Tools and Mechanisms to Promote and Advocacy of Population Lgtbi (CR0056)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Desde la Presidencia de la República se han efectuado importantes esfuerzos para erradicar de las Instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, sin embargo el país aún tiene el reto de generar espacios y mecanismos permanentes que propicien la generación e implementación de acciones en materia de defensa de los derechos LGTBI. Así mismo es importante entender y analizar el funcionamiento de la administración pública para mejorar prácticas administrativas que afecten los derechos de la población sexualmente diversa.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTBI, consta de distintas etapas, la primera de ellas pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de democrático, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil y el Gobierno de la República así mismo la mesa pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador. Por otra parte, se desea identificar trámites institucionales que deban ser sujetos de reforma según los estándares internacionales de no discriminación y que estos sean modificados según la visión del Gobierno Abierto y la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente incluye un componente de capacitación a las personas encargadas de ejecutarlos y aplicarlos por lo tanto se pretende capacitar a las y los servidores públicos de instituciones del gobierno central e instituciones autónomas.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Este compromiso generará un impacto directo en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación en las políticas estatales y en la agenda de la defensa de los derechos humanos. Generará sensibilización, al buscarse la eliminación de prácticas discriminatorias en el quehacer nacional y en la cultura organizacional. Así como en las prácticas administrativas vigentes que obstaculicen el cumplimiento efectivo de los derechos de la población LGTBI

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Transparencia y acceso a la información. Promoverá la liberación de información en materia de Derechos Humanos de la Población LGTBI. Participación y colaboración. Establece un mecanismo donde el Poder Ejecutivo informa, explica y escucha las demandas y necesidades de la población LGTBI dentro de los Procesos de Políticas Estatales en materia de Inclusión y no Discriminación, impulsa además la mejora de oportunidades, así como que se abre la posibilidad de influir en la toma de decisiones.

Información adicional
Decreto presidencial 38999 y la Directriz presidencial N25-P “Política del Poder Ejecutivo para Erradicar de sus Instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa” Este compromiso se encuentra vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible: 5 Igualdad entre los géneros, 10 Reducción de las desigualdades y 16, Paz, Justicia Social e Instituciones Sólidas. Asimismo, se asocia directamente a iniciativas de la OGP en temas de Derechos Humanos y Género y Sexualidad.

10. Herramientas y mecanismos para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTBI

Texto del compromiso:

El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTB, consta de distintas etapas, la primera de las cuales pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de democrático, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil y el Gobierno de la República. Asimismo, la mesa pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador.

Por otra parte, se desea identificar trámites institucionales que deban ser sujetos de reforma según los estándares internacionales de no discriminación y que estos sean modificados según la visión del Gobierno Abierto y la Defensa de los Derechos Humanos.

Finalmente, incluye un componente de capacitación a las personas encargadas de ejecutarlos y aplicarlos. Por lo tanto, se pretende capacitar a las y los servidores públicos de instituciones del gobierno central e instituciones autónomas. [69]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

El derecho a vivir libre de discriminación en Costa Rica se encuentra garantizado desde la Constitución Política por su artículo 33, según el cual “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Legislación adicional promulgada por la Sala constitucional define que el principio de igualdad es “un principio rector de nuestra democracia constitucional y permea todo el sistema político y jurídico, no sólo en su dimensión subjetiva, sino objetiva. En consecuencia, ninguna política ni norma puede abstraerse de cumplir con este principio básico” [70].

De acuerdo con el informe “Situación de derechos de las personas LGTBI en Costa Rica”, elaborado por el Frente por los Derechos Igualitarios y financiado por Hivos [71], debido a que la normativa anti discriminatoria es reciente, las acciones que desarrollan las instituciones públicas aún no se consolidan satisfactoriamente y, pese a que en Costa Rica se han desarrollado avances y una vasta cantidad de normas y políticas contra la discriminación y que protegen los derechos de la población LGTBI, todavía subsisten prácticas y normas discriminatorias.

El compromiso tiene el fin de crear y consolidar un espacio permanente para el diálogo y la colaboración entre las organizaciones defensoras de derechos humanos de la población LGTBI y el Poder Ejecutivo. Se busca que éste funcione como un mecanismo participativo por el que ambos sectores trabajen en la definición de políticas públicas que prevengan la discriminación y propicien mejores condiciones sociales para este segmento de la población. Lo anterior le hace relevante para el valor de participación ciudadana.

Este espacio también funcionaría como medio de comunicación entre ambos y para que el Gobierno comunique y rinda cuentas sobre las acciones tomadas en esta materia, según explica el compromiso. Sin embargo, no se prevé ningún mecanismo, tiempo o contenido de esa rendición, ni cuál sería la información a publicar o por qué medio. La única acción contemplada al respecto es implementar una estrategia de divulgación y comunicación sobre los derechos de la población LGTBI, lo cual no implica la publicación de información adicional, por lo que no basta para considerar el compromiso relevante para el valor de acceso a la información.

Además, el compromiso incluye el objetivo de identificar trámites en las instituciones públicas y autónomas que puedan resultar discriminatorios y modificarlos, así como capacitar a quienes se encargan de ejecutarlos, de manera que se ofrezca un servicio acorde a la dignidad y respeto de dicha población.

En Costa Rica existe desde la administración anterior (Solís Rivera 2014-2018) la Mesa de Diálogo LGTBI, la cual busca los mismos fines descritos por el compromiso. Está compuesta tanto por miembros de organizaciones de este grupo como por autoridades de gobierno [72].

Más recientemente, la nueva administración del Ejecutivo que asumió el 08 de mayo del 2018, nombró a un comisionado encargado de atender a la población LGTBI [73], quien será el responsable de dar seguimiento y evaluar los planes contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género en las instituciones públicas. El compromiso no hace referencia alguna a la Mesa de Diálogo LGTBI, que se coordina también desde el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, por lo que no es posible saber si se pretende construir una estructura paralela o si lo realizado por esta Mesa bastará para dar por cumplido con los objetivos definidos.

Por otro lado, el texto no define cuáles ni cuántos trámites se piensan modificar, ni en cuáles instituciones o áreas. Tampoco menciona detalle alguno sobre la capacitación que se daría a los funcionarios, sus objetivos específicos y alcance, ni cuál es la información que liberará.

El compromiso también carece de detalles sobre la metodología que se usará para asegurar y facilitar la participación ciudadana durante la implementación y a partir de qué momento del proceso se involucrará a las organizaciones civiles. Por estas razones se considera que el compromiso es poco específico y su impacto potencial, menor.

Siguientes pasos

Es necesario aclarar cuál es el aporte del compromiso, qué viene a agregar a la existente Mesa de Diálogo LGTBI, en funcionamiento desde antes de la creación del plan de acción y porqué se propone la creación de un espacio de diálogo que ya se venía dando.

Tal y como está redactado, se dificulta entender el alcance que podría tener la implementación de este compromiso o si esta generaría una duplicidad de funciones. De momento pareciera no agregar valor más allá del que se espera obtener de la Mesa  de Diálogo, por lo que convendría agregarlo a nuevos planes de acción soló si busca objetivos diferentes a ésta o le ayuda a conseguir los que ese mecanismo de diálogo tiene definidos.

Aclarar este aspecto ayudará también a hacer el compromiso más ambicioso, para lo que también es indispensable concretar qué información se divulgará exactamente y sobre qué se va a rendir cuentas, de qué forma, con qué periodicidad y cómo los ciudadanos podrán ejercer su llamado a rendir cuentas.

Por otro lado, la población LGTBI es una población diversa en sí misma, pues reúne ciudadanos de una amplia variedad de  características. Es importante considerar este aspecto para que exista una representatividad amplia de este sector que tome en cuenta factores más allá de su postura LGTBI.

Finalmente, es de gran importancia incluir también segmentos de la población que no necesariamente formen parte de los grupos LGTBI, pero que tengan algún rol en los cambios que se desean implementar. Este rol puede ser porque les corresponda implementarlos o porque se vean de alguna manera impactados por ellos. Si lo que se busca es un cambio profundo en la sociedad y el éxito en la implementación de políticas públicas en esta materia, es importante que desde su etapa inicial de diseño se construyan sobre la base de un diálogo que tome en cuenta la diversidad de puntos de vista, de manera que consideren la posible oposición de otros sectores implicados en el cambio y aumente la probabilidad de éxito en la fase de ejecución.

10. Herramientas y mecanismos para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTBI

Texto del compromiso:

El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la población LGTB, consta de distintas etapas, la primera de las cuales pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de democrático, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil y el Gobierno de la República. Asimismo, la mesa pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador.

Por otra parte, se desea identificar trámites institucionales que deban ser sujetos de reforma según los estándares internacionales de no discriminación y que estos sean modificados según la visión del Gobierno Abierto y la Defensa de los Derechos Humanos.

Finalmente, incluye un componente de capacitación a las personas encargadas de ejecutarlos y aplicarlos. Por lo tanto, se pretende capacitar a las y los servidores públicos de instituciones del gobierno central e instituciones autónomas. ^[75]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Este compromiso se formuló con el fin de crear un espacio permanente para el diálogo y colaboración entre las organizaciones civiles relacionadas a la población LGTBI y el Poder Ejecutivo, que funcionara como un mecanismo participativo que impulse la creación de políticas públicas que prevengan la discriminación y fomenten condiciones sociales más favorables para este segmento de la población. El texto afirma que la mesa “pretende ser un ente informativo, rendidor de cuentas así como fiscalizador” ^[76]. También se pretendía identificar trámites institucionales que debieran ser reformados para adaptarlos a estándares internacionales de no discriminación y capacitar al respecto a quienes deben ejecutarlos.

El compromiso incluyó como el segundo de sus hitos: “implementar la mesa de diálogo con organizaciones LGBTI de sociedad civil como mecanismo participativo y fomento democrático, esto con el fin de establecer un espacio de participación”.

Sin embargo, cuando se creó el compromiso ya existía una mesa de diálogo LGBTI en la que participaba tanto el Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y que era coordinada desde el Ministerio de la Presidencia. Fue precisamente esta instancia la encargada de implementar el compromiso y las OSC participantes de ella fueron consignadas como contrapartes ciudadanas en el plan de acción.

Por este motivo no quedó claro si el compromiso pretendía constituir otro foro distinto al existente o cambiar su dinámica para garantizar que se basara en principios de gobierno abierto. En la implementación no se creó ninguna instancia de diálogo adicional, y fue la Mesa de Diálogo LGTBI en operación la que se encargó de ir cumpliendo con los hitos, pero sin coordinarlos o reportarlo a la Comisión Nacional de Gobierno Abierto como cumplimiento del plan de acción. Es por esta razón que se considera que el compromiso no cambió los niveles de apertura del Gobierno.

El compromiso incluía la creación e implementación de un plan de trabajo para la Mesa. No se creó uno distinto al que ya poseía la Mesa de Diálogo existente, que incluía la capacitación de funcionarios públicos y creación de cursos en línea sobre prácticas de no discriminación dirigidos a ciudadanos y funcionarios públicos. Estas eran otras de las actividades del compromiso, por lo que no hay evidencia de que las acciones implementadas y definidas antes del compromiso se nutrieran o fueran modificadas por este. Es decir, el compromiso no habría agregado valor o modificado lo que ya de por sí planeaba implementar como parte de sus objetivos la Mesa de Diálogo LGTBI, en cuyo caso la iniciativa de gobierno abierto no impactó los niveles de apertura.

Tras el cambio de Gobierno en mayo de 2018, la nueva Administración del Ejecutivo asignó como responsable del compromiso al Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, quien como parte de su cargo pasó a ser el coordinador de la Mesa de Diálogo LGTBI. Salazar indicó que al asumirla las organizaciones civiles que la integraban desconocían en su mayoría la existencia del compromiso y no encontró evidencia de acciones tomadas previamente para su cumplimiento ^[77].

La Mesa trabajó en cinco decretos presentados por el Gobierno como evidencia del cumplimiento del compromiso:

• Creación del comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGBTI ^[78]
• Declaratoria de interés público y nacional del Protocolo de atención integral de personas trans para la hormonización en la red de servicios de salud ^[79]
• Reforma al decreto ejecutivo Nº 34399-s para declarar el 17 de mayo de cada año como el “Día nacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia" ^[80]
• Reglamento para el reconocimiento de derechos migratorios a parejas del mismo sexo ^[81]
• Reglamento para el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género para personas extranjeras en el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) ^[82]

Si bien todos ellos son logros de la Mesa durante el período del plan de acción y fueron producto del diálogo con la sociedad civil, no todos están relacionados a gobierno abierto. Otras medidas realizadas por esta mesa de diálogo y mencionadas como parte del cumplimiento del compromiso constituyen avances en sus objetivos, pero no representan progreso en la vivencia de los valores de gobierno abierto ^[83]. Ejemplo de ello son la directriz que exige a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans que deseen cambiar su nombre, fotografía, sexo o género, o la posibilidad de que las parejas del mismo sexo accedan al bono de vivienda.

El valor de este compromiso para gobierno abierto radica más bien en el mecanismo de diálogo a través del cual se han conseguido los productos mencionados. Sin embargo, este mecanismo existía desde antes del compromiso, por lo que se considera que el impacto de la iniciativa planteada en el plan de acción es menor, al limitarse a esfuerzos de capacitación a los ciudadanos, lo que no resulta relevante para las prácticas de gobierno abierto, y recolección de información que podrá ser divulgada públicamente en el futuro y ayudar a que se rinda cuentas sobre las medidas tomadas para atender a este grupo minoritario de la población.

Entre estas medidas están las acciones tomadas por el Comisionado y la Mesa de Diálogo para empezar a trabajar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en la creación y homologación de una herramienta o cuestionario a través del cual se pueda empezar a recolectar información estadística de la población LGTBI en Costa Rica, que no existe actualmente, y permitiría determinar si existen tendencias sobre su situación social, económica, profesional o familiar, entre otros.

Como parte de los esfuerzos en este sentido, en mayo de 2019 el Gobierno emitió una directriz ^[84] que establece: “se ordena a todas las instituciones de la administración pública incluir en sus fichas de información variables de identidad de género y orientación sexual, precisando que las entidades recibirán una serie de lineamientos técnicos para llevar a cabo esta recolección” ^[85].

También se continuaron impartiendo las capacitaciones que desde el año 2015 ^[86] se han dado a funcionarios públicos para erradicar comportamientos discriminatorios en las instituciones públicas y promover el respeto a la diversidad sexual. Como parte de estos esfuerzos, en mayo de 2018 se creó un curso virtual sobre los derechos humanos aplicados a la población LGTBI, puesto en línea a través de la plataforma Integra-RSE. ^[87] El curso gratuito fue elaborado a través de una alianza público-privada y es reconocido por la Dirección General del Servicio Civil, que otorga un certificado digital a quienes completen las dos horas que tarda la capacitación.