Strengthening Open Data (GT0109)

Which is the problematic than the commitment addresses? Currently, there is the National Open Data Policy, Government Agreement No. 199-2018, whose validity for its implementation is from the year 2018 to December 31, 2022. As the end of the validity of the Policy is near , it is considered necessary to extend its term, since, due to the COVID-19 Pandemic, among other causes, its compliance has had difficulties, therefore, its social and administrative impact has also been reduced. This policy considers as problematic that the ex officio public information contained in the web portals of the Executive Branch, for the most part is not in open formats, which makes its reuse and free redistribution difficult, being a commitment of the 4th. National Open Government Action Plan the implementation of the “First Phase” of the policy in question, which allows identifying an interest of transcendence in time; the problem identified remains in force, since it has not been possible to standardize the use of open formats, much less open data. In addition to the above, the scope of the implementation of the aforementioned policy is unknown, a technical requirement by SEGEPLAN, which is the governing body of the planning and programming processes, therefore, of public policies. This points to the need to know what has been the degree of compliance with the goals outlined in the policy and which are pending?

Which is the commitment? Carrying out institutional actions to strengthen publication in Open Data. In each ministry and dependency of the Executive Branch, the formation of Open Data Committees and the processes of opening information will be promoted.

How will you contribute to solve the problematic? Through the performance of institutional actions aimed at redirecting all action plans that allow the primary objectives of open data to be achieved.

Why is it relevant to OGP values? Sensitize the officials of the Executive Branch in the strengthening of public management, taking in reference Decree 5-2021 Law for the Simplification of Requirements and Administrative Procedures to channel the demands from the citizens.

Additional Information ▶ It is aligned with the National Development Plan K’atun 2032: ▶ Axis State Guarantor of Human Rights and Driver of Development. ▶ (Strengthening the capacities of the State to respond to the challenges of development and Democratic Governance) ▶ Legislative Decree No. 57-2008, Law on Access to Public Information. ▶ Sustainable Development Goal -ODS- 16, Peace and Justice. ▶ Sustainable Development Goal -ODS- 17. Revitalize the Global Alliance for Sustainable Development. ▶ International Open Data Charter

Milestones: goals/stages that allow verifying the compliance with the commitment 1.1 Creation of the Open Data Users Committee (CSOs and public institutions), to know and determine the supply and demand of open data sets for publication. MINGOB January 2022 May 2022 Entity Responsible Date beginning Date finished 1.2 The National Open Data portal will be relaunched, including data sets prioritized by civil society and public institutions. MINGOB June 2022 August 2022 1.3 Two open data training and updating processes will be carried out for Civil Society, public officials, think tanks, academia, and the media, among others. (Definition of content and conducting training). MINGOB September 2022 February 2023 1.4 Use of open data on information on violence against women and homicidal violence recorded by the National Civil Police that includes the fields of type of weapon, disaggregation by sex, age, and other fields agreed upon in the open data committee of the MINGOB with CSO participation. MINGOB February 2022 August 2022 1.5 A co-creation process will be carried out for the National Open Data Policy 2022-2025 with citizen participation, learning and good international practices. MINGOB May 2022 December 2022 1.6 Analysis / rethinking of regulatory frameworks and proposals that encourage data opening processes in the Executive Branch. MINGOB January 2022 August 2023

Action Plan Review

Compromiso 1. Acciones para el fortalecimiento de publicación de datos abiertos

● Verificable: Sí

● ¿Tiene un enfoque de gobierno abierto? Sí

● Potencial de resultados: Sustancial

Ministerio de Gobernación, MINGOB. OSC Representadas en la iniciativa de Gobierno Abierto; Asociación Civil Diálogos; Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala; Red Ciudadana.

Para una descripción completa del compromiso, ingresa al siguiente vínculo: https://bit.ly/3tllKuS

Contexto y objetivos:

La actual Política de Datos Abiertos 2018-2022 ^[1] surgió como resultado del tercer plan de acción de OGP. El cuarto plan de acción incluyó la implementación de la primera fase de dicha política como uno de los hitos del compromiso 8, sin embargo, como señala el actual plan, esta fue limitada y en la actualidad no se cuenta con información sobre su alcance ^[2].

De acuerdo al Ministerio de Gobernación, existen varios retos para la implementación de la política de datos abiertos en el país. Desde el Gobierno nacional, por ejemplo, se considera necesario promover el uso y análisis de los datos abiertos como herramientas para la readecuación de políticas públicas; incrementar la oferta de datos bajo un principio de calidad y promocionar su divulgación entre la ciudadanía [3].

Por otra parte, el Inventario de Datos Abiertos de Open Data Watch (ODW) ubica a Guatemala en el puesto 152 de 187, con una calificación en apertura y cobertura de datos de 36/100. Este índice evalúa 22 categorías de datos en función de su disponibilidad en formato de datos abiertos y su nivel de desagregación. ODW recomienda al país, entre otros, mejorar la publicación y desagregación de datos en categorías clave, como gasto en salud y emisión de contaminantes; la publicación en formatos no propietarios -CSV, JSON -; y la disponibilidad de datos históricos, es decir para al menos seis de los últimos diez años ^[4].

Este compromiso propone contribuir a abordar esta problemática impulsando tres de los elementos de la estrategia de implementación incluidos en la política actualmente vigente [5]: comités de datos abiertos, capacitación y publicación de nuevos conjuntos de datos. Los comités serán creados en las diferentes entidades del Gobierno, con participación de organizaciones de la sociedad civil. Estos buscarán que la publicación de datos obedezca a las necesidades y demandas de diferentes actores. Los procesos de capacitación tomarán en cuenta tanto a funcionarios públicos como a OSC, centros de estudios, academia y medios de comunicación. De acuerdo al texto del compromiso, la publicación de datos abiertos adoptará estándares internacionales -DCAT COVID-19- y se enfocará también en temáticas sociales relevantes: violencia contra las mujeres y datos sobre COVID-19. Finalmente, se realizará un proceso de cocreación de la política de datos abiertos para el período 2022-2025, con miras a su aprobación a través de un acuerdo gubernativo al final del período.

Todas estas acciones son relevantes para los valores de transparencia y participación cívica de OGP, ya que se crean espacios de incidencia para actores de la sociedad civil en esta área de política pública. Las dos temáticas especiales propuestas por este compromiso son también particularmente relevantes al contexto nacional.

Por un lado, como han señalado organizaciones de la sociedad civil, es necesario fortalecer la disponibilidad y calidad de información estadística sobre violencia contra las mujeres: “para poder conocer la información actualizada, trece años después de haber sido aprobada la ley contra el femicidio, la persona interesada tiene que incurrir en una práctica arqueológica, revisar diversos portales –que, además, no brindan datos abiertos- y traducir la forma de registro de cada entidad para poder procesarla” ^[6]. Esto toma mucha más importancia al considerar el aumento significativo de casos de violencia a raíz del confinamiento por la pandemia y porque contar con datos precisos permitirá combatir la impunidad y dar un mejor seguimiento a las víctimas ^[7]. De igual forma, para el IRM la publicación de datos sobre la pandemia por la COVID-19 podría contribuir a prevenir casos de corrupción ^[8] y facilitar la labor de fiscalización que ejercen las organizaciones de la sociedad civil ^[9].

Las organizaciones consultadas por el IRM para este informe expresaron que, si bien la propuesta es importante y prioritaria, es mucho más urgente que el Gobierno dé muestras de voluntad para promover la transparencia activa en temas clave. Señalaron, por ejemplo, la reciente decisión del Ministerio de Gobernación de restringir el acceso a información sobre violencia homicida [10] bajo el argumento de que se utiliza “de forma tendenciosa para alarmar a la gente” [11]. De igual forma, consideran que el contexto actual de funcionamiento de las ONG en el país desmotiva la conducción de iniciativas que promuevan el uso de datos para promover el control social [12].

Potencial para resultados: Sustancial

El IRM considera que este compromiso presenta un potencial sustancial para generar resultados al abordar debilidades importantes identificadas en procesos anteriores de implementación. De acuerdo a información proporcionada por representantes del Gobierno al IRM, se prevé, por ejemplo, implementar un instrumento para el monitoreo y evaluación de la política que permitirá contar con información sobre el estado de implementación en las diferentes instituciones del Gobierno y así poder incentivar procesos de apertura de datos según sea necesario [13]. 

El establecimiento de los comités asegurará que los conjuntos de datos que se prioricen para la actualización del Portal Nacional de Datos Abiertos, reflejen las necesidades de sectores que podrían contribuir a su utilización (academia, prensa, entre otros). Dicho portal actualmente ofrece diferentes conjuntos agrupados por instituciones, temas o formatos, en una interfaz fácil de usar pero que no necesariamente facilita la búsqueda de información en temas específicos ^[14].

De igual forma, la publicación de datos en áreas especializadas podría representar una mejora significativa en el cumplimiento de las responsabilidades del Gobierno de publicación de información oficiosa y motivar iniciativas similares en otras áreas de interés social.

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación:

Este compromiso representa una oportunidad importante para que el Gobierno promueva el uso masivo de datos abiertos tanto a nivel gubernamental, para el monitoreo de políticas públicas y entre los ciudadanos, para contribuir a procesos de auditoría social. Es también una oportunidad para recuperar la confianza de las organizaciones de la sociedad civil promoviendo la toma de decisiones conjuntas sobre el acceso, manejo y publicación de datos en temas de relevancia, a través de su participación en los comités de datos abiertos.

Además de algunos desafíos clave que deben considerarse, como las diferencias en recursos y capacidades al interior de las entidades de gobierno; la necesidad de despertar el interés del ciudadano común en el uso de datos; y la participación activa de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en las temáticas propuestas y que esperan cambios concretos en la práctica de gobierno, el IRM recomienda lo siguiente:

● Brindar acompañamiento especial y dotar de recursos adicionales a aquellas instituciones que, según los resultados del proceso de monitoreo y evaluación, enfrenten más retos para la adopción de la política de datos abiertos. Para ello se podría gestionar el apoyo de organizaciones internacionales o actores especializados.

● Desarrollar campañas de comunicación orientadas a dar a conocer los esfuerzos del Gobierno en materia de datos abiertos y los nuevos recursos disponibles. A la vez será importante identificar medios alternativos para facilitar el acceso a personas con discapacidad o que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios.

● Implementar iniciativas piloto que promuevan el uso de datos abiertos para procesos de rendición de cuentas a partir de, por ejemplo, datos publicados sobre violencia contra las mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil podrían procesar dichos datos para identificar demoras en procesos judiciales o en el otorgamiento de medidas de protección a víctimas, acordando medidas correctivas con las autoridades correspondientes.