Follow-Up to the Commitments of the National Strategy for an Open Government (CR0057)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Dado que se requiere invertir más tiempo y recursos en seis de los compromisos del II Plan de Acción para realizar algunos hitos pendientes y/o finalizar el compromiso se ve la necesidad de plantear la continuidad y seguimiento a procesos estratégicos y relevantes en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto

¿Cuál es el compromiso?
Continuidad de las acciones inconclusas durante la implementación del II plan de acción, para los compromisos de:
a. Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones:
- Diseñar el plan de capacitación y el desarrollo de experiencias piloto.
- Concretar segunda fase sobre el estado de situación de los procesos de dialogo del país
b. Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida
- Lanzamiento de la herramienta de Mapa de inversiones
- Acompañar y verificar que las instituciones en cuestión, coloquen la información requerida y que la actualicen de manera permanente.
- Evaluar la disposición de la información.
c. Diseño e implementación del Compromiso Expediente Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del Servicio Civil.
- Publicar los resultados de los concursos.
d. Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA)
e. Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción
f. Directorio Informativo del Perfil de las Instituciones Públicas

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Dar continuidad a compromisos estratégicos establecidos en el segundo Plan de Acción, así como en la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, así como fortalecer la estrategia del país en materia de gobierno abierto para la continuidad de acciones necesarias para el cumplimiento a cabalidad de los lineamientos establecidos en la ENGA

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Transparencia y rendición de cuentas. Mediante la implementación de los hitos pendientes se hará una revisión y socialización de los compromisos pendientes para su continuidad, así como la generación de un espacio donde se explica cuáles fueron las causas de la no conclusión del compromiso. De la misma manera se pretende generar un mecanismo con los involucrados en el compromiso, para abordar los retos actuales que evidencia el compromiso.

11. Seguimiento a los compromisos de la estrategia nacional por un gobierno abierto

Texto del compromiso:

Pretende dar continuidad a las acciones inconclusas durante la implementación del II plan de acción para los siguientes compromisos:

1. Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones:

- Diseñar el plan de capacitación y el desarrollo de experiencias piloto.

- Concretar segunda fase sobre el estado de situación de los procesos de dialogo del país

1. Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida

- Lanzamiento de la herramienta de Mapa de inversiones

- Acompañar y verificar que las instituciones en cuestión, coloquen la información requerida y que la actualicen de manera permanente.

- Evaluar la disposición de la información.

1. Diseño e implementación del Compromiso Expediente Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del Servicio Civil.

- Publicar los resultados de los concursos.

1. Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA)
2. Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción
3. Directorio Informativo del Perfil de las Instituciones Públicas [74]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

Debido a que varios de los compromisos asumidos en el plan de acción anterior (2015-2017) no lograron completarse en sus dos años de implementación, el gobierno decidió incluirlos en el tercer plan de acción con el fin de dar continuidad a las iniciativas y seguir trabajando en su cumplimiento. Por ese motivo, este compromiso incluye en realidad a seis otros compromisos iniciados con anterioridad y que se encuentran a distintos niveles de avance.

El cumplimiento de las seis iniciativas es verificable y todas son relevantes para gobierno abierto. En el contexto del plan de acción 2017-2019, el compromiso establece como objetivo dar seguimiento a algunos compromisos incluidos en el plan de acción del período 2015-2017, detallados a continuación, pero no define ninguna meta específica para ningnuo de ellos. Asimismo, no se menciona la intención de lograr su cumplimiento en el plazo del tercer plan de acción, ni a dónde se espera llegar en cada caso, por lo que su nivel de especificidad es muy bajo y su impacto potencial es moderado. Las iniciativas son relevantes para el acceso a información o para participación ciudadana.

La primera actividad consiste en realizar un estudio sobre el estado actual de cada uno de los compromisos que, de acuerdo con el cronograma, estaría listo para enero 2018. Presidencia no confirmó haber realizado este análisis, a pesar de la consulta explícita del investigador IRM. En caso de que lo hubiese realizado, este no llegó a divulgarse ni fue de conocimiento de las organizaciones de sociedad civil vinculada a gobierno abierto.

De este estudio surgiría el plan para implementar cada uno de los hitos pendientes. De acuerdo con el cronograma, el plan estaría listo para enero de 2018; sin embargo, para noviembre de ese año no se encontraba listo.

Los compromisos que se incluyen son los siguientes:

• Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones:

Su objetivo es elaborar un protocolo base con lineamientos mínimos para desarrollar un diálogo social entre el Poder Ejecutivo y los diferentes sectores de la población, aplicable a cualquier tipo de diálogo e institución.

El seguimiento del protocolo ayudaría a crear las condiciones y estandarización de procesos para la construcción de acuerdos, negociación, realización de consultas y comunicación entre las partes, así como su sistematización para una posterior evaluación. Por estos motivos el compromiso es claramente relevante para participación ciudadana y tienen un impacto potencial moderado.

Se elaboró un diagnóstico y recopilación de mejores prácticas en materia de diálogo ciudadano entre las instituciones del sector público, y en diciembre de 2016 se concluyó la “Guía para el aprovechamiento del protocolo de generación de espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano” [75] y el “Marco legal y protocolo para la generación de espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano” [76].

El “protocolo consiste en una serie de procedimientos y mecanismos para crear, administrar y conducir espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano, bajo una perspectiva de diálogo democrático” [77], mientras que la guía consiste en una orientación para utilizar el protocolo, tanto para jerarcas y funcionarios como para ciudadanos.

Quedó pendiente la redacción y publicación de la directriz presidencial por la que se constituiría el protocolo y se oficializaría su uso y recomendación para el sector público. También faltó aplicar el protocolo en un diálogo piloto en una entidad por seleccionar.

• Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida

Este fue el compromiso por el que se implementó la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción (CoST) en Costa Rica. Su meta es transparentar los procesos de asignación y desarrollo de proyectos de infraestructura, durante todas las etapas de su ciclo de vida, a través de la plataforma de CoST en Internet. Es relevante para el valor de acceso a la información y el de tecnología e innovación para la transparencia y su impacto potencial se calificó como moderado en el Informe de Fin de Término 2015-2017.

La adhesión del país a CoST se anunció [78] el 27 de marzo de 2017 mediante un acto oficial de firma de adhesión en el que participaron la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón y Christiaan Poortman, presidente de CoST. Posteriormente, se creó el decreto ejecutivo [79] mediante el cual se oficializó la iniciativa, publicado el 8 de mayo de 2017. También se creó el Grupo Multisectorial y se definieron sus funciones y composición. Este inició su operación y se mantuvo sesionó mensualmente. Además escogió los proyectos de infraestructura con los que realizaría un plan piloto de la iniciativa [80] y tomó la decisión de que la plataforma que usaría para publicar la información de los proyectos a los que dará seguimiento sería MapaInversiones, una iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Faltó la implementación de esta herramienta y que el Grupo Multisectorial empezara a dar seguimiento a los proyectos seleccionados y a divulgar su información y reportes, que constituyen los principales entregables de CoST.

• Diseño e implementación del Compromiso Expediente Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del Servicio Civil.

Este compromiso buscaba crear un sistema informático que permitiera dar trazabilidad y publicar la información relacionada con los procesos de reclutamiento y selección de las plazas del Título I, II y III del Estatuto Orgánico del Servicio Civil, de manera que las personas concursantes e interesadas pudieran dar seguimiento de todo el proceso de selección, desde el concurso de antecedentes hasta la escogencia final.

Por lo anterior, la iniciativa es relevante para el valor de acceso a la información y posee un impacto potencial moderado.

En abril de 2017 el gobierno anunció la herramienta que permite a los usuarios de la página de Internet de la Dirección General del Servicio Civil [81] (DGSC) consultar cuáles puestos de trabajo del Título II (personal docente) se encuentran abiertos bajo el Régimen de Servicio Civil, lo que provocó un aumento de más de un 33% en la cantidad de postulantes a los concursos abiertos. Este servicio digital no permite solicitar  los puestos, pero sí posibilita ver la lista de personas inscritas en el Servicio Civil que califican como posibles candidatos  a puestos dentro del sector público en cualquiera de las categorías del Régimen. Para terminar de cumplir con todos loss hitos se decidió  incluir todos los puestos del Título III (del Tribunal de Servicio Civil) y completar los pendientes del Título I. Para entonces, Olman Jiménez, director del área de Desarrollo Estratégico de la DGSC [82] indicó que la expectativa era que estaría listo en noviembre de 2017.

También faltó implementar el tercero de los hitos: publicar el resultado de las distintas etapas del proceso de selección de candidatos para cada uno de los puestos, de manera que los interesados pudieran verificar quiénes eran los escogidos.

• Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA)

Este compromiso es relevante para el valor de participación ciudadana, pues tuvo por objetivo impulsar, desde el Viceministerio de Presidencia, el proceso de diálogo iniciado desde diciembre de 2014 por el grupo de indígenas de RIBCA y tres instituciones públicas. Este diálogo busca mejorar la calidad de los servicios que estas prestan a los pueblos autóctonos de la región Caribe del país.

RIBCA es la Red Indígena Bribri y Cabecar y agrupa a las ocho comunidades aborígenes de la vertiente atlántica costarricense. Fue creada en el 2005 para dar mayor representatividad a los indígenas de esta zona en la toma de decisiones políticas y de instituciones públicas que les afectaran directamente y para crear una agenda de trabajo conjunta que ayudara a mejorar la calidad de vida de sus pueblos. La RIBCA reúne una población de alrededor de 35.000 personas, 35 % de la población indígena del país [83].

A principios de 2015 solo tres organismos gubernamentales mantenían un diálogo directo con esta asociación indígena, pero durante el proceso para incluir la iniciativa dentro del plan de acción el número se incrementó en 21 instituciones.

El acompañamiento ofrecido por el viceministerio se tradujo en una intermediación entre la asociación indígena y líderes de otras instituciones para la creación de nuevos compromisos, de acuerdo con las necesidades de las comunidades de RIBCA. También para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Esta labor repercutió en el involucramiento de 18 entidades más al mecanismo de diálogo y en un mayor compromiso por parte de todas para lograr resultados concretos.

Durante el segundo año de implementación del plan de acción, se continuó con la labor conjunta de seguimiento a la agenda de trabajo y se progresó en la implementación de los compromisos asumidos por las 21 instituciones. Sin embargo, no todos llegaron a completarse, por lo que se calificó su impacto potencial como moderado.

De acuerdo con Leví Sucre, uno de los principales impulsores del mecanismo de diálogo y líder de RIBCA, se cumplió cerca del 70% de las 52 acciones propuestas.

Algunas instituciones, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Instituto Costarricense de Electricidad, no avanzaron al ritmo esperado o no empezaron del todo la implementación. Las áreas en las que mayor progreso se logró fueron educación, salud, ambiente y seguridad.

Entre las labores que quedaron incompletas de este compromiso están:

• Concluir el proceso para un mecanismo general de consulta a pueblos indígenas.
• Construir una estrategia nacional para mitigar el impacto del cambio climático.
• La implementación del Plan Nacional Indígena de Recuperación de Tierras.
• Continuar con la consolidación del decreto N° 37801-MEP [84], que define lineamientos sobre el contenido del subsistema de educación indígena.
• Terminar las obras pendientes de la Caja del Seguro Social en la construcción del Centro de Atención Integral en Salud y el albergue Altacasa en el hospital Tony Facio, para evitar que las personas duerman en la calle cuando asisten a este hospital.
• Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción

El gobierno pretendió hacer una revisión de la normativa nacional e internacional relacionada a la corrupción y generar reformas legales que ayudaran a prevenirla. La normativa que se reformaría o crearía complementaría el marco legal definido especialmente por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, [85] del año 2004.

Gracias a la colaboración de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica se realizó un análisis de la normativa vigente en materia de corrupción y se hizo un sondeo en un pequeño sector de la población nacional sobre qué percibían los ciudadanos como corrupción. Los resultados del sondeo se expusieron durante un taller celebrado en diciembre de 2016 [86]. La actividad contó con la participación de organizaciones de sociedad civil, cuyos insumos fueron considerados en las propuestas finales, por lo que el compromiso es relevante para participación ciudadana. También lo es para el valor de acceso a información, pues pretendía también mejorara el acceso a los más de 40 decretos ejecutivos emitidos en los últimos 5 años para prevenir la corrupción.

Del taller salieron las propuestas de reforma en tres áreas: prevención de la corrupción, detección y sanción; sin embargo, ninguna condujo a modificación alguna de la legislación o generación de nuevas directrices o decretos. Tampoco se tomaron acciones para cumplir con el cuarto hito: “Fortalecer la institucionalidad frente a la penetración de la corrupción con mecanismos de verificación de confianza para fomentar la probidad de los funcionarios públicos”.

• Directorio Informativo del Perfil de las Instituciones Públicas

Con esta iniciativa se quiso desarrollar una plataforma interactiva que ofreciera información actualizada sobre las instituciones públicas del Estado costarricense. La plataforma web agruparía los servicios que ofrece cada una de las instituciones públicas, los recursos con los que prestan dichos servicios y una descripción sobre sus funciones y competencias. Además contendría información sobre el presupuesto, procesos, productos y marco normativo de cada entidad. Esta información no se encuentra consolidada, sino que está muy dispersa y es de difícil acceder, por lo que la iniciativa es relevante para el valor de acceso a la información. Su impacto potencial era moderado

El compromiso no llegó a iniciarse. Por falta de recursos y que el hecho de que el viceministerio priorizó otras iniciativas, el trabajo iniciado sobre el levantamiento de información sobre los sitios web de las instituciones públicas, que incluyó todos los ministerios y 68 órganos adscritos y 30 instituciones públicas, con su respectiva descripción, se dejó de lado y la plataforma no empezó a desarrollarse.

Siguientes pasos

Todos los compromisos incluidos son pertinentes para mejorar las condiciones de un gobierno abierto, por lo que vale la pena continuar dándoles seguimiento y asegurar que su implementación logre el impacto esperado. Sin embargo, a excepción del que se trabaja con RIBCA y la puesta en práctica de la iniciativa CoST, no se tiene claro la hoja de ruta que seguirán. Resulta conveniente definir más detalladamente cómo se llevará cada una a la práctica y cuál es el resultado esperado, de manera que se pueda medir si se logró exitosamente o qué hace falta para alcanzarlo. En ninguno de los casos es posible determinar cuándo podrá darse el compromiso por cumplido o si llagará a convertirse en un programa que continuará en operación indefinidamente.

El compromiso no ahonda en ninguna de estas dudas y se limita a indicar que la intención es “dar continuidad a compromisos estratégicos establecidos en el segundo plan de acción, así como en la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”.

La falta de definición del compromiso da la impresión de que falta información sobre lo implementado hasta el momento en cada una de las iniciativas y, en consecuencia, de lo que falta para completar su cumplimiento. Además de definir estos detalles, hace falta crear los indicadores de cada una de estas iniciativas. Serán ellos los que  permitirán conocer en qué momento estarán completas y cuán exitosas fueron en lograr sus objetivos.

También hace falta involucrar a las organizaciones de sociedad civil interesadas en la implementación de estos compromisos. Hasta ahora la mayor parte de ellos se han desarrollado sin la participación de la sociedad civil, siendo impulsadas exclusivamente por las instituciones y ministerios encargados de llevarlos a cabo. Este no es el propósito de un plan de acción de gobierno abierto, pues la expectativa es que la sociedad civil forme parte del proceso de llevar a cabo los compromisos, acompañando y validando cómo se llevan a la práctica y no solo definiendo y diseñando lo que se espera lograr, como ha sucedido.

• Mejoramiento Ruta Nacional N° 160, sección Playa Naranjo-Paquera: US$ 28
• Ampliación y Rehabilitación Ruta Nacional N°1 Cañas-Limonal: US$ 85
• Diseño y Construcción Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional N°147: US$8.5
• Diseño y Construcción de Puente sobre Río Virilla en Ruta Nacional N°32. Promedio de ofertas: US$20, 5
• Carretera Guacimal- Santa Elena: aproximadamente US$10.7
• Mejoramiento Ruta Alto Comte: aproximadamente US$7

11. Seguimiento a los compromisos de la Estrategia Nacional por un Gobierno Abierto

Texto del compromiso:

Pretende dar continuidad a las acciones inconclusas durante la implementación del II plan de acción para los siguientes compromisos:

1. Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones:

- Diseñar el plan de capacitación y el desarrollo de experiencias piloto.

- Concretar segunda fase sobre el estado de situación de los procesos de dialogo del país

1. Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida

- Lanzamiento de la herramienta de Mapa de inversiones

- Acompañar y verificar que las instituciones en cuestión, coloquen la información requerida y que la actualicen de manera permanente.

- Evaluar la disposición de la información.

1. Diseño e implementación del Compromiso Expediente Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del Servicio Civil.

- Publicar los resultados de los concursos.

1. Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA)
2. Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción
3. Directorio Informativo del Perfil de las Instituciones Públicas ^[88]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Este no es un compromiso sino seis compromisos en total provenientes del plan de acción anterior, que no pudieron completarse dentro de los dos años correspondientes a su período de implementación (2015-2017) y que el Gobierno incluyó en este plan con el fin de continuar impulsando los esfuerzos para que llegaran a completarse.

A continuación se exponen esos compromisos y lo que se avanzó en cada uno de ellos para el período correspondiente al plan de acción analizado en este informe (2017-2019):

• Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones:

El objetivo del Gobierno con este compromiso fue crear un protocolo de diálogo que pudiera utilizarse en procesos de cierta envergadura con sectores de la población, que implicaran a un número significativo de actores, alta complejidad o particular trascendencia. Este definiría los lineamientos y pasos a seguir para desarrollar un diálogo social entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, y podría ser aplicado por cualquier institución. De esta manera se estandarizarían este tipo de diálogos y se crearía una herramienta para cualquier órgano público, que cualquier funcionario responsable del proceso podría aplicar, sin importar su falta de experiencia en procesos similares previos.

Durante el plan de acción anterior se concluyó la Guía para el aprovechamiento del protocolo de generación de espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano ^[89] y el Marco legal y protocolo para la generación de espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano ^[90]. El Protocolo consiste en una serie de procedimientos y mecanismos para crear, administrar y conducir espacios de trabajo colaborativo interinstitucional y ciudadano, bajo una perspectiva de diálogo democrático ^[91], mientras que la guía es en una orientación para utilizar el Protocolo, tanto para jerarcas y funcionarios como para ciudadanos.

Durante el período de implementación del nuevo plan de acción, se completaron las acciones pendientes al publicar en el Diario Oficial La Gaceta la directriz para la implementación del protocolo de diálogo democrático para el gobierno abierto, la cual: “insta a los Jerarcas de la administración central y descentralizada, para que de acuerdo a su naturaleza funciones y competencias, promuevan, adopten e implementen el Protocolo de diálogo democrático para el gobierno abierto” ^[92].

Luego de publicada la directriz, la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, del Viceministerio de Paz asumió la administración del documento y las capacitaciones que cualquier entidad necesitara para su implementación. De acuerdo con el Ministerio de Comunicación, responsable de la agenda de gobierno abierto en Costa Rica, el instrumento se había usado en el diálogo con el sector pesquero, con la población de San Juanillo de Naranjo  en procesos de diálogo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y del servicio diplomático y la Cancillería de la República. El Gobierno no contaba con evaluaciones o información del impacto que el protocolo ha tenido en los procesos en los que se ha usado y cuán diferente fueron estos con respecto a cómo se hubieran manejado antes de que existiera esta herramienta.

• Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida

Este compromiso se incluyó inicialmente en el segundo plan de acción, para ser implementado entre 2015 y 2017. Como parte de su cumplimiento en ese período, Costa Rica entró a formar parte de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST). El objetivo final era transparentar los procesos de asignación, diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura pública durante todas las etapas de su ciclo de vida.

La adhesión a CoST se oficializó mediante decreto ejecutivo ^[93] el 8 de mayo de 2017, con el que también se creó el Grupo Multisectorial (GMS) que coordina la iniciativa a nivel nacional. Este está conformado por tres representantes del sector público, tres del privado y tres de la sociedad civil.  Empezó a operar oficialmente en junio de 2017 bajo la presidencia de Costa Rica Íntegra, acompañada del viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ^[94] como campeón de la iniciativa por parte del Gobierno, y con el viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano a cargo de la dirección ejecutiva. El órgano acordó que usaría la plataforma digital MapaInversiones, una iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para publicar la información de los proyectos a los que dará seguimiento. La pretensión anunciada por el Gobierno fue que la plataforma permitiría a los ciudadanos monitorear en tiempo real dónde y cómo invierten las instituciones, al publicar información de calidad para la toma de decisiones. También se anunció que Mapainversiones incluiría, en el perfil de cada proyecto, un mecanismo de participación ciudadana para que los usuarios interactuaran con las instituciones públicas sobre cómo se están ejecutando los proyectos y compartir el nivel de satisfacción sobre su ejecución, dejar comentarios y cargar fotos.

Para ese período bianual quedó pendiente iniciar el proceso de seguimiento a los proyectos de infraestructura seleccionados y la divulgación de su información. Además se emitió una directriz ^[95] instruyendo a las instituciones del Estado que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica ^[96], a actualizar al menos cada tres meses la información sobre sus proyectos de inversión, que deberá ser de acceso público y registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública ^[97] del sistema mencionado. También instruye sobre la necesidad de generar indicadores para el avance físico y financiero de los proyectos en etapa de ejecución o por iniciarse.

Para el siguiente plan de acción (2017-2019) La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado asumió la presidencia del GMS, mientras que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos asumió la dirección ejecutiva. La plataforma Mapainversiones se lanzó en marzo de 2018 con el 75% de los proyectos ^[98] de inversión del Gobierno, pertenecientes a sectores como ambiente, comercio y turismo; ordenamiento territorial y vivienda; seguridad ciudadana y justicia; transporte e infraestructura y vivienda. La información que se compartió en cada proyecto fue homologada con los estándares de CoST.

El investigador visitó la página el 15 de noviembre de 2019 y constató que la información de dos de los proyectos de infraestructura de transporte más grandes que se encontraban en desarrollo, estaba desactualizada ^[99]. La información de los proyectos seleccionados para aplicarles la metodología de CoST fue publicado el 17 de noviembre de 2019. ^[100]

• Diseño e implementación del compromiso Expediente Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del Servicio Civil.

Por medio de este compromiso se crearía un sistema informático que permitiría publicar en internet los puestos de trabajo disponibles y la información de sus respectivos procesos de reclutamiento para las plazas de los Títulos I, II y III del Estatuto Orgánico del Servicio Civil. La herramienta permitiría a las personas concursantes e interesadas dar seguimiento de todo el proceso de selección, desde el concurso de antecedentes hasta la escogencia final.

Esta información se publicó en el sitio web de la Dirección General del Servicio Civil ^[101] (DGSC) a partir de abril de 2017, cuando el Gobierno anunció por ese medio los puestos de trabajo del Título II que se encontraban abiertos bajo el Régimen de Servicio Civil. Los puestos de este Título son todos aquellos que forman parte de la denominada Carrera Docente. La divulgación de esta información generó un aumento de más de un 33% en la cantidad de postulantes a los concursos abiertos.

Para entonces no era posible aplicar a los puestos en línea, pero la expectativa de Olman Jiménez, entonces director del área de Desarrollo Estratégico de la DGSC ^[102], era que esta capacidad se desarrollaría en el sistema para finales del año 2017. Así fue y para noviembre de ese año se creó la sección de “Reclutamiento Abierto y Permanente” dentro de la página de la DGSC, que permite a los interesados en aplicar a puestos del Servicio Civil registrarse como oferentes de servicios aun cuando no haya puestos disponibles, para que en el momento que los haya puedan ser considerados como candidatos. Esta sección permite a los interesados inscribirse como candidatos a estas plazas en el Registro de Oferentes de la página web del Servicio Civil, de manera que el Servicio cuente con un registro de oferentes en línea y en un formato medio digital que permite estandarizar la información de los aplicantes.

Al crear esta sección la DGSC agregó al sistema la oferta de los puestos con Título I, que incluye las especialidades y subespecialidades de carácter administrativo, los puestos de oficinistas, secretarias, técnicos, profesionales y gerenciales, denominados “De la Carrera Administrativa, del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento”. Se excluyó de estos las plazas de carácter operativo que requieren alguna destreza manual, fuerza física o el dominio de oficios mecánicos, como para conserjes, guardas, cocineras y choferes.

La nueva capacidad del sitio de Internet del Servicio Civil se empezó a usar en  2018 para los procesos de selección de personal docente y fue la única vía por la que se recibieron hojas de vida durante el reclutamiento que se hizo para este tipo de plazas en 2018 y 2019.

Lo que quedó pendiente del compromiso formulado en el plan de acción fue la inclusión de las plazas del Título III, “Del Tribunal de Servicio Civil” y la publicación del resultado de las distintas etapas del proceso de selección de candidatos. Esto se quería hacer para mejorar la transparencia del proceso y que los interesados pudieran verificar el avance y quiénes eran seleccionados después de cada etapa.

• Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA)

Esta iniciativa se incluyó en el plan de acción para continuar impulsando el proceso de diálogo iniciado en 2014 y potenciado durante el plan anterior (2015-2017) entre el Poder Ejecutivo, instituciones públicas y el grupo de ocho comunidades indígenas de la vertiente atlántica costarricense, agrupados bajo la Red Indígena Bribri y Cabecar (RIBCA). El proceso de diálogo se creó para mejorar la calidad de los servicios que los organismos del sector público prestan a los pueblos autóctonos de este sector del país.

Durante la implementación del primer plan de acción en que se incluyó el compromiso (2015-2017), la cantidad de instituciones que estaban involucradas en el proceso de diálogo creció de tres hasta 21. Durante el mismo período, gracias al involucramiento del Ministerio de la Presidencia a través del viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, las instituciones cumplieron con cerca de un 70% de las 52 acciones incluidas en un plan de acción construido de manera conjunta.

Para el cumplir con el compromiso incluido en el siguiente plan, correspondiente a los años 2017-2019 y que analiza este informe, las instituciones continuaron implementando las acciones comprometidas con RIBCA en su plan de acción. De acuerdo con el informe de cumplimiento elaborado por Levi Sucre, dirigente de RIBCA, la institución que cumplió con la mayor cantidad de acciones comprometidas fue el Ministerio de Educación (MEP), con un 70%.

Además de la agenda de actividades con el MEP, el diálogo incluye otras dos agendas: una con la Caja Costarricense del Seguro Social, cuyos compromisos se completaron en un 30%, aunque más de la mitad de los pendientes se encontraban avanzados, y otra llamada “Agenda conjunta Mayo 2015”, que incluye el resto de instituciones que se sumaron al diálogo después de ese año. De esta última se completó un 70% de las acciones, que incluyen a instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

El Gobierno también cocreó,  con todos los territorios indígenas costarricenses, el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas que deberá aplicarse siempre que una iniciativa del sector público afecte de alguna manera a esta población.  Este mecanismo instituye además la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y es la responsable de coordinar todas las consultas que deban hacerse a este sector desde el Gobierno.

Adicionalmente el diálogo se expandió a los 24 territorios indígenas distribuidos en todo el territorio nacional a través de una directriz presidencial que crea el Proceso de Construcción Participativa e Intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024. Su objetivo es convertir el proceso de diálogo que se tenía en política pública, de manera que no dependa de la voluntad del Gobierno de turno. El Ministerio de la Presidencia, a través de su viceministerio en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, es responsable de coordinar y gestionar el proceso de cocreación de políticas públicas que lleven a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las comunidades indígenas.

Leví Sucre manifestó al investigador del IRM su satisfacción con los avances logrados en los últimos años y expresó que, aunque existen muchas oportunidades de mejora como la creación de un mecanismo de evaluación y monitoreo de la agenda, lo logrado hasta ahora no tiene precedentes en la historia de los pueblos indígenas en el país y repercutirá significativamente en la mejora de la calidad de vida de este sector de la población.

• Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción

Con este compromiso, el Gobierno pretendía hacer un análisis de la normativa nacional e internacional relacionada a la corrupción y generar reformas legales que ayudaran a prevenirla. A partir de este estudio se formularía nueva normativa o se propondrían reformas complementarias al marco legal existente, definido especialmente por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ^[103] del año 2004.

Durante el segundo plan de acción, se realizó este análisis el cual se acompañó de un sondeo en un pequeño sector de la población nacional para pulsar qué percibían los ciudadanos como corrupción. Los resultados del sondeo se expusieron durante un taller celebrado en diciembre de 2016 ^[104], en el que participó la sociedad civil y del que salieron una serie de propuestas de reforma en tres áreas: prevención de la corrupción, detección y sanción. Ninguna de estas propuestas generó modificación alguna de la legislación.

Para el período del plan de acción en cuestión (2017-2019) no se realizaron nuevas acciones para continuar implementando este compromiso. Se implementaron una serie de medidas que generarán algunas prácticas de divulgación de información, como el alineamiento a las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Propiedad del Estado, pero estas se han impulsado como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y no han tenido vinculación alguna con los procesos u organizaciones participantes de la agenda de gobierno abierto. Tampoco son las acciones descritas en los hitos del compromiso original y al que este pretendía darle seguimiento.

• Directorio informativo del perfil de las instituciones públicas

A través de esta iniciativa se quería desarrollar una plataforma interactiva que ofreciera información actualizada sobre las instituciones públicas del Estado costarricense. Esta plataforma se subiría a internet y ayudaría a divulgar los servicios que ofrece cada una de las instituciones públicas, los recursos con los que prestan dichos servicios y una descripción de sus funciones y competencias. También se quería que publicara información sobre el presupuesto, procesos, productos y marco normativo de cada entidad.

Tras la inclusión de este compromiso en el segundo plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica, el Ministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, que lideraba la agenda de gobierno abierto para ese período (2015-2017), sistematizó la información de las instituciones que incluiría en la plataforma, pero no llegó a empezar su proceso de diseño.

Para el tercer plan de acción, el Gobierno no realizó nuevas acciones para el desarrollo de la plataforma, tanto durante el primer año, bajo la administración Solis Rivera, como para el segundo año del plan de acción, bajo la presidencia de Carlos Alvarado. El Ministerio de Comunicación, encargado de gobierno abierto para el tercer plan de acción (2017-2019), contaba con el mismo documento preparado anteriormente con la información sistematizada, que para entonces se encontraba desactualizada.