamentarios de los periodos 2017 y 2018. Las organizaciones afirmaron que sus comentarios se incorporaron a la Política aprobada ^[64].

La PIPA no incluyó una lista de acciones a tomar tan concretas como las que se mencionaron en el compromiso, sino que tomó las áreas de acción que considera esenciales para un parlamento abierto:

• Comunicación proactiva y amplia del quehacer legislativo
• El acceso a la información de las actividades legislativas y administrativas
• Reconocimiento del derecho de participación ciudadana que permita un intercambio de opiniones para la toma de decisiones
• Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para garantizar el principio de transparencia de los actos legislativos, para el acceso a la información, la comunicación y la participación

También define cuatro principios pilares de esta PIPA y su objetivo general es: “garantizar la incorporación de los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, ética y probidad, en todo el quehacer del Poder Legislativo, con el fin de fortalecer la democracia costarricense…” ^[65]. Como objetivos específicos incluye la construcción de canales de participación, impulsar estrategias de divulgación, la producción de material didáctico para los ciudadanos, promover la publicación de datos en formatos abiertos (ya se cuenta con un portal de datos abiertos ^[66]) que contemplen procesos de consulta a los ciudadanos al menos una vez al año, rendir un informe anual sobre la PIPA y desarrollar mecanismos de acceso a la información.

También afirma que lo anterior debe realizarse mediante procesos participativos que incluyan a la ciudadanía a través de comisiones de trabajo y la creación de una agenda construida en colaboración con organizaciones civiles. Contempla la formación de una Comisión de Parlamento Abierto, encargada de promover y coordinar las acciones para cumplir con la PIPA y darle sostenibilidad a los principios que la inspiran. Esta será integrada por tres diputados de fracciones políticas distintas, uno de los cuales debe ser miembro del Directorio Legislativo, un representante de la Dirección Ejecutiva, dos miembros de departamentos administrativos y “representación equitativa y proporcional de las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos por medio del mecanismo que establezca un reglamento emitido por el Directorio”.  Al momento de escribir este informe, el reglamento se encontraba pendiente de aprobación.

De acuerdo con las organizaciones civiles que integran la Alianza por una Asamblea Abierta, desde la publicación de la PIPA no se han tomado acciones ni se les ha convocado a reuniones de trabajo para su implementación. El quinto hito del compromiso señala que se ejecutaría la primera etapa de la Política Institucional de Parlamento Abierto, sin embargo las memorias de Estado Abierto preparadas por el Departamento de Participación Ciudadana que incluyen los años 2018 y 2019, sin colaboración de grupos civiles, no incluyen acciones concretas ni documentación sobre actividades relacionadas a la PIPA, son más bien disertaciones amplias en antecedentes y desarrollos conceptuales.

La referencia a actividades específicas se limita a indicar: “han venido desarrollando actividades donde busca acercarse con distintos grupos sociales, como forma de presentar temas de mayor interés ciudadano, pero de una manera integral, por medio de foros, conversatorios, conferencias y presentaciones con distintas temáticas…”. Por estas razones el investigador considera que el compromiso tuvo un impacto marginal, al desarrollar un documento que genera las condiciones y el marco político para implementar acciones de mayor apertura legislativa, pero no generar cambios en el actuar legislativo en materia de publicación de información, rendición de cuentas o participación. Hasta finales del año 2019, la PIPA era un documento publicado cuyas intensiones no habían pasado aún del papel a la acción.