Develop the Judicial Observatory System (CR0066)

• Judicial Observatory (August 1, 2020)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
El problema que se busca abordar es el retraso en la solución de casos judiciales (mora judicial). De acuerdo con la percepción ciudadana, la reducción anual del circulante es poco considerable, a esto se suma la entrada de nuevos casos anualmente. Asimismo, se percibe una deficiente administración de recursos y falta de compromiso de parte de los encargados de decisiones remediales. Esto se debe en parte a que la ciudadanía no tiene información precisa de cómo se llevan a cabo los procesos judiciales por tipo de materia, las instancias involucradas, los tiempos, entre otros. El Poder Judicial ha identificado que la cantidad de expedientes por antigüedad en proceso y en ejecución, a noviembre del 2019, es de 25.237. Cabe agregar que el promedio mensual de ingresos de casos es de 89.671,8 y se resuelven en promedio 82.932,2 casos, es decir, que en 109 promedio queda pendiente un 7,51% de los casos que ingresan. No obstante, el problema está siendo abordado desde el año 2014, al acordarse en Corte Plena el establecimiento de un “Protocolo de rediseño de procesos en circuitos, oficinas o despachos judiciales”, pues se constató que la cantidad de expedientes judiciales que ingresan anualmente ha crecido un 6.11% desde el 2015. Para el 2018 ingresaron 1.170.372 casos nuevos, mientras la cantidad de personal para atender la demanda se distribuye de la siguiente manera: 29 Juezas y jueces por cada 100 mil habitantes 12 Fiscalas y fiscales por cada 100 mil habitantes 11 Defensoras y defensores por cada 100 mil habitantes 32 Investigadores e investigadoras por cada 100 mil habitantes Por lo tanto, se evidencia una poca correspondencia entre la demanda del servicio judicial y la capacidad de recurso humano para responder ante el crecimiento de casos judiciales. Con respecto al acceso de información sobre estos procesos y el monitoreo sobre los avances o retrasos en términos de solución de casos judiciales, actualmente el Poder Judicial cuenta con un Sistema Georreferencial que integra información de la competencia territorial de los despachos jurisdiccionales y oficinas auxiliares de justicia, la formulación presupuestaria, información de contacto de las oficinas, personal judicial desagregado por sexo, condición de puesto y tipo de plaza, lista de activos de las oficinas, balance general estadístico, estadísticas de género, datos y proyecciones poblacionales del INEC. Sin embargo, surge la 110 necesidad de crear una interfaz que permita visualizar la información de manera más gráfica y simple para la persona usuaria, reutilizando la información existente en dicho sistema y agregando información estratégica relevante para la toma de decisiones.

¿Cuál es el compromiso?
Desarrollar un Observatorio Judicial que permita la consulta y facilite la fiscalización de la gestión institucional, con énfasis en la mora judicial, por parte de la persona ciudadana, a través de datos preferiblemente en formato abierto, integrados con el Sistema Georreferencial que posee el Poder Judicial sobre el ámbito administrativo y jurisdiccional. El compromiso se propone diseñar y lanzar una plataforma que muestre estadísticas e indicadores judiciales sobre la cantidad de procesos judiciales existentes por despacho judicial, cantidad de personas funcionarias trabajando en cada despacho judicial, entre otros; todo esto de manera integrada con la información contenida en el Sistema Georreferencial. Esta información se podrá visualizar a través del sitio web oficial del Poder Judicial siguiendo el criterio de las competencias territoriales por circuito, materia y oficina judicial; con el fin de poder brindar a las personas usuarias información transparente, precisa y confiable respecto al funcionamiento de la institución, a través de una herramienta amigable y de fácil operación, potenciando la publicación de datos en formato abierto, así como el uso de mapas georeferenciados e interfaces gráficas que potencien la comprensión de la información. Por otro lado, el abordaje de un problema social requiere no solamente de las instituciones públicas para la implementación de políticas públicas, planes y proyectos, sino también de la participación ciudadana, para lo cual se realizarán grupos focales y se abrirán espacios de consulta y co-creación para que las personas usuarias del sistema judicial puedan proponer mejoras a la plataforma, analizar los datos disponibles y brindar recomendaciones a la institución en cuanto al problema de la mora judicial. Estas recomendaciones luego serán analizadas, sistematizadas y valoradas, y aquellas consideradas como viables serán implementadas.

Para cumplir estos objetivos, el compromiso contempla las siguientes acciones:

Etapa I 1. Definición, análisis, diseño y desarrollo del panel de compendio de indicadores judiciales y estadísticas:
1.1.1. Composición del personal (masculino y femenino)
1.1.2. Casos activos (ejecución, resolución y en trámite)
1.1.3. Duración de los casos
1.1.4. Productividad (cantidad de casos terminados)
1.1.5. Cantidad de escritos recibidos 1.1.6. Cantidad de notificaciones realizadas
1.1.7. Indicadores anuales de ejecución de presupuesto
1.1.8. Estadísticas de los Servicios Tecnológicos En esta primera etapa se considerará sólo la información definida como prioritaria y que se encuentre disponible en el sistema SIGMA. Se realizarán entregas incrementales de los indicadores, de manera que se genere valor lo antes posible.
2. Documentos de los órganos de control: incorporar dentro de la plataforma los documentos relacionados con los órganos de control del Poder Judicial. El despliegue de estos documentos está sujeta al tratamiento que se realizará a la información para clasificar los documentos según el órgano de control que 112 lo remite y el destinatario, aspecto que será realizado por la Secretaría de la Corte.
3. Mejorar la interfaz y el funcionamiento del Sistema Georreferencial, así como realizar la migración a la nueva plataforma del Observatorio Judicial: Análisis, desarrollo, pruebas e implantación del Sistema Observatorio Judicial, que mostrará de manera centralizada información de interés relacionada con el funcionamiento del Poder Judicial, por oficina, circuito o materia, permitiendo que la información se visualice de forma gráfica y en mapas georreferenciados para los casos que aplique.

Etapa II: 4. Considerar la participación ciudadana en la realización de grupos focales con las personas usuarias y personal judicial para conocer propuestas de mejora del Observatorio Judicial en torno a aspectos tales como: visualización, ubicación de la información, temas de interés, accesibilidad, necesidades de información, entre otros.
5. Facilitar espacios de consulta en los que se proyecta que las poblaciones interesadas en la gestión judicial puedan brindar seguimiento y control de los procesos judiciales, a fin de que emitan recomendaciones y propuestas de mejora, en el marco de los Mecanismos para consolidar el diálogo permanente del Poder Judicial con la Sociedad Civil.
6. Cocrear una estrategia de divulgación y promoción de la plataforma digital que se desarrollará a fin de que las personas usuarias internas y externas, ONG´s e instituciones puedan tener conocimiento sobre la existencia de este sitio web.

¿Cómo contribuirá el compromiso a solucionar el problema público?
Con este compromiso, el Poder Judicial demuestra su anuencia e interés de generar un cambio en materia de retraso judicial fomentando la inclusión ciudadana mediante la rendición de cuentas, la fiscalización y el control de la gestión institucional. Además de promover la transparencia a través del acceso a la información que se generará en la plataforma digital en cuestión. Con lo antes expuesto, desde el Poder Judicial y sus políticas institucionales de Justicia Abierta y participación ciudadana, se trata de fortalecer la relación entre Estado y ciudadanía, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación como responsables de este acercamiento y de abrir canales de interacción e incidencia. Es así como las iniciativas de Gobierno Abierto y Justicia Abierta refieren a una corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión judicial y las TIC son herramientas que facilitan este proceso. Al facilitar el espacio de consulta se proyecta que las poblaciones interesadas en la gestión judicial puedan brindar seguimiento y control de los procesos judiciales, a fin de que emitan recomendaciones y propuestas de mejora, en el marco de los mecanismos para consolidar el diálogo permanente del Poder Judicial con la Sociedad Civil, aprobado por Corte Plena en el acta n°033-2019 del 12 de agosto 2019. El desarrollo de esta nueva herramienta tecnológica tiene como población meta a las personas usuarias del sistema judicial, despachos, oficinas judiciales, autoridades judiciales, entre otros altos mandos y estrato gerencial del Poder Judicial que proyecten monitorear la gestión institucional y aquellas labores que se realizan para reducir el retraso judicial, para permitir una mejor toma de decisiones institucional.

¿Por qué este compromiso es relevante para los valores de OGP?
El compromiso es relevante para la transparencia ya que se encuentra comprometido en la publicación no solo de más información, sino de información que contempla criterios de calidad y usabilidad por los diferentes públicos de interés, mejorando la accesibilidad de la información. Además, es de especial trascendencia para la rendición de cuentas ya que generaría un mecanismo para que la ciudadanía pueda monitorear, fiscalizar y evaluar el avances o retraso en los procesos judiciales. También tiene un alto componente de participación ciudadana al poner a disposición información de gran relevancia para las personas usuarias y principalmente para aquellas que tengan el interés de incidir y ejercer seguimiento y control ciudadano. Se procura generar un proceso democrático que aspira a una contribución responsable, activa y sostenida de la población en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de políticas del Poder Judicial, en especial el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 que de forma transversal se plantea reducir de forma gradual el retraso judicial, así como la modernización de la gestión judicial. A través de este compromiso se pone en práctica también el principio de colaboración, pues para establecer una plataforma digital que funja como un observatorio judicial para diferentes públicos de interés se hace menester el trabajo colaborativo entre múltiples dependencias del Poder Judicial que tienen relación con la definición, análisis, diseño y desarrollo.

Información adicional
Presupuesto del compromiso: Noventa y un millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos dieciséis colones (¢91.896.616,32), los cuales se dividen en cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho colones (¢45.948.308,16) anuales. El compromiso está vinculado con el oficio DP-714-2018 del Despacho de la Presidencia de la Corte el cual solicita desarrollar un proyecto de Observatorio Judicial, así como con la Política de Participación Ciudadana y la Política de Justicia Abierta, esta última habiendo sido resultado del III Plan de Acción de Gobierno Abierto. El compromiso está vinculado con el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 del Poder Judicial, más específicamente con el Tema Estratégico 301 de Modernización de la Gestión Judicial, cuyo objetivo es “Proveer soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades del Poder Judicial”; y con la Acción Estratégica 926: “Desarrollar efectivos sistemas de información que apoyen la toma de decisiones gerenciales ”. El compromiso está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

8. Desarrollo del Sistema Observatorio Judicial para monitoreo y fiscalización de la gestión judicial

Texto del compromiso tal y como aparece en el plan de acción.

Objetivo principal

“Desarrollar un Observatorio Judicial que permita la consulta y facilite la fiscalización de la gestión institucional, con énfasis en la mora judicial, por parte de la persona ciudadana, a través de datos preferiblemente en formato abierto, integrados con el Sistema Georreferencial que posee el Poder Judicial sobre el ámbito administrativo y jurisdiccional.”

Hitos

• Desarrollo del Observatorio Judicial (creación de la solución tecnológica, inclusión de la información y portabilidad de la información del sistema georreferencial al Observatorio).
• Puesta en marcha del Observatorio Judicial.
• Co-creación y puesta en marcha de una estrategia de divulgación y promoción de la plataforma digital del Observatorio.
• Realización de grupos focales para recibir retroalimentación sobre los aspectos que se consideran que pueden ser mejorados y las necesidades de información existentes, y apertura de espacios de consulta para que las poblaciones interesadas en la gestión judicial puedan brindar seguimiento y control de los procesos judiciales, a fin de que emitan recomendaciones y propuestas de mejora.
• Análisis, sistematización y valoración de las recomendaciones ciudadanas, así como su viabilidad para ser implementadas.
• Implementación de las recomendaciones.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Costa Rica en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Costa-Rica_Action-Plan_2019-2021.pdf

Análisis del compromiso

El Poder Judicial es el otro poder de la República que, además del Ejecutivo, ha participado en todos los planes de acción de Costa Rica. Desde el segundo plan lo hace con sus propios compromisos, primero con una estrategia de divulgación de la Política de Participación del Poder Judicial y luego, en el tercer plan de acción, con la cocreación de la Política de Justicia Abierta. Esta vez lo hace con una iniciativa que proviene directamente de la sociedad civil, pues fueron los mismos usuarios del Poder Judicial quienes propusieron el compromiso que finalmente se incluyó en el plan de acción.

Este compromiso pretende medir la eficiencia de la gestión de este órgano en procesos que sus usuarios realizan todos los días y en importantes cantidades, y que suelen relacionarse a aspectos que tienen un significativo impacto en la calidad de vida de las personas, como aquellos relacionados a la administración de justicia, pensiones alimentarias, protección o seguridad. Esto aumenta las posibilidades de que su implementación genere un gran beneficio y que sea percibido directamente por un amplio segmento de la ciudadanía, lo que contribuye a que su impacto potencial sea transformador.

De acuerdo con la información del Poder Judicial, los expedientes por antigXedad en proceso y en ejecución superaban los 25.000 a noviembre de 2019. Además, el promedio mensual de ingreso de casos es de casi 90.000 mientras que el de resolución es de 83.000 casos, por lo que cada mes el número de los pendientes de resolución aumenta en casi 7.000 casos.

Los intentos por resolver el problema datan al menos del año 2014, cuando la Corte Plena estableció el “Protocolo de rediseño de procesos en circuitos, oficinas o despachos judiciales”. Sin embargo, aún no se ha resuelto la situación, pues durante el año 2019 la demanda de resolución de casos excedió significativamente la capacidad del recurso humano para darles trámite. El plan de acción explica que el número de expedientes judiciales que ingresa anualmente creció más de un 6% desde 2015, y actualmente la disponibilidad de jueces, fiscales, defensores e investigadores no alcanza para satisfacer la demanda de servicios.

El proyecto del observatorio ciudadano planteado en este compromiso pretende cambiar esa realidad y lograr, con la colaboración del Poder Judicial, generar la infraestructura pendiente para poder darle trazabilidad a los casos y producir la visualización de estadísticas que permita medir la mora judicial por circuito, materia y oficina judicial.

El observatorio se dedicaría a medir el desempeño de los despachos judiciales, generar datos que informen la discusión en los espacios participativos que también generaría el compromiso, como grupos focales, de donde se espera que salgan propuestas para mejorar la eficiencia del servicio ofrecido y reducir la mora judicial.

Estos grupos focales también se usarían como espacios para rendir cuentas, pues el compromiso indica que se sistematizarán y analizarán los comentarios recibidos en ellos, para que luego se validen e implementen. Este aspecto le da a la iniciativa la posibilidad de generar acciones a partir de los insumos ciudadanos, algo que no se muestra tan claro en el resto de compromisos del plan de acción. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) se encargaría de darle seguimiento a la retroalimentación recibida, la cual se trasladaría al equipo interno implementador para analizar los cambios técnicamente viable. Igualmente, se comunicaría el trámite dado a las diferentes sugerencias.

El Observatorio Judicial busca generar datos de manera consistente. Este es otro aspecto que aumenta la ambición del compromiso, pues los motivos por los que aún no está sistematizada la información que busca generar incluyen retos significativos como la falta de procesos, programas informáticos inadecuados y problemas de comportamiento humano. Atender tales situaciones será parte de la implementación, pues resulta indispensable para que el Observatorio cuente con la información necesaria para realizar su labor fiscalizadora en el monitoreo de la eficiencia de despachos y de la mora judicial por distrito.

La idea del compromiso es desarrollar una plataforma que ofrezca estadísticas e indicadores sobre la cantidad de procesos judiciales existentes por despacho judicial, que tras cruzarse con el número de personas funcionarias trabajando en cada despacho judicial, permita generar estadísticas sobre la cantidad de casos que estos resuelven en períodos de tiempo determinados. El objetivo final es ofrecer a los usuarios e implicados en procesos judiciales la información sobre el trámite de sus casos distribuida por circuito judicial. Para el año 2020 esta información no era de fácil acceso para el público usuario, y obtenerla implicaba un proceso largo y engorroso.

Existen diferencias de productividad importantes entre los territorios que componen los diferentes circuitos judiciales en que se divide el país, con variaciones superiores al 100% entre las sedes de mayor y las de menor productividad, según señaló el II Informe del Estado de la Justicia [55]. Esta investigación intentó medir la capacidad del Poder Judicial para impartir lo que calificó como una “justicia pronta”, pero no fue posible debido a los vacíos de información y la deficiente calidad de sus bases de datos. “La principal conclusión del esfuerzo realizado es que, hoy por hoy, el Poder Judicial carece de un sistema de información que permita generar, en tiempo real, reportes pormenorizados para medir y evaluar su desempeño, más allá de indicadores agregados y generales para el conjunto de la institución” [56], señala la investigación.

Por otro lado, el compromiso ayudará a generar y divulgar información no existente hasta ahora que facilitará llamar a rendir cuentas al órgano Judicial. Este poder recibe un 4,5% del presupuesto nacional [57] y en años recientes ha generado un debate [58] en la sociedad costarricense sobre algunos beneficios [59] e incentivos monetarios que tienen sus funcionarios y que no poseen quienes trabajan para otros poderes del Estado [60].

Además el compromiso aprovechará el Sistema Georreferencial de Información con que cuenta el Poder Judicial para generar mayor transparencia. Este recopila datos sobre la competencia territorial de los despachos jurisdiccionales, sus presupuestos, información de contacto de las oficinas y personal judicial, listas de activos de las oficinas y el balance general estadístico, entre otros. Actualmente no existe una interfaz gráfica que permita visualizar esta información. El objetivo es desarrollar esas visualizaciones e incorporarlas, junto con indicadores de gestión, a la plataforma del observatorio. Por todas estas razones su implementación podría tener un impacto transformador.

El Poder Judicial se incorporó al proceso de cocreación durante la consulta en línea para priorizar los cinco problemas propuestos por la CONAMAJ. Los dos priorizados fueron el retraso en la solución de casos judiciales y la poca sensibilización del personal judicial y atención deficiente hacia la persona usuaria.

Durante el Taller nacional de priorización de problemas, celebrado el 05 de octubre de 2019, los miembros de la mesa temática del Poder Judicial decidieron definir como problema el retraso en la solución de casos judiciales (mora judicial). Posteriormente, tras la consulta en línea sobre posibles soluciones a este problema, la mesa de esta área temática definió como solución final la fiscalización ciudadana de los programas del Poder Judicial (Observatorio ciudadano), que luego el grupo de trabajo de redacción de compromisos tradujo como la construcción de un observatorio ciudadano.

Ángela García, quien participó por parte de la sociedad civil en el proceso de construcción del compromiso, consideró que los insumos generados se consideraron a medias, pues la iniciativa del observatorio ya se venía planteando desde el Poder Judicial con el grupo de organizaciones civiles con que trabaja [61]. Desde la perspectiva de Evelyn Villareal, coordinadora de la investigación del Estado de la Justicia [62], el reto es enorme, porque la información en ocasiones no se recoge correctamente o no se captura del todo, pero sería muy beneficioso que a partir de los datos se pudiera conocer, por ejemplo, cuánto tarda en promedio tramitar un caso en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Pavas. En este aspecto radica el impacto potencial transformador del compromiso, en la posibilidad de generar esta información y ponerla a disposición del público, más que en la modificación del observatorio existente hoy en día.

La creación de observatorios ciudadanos suele presentar enormes retos de organización y financiamiento para la sociedad civil en el contexto costarricense, que afectan su consolidación y sostenibilidad en el tiempo. La experiencia del Poder Judicial en la coordinación de las organizaciones de la sociedad civil y su liderazgo y apoyo logístico para el trabajo que estas puedan desarrollar será clave para implementar con éxito la iniciativa. Finalmente, contribuirá al impacto que logre el observatorio el definir entregables concretos que pueda publicar periódicamente, que se ganen la confianza de la población y a partir de los cuales se puedan tomar acciones que contribuyan a mejorar la gestión del Poder Judicial.

Compromiso 8. Desarrollo del Sistema Observatorio Judicial para monitoreo y fiscalización de la gestión judicial

● Verificable: Si

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? Si, relevante para acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas

● Potencial para obtener resultados: Transformador

● Cumplimiento: Completado

● ¿Abrió el Gobierno? Significativo

Compromiso 8. Desarrollo del Sistema Observatorio Judicial para monitoreo y fiscalización de la gestión judicial – Poder Judicial

Contexto y objetivos:

El compromiso del Poder Judicial tuvo por objetivo la concreción de una plataforma web, llamada Observatorio Judicial [65], que permitiera medir y divulgar información y estadísticas sobre el tiempo que tardan las diferentes oficinas judiciales del país en dar resolución a sus casos. Esto con la intención de contribuir a reducir el tiempo que toma resolver los casos judiciales, conocido como mora judicial y que el compromiso definió como el problema a abordar.

Según información del informe del Estado de la Justicia 2022, lejos de mejorar, la mora judicial continúa empeorando. "Las áreas de mayor volumen de casos como cobros, penal y los circuitos judiciales de la Gran Área Metropolitana siguen con indicadores decrecientes que afectan a los promedios del conglomerado institucional a la baja. En el período 2019-2020 persisten las tendencias a la disminución de casos terminados por persona juzgadora, que en 2020 alcanzó el número más bajo reportado desde 1990…". Para entonces se contabilizan 2.384 casos activos (sin resolución) por cada mil que ingresaban [66].

El compromiso se cumplió en su totalidad. El Observatorio del Poder Judicial se lanzó en abril de 2021, aunque se mantuvo como una herramienta solamente de uso interno hasta que se habilitó su acceso al público en general, a través de la página electrónica [67] del Poder Judicial, en septiembre del mismo año. Ese período se aprovechó para revisar la calidad de la información compartida, darlo a conocer dentro del Poder Judicial y diseñar la estrategia de comunicación para divulgarlo externamente.

El Observatorio Judicial cumple con el objetivo planteado en el compromiso de ofrecer datos descargables en formatos abiertos sobre el total de expedientes activos y resueltos del Poder Judicial, estadísticas agregadas sobre la antigüedad de estos según la fecha de ingreso, el tipo de resolución, materia, entre otras variables. Los datos se ofrecen desagregados por juzgados, tribunales y salas, aunque en la gran mayoría de casos van de 2019 en adelante. Cumple también con el hito que proponía integrar contenido del Sistema Georreferencial del Poder Judicial al Observatorio, al tener una tercera sección con mapas del territorio nacional que muestran información georreferenciada de las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, de Atención y Protección de Victimas, fiscalías y juzgados de pensiones y de violencia doméstica, incluyendo la jurisdicción de cada una de ellas [68]. Aunque esta información es de naturaleza administrativa y no incluye datos en materia jurisdiccional o de mora judicial.

Para cumplir con el objetivo de establecer un canal para que las poblaciones interesadas puedan emitir propuestas de mejora se optó por crear una cuenta de correo electrónico [69] que puede accederse en la sección de "Ayuda y medios de contacto" del Observatorio.

Una vez que la plataforma estuvo lista, el Poder Judicial trabajó con quienes atendieron la convocatoria a participar en alguno de los tres talleres que se celebraron para validar aspectos como su contenido, interface y usabilidad. Para estos talleres se convocó a la sociedad civil en general y a dos sectores que el Poder Judicial consideró como los usuarios potenciales más interesados en hacer uso del Observatorio: abogados y periodistas. Los talleres fueron desarrollados por el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica, Innovaap, que elaboró un informe [70] con la sistematización y análisis de las recomendaciones ciudadanas recibidas en cada uno, así como su viabilidad para ser implementadas. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (Conamaj) creó una matriz con las propuestas recibidas que se usó para dar respuesta a los participantes sobre cómo se utilizarían o por qué no era posible aplicar las sugerencias recibidas [71].

Como parte del cumplimiento de los hitos, el equipo implementador también diseñó a través de un proceso participativo una estrategia de comunicación externa que ayudará a dar a conocer la plataforma y que busca "posicionar al Observatorio Judicial como un referente nacional de información estadística judicial para fortalecer la transparencia institucional y la apertura de datos" [72]. Esta fue validada en tres talleres realizados con los mismos grupos poblacionales: abogados, periodistas y la sociedad civil interesada, quienes indicaron en qué medida la plataforma era comprendida y llenaba sus necesidades informativas.

Finalmente se completaron los hitos con la publicación del informe final del proceso de implementación del Observatorio, publicado en la página de Justicia Abierta del Poder Judicial [73].

¿Abrió el Gobierno? Significativo

La creación del Observatorio Judicial ayudó a abrir el Gobierno significativamente. La cantidad de información que puso a disposición del público y las posibilidades que ofrece para descargar los datos y analizarlos ayudará a profundizar en el estudio del desempeño del Poder Judicial, marcando un antes y un después en la publicación proactiva de información del órgano. Es un primer paso serio en la dirección correcta, relevante para el público meta y que podría llegar a ayudar a que quienes toman parte en los procesos participativos y de rendición de cuentas de la institución, puedan informarse y ofrecer insumos pertinentes. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es necesario tomar una serie de acciones que se sugieren en la siguiente sección.

El Observatorio también contribuye al proceso de digitalización del Poder Judicial. Si bien la etapa de recopilación de datos es todavía muy manual y por lo tanto laboriosa y expuesta a errores de manipulación y digitalización [74], introducirlos a un sistema para luego ser publicados ayuda a someter los datos a un mayor escrutinio que sirve para validarlos y fomentar su precisión. Las diferentes instancias validan la información que sobre ellas se publica y ayudan a corregir cualquier imprecisión. A pesar de que esto no es gobierno abierto, sí constituye un paso fundamental para generar acciones posteriores de gobierno abierto y contribuye a mejorar la calidad de la información, uno de los retos clave del proceso según se indicó en el Informe de Diseño 2019-2021. El informe "El Estado de la Justicia de 2022" afirma sobre el Observatorio Judicial que "supone una mejora importante" y "disminuye la manipulación de la información" [75].

Otro aspecto en el que la implementación del compromiso contribuye es en la generación de buenas prácticas para liderar procesos participativos cada vez de mayor calidad. A través de los años, el despacho de la presidencia de la Corte y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), parte del equipo implementador, han probado diferentes metodologías y encontrado qué funciona mejor en diferentes casos [76]. Para este compromiso, sin dejar de lado la convocatoria abierta para la sociedad civil, el Poder Judicial se enfocó en trabajar durante los procesos de cocreación y validación con dos grupos de usuarios para quienes el Observatorio podría ser de mayor utilidad: abogados y periodistas.

Desde la perspectiva de este Poder, escoger esta estrategia fue producto de un proceso de maduración que los llevó a entender que, por las características de la herramienta, resulta más efectivo segmentar la participación a sectores más interesados que le podrían sacar más provecho, escogiendo en qué momentos del proceso resultará más pertinente recibir retroalimentación de quién para aplicarla al producto final [77]. El resultado fue una valiosa y pertinente retroalimentación que ayudó a hacer más útil y comprensible la herramienta, y que continuará contribuyendo a mejorarla conforme se sigan aplicando las sugerencias recibidas.

Aún es temprano para dimensionar adecuadamente el impacto que tendrá la herramienta, sin embargo, aunque no se llevan estadísticas de uso, el Poder Judicial indicó que actualmente algunas universidades la están usando con fines académicos, e internamente se usa para planificar y administrar mejor los recursos. De igual forma, organismos internacionales y observatorios similares en otros países les han contactado para consultar sobre su creación e intercambiar mejores prácticas, e instituciones públicas les han solicitado información para entenderla mejor y empezar a utilizarla [78].

Para la sociedad civil la herramienta puede llegar a ser de gran utilidad y representa un valioso paso en la publicación proactiva de información del sistema Judicial, sin embargo aún requiere de conocimiento muy especializado para ser aprovechada. Esto limita sus posibilidades de ser utilizada por el usuario promedio del sistema judicial o la sociedad civil en general [79]. Usuarios del Observatorio provenientes de la sociedad civil señalaron esta limitante y la oportunidad de facilitar su comprensión con un lenguaje más comprensible y una interface más amigable, a la vez que recomendaron incluir información sobre la calidad de la atención a los usuarios [80].

Mirando hacia adelante:

El Observatorio Judicial tiene la oportunidad de contribuir más directamente al objetivo principal del compromiso: reducir la mora judicial. Más allá de poner a disposición de los usuarios información para medirlo, no está clara la forma en que mitigará este problema priorizado como el principal a abordar por el compromiso. Para hacerlo podría ayudar el generar métricas que midan la eficacia de las diferentes oficinas judiciales, de manera que se promueva la reducción de la mora y se mida la mejora lograda a través de acciones que se implementen con este objetivo. Para implementar métricas efectivamente es clave acompañarlas de metas ambiciosas pero reales e implicaciones que por su incumplimiento cuando las causas sean atribuibles a funcionarios públicos. Esas metas deben alinearse a la expectativa de los usuarios, es decir, a lo que desde la perspectiva ciudadana se considere como un buen servicio. Esto ayudará a su vez a dar mayor contexto a los datos al definir cuánto tiempo en resolver un caso es considerado como adecuado, cuánto promedio y cuánto malo. Es necesario también hacer la inversión y asignación de recursos necesarios para crear las condiciones que permitan alcanzar las metas, de forma que una mayor productividad no menoscabe el servicio, es decir, que más resoluciones y sentencias logradas en menos tiempo no vayan en detrimento de su calidad.

De momento no se ha trabajado en esta dirección debido a que el Observatorio no se pensó como un sistema para gerenciar la operación Judicial, sino para publicar datos estadísticos. Con estos datos podría medirse la capacidad operativa del Poder Judicial, pero para ello es necesario un largo trabajo de procesamiento y validación que dificulta utilizarlos para llamar a rendir cuentas. Por otro lado, algunos usuarios encontraron que durante el segundo semestre del 2022 habían oportunidades de mejorar la precisión de algunos datos compartidos [81].

Una tarea enorme pero que podría tener gran impacto es determinar cómo se va a medir esa mora judicial, cuál es la meta indicada para cada instancia judicial, si se va a medir por área temática, juzgado, sala, territorio, o de otra manera, y publicar esta información para que la población pueda darle seguimiento. Sería una clara muestra de la voluntad de mejorar, de reconocer que hay oportunidades en la administración de justicia y que el deseo de hacerlas realidad es mayor que cualquier temor a ser juzgados por la situación actual. Esto también permitirá que el Observatorio Judicial se comporte más como un observatorio, que genere análisis y conocimiento a partir de la información publicada, que ya no sea manejado solamente por el mismo Poder Judicial sino por una sociedad civil que puede ofrecer una perspectiva distinta a la que conceden los ojos propios.

Hay también oportunidades para mejorar el contenido de la información y fomentar que el público genere conocimiento a partir de ella, facilitando el cruce de variables en la misma herramienta, ampliando el rango de datos más allá del período 2019-2021 y creando y poniendo a disposición del público recursos para que la población interesada puede capacitarse en su uso e interpretación. Actualmente, encontrar con precisión la información deseada y saber cuáles son los filtros adecuados requiere un conocimiento detallado de la estructura del Poder Judicial, lo que limita la población que puede sacar provecho del Observatorio. Ofrecer recursos como tutoriales en línea y capacitaciones ayudará a atender esta situación.

Un ámbito sobre el que el Observatorio no ofrece información es el de satisfacción de los usuarios. Este resulta clave en una estrategia de mejora y será de gran ayuda para determinar si los hitos que se van logrando, si las metas definidas para los diferentes procesos se alinean a las expectativas de los usuarios y su perspectiva de calidad en los procesos judiciales.

Otro aspecto que permitiría sacar mayor provecho al Observatorio y que fue mencionado por varias de las personas que participaron en los talleres de cocreación es mejorar el glosario y, en general, el lenguaje con que se presenta la información. Por ahora este es bastante técnico y con frecuencia usa jerga del gremio legal y del mismo Poder Judicial. La buena noticia es que el Poder Judicial ya trabaja en este aspecto y valora asociarse con instituciones externas, algunas del ámbito académico [82], para que le ayuden a traducir el lenguaje técnico en uno más fácil de comprender para la población no especializada [83].

Finalmente, desde el sector de investigación y para usos más académicos y de rendición de cuentas, se expresó la necesidad incluir como parte del Observatorio una bitácora de cambios y mejoras aplicadas a los datos, de manera que cada vez que haya una actualización sea fácil entender qué se ha agregado, modificado o corregido, sin necesidad de revisar toda la base de datos para detectar los cambios [84].