System of Citizen Complaints to Combat Corruption (HN0082)

Breve descripción del compromiso

Instalación del sistema de denuncias ciudadanas para combatir la corrupción que consiste en hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) poniendo a disposición de la ciudadanía mediante una línea telefónica gratuita, que pueda ingresar desde el teléfono móvil o fijo. Asimismo, se puede tener acceso a través de internet mediante el llenado de un formulario disponible en la plataforma web de la STLCC, que estará acompañado por un chatbot durante todo el proceso de recepción de la denuncia. Se asignará un número de ticket para que las mismas puedan ser atendidas por las entidades correspondientes bajo un seguimiento especializado. El sistema garantiza que los datos del ciudadano sean manejados con total confidencialidad y tendrá la opción de presentar denuncias de manera anónima. Para brindar la seguridad debida de los denunciantes, se presentará como iniciativa de ley la protección a denunciantes de buena fe (o Ley de Whistleblowers). Se implementará una campaña masiva de concientización sobre la importancia de denunciar hechos constitutivos de delito o infracción administrativa (según la legislación vigente del país) y la existencia del mecanismo de denuncia disponible. Por último, se elaborará un protocolo del tratamiento de denuncias y traslado a las autoridades competentes para abrir líneas de investigación o planificar, ampliar objetivos y/o el alcance de las auditorías en curso y, en su caso, aplicación de las sanciones correspondientes.

Definición del problema

En la última década, se ha reflejado una alta incidencia de la corrupción en las instituciones públicas y privadas, socavando la confianza ciudadana, el Estado de derecho y el uso eficiente de los recursos públicos. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, parte de Transparencia Internacional, Honduras ocupó en el año 2021 el puesto 157 de 180 países evaluados, con una puntuación de 23/100. Para el 2022, se estima que el MP recibió por delitos relacionados a actos de corrupción un total de 16,701 denuncias. Por su parte, el TSC registró para el 2022 un total de 160 denuncias. Según el Global Corruption Barometer edición 2019, el 54% de los hondureños consideran que los niveles de corrupción habían incrementado y 62% consideró que el gobierno estaba haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción. La corrupción es un problema estructural que se ha agudizado en los últimos años, debido a la debilidad institucional, la falta de transparencia, rendición de cuentas, la impunidad y la escasa participación ciudadana. Según una encuesta realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en 2019, el 81% de los hondureños considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años. Además, el 74% cree que las instituciones encargadas de combatir la corrupción son ineficaces o muy ineficaces. Los hondureños se ven gravemente afectados por la corrupción, especialmente los más vulnerables y excluidos que ven limitadas sus oportunidades de acceso a servicios básicos, justicia, seguridad y participación. La corrupción también afecta al sector privado que enfrenta mayores costos y riesgos para invertir y generar empleo. El problema ha impactado negativamente en el desarrollo humano y económico del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Honduras tiene un índice de desarrollo humano de 0.634, lo que lo sitúa en el puesto 132 de 189 países. Asimismo, según el Banco Mundial, Honduras tiene un ingreso per cápita de 2,480 dólares, lo que lo ubica como un país de ingreso medio bajo. Finalmente, este flagelo también ha contribuido a generar condiciones de violencia e inseguridad.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? La falta de recursos y capacidades técnicas, la resistencia por parte de la mayoría de los actores gubernamentales, la falta de confianza de la sociedad civil y ciudadanía en las instituciones públicas y operadores de justicia para interponer denuncias. Para el 2022 Honduras cuenta con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 35.8%, evidenciando que la violencia y la inseguridad persisten en el país siendo estos problemas históricos que han protagonizado la realidad hondureña durante años. Esto ha incrementado el temor de los ciudadanos para denunciar actos de corrupción, debido que, pueden recibir represalias y poner en riesgo su integridad. En el caso de la corrupción, al igual que en otros países centroamericanos, Honduras no cuenta con una legislación de protección específica a denunciantes de este delito, solamente cuenta con una Ley de Protección de Testigos en proceso penal.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Con la creación de la STLCC, nace la Unidad de Gestión y Denuncia Ciudadana (UGDC), unidad técnica responsable de orientar los esfuerzos de las instituciones del Estado en el fomento de la transparencia y ética pública en cada una de las acciones de los funcionarios y servidores públicos; propiciando un espacio de participación ciudadana mediante una línea telefónica y canales a digitales, con el fin de promover los principios de transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Asimismo, se cuenta con la figura del Comité de Probidad y Ética por medio del Código de Conducta Ética del servidor público, integrado por cinco servidores públicos electos, y que funcionan en los entes y organismos del sector público gubernamental con el fin de promover el cumplimiento de las normas de conducta ética, dentro de sus funciones se encuentran la de conocer las denuncias sobre posibles violaciones a las normas de conducta ética y fomentar una cultura de denuncia al interior de las instituciones públicas. La STLCC a través de la ONADICI ha impulsado la instalación de los Comité de Control Interno (COCOIN) dentro de las instituciones públicas, con el objetivo principal de contribuir a la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua del control interno institucional; siendo para ello una importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento oportuno. Actualmente, se cuentan con 106 comités de control interno instalados en las instituciones del Poder Ejecutivo y Gobiernos locales. Finalmente, el TSC actualmente cuenta con un sistema web de denuncias ciudadanas30.

2. ¿Qué solución propone? Para enfrentar este problema se requiere de una acción coordinada entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado, el sector academia y la cooperación internacional, encaminada a la promoción de una cultura de integridad y transparencia, fortaleciendo las capacidades institucionales para prevenir e investigar la corrupción, garantizando la aplicación efectiva de la ley y que fomente la participación ciudadana en el control social. Asimismo, el compromiso se acompaña con la iniciativa de ley de protección a denunciantes de buena fe (o Ley de Whistleblowers) sobre delitos de corrupción, con el objetivo de contar con un marco normativo encaminado a evitar represalias para los informantes y garantizar su integridad personal y física, que les genere confianza a los ciudadanos sobre denunciar los actos de corrupción. De igual manera, la elaboración de un protocolo del tratamiento de denuncias y traslado a las autoridades competentes para abrir líneas de investigación o planificar, ampliar objetivos y/o el alcance de las auditorías en curso y, en su caso, aplicación de las sanciones correspondientes, para incrementar la confianza sobre los mecanismos de denuncia y la efectividad de los mismos.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? La implementación del Sistema de Denuncias Ciudadanas acompañado de una campaña masiva de concientización sobre la importancia de denunciar hechos constitutivos de delito o infracción administrativa (según la legislación vigente del país) y la existencia del mecanismo de denuncia disponible que aumente la confianza de los ciudadanos sobre su efectividad para combatir la corrupción y logre disminuir el temor de los ciudadanos en denunciar los actos de corrupción.

Análisis del compromiso

1. ¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso? Con la instalación del Sistema de Denuncias Ciudadanas para combatir la Corrupción se pondrá a disposición del ciudadano una plataforma web para poder interponer denuncias por actos de corrupción (según la ley vigente del país). En la plataforma web el ciudadano, además de poder interponer denuncia, podrá acceder a información esencial para concientización sobre la importancia de denunciar hechos constitutivos de delito o infracción administrativa y el funcionamiento del mecanismo de denuncia disponible. Tendrá a disposición información sobre los deberes y obligaciones de los funcionarios para poder identificar cuando exista infracción a los mismos o prácticas colusorias, así como las instancias en dónde deberá interponer las denuncias por otros tipos de delitos que no se encuentran enmarcados dentro de la competencia del sistema de denuncias, estableciendo con claridad los pasos, plazos y el rol correspondiente de quien interpone la denuncia.

2. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Con la implementación del sistema estará disponible la información y datos sobre las auditorías, investigaciones y aplicación de sanciones producto del traslado de denuncias, siempre y cuando no contravenga las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la reserva de información. Asimismo, se publicará un informe semestral y conjuntos de datos (mensuales) relacionados al número de denuncias recibidas y el tratamiento que recibieron (categorizando si se enmarcan en algún delito o infracción administrativa).

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? Con la implementación del sistema la ciudadanía tomará un rol activo en la prevención y facilitación del combate a la corrupción al poner a disposición una herramienta para interponer las denuncias correspondientes. A través de las jornadas de socialización a nivel nacional se promueve el uso responsable del sistema dando a conocer la importancia de denunciar hechos constitutivos de delito o infracción administrativa (según la legislación vigente del país) y las instancias y mecanismos existentes para denunciar los mismos.

Planificación del compromiso (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista)

Habilitación de la línea telefónica para presentar denuncias | • Convenio suscrito entre STLCC, CONATEL y HONDUTEL. • Contar con acceso gratuito desde los teléfonos celulares y fijos a la línea telefónica para presentar denuncias. | 2025

Desarrollo de la plataforma web oficial para presentar denuncias. | • Se tiene acceso a la plataforma web oficial para presentar denuncias, de manera gratuita y sin requerir de un usuario. • La plataforma cuenta con un chatbot que acompaña al usuario en el proceso de llenado del formulario. • La plataforma cuenta con un sistema de tickets para su monitoreo y seguimiento. | 2025

Elaboración del protocolo del tratamiento de denuncias y traslado a las autoridades competentes. | • Se cuenta con un protocolo del tratamiento de denuncias, y traslado a las autoridades competentes elaborado en conjunto con el TSC, MP/UFERCO. • Está disponible la información y datos sobre las auditorías, investigaciones y aplicación de sanciones producto del traslado de denuncias. • Se publica un informe semestral y conjuntos de datos (mensual) relacionados al número de denuncias recibidas y el tratamiento que recibieron. | 2025

Campaña de concientización para promover la cultura de denuncia ciudadana mediante el uso del Sistema de Denuncias Ciudadanas para combatir la corrupción. | • Se realiza al menos una (1) jornada de socialización del sistema en los 18 departamentos. • Se realizan al menos dos (2) spots publicitarios. | 2025

Presentación al CN de la iniciativa de ley de protección a denunciantes de buena fe (o Ley de Whistleblowers). | • Se recibe por parte del CN la iniciativa de Ley de Protección a Denunciantes de Buena Fe (o Ley de Whistleblowers). | 2025

Action Plan Review

Compromiso 3. Sistema de Denuncias Ciudadanas para combatir la Corrupción

Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Para una descripción completa del compromiso, consulta el compromiso 3 aquí: https://www.opengovpartnership.org/documents/honduras-action-plan-2023-2025/

Contexto y objetivos:

La STLCC pospuso este compromiso como una respuesta a lo expresado por la ciudadanía en las jornadas de consulta para el diseño del plan de acción. Estas prioridades se recopilan en el informe de respuesta razonada elaborado por el Gobierno de Honduras, donde este compromiso se menciona en múltiples ocasiones [9]. Algunas de las demandas más mencionadas por la población hondureña en este informe y durante estas jornadas territoriales incluyen, pero no se limitan a: falta de rendición de cuentas públicas, falta o limitada transparencia en la ejecución de presupuestos nacionales y municipales, politización de cargos directivos en la Administración pública y temor a represalias por denuncias de corrupción. Anteriormente, el Gobierno de Honduras incluyó un elemento similar en el plan de acción 2018-2021, a través de la ampliación del alcance de la línea telefónica 130, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2015 y permite a los ciudadanos denunciar posibles actos de corrupción. En dicho plan, el Gobierno modificó el alcance de la línea telefónica para que esta permitiera recopilar denuncias en atrasos o posibles actos de corrupción en los trámites de la Administración pública.

De acuerdo con representantes de la Mesa Técnica de Seguimiento [10], el contexto hondureño de los últimos años es altamente sensible en cuanto al tema de corrupción, pues se han registrado múltiples acontecimientos en la Administración pública y también a nivel político-electoral. Añaden que incluir un compromiso en el área de combate a la corrupción trae beneficios en el marco de la implementación de un plan de acción, pero también advierten que es indispensable ser críticos en este tipo de esfuerzos, para que las acciones no sean politizadas y que prevalezca siempre el respeto a los derechos de la población. De acuerdo con datos del World Justice Project de 2022, Honduras ocupa el puesto 121 (de un total de 140 países) en el Índice de Estado de Derecho [11], y según el Índice de Percepción de la Corrupción, Honduras se ubica en el puesto 157 de 180 países con información disponible. Según esta misma medición, al menos el 54 % de ciudadanos y ciudadanas consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses (dato de Septiembre 2019) [12]. El plan de acción actual valida e incluye estas mediciones en el contexto de este compromiso [13].

El objetivo del compromiso es contribuir a la reducción de los niveles de corrupción a través del desarrollo de marcos normativos y herramientas a disposición de la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción. Para lograrlo, el Gobierno espera presentar al Congreso Nacional una iniciativa de ley de protección de denunciantes de buena fe sobre delitos de corrupción, con el propósito de evitar represalias para los informantes. Asimismo, elaborará un protocolo para el tratamiento de denuncias y que, posteriormente, puedan establecerse vías de investigación y aplicación de posibles sanciones a servidores públicos en los casos que amerite. Por último, el Gobierno diseñará e implementará el Sistema de Denuncias Ciudadanas acompañado de una campaña de concientización sobre la importancia de denunciar hechos constitutivos de delito o infracción administrativa.

Potencial para alcanzar resultados: Sustancial

Este compromiso aborda un área de política que ha sido señalada como prioritaria en informes de revisión a planes de acción anteriores [14], y que constituye no solamente uno de los temas de interés para el Gobierno de Honduras, sino que también se mantiene como un tema importante para la región centroamericana y para OGP. Por tanto, la incorporación de este compromiso es de alta relevancia ya que sus componentes representan un esfuerzo con un potencial sustancial de resultados para combatir la corrupción a nivel nacional. El establecimiento de la plataforma de denuncias ciudadanas permitirá a las personas no solamente interponer las denuncias, sino también recibir una respuesta e información sobre auditorías, investigaciones y aplicación de sanciones (cuando esta información no contradiga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto a la reserva de información). Asimismo, el Gobierno publicará en la plataforma un informe semestral y conjuntos de datos relacionados al número de denuncias recibidas mensualmente y el tratamiento que recibieron. El elemento de brindar una respuesta a las personas representa un paso importante y sustancial en el área de combate a la corrupción, así como en el acceso a la información y rendición de cuentas, de manera que se genera nueva información referente a procesos iniciados por la ciudadanía.

En complemento a lo anterior, el Gobierno sostendrá al menos 18 jornadas de socialización sobre el uso de la plataforma en los 18 departamentos del país, lo cual permite continuar con los esfuerzos desarrollados para el diseño del plan de acción. Esto permitirá presentar la respuesta que el Gobierno incluyó en el informe de respuesta razonada y que ahora se presentaría a las poblaciones de cada departamento a través de un mecanismo concreto. Además, se propone presentar una iniciativa de ley que cree un marco legal para la protección de denunciantes.

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación

La perspectiva de aprobación de la ley de protección a denunciantes constituye uno de los principales desafíos del compromiso. Dado que el compromiso únicamente contempla la presentación de la iniciativa de la ley -y no la aprobación de la misma- el impacto total y a largo plazo del compromiso podría verse limitado por uno de los siguientes escenarios:

1. Se presenta una iniciativa consistente y robusta, pero con poca perspectiva de aprobación por parte del Congreso Nacional.

2. Se presenta una iniciativa débil, pero con altas perspectivas de aprobación por parte del Congreso Nacional.

3. Se presenta una iniciativa robusta y consistente con los intereses de la ciudadanía, pero que incrementa los tiempos de discusión por parte del Congreso Nacional en cuanto a la aprobación de la ley.

Dado que el poder de aprobación depende enteramente de un actor no incorporado en el plan, esta es una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil de la Mesa Técnica de Seguimiento aboguen, de manera conjunta, con el Gobierno para favorecer la aprobación de una ley robusta, que responda a los intereses de la ciudadanía y que garantice una protección completa a denunciantes.