Implementing the Escazú Agreement (HN0084)

Breve descripción del compromiso

Generar las condiciones necesarias para el fortalecimiento del acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Honduras (Acuerdo de Escazú). En ese sentido, el compromiso consiste en la instalación de una mesa multisectorial como una instancia de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad hondureña y el gobierno, involucrando a los actores claves versados en la materia del derecho de acceso a la información, la participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales en Honduras, así como en materia de protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales para impulsar la revisión a la legislación ambiental y materias relacionadas, para una mayor transparencia y democracia en los proyectos y procesos ambientales en el país. Desarrollará un módulo alojado en el Portal Único de Transparencia de información ambiental (según lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú) aplicando un proceso de consulta para diseñar el portal de forma centrada en el usuario. Asimismo, implementará un programa de formación de capacidades y capacitación en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades, funcionarios públicos (incluidos los gobiernos municipales) y a la ciudadanía, entendida como organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y otros actores sociales. Finalmente, se promoverá la aprobación por parte del CN y ratificación por parte de la presidencia de la República del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el compromiso Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) como un instrumento jurídico que garantiza y promueve los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Definición del problema

1. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar? La falta de garantías para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, considerando que Honduras es vulnerable al cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso despreocupado de los recursos naturales. Este problema afecta a las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, así como a las comunidades que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. El problema se ha visto agravado por la violencia, la impunidad y la corrupción que impera en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 se registraron al menos 96 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando un total de 151 personas víctimas de incidentes, de las cuales 120 son defensoras y 31 periodistas. Estos ataques incluyen amenazas, hostigamientos, criminalización, desalojos forzados y asesinatos. Honduras fue considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden el medio ambiente, con al menos 14 ambientalistas asesinados en el año 2020. De acuerdo a Global Witness, más de 120 ecologistas han sido asesinados desde el 2010, de los cuales, la mayoría de los casos se encuentran en impunidad. El problema tiene una dimensión histórica y estructural, que se remonta a las disputas por la tierra y los recursos naturales entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, los campesinos, las empresas extractivas, agroindustriales y energéticas. Estas disputas se han intensificado en las últimas décadas por la expansión de proyectos de desarrollo que no respetan los derechos humanos ni el medio ambiente. Un ejemplo emblemático es el caso de Berta Cáceres, líder indígena lenca y defensora ambiental que fue asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. Ha impactado negativamente en el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación y al acceso al agua de las personas afectadas. También ha limitado su capacidad de incidir en las decisiones que les conciernen y de acceder a mecanismos efectivos de reparación y justicia. El problema ha generado un clima de miedo e intimidación que inhibe la labor de las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El Acuerdo también establece medidas específicas para proteger a las personas que defienden el medio ambiente, como el reconocimiento de su labor, la prevención de los riesgos que enfrentan, la garantía de un entorno seguro y propicio para su trabajo y la investigación y sanción de las violaciones que sufren. El Acuerdo fue adoptado en 2018 por 24 países de la región, pero solo ha sido ratificado por 15 hasta la fecha.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? La falta de recursos y capacidades técnicas, la resistencia por parte de algunos de los actores gubernamentales, poco interés y apoyo por parte de diferentes actores de la sociedad civil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? Actualmente, existe la voluntad y se ha avanzado en torno al Acuerdo de Escazú de manera sustancial en comparación con administraciones pasadas, se han impulsado acciones en promoción del cuidado del medio ambiente y protección a ambientalistas. Por otro lado la Red Hondureña por Escazú, coalición de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, ha estado impulsando la agenda de Escazú a través de diferentes espacios de diálogo, participación y construcción colaborativa con diferentes sectores de la sociedad.

2. ¿Qué solución propone? Para resolver el problema sobre la falta de garantías para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, se impulsarán acciones encaminadas a crear las condiciones de país necesaria para la aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú, para lo cual, se instalará la Mesa Técnica Ambiental como una instancia permanente de diálogo. Se desarrollará un módulo alojado en el Portal Único de Transparencia del IAIP para publicación de información ambiental (según lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú) y se instalará la Red de “Lenguaje Claro”, con el fin de garantizar los derechos de acceso a la información de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? De lo anterior, se busca lograr la formación de capacidades en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades, funcionarios públicos y a la ciudadanía, en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, quienes contarán con asistencia de una Red de “Lenguaje Claro”, para formular sus peticiones y obtener una respuesta en los diversos idiomas autóctonos usados en el país. Asimismo, con la creación del módulo alojado en el Portal Único de Transparencia del IAIP se brinda acceso a la información ambiental, según lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú.

Análisis del compromiso

1. ¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso? Por medio del módulo alojado en el Portal Único de Transparencia del IAIP estará disponible la información ambiental según lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú. Al contar con una red de “lenguaje claro” para el tratamiento a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad se garantizará su derecho de acceso a la información en materia ambiental, esto incluye también a los pueblos originarios. Dicha red establecerá las condiciones necesarias para que reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta en los diversos idiomas usados en el país e incluirá la elaboración formatos alternativos comprensibles para dichos grupos por medio de canales de comunicación adecuados. Además, se implementará un programa de formación de capacidades y capacitación en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades, funcionarios públicos y a la ciudadanía.

2. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Al establecer normas, reglamentos y mecanismos de participación y acción de manera clara y concisa, en lo que respecta a la acción gubernamental.

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? Con la instalación de la Mesa Técnica Ambiental como instancia permanente de diálogo conformada con actores de los diferentes sectores de la sociedad hondureña y el gobierno, quienes de manera colaborativa estarán encargados de impulsar las acciones encaminadas a la promoción del Acuerdo de Escazú en nuestro país. Asimismo, se implementará un proceso de consulta para diseñar el módulo de información ambiental de forma centrada en el usuario.

Planificación del compromiso (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista)

Elaboración del diagnóstico acerca de la legislación vigente en materia ambiental y propuesta de reforma para procurar las condiciones necesarias para la implementación del Acuerdo de Escazú. | • Instalación de una mesa multisectorial especializada en temas ambientales. • Se cuenta con el diágnostico acerca de la legislación vigente en materia ambiental. • Se propone las reformas necesarias a la legislación ambiental y materias relacionadas para una mayor transparencia y democracia en los proyectos y procesos ambientales del país. • Se proponen las reformas necesarias para procurar las condiciones necesarias para la implementación del Acuerdo de Escazú. | 2025

Creación del módulo de información ambiental aplicando un proceso de consulta para diseñar el portal de forma centrada en el usuario. | • Módulo de información ambiental disponible al público (Artículo 5 Acuerdo de Escazú). • Se incluye un apartado acerca de los delitos ambientales que se han cometido y el tratamiento de los mismos, publicados en formato abierto. | 2025

Implementación de al menos un programa de formación de capacidades y capacitación en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades, funcionarios públicos (incluidos gobiernos municipales) y a la ciudadanía (organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado, y otros actores sociales) | • Elaboración del programa de formación de capacidades sobre los derechos y obligaciones enmarcadas en el Acuerdo de Escazú • Al menos el 50% de los funcionarios públicos (incluidos gobiernos municipales) y autoridades han sido capacitados en derechos de acceso en asuntos ambientales (información, participación y toma de decisiones y justicia). • Al menos 3000 ciudadanos (organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado y otros actores sociales) de los 18 departamentos han sido capacitadas en derechos de acceso en asuntos ambientales (información, participación y toma de decisiones y justicia). | 2025

Promover la aprobación y ratificación del Acuerdo de Escazú | • Promover la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, mediante su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. | 2025