Open Data to Prevent and Fight Corruption (CR0071)

Breve descripción del compromiso

El compromiso pretende fortalecer las capacidades de los y las funcionarias de las instituciones del Estado y de las organizaciones no gubemamentales. A su vez, establecer acciones que permitan orientar una ciudadanía informada que promueva la participación y coadyuve a la prevención y combate a la corrupción por medio de la apertura de datos públicos en Costa Rica. Igualmente, busca fortalecer la normativa en materia anticorrupción y de integridad, tomando en consideración el Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA) y la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).

Definición del problema

1. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar?

En el último informe del indice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Costa Rica obtuvo 54 puntos de 100, lo cual representa una caída de cuatro puntos en relación con la medición del año 2021, registrando su segundo peor puntaje histórico en esta medición y un retroceso de 10 años. La percepción de la corrupción en nuestro país es un elemento que desde la óptica ciudadana se debió atender hace décadas, pero muy especialmente desde el 2019, momento en el cual, el país asumió el compromiso anticorrupción en el IV Plan de Acción de Estado Abierto, el cual buscaba saldar la deuda que tiene el país en esta materia.

Definición del problema

Según estudios sociopolíticos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, “se han alertado sobre lo sensible del tema para la sociedad costarricense, al ubicar a la corrupción como la principal inquietud, incluso por encima del desempleo, costo de vida, situación económica e inseguridad, lo cual significa que es un tema constante en las preocupaciones de los costarricenses.” Estos elementos, sumados al aumento de los grandes casos de corrupción del país en los cuales participan funcionarios de las instituciones públicas y, no en pocos casos, con la complicidad de ciudadanos comunes y de la empresa privada. Igualmente, se ha identificado la ausencia de un portal de datos abiertos que permita conocer los casos que tiene el país en materia de transparencia y anticorrupción para poder determinar el éxito en las soluciones planteadas, aspectos que hacen necesario que se retome el compromiso anticorrupción que se incluyó en el IV Plan de Acción, haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de las personas funcionarias y de la ciudadanía para prevenir actos de corrupción en las instituciones y el reconocimiento de los mecanismos disponibles para transparentar la gestión. Costa Rica no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia la cual fue vetada por el presidente Carlos Alvarado, que se tramitó bajo el expediente legislativo 20.799, alegando motivos de constitucionalidad, conveniencia y oportunidad. Este acto realizado al cierre de su período de su Administración no permitió el resello legislativo pues de conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo cuatrienal del proyecto de ley vencía el 01 de mayo del 2022, pues la norma dicta que, pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo. El veto también fue firmado por la entonces ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte; y el ministro de Comunicación, Agustín Castro, entonces coordinador de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Fueron los medios de comunicación quienes solicitaron intensamente al presidente de la República el veto de la iniciativa, alegando que “la redacción del proyecto, supuestamente, impide a los medios de comunicación recibir información sobre investigaciones y sanciones administrativas o penales, por lo que empezaron a tildarla como "ley mordaza". Hasta la fecha lo que está vigente es el Decreto Ejecutivo Transparencia y Acceso a la Información Pública N* 40200-MP-MEIC-MC, el cual respondió a uno de los compromisos del Segundo Plan de Acción 2015-2017 pero no existe la Ley como tal. El actual gobierno no ha presentado ninguna iniciativa legislativa para reactivar un proyecto que sustituya el archivado en la legislatura pasada, lo cual constituye una oportunidad para que el tema de acceso a la información y transparencia se ponga en la palestra en el espacio civil de gobierno abierto e impulsado por la Comisión Nacional de Estado que aglutina a gobierno, la academia, la empresa privada y las organizaciones de sociedad civil.

2. ¿Cuáles son las causas del problema?

La corrupción es considerada como uno de los principales problemas que aqueja a Costa Rica, pues nunca baja de los tres primeros problemas identificados por la ciudadanía en las encuestas. La corrupción es entendida como “el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.” Muchas son las causas que pueden señalarse como problema de la corrupción. Desde un aspecto social y cultural, de manera general puede citarse, la carencia de una conciencia social, la falta de educación o de una cultura del compromiso con la integridad; percepción sesgada de los grados de corrupción y la infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. Desde una perspectiva jurídica, entre las prácticas que favorecen la corrupción, destacan: la falta de una regulación específica en la materia y una mayor protección del denunciante. Se requieren modificaciones a las leyes que regulan y vinculan la lucha contra la corrupción, el cabildeo, la libertad de expresión y fortalecer el control ciudadano sobre las acciones de los funcionarios y las Instituciones del Estado. Desde la perspectiva de la integridad y los principios de Gobierno Abierto, algunas de las causas tienen que ver con la falta de democracia informativa, o sea, la ausencia de transparencia, rendición de cuentas e inexistencia de falta de mecanismos de publicidad de las acciones de los funcionarios de las instituciones públicas. Específicamente, se relaciona con el acceso a la información y los mecanismos de denuncia de actos de corrupción, ya sea que provengan del interior del propio gobierno o de la sociedad, siendo ambas herramientas las que deben apoyar el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la sociedad civil y las personas funcionarias, para alinear bajo una misma hoja de ruta, las posibles iniciativas propias en marcha que tienen las instituciones para luchar contra la corrupción. Ciertamente, el conocimiento, habilidades y capacidades de los funcionarios difieren de una institución a otra y, de parte de la ciudadanía, de la visión que se tenga sobre cómo se debe luchar ante la corrupción, de allí la importancia de generar espacios de inducción y homologación del conocimiento a través de acciones de mediano y largo alcance sobre las diversas herramientas existentes, las prácticas y las necesidades de fortalecer las mismas en materia de prevención y el combate de la corrupción. Esto ha generado que los habitantes desconozcan los procesos que se deben seguir para poner denuncias, reconocer los pasos a seguirse y sobre todo, brindarles el espacio que se merecen, como actores propulsores de la mejora de la gestión pública a través de sus denuncias y acompañamiento, por lo que es necesario que el compromiso que se ejecute en este nuevo plan de acción, incluya la participación ciudadana como el actor central para tener un rol activo de prevención, monitoreo, prevención y denuncia de los actos de corrupción. El país cuenta con una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), cuya elaboración se inició en 2019 y el lanzamiento se realizó 6 de agosto de 2021, la cual plantea las áreas sensibles a las que se les dará prioridad durante la próxima década, entre ellos el eje 5 Acceso a la información de interés pública y rendición de cuentas. La ENIPC ya cuenta con un grupo de instancias, instituciones y organizaciones de sociedad civil involucradas. Según el propio balance que realiza la ENIPC, los avances que se han tenido en el eje de apertura de datos públicos han sido muy limitados, especialmente en materia de anticorrupción y, por ello, es necesario identificar los esfuerzos que cada uno de estos actores han desarrollado desde el lanzamiento de la Estrategia. A nivel regional existe Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA), del cual Costa Rica es parte. En noviembre de 2020, la Secretaría de Cumbres de las Américas conjuntamente con la Escuela de Gobierno y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la OEA, desarrollaron esta iniciativa de cooperación para su implementación en varios países y , con el apoyo financiero de la CAF hubo un ofrecimiento a la Administración Alvarado que aceptó y que, la presente Administración del presidente Chaves, ha venido gestionando la firma del convenio con CAF a fin de incluir un compromiso de lucha anticorrupción en el V Plan de acción de Gobierno Abierto avalado por unanimidad de los miembros de la CNEA. El PIDA es “una herramienta de carácter regional que, utilizando como premisa el derecho humano de acceso a la información pública de la ciudadanía, reconoce una serie de datos que son relevantes para co-crear soluciones, en conjunto con la ciudadanía” y se requiere identificar la necesidad de consultar sobre el nivel de conocimiento del Programa PIDA. A su vez, el compromiso busca Identificar este grupo de personas y alinearlos al Programa PIDA, lo que permitirá al país contar una misma línea de trabajo, donde se cuente con la identificación de: actores, mecanismos, puntos de enlace y, sobre todo, las brechas que entre cada parte involucrada existen y que deben ser atendidas para mejorar las acciones del país en materia de anticorrupción. Mediante un convenio con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Costa Rica asumió el compromiso por implementar el Programa PIDA en el país. A la fecha no se ha posicionado en las instituciones del Estado ni en los habitantes, el reconocimiento que es éste programa, por medio de una hoja de ruta clara de implementación, el que defina tanto a la sociedad civil como a las personas funcionarias, cómo pueden apoyar en solucionar los problemas que el país enfrenta con el incremento cada vez mayor de casos de corrupción, siendo este, uno de los principales elementos que ha impedido que el pais obtenga mejores calificaciones en los indices internacionales y, por el contrario, logre un posicionamiento en puestos mas bajos a nivel de corrupción. En síntesis, no existe una política pública anticorrupción ni una entidad a nivel de Estado que tenga la rectoría de atención del tema. No existe una ley de Transparencia y acceso a la información. No existe articulación entre las distintas normativas de primer rango como la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y de segundo rango, como los decretos ejecutivos sobre: Apertura de datos públicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros. Tampoco se ha realizado un esfuerzo por articular la normativa con otras iniciativas (políticas, iniciativas, instrumentos y documentos prácticos) tales como la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos o la Estrategia Nacional de Prevención y lucha contra la Corrupción y algunos instrumentos como la Red Interinstitucional de Transparencia (RIT) y el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) y con herramientas prácticas como la Guía de implementación del PIDA, la Guía básica para ejercer con probidad la función pública de la PEP y la Guía Nacional para la publicación de datos abiertos de la CNDA.

Decripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema?

En el nivel local, y desde su creación en el 2002, la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI) planteó a los gobiernos de turno distintas fórmulas para abordar la lucha frontal contra la corrupción, tales como la creación de políticas públicas, decretos ejecutivos o impulso de normativa legislativa, sin mayores avances hasta que el Gobiemo de la Administración Solís Rivera dispusiera, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, que en su tercer pilar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado transparente. Pero tal como lo indica la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) “No obstante, el PND no constituye una política específica, sino un marco orientador de políticas en general y de la acción de gobierno para períodos cuatrienales, por tanto, su contenido difiere del que han de exhibir las políticas específicas según el propio MIDEPLAN. En todo caso, para el vigente Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, el tema de la lucha contra la corrupción quedó ausente de cualquier programación.” Oficio N* 10796-2020-DHR - [GA] La Administración Solís Rivera emitió el Decreto Ejecutivo N*40199 Apertura de datos Públicos que establece como objeto que “los datos de carácter público se ponen a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin licito.” Igualmente, la Administración Solis Rivera publicó el Decreto ejecutivo 40200-MP-MEIC-MC sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública cuyo objeto es que el Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. En el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2015-2017, compuesto por dieciocho compromisos que constituyen la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, uno de los cuales fue la Co-Creación de la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos. La finalidad de esta política fue establecer las bases técnicas y normativas para la apertura de datos que aseguren el acceso y comprensión de la información brindada a la ciudadanía, así como contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, completa y accesible. La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N° 8968 del 05 de setiembre de 2011, la cual tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes; a la cual es de cumplimiento tanto para el sector público como privado. Desde el plano institucional, la lucha contra la corrupción ha incorporado el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, respecto del ejercicio de la función pública y desde la Defensoría de los Habitantes (DHR) se han creado iniciativas tales como de la Red Interinstitucional de Transparencia (RIT) y el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), pero esto ha sido insuficiente. Ante este panorama público, CRI asumió la iniciativa de avanzar en la co creación de una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción y, para ello, encontró un aliado en la Procuraduría de la Ética Pública de manera que se convocó a una Reunión de Alto Nivel para octubre de 2019, a la cual asistieron el presidente de la República, las ministras de Planificación, Justicia y Comunicación, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, los máximo jerarcas de los órganos de control: la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Procurador General de la República, el Procurador de la Ética Pública, el Fiscal General, la Fiscalía Adjunta Anticorrupción y el Director del Instituto Costarricense contra las Drogas, así como representantes de Costa Rica Íntegra, quienes asumieron el compromiso y la responsabilidad de crear un Grupo de Trabajo, al cual se fueron uniendo otras organizaciones de sociedad civil, la academia y sector privado. Después de casi dos años de colaboración el Grupo de Trabajo presentó el documento final en agosto del 2021 de manera pública, conocido como Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC). El 27 de enero de 2022, fue publicado en la Gaceta No. 17, páginas 11-12 el Decreto Ejecutivo 43248-MJP, el cual declara a la ENIPC como de interés público. No se puede dejar de mencionar el intento de la Presidencia de la Administración Alvarado de crear, mediante decreto ejecutivo, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), generada en el 2020, que en palabras del ex ministro de la Presidencia de la época “cuya vocación del gobierno de hacer política pública basada en datos, en evidencia, y al servicio del interés público.” Ante la controversia generada el decreto fue derogado en forma casi inmediata y se encuentra en proceso judicial. Desde el punto de vista de las contribuciones nacionales en materia de instrumentos prácticos en materia de apertura y publicación de datos, la Comisión Nacional de Datos Abiertos creada por Decreto ejecutivo y que es un foro multiactor y multisectorial conformado por sociedad civil, academia, sector privado y los tres Poderes del Estado, que asesora, evalúa y hace recomendaciones en materia de disponibilidad y uso de los datos públicos abiertos, elaboró e hizo público en mayo del 2020 la Guía Nacional para la publicación de datos abiertos que orienta a instituciones sobre la forma de facilitar el acceso a la información pública. Posteriormente, en el año 2022 la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) compartió con servidores públicos, sector privado, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanos, el documento denominado: “Guía básica para ejercer con probidad la función pública”. Igualmente, la PEP ha elaborado el Manual para prevenir la corrupción en la función pública y está por salir la Guía básica para prevenir, identificar, y gestionar los conflictos de intereses en el sector público. A nivel internacional, el país asumió ante la comunidad intemacional y cooperantes, el compromiso de implementar el Programa PIDA, momento en el cual, se empezaron a desarrollar una serie de acciones encaminadas a dar una solución sostenida en el tiempo a la problemática de la corrupción, a la vez, que se buscaba la manera de que tanto sociedad civil como funcionariado, contaran con las habilidades y competencias necesarias para prevenir actos de corrupción. El PIDA ha elaborado una Guía de Implementación del Programa, cuyo documento incluye compromisos especiales para fortalecer la implementación de políticas en materia de gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, contrataciones públicas y el uso de nuevas tecnologías que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas. Por su parte CAF ha elaborado un reporte cuya contribucion en esta agenda de reformas en procura de una mayor integridad en la acción de Estado denominado: Integridad en las políticas públicas: Claves para prevenir la corrupción.

2. ¿Qué solución propone?

La CNEA propone asumir un cuarto compromiso a cargo del Poder Ejecutivo en el marco del V Plan de Acción de Gobierno Abierto que contenga varias soluciones entre las que se pueden destacar las siguientes: El establecimiento de un ecosistema de instancias, instituciones y organizaciones de sociedad civil que conozcan el PIDA; para alinear los esfuerzos guberamentales en materia de anticorrupción a lo que el Programa propone. La publicación de datos públicos en una plataforma digital de libre acceso, alineada no solamente al PIDA, sino además a la Guía Nacional para la Publicación de Datos Públicos, donde las instituciones tendrán el asesoramiento de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, que es un ente adicional compuesto por especialistas en el tema, para iniciar sus propios procesos internos para la publicación de datos públicos. Además, esta publicación de datos se hará con el acompañamiento de la sociedad civil, al promoverse espacios de cocreación para las consultas y definición de los conjuntos de datos por abrirse. Se propone que las personas funcionarias públicas y organizaciones de sociedad civil cuenten con capacidades fortalecidas y alineadas a las competencias y habilidades que se requieren para liderar acciones de prevención de la corrupción, asimismo, habilitación de espacios de discusión para ser partícipes de capacitaciones y procesos de divulgación sobre las acciones que el ecosistema de instancias e instituciones desarrollen. Adicionalmente, se propone integrar los términos de referencia del PIDA y la iniciativa contenida de la ENIPC indicada en el Eje 5. Acceso a la Información de interés público y rendición de cuentas, especificamente el sub -eje 5.1 denominado Apertura de datos de carácter público.

3. ¿Quéresultados queremos lograr con la implementación de este compromiso?

El compromiso propone los siguientes resultados: * Identificadas las entidades y actores relacionados al ecosistema de anticorrupción del país para ser parte del Plan de Acción Integral de implementación del PIDA en Costa Rica. * Identificadas las competencias institucionales y el marco legal relacionado con las politicas anticorrupción y de integridad pública y acceso a la información tomando como base la identificación realizada en la ENIPC. * Elaborada una propuesta de un Sistema de Integridad Nacional Anticorrupción (SINA) que contenga acciones concretas sobre la prevención y lucha contra la corrupción con base en la apertura de datos públicos. * Fortalecidos los mecanismos de transparencia, comunicación y participación ciudadana por medio de la publicación de datos a través de una plataforma digital de libre acceso alineada a los estándares del PIDA. * Integradas las políticas públicas, las normativas (de primer y segundo rango), las iniciativas, las herramientas e instrumentos de lucha contra la corrupción y acceso a la información y datos abiertos, para las institucionales públicas en el marco del SINA. * Fortalecidas las capacidades de funcionarios públicos sobre normativas, herramientas e instrumentos de acceso y uso de datos abiertos para la prevención y lucha contra la corrupción. * Fortalecidas las capacidades de las organizaciones locales de la sociedad civil, academia, sector privado y medios de comunicación sobre las normativas, herramientas e instrumentos de acceso y uso de datos abiertos para la prevención y lucha contra la corrupción. * Elaborada una estrategia de comunicación para difundir la propuesta de un Sistema de Integridad Nacional Anticorrupción (SINA), la plataforma digital diseñada. * Difundidas las herramientas e instrumentos de prevención y lucha contra la corrupción y el acceso a los datos públicos mediante una campaña nacional de difusión y comunicación.

Análisis del compromiso

1. ¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso? * Se habrá constituido un ecosistema de integridad, prevención y lucha contra la corrupción entre actores del Estado, las organizaciones de sociedad civil, la academia y el sector privado denominado Sistema de Integridad Nacional Anticorrupción (SINA), incorporando iniciativas como el PIDA y la ENIPC. * Se habrá constituido una plataforma digital que promueva mecanismos de transparencia, comunicación y participación ciudadana, conteniendo datos abiertos para prevenir y luchar contra la corrupción. * Se habrá capacitado a funcionarios de las instituciones y de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación sobre las mejores prácticas en materia de apertura de datos anticorrupción que aseguren la interoperabilidad del conjunto de datos y bases de datos sobre prevención y lucha contra la corrupción.

2. ¿Cómo ayudará el compromiso a formentar la rendición de cuentas? * Se habrá realizado un plan de comunicación sobre la plataforma digital y su uso. * Se habrá realizado una campaña para difundir las acciones y las buenas prácticas contenidas en las iniciativas del PIDA y la ENIPC y promover la utilización de la plataforma digital. * Se entregarán informes periódicos de avance y final del cumplimiento del compromiso ante la CNEA y la CAF.

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? * Se habrá establecido un espacio de diálogo y colaborativo permanente entre el gobierno, la sociedad civil y otros actores no gubernamentales en el marco del Sistema de Integridad Nacional Anticorrupción (SINA). - Se habrá incorporado de manera directa y activa a las organizaciones no gubernamentales en la co creación, implementación y seguimiento del compromiso: Apertura transparente de los datos públicos para la prevención y lucha de la corrupción. * Se habrán realizado talleres de capacitación o data challenge con actores de la sociedad civil, incluyendo al sector privado, académico y medios de comunicación.

Vinculación ODS

ODS 16 | El compromiso está vinculado con el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Hitos del Compromiso (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista)

Hito 1 (OE1). Conocer sobre la normativa vy los actores relacionados al ecosistema anticorrupción en Costa Rica y fomentar el diálogo continuo entre los gobiemos y otros actores claves. | PF.1.1. Publicacion “Competencias institucionales y marco legal de la lucha contra la corrupción en Costa Rica” PF.1.2. Plan de Acción integral (preparación, apertura, uso y documentación) de implementación del PIDA en Costa Rica. PF.1.3. Grupo de trabajo institucional que impulse y lidere la implementación del PIDA | PF.1.1. Meses 34 PF.1.2. Meses 5-7 PF.1.3. Meses 8-9

Hito 2 (OE.2). Implementar los estándares del PIDA y publicación de idatos y despliegue de acciones para promover su utilización. | PF.2.1. Inventario del estado de datos anticorrupción y plan de apertura para Costa Rica PF.2.2. Capacitación técnica e Informe de recomendaciones sobre estándares y mejores prácticas en materia de apertura de datos anticorrupción que aseguren mayor interoperabilidad de los conjuntos de datos y bases de datos publicadas. PF.2.3. Plataforma digital que promueva mecanismos de transparencia, comunicación y participación ciudadana PF.2.4. Publicación de datos y acciones para promover su utilización | Pf.2.1. Meses 5-7 PF.2.2. Meses 8-9 PF.2.3. Meses 10-13 PF.2.4. Meses 13-14

Hito 3 (OE.3). Promover el uso y empoderamiento Ciudadano | PF.3.1. Mapeo de actores no gubernamentales involucrados en el contexto del Gobierno Abierto y Datos Abiertos en Costa Rica que impulsan acciones en materia de datos abiertos y sus esfuerzos para promover la transparencia gubermamental PF.3.2. Al menos 2 Talleres o Data-Challenge mediante alianzas con actores clave del sector privado y académico | PF.3.1. Meses 13-14 PF.3.2. Meses 13-16