Plan to Eradicate Violence Against Women (EC0007)

• Eradication of Violence Against Women (August 1, 2020)

• Let's Put Some Pride into Open Government Action Plans (December 1, 2020)

• Access to Justice for Environmental Matters (August 1, 2020)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
64 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, a lo largo de su vida en Ecuador. Según el Código Orgánico Integral Penal, desde el 10 de agosto de 2014 (cuando se tipifica al delito de femicidio) hasta el 9 de diciembre de 2019 hubo 371 víctimas de femicidio registradas por la Fiscalía General del Estado, a diferencia de las 642 víctimas reportadas por sociedad civil (Fuente: informe semanal de la subcomisión técnica interinstitucional de femicidio – INEC-SDH-MG -9dic2019-)

Por otro lado, las cifras de la violencia contra las diversidades sexogenéricas, de acuerdo a la investigación efectuada por el INEC en 2013, sobre condiciones de vida de las personas LGBTI en el Ecuador se observa que, de la población encuestada, el %27,3 señaló haber experimentado actos de violencia, de las cuales el %94,1 manifestó haber sufrido gritos, insultos, amenazas y burlas; y un %45,8 ha sido detenido de forma arbitraria. Del total de la población LGBTI entrevistada, el %70,9 reportó que vivieron alguna experiencia en su entorno familiar de los cuales el %72,1 sufrió algún tipo de experiencia de control, el %74,1 experimentó algún tipo de imposición, el %65,9 sufrió algún tipo de rechazo y el %61,4 de violencia.

Se identifica una debilidad respecto de la articulación entre los actores gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de los instrumentos de gestión pública (leyes, políticas, agendas, planes, etc.), para aplicar la normativa emitida en el marco de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de género y diversidades sexo-genéricas, pues no ha permitido que estos instrumentos se implementen centrándose en los sujetos de derecho de manera sistemática entre los diversos actores involucrados.

Existe desconocimiento y falta de socialización respecto de los esfuerzos y de las iniciativas e instrumentos de gestión en favor de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de diversidades sexogenéricas. Esto ha producido ineficiencia en la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas, y la revictimización de los sujetos.

¿Cuál es el compromiso?
Co-crear un plan que contribuya a cohesionar, articular, socializar y educar sobre los instrumentos de gestión pública para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas, que
fomente el cumplimiento de la normativa específica vigente a través de la ejecución de acciones concretas en beneficio de los sujetos de derecho. Y, al mismo tiempo, contribuir al cambio de patrones socioculturales sobre la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
La co-creación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género permitirá contribuir a la prevención, disminución y erradicación gradual de las diferentes formas de violencia de género y diversidades sexo-genéricas y al cambio gradual de los patrones culturales de violencia. Además, permitirá una mejor organización y articulación de los actores involucrados (gubernamentales y sociedad civil, academia, nacionales, subnacionales e internacionales) para llevar a cabo acciones de manera más eficiente y prestar un servicio de mejor calidad. Permitirá socializar y educar en territorio sobre los instrumentos de gestión pública para aplicar la normativa emitida en el marco de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de género y diversidades sexo-genéricas, a través de la puesta en marcha o fortalecimiento de espacios de prevención y respuesta integral con la participación de sociedad civil y la academia.

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Participación ciudadana: Es relevante a este valor de gobierno abierto porque busca empoderar a los actores de sociedad civil, academia y ciudadanía en general, interesados en la temática, especialmente a las mujeres y a diversidades sexo-genéricas, con fines de auto-organización y el monitoreo de las acciones planificadas para el cumplimiento del presente compromiso, así como su involucramiento en actividades relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia de género. Muestra de ello será la creación de un observatorio ciudadano de violencia de género y diversidades sexo-genéricas, y el involucramiento ciudadano en el ámbito público relacionado con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de diversidades sexo-genéricas. Colaboración e innovación: La co-creación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género implica un trabajo conjunto entre actores gubernamentales, sociedad civil y academia que intercambien conocimientos, experiencias y unan esfuerzos para que este instrumento sea más completo y efectivo que incluya los aportes de actores de sociedad civil, academia y ciudadanía en general, con énfasis en lo local.

Vinculación a la Agenda 2030
Objetivo 3: Salud y bienestar
Objetivo 4: Educación de calidad
Objetivo 5: Igualdad de género
Objetivo 10: Reducción de desigualdades
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

Información adicional
El compromiso está vinculado con instrumentos nacionales e internacionales de planificación como la Agenda 2030, y el Plan Nacional de Desarrollo -2017 2021; y con instrumentos normativos como la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Convenciones Internacionales.

7. Cocreación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género y creación de un observatorio ciudadano de violencia de género y diversidades sexo-genéricas

“Co-crear un plan que contribuya a cohesionar, articular, socializar y educar sobre los instrumentos de gestión pública para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas, que fomente el cumplimiento de la normativa específica vigente a través de la ejecución de acciones concretas en beneficio de los sujetos de derecho. Y, al mismo tiempo, contribuir al cambio de patrones socioculturales sobre la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas”

Hitos

“Hito 1: Definición de una metodología y hoja de ruta para la cocreación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género.

Hito 2: Elaboración de un mapeo de actores gubernamentales, sociedad civil y academia, nacionales, subnacionales e internacionales estratégicos relacionados con género, la disminución de violencia contra las mujeres y de género y diversidad sexo-genérica.

Hito 3: Creación de un observatorio ciudadano de violencia de género y diversidades sexo-genéricas, para el apoyo a la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las políticas e instrumentos de prevención y erradicación de violencia de género y diversidades sexo-genéricas.

Hito 4: Identificación, consolidación y análisis, de manera colaborativa, de la información disponible* (misma que se ampliará a medida de sus avances) relacionada con temas de violencia contra las mujeres, basada en género, y diversidades sexo-genérica en todas sus expresiones.

*Fuentes referenciales: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC), cifra oficial de femicidios (INEC, Fiscalía, SDH y MDG), Censo GLBTI 2019 (INEC), Diagnósticos Agendas, instrumentos de planificación relacionados con género, y evaluación del Plan Nacional de Erradicación de Violencia de Género 2017-2007; entre otros.

Hito 5: Desarrollar al menos 12 talleres en territorio, con la participación de diversos actores para socializar los avances del diseño de la planificación para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y recoger aportes que complementen el componente de planificación para la prevención y erradicación de la violencia de diversidades sexo-genéricas como parte del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género.

Hito 6: Sistematización y elaboración del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género.

Hito 7: Publicación, lanzamiento, difusión y sensibilización del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género.

Hito 8: Informe de avance de implementación del componente para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco del Plan Nacional.

Hito 9: Informe de avance de implementación del componente para la prevención y erradicación de la violencia contra las diversidades sexo-genéricas, en el marco del Plan Nacional.”

Fecha de inicio y término del compromiso (previa a la extensión del periodo de implementación del plan de acción [47]): enero 2020 - junio 2021.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Ecuador en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Ecuador_Action-Plan_2019-2021.pdf

Análisis del compromiso
Este compromiso tiene por objetivo cocrear un plan que contribuya a cohesionar, articular, socializar y educar sobre los instrumentos de gestión pública para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas, que fomente el cumplimiento de la normativa específica vigente a través de la ejecución de acciones concretas en beneficio de las mujeres y los colectivos referidos que son sujetos de derecho. Y, al mismo tiempo, contribuir al cambio de patrones socioculturales sobre la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas.

La violencia contra la mujer (VCM) y las diversidades sexo-genéricas es una problemática persistente en todo el mundo. En el Ecuador esta problemática es profunda, pues conforme a la última información disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), 6 de cada 10 mujeres son o han sido víctimas de violencia; y con respecto a de personas LGBTI más del 60% ha experimentado algún tipo de violencia y rechazo.

El Ecuador ha dado pasos importantes para avanzar en la erradicación de la VCM y las diversidades sexo- genéricas. La aprobación de un nuevo Código Penal (COIP) en 2014 sanciona la violencia contra las mujeres y los miembros de la familia nuclear. Asimismo, este Código tipifica el femicidio como una forma de asesinato agravada por el género de la víctima dentro de una relación desigual de poder. En años más recientes fue aprobada la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres (2018), con la finalidad de erradicar las diversas manifestaciones de VCM y transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturaliza, reproducen y perpetúan la violencia de género. Este compromiso busca avanzar la agenda legal en el marco del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Algunos de los hitos se desprenden de la ley que, por ejemplo, contempla en su articulado la conformación de un observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y de un sistema de información. [48]

Con respecto a la institucionalidad, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es el encargado de vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, lo que a su vez incide en la gestión del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de mujeres y personas LGBTI. Desde este espacio se promovió en 2018, la construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 [49]. La Secretaría de Derechos Humanos, cuenta con un Servicio de Protección Integral que ofrece atención psicológica, legal y de trabajo social a víctimas de violencia, de trata de personas, casos remitidos desde fiscalías y unidades judiciales especializadas, juntas de protección y otras instituciones. Un dato relevante es que en el país existen 46 oficinas del Servicio de Protección Integral, distribuidas en diferentes ciudades [50].

Los hitos plantean alcanzar el compromiso a través del involucramiento y la participación de la población a nivel nacional, lo que garantiza el criterio de pertinencia con relación al contexto socio cultural en clave territorial, teniendo en cuenta que la problemática que se aborda tiende a ser más compleja y poco documentada, por ejemplo, en zonas rurales [51].

El compromiso es relevante con los valores OGP de acceso a la información y de participación ciudadana. De implementarse en los términos planteados, este compromiso tendría un impacto transformador, dados los cambios que se implementarían respecto de cómo abordar, diseñar y dar seguimiento sistemático a los avances en esta área de políticas, y con ello contribuir a mejorar el problema identificado.

Respecto a lo señalado, se recomienda que las actividades planteadas se canalicen como un aporte a la institucionalización de instrumentos de política pública, y que sean asumidos en la gestión institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, para con ello potenciar las intervenciones en materia de VCM y las diversidades sexo-genéricas.

Compromiso 7. Cocreación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género

● Verificable: Sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? Sí

● Potencial para obtener resultados: Transformador

● Cumplimiento: Sustancial

● ¿Abrió el Gobierno? Excepcionales

Compromiso 7. Plan Nacional y Observatorio Ciudadano de violencia de género y diversidades sexo-genéricas. Secretaria de Derechos Humanos (SDH).

Contexto y objetivos:

Este compromiso buscó cocrear un plan que contribuyera a cohesionar, articular, socializar y educar sobre los instrumentos de gestión pública para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades sexo-genéricas, que fomente el cumplimiento de la normativa específica vigente a través de la ejecución de acciones concretas en beneficio de las mujeres y los colectivos referidos que son sujetos de derecho.

El IRM en el Informe de Diseño para este plan de acción destacó la pertinencia de la propuesta, considerando la incidencia de violencia que afecta a mujeres y personas LGBTI+ en Ecuador. De igual forma, recomendó que los productos resultantes fueran institucionalizados como instrumentos de política pública bajo la gestión de la entonces Secretaría de Derechos Humanos, actualmente Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos [50]. En relación a este punto, uno de los principales resultados registrados en el período de implementación, aunque no contemplado dentro del compromiso, fue la creación de la Subsecretaría de Diversidades como resultado del Decreto Ejecutivo 93 del año 2021, en el que el presidente Guillermo Lasso incorporó la “erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y/o diversidad sexo-genérica” a las atribuciones de la SDH. En el mismo decreto, instruyó el diseño y ejecución de todas las formas de discriminación y violencia hacia esta población.

¿Abrió el Gobierno? Excepcional

El proceso para la construcción del nuevo Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2019-2025 [51], incluyó tres fases metodológicas: levantamiento de información; procesamiento y análisis de información; y formulación de la propuesta de política pública.

De acuerdo al documento del Plan, como parte de la fase de procesamiento y análisis de información, la GIZ y la SDH realizaron un diagnóstico sobre violencia de género contra las mujeres en Ecuador. En estos espacios se contó con participación de 300 instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la protección de los derechos de las mujeres. De este diagnóstico se obtuvieron aportes sobre los factores de riesgo de ser víctimas de violencia de género, factores que naturalizan y perpetúan la violencia contra las mujeres, debilidades institucionales para la prevención de la violencia, entre otros [52].

El Plan que fue aprobado en marzo de 2021 [53], establece tres ejes: prevención de la violencia y promoción de los derechos de las mujeres; atención y protección a víctimas de violencia contra las mujeres; y reparación integral de derechos a las víctimas de violencia contra las mujeres. Se establece además un eje transversal de fortalecimiento institucional. Para cada eje se establecen objetivos específicos, estrategias y acciones; se identifican los niveles de abordaje, tiempo estimado de implementación e instituciones responsables. De igual forma, se incluye un sistema de seguimiento y evaluación que contempla metas e indicadores para cada uno de los ejes.

La Secretaría de Derechos Humanos realizó 16 cumbres territoriales virtuales para la socialización del contenido del Plan en territorios priorizados por índices de violencia, solicitudes de organizaciones de la sociedad civil e interés expresado por las autoridades locales. En estos eventos, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría, participaron 2.945 personas de 94 cantones. El proceso de seguimiento al Plan contó con el apoyo del Centro de Planificación y Estudios Sociales, a través de la iniciativa Spotlight. Esta actividad incluyó capacitación y asistencia técnica para la alimentación de los indicadores correspondientes, tanto para 23 instituciones públicas [54] como para los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Azogues, Chone, Morona, Portoviejo y Pastaza [55].

Para el Plan de Acción de Diversidades LGBTI+ (PAD) [56] se desarrolló un proceso en cuatro fases diagnóstico, diálogo nacional, construcción y validación. El apoyo técnico y financiero fue brindado por el Centro de Planificación y Estudios Sociales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La SDH instaló una mesa interinstitucional y realizó reuniones presenciales en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja y Portoviejo. En estos espacios se reporta la participación de 84 organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes [57].

La Secretaría de Derechos Humanos aprobó el PAD el 27 de julio de 2022 [58]. Este guarda similitudes en estructura con el Plan para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y define cuatro ejes principales: prevención de violencia y discriminación, garantía del derecho a bienes y servicios inclusivos, promoción de la restitución de derechos, y fortalecimiento de capacidades institucionales. De igual forma, integra 144 acciones específicas para las que se han asignado plazos, responsables de implementación e indicadores para el seguimiento de gestión y resultado. En agosto de 2022, la Subsecretaría de Diversidades de la SDH inició un proceso de socialización del PAD entre organizaciones de la sociedad civil y a través de las redes sociales [59].

Otro de los aspectos destacados dentro de la implementación del compromiso, fue el levantamiento de una encuesta con participación de 34.680 jóvenes. Este ejercicio tuvo como objetivo actualizar la información sobre el contexto actual de la población LGBTI+ en el país y establecer una línea base para el proyecto. Esto, considerando que los últimos datos de este tipo generados desde el Gobierno datan de 2013. En el proceso se contó con el apoyo de UNICEF a través de la plataforma U-Report [60].

Finalmente, la SDH, Fundación Diálogo Diverso y Fundación Esquel, con el apoyo de la cooperación alemana, llevaron adelante un proceso de cocreación de un Observatorio Ciudadano de Violencia de Género, Diversidades Sexo-genéricas y Prevención de la Corrupción como una Forma de Violencia. Entre las actividades implementadas se incluyó el diseño y validación participativa del modelo de gestión y funcionamiento del espacio, a través de sesiones virtuales dirigidas a diferentes ciudades: Quito, Manta, Puyo, Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Loja [61] . El Observatorio ofrece una recopilación de investigaciones en temas relevantes y recursos audiovisuales, incluyendo también un sitio en redes sociales. En la verificación de este último, se observa que las publicaciones fueron pausadas en septiembre de 2021 y retomadas en octubre de 2022 [62].

Este compromiso y sus resultados tempranos representan una apertura excepcional en la práctica de gobierno para la protección de las mujeres y comunidad LGBTI+:

● Con la creación de la Subsecretaría de Diversidades, el Gobierno -desde el Órgano Ejecutivo- respondió a la necesidad de contar con la estructura institucional necesaria para dar seguimiento a las políticas en favor de la comunidad LGBTI+.

● Ambos planes se sustentan en información obtenida en los territorios, lo que fue posible con el apoyo de la cooperación internacional, e integran la visión de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Fue importante, en este punto, el proceso realizado para actualizar la información sobre la situación de la población LGBTI+ en el país.

● La inclusión de sistemas de seguimiento a los planes permite, por un lado, visibilizar las responsabilidades de los diferentes actores del Gobierno para la protección de estos grupos, y facilita la verificación del cumplimiento de las acciones contempladas.

● El Observatorio representa un primer paso en la promoción de espacios de vigilancia ciudadana, desde los que también se acompañe y aporte a las actividades de ambos planes. 

Mirando hacia adelante:

Los planes desarrollados para este compromiso incluyen actividades en el corto, mediano y largo plazo, conducentes a la prevención de violencia, atención a víctimas, restitución y fortalecimiento de las instituciones del Estado. La implementación y monitoreo de acciones, tal cual se plantea en ambas iniciativas, podría transformar significativamente el marco de protección de ambos grupos. Para esto es clave que se trabaje bajo una visión de política de Estado y no de gobierno, en la que las prioridades definidas se mantengan en el tiempo y se adapten según los cambios de necesidades ciudadanas, y no en función del ambiente político imperante.

El reto es complejo, ya que como señalan ambos planes, existen factores arraigados en la cultura del país que resultan en actos de discriminación y exclusión para los que se requiere trabajar en sensibilización de múltiples actores. El IRM recomienda continuar el proceso de socialización de ambos instrumentos, entre instituciones del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general de modo que se involucre la mayor cantidad de actores posibles en la implementación. En esta misma línea, debe aprovecharse el espacio creado a través del Observatorio para promover espacios de rendición de cuentas, en los que los actores del Gobierno brinden a la ciudadanía la información y explicaciones necesarias sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.