Implementing Open Justice Policy (HN0086)
Overview
At-a-Glance
Action Plan: Honduras Action Plan 2023-2025
Action Plan Cycle: 2023
Status:
Institutions
Lead Institution: Corte Suprema de Justicia
Support Institution(s): STLCC, IAIP; TSC, Facultades de Derecho de las universidades del país
Policy Areas
Capacity Building, Judiciary, Justice, Open JusticeIRM Review
IRM Report: Honduras Action Plan Review 2023-2025
Early Results: Pending IRM Review
Design i
Verifiable: Yes
Relevant to OGP Values: Yes
Ambition (see definition): Low
Implementation i
Completion: Pending IRM Review
Description
Breve descripción del compromiso
El compromiso tiene como objetivo la apertura en el Poder Judicial (PJ), transversalizando en la administración de justicia la filosofía de “Estado Abierto” y los principios de participación, colaboración y transparencia que permitan un pleno acceso a la justicia e interés en las necesidades más sentidas por la sociedad. Para lograr tales fines, se aprobará la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con un plan de acción encaminado entre otros temas a: 1. Promover la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta, integrada por los diferentes actores del ecosistema de Justicia. 2. Fortalecer y consolidar por medio de la Escuela Judicial el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales y otros actores del sistema, relacionados a Estado y Justicia Abierta. 3. Fortalecer, rediseñar y ampliar el rendimiento y alcance de los mecanismos de comunicación institucional, empoderando y sensibilizando a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias, así como para facilitar el acceso del público a información a través de un lenguaje claro y sencillo plasmado en resoluciones judiciales transparentes de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas. Por último, el rediseño de la plataforma oficial del PJ facilitando el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras como por ejemplo (pero no limitado a) aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los juzgados de justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía.
Definición del problema
1. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar? Históricamente, el Poder Judicial fue considerado como uno de los poderes públicos del Estado menos sometidos al escrutinio público. La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático (Elena, Sandra, 2015). El compromiso pretende abordar desafíos estructurales en la rendición de cuentas de los sistemas de justicia en Honduras, así como las barreras que enfrentan los grupos vulnerables y marginados para ejercer sus derechos. Sumado a lo anterior, en el año 2021, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project le dio a Honduras una puntuación de 0.41 ocupando el puesto de 117 de 140 países evaluados. Dentro de los factores que evalúa el índice se encuentra la “ausencia de la corrupción” obteniendo una puntuación del 0.37 en el subfactor que hace referencia a los funcionarios del gobierno del Poder Judicial que no utilizan cargos públicos para obtener beneficios privados. Los afectados por este problema son principalmente las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas LGBTIQA+, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas en situación de pobreza. Estos grupos sufren discriminación, violencia, exclusión y vulneración de sus derechos humanos en el ámbito de la justicia. El problema ha ocurrido en todo el territorio nacional, pero se agudiza en las zonas rurales y remotas, donde hay menos presencia y acceso a los servicios judiciales. Los afectados se han visto impactados de diversas formas por este problema. Algunas de las consecuencias son: la impunidad, la revictimización, la desconfianza en las instituciones, el desconocimiento de sus derechos, la falta de protección legal y el aumento de la conflictividad social. El problema se ha visto más acentuado en los últimos años, debido a la crisis política, social y sanitaria que atraviesa el país. El problema empezó desde hace décadas, como resultado de un sistema judicial débil, corrupto e ineficiente, que no ha respondido a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Según datos del PNUD, Honduras ha tenido en la última década uno de los índices más bajos de acceso a la justicia en América Latina, con un 38% de cobertura. Asimismo, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Judicial 2019, Honduras ocupó el puesto 17 de 18 países evaluados en materia de transparencia judicial. Estas cifras evidencian la magnitud y la urgencia del problema que el compromiso busca solucionar.
2. ¿Cuáles son las causas del problema? Las causas del problema son diversas, dentro de las cuales están: 1. Falta de personal en el Poder Judicial y alta demanda de los usuarios. 2. Limitaciones en aspectos presupuestarios, logísticos y recursos económicos para una completa modernización del Poder Judicial. 3. Percepción de desconfianza de parte de los ciudadanos, derivada de los diferentes actos de corrupción e impunidad que socavaron este Poder del Estado en los últimos 12 años.
Descripción del compromiso
1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? 1. Se ha ido mejorando el acceso a la información judicial a través lo cual implica brindar a la población un mayor acceso a los documentos y procesos judiciales. Esto contribuye a fortalecer el interés por la justicia al permitir una mayor transparencia y comprensión de los procedimientos legales. 2. El Poder Judicial de Honduras ha implementado iniciativas de tecnología y digitalización en el sistema judicial para mejorar la apertura y la accesibilidad. Esto incluye el uso de plataformas en línea y sistemas electrónicos que facilitan el acceso a información sobre casos judiciales, sentencias y otros documentos legales relevantes. 3. Se han llevado a cabo campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población para fomentar el interés por la justicia y promover una mayor comprensión de los derechos y el sistema judicial. Estas campañas buscan empoderar a la población y alentar su participación en la defensa de sus derechos a través de los mecanismos legales disponibles.
2. ¿Qué solución propone? La aprobación e implementación de la primera política de justicia abierta, para avanzar la apertura judicial y el fortalecimiento de la administración de justicia, aplicando los principios de OGP, esta incluirá la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta. Con el objetivo de aportar a la formación de los funcionarios judiciales y personal administrativo, se desarrollarán programas relacionados a la apertura judicial que contribuyan al mejoramiento continuo en la función de administración de justicia, que incluirá, además, el empoderamiento y sensibilización a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial, para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias. En aras de promover una gestión de “puertas abiertas” en el Poder Judicial, se procederá al rediseño total de la página de este Poder del Estado, con el objetivo de que brinde información sobre, pero no limitada a: aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los Juzgados de Justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía. Asimismo, para facilitar el acceso del público a información, a través de un lenguaje claro y sencillo, plasmado en resoluciones judiciales transparentes, de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas.
3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Adopción e implementación de la primera Política de Justicia Abierta que contenga compromisos que logren la apertura judicial y un mayor acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Aplicación de los principios y estándares de OGP por parte de los/as funcionarios judiciales y personal administrativo en el ejercicio de la función de administración de justicia. Adicionalmente, se pretende un mayor acceso a la información concerniente a la gestión y desempeño del Poder Judicial que trae consigo un mayor monitoreo ciudadano.
Análisis del compromiso
1. ¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso? Por medio de la Escuela Judicial el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales y otros actores del sistema, relacionados a Estado y Justicia Abierta. Asimismo, el fortalecimiento, rediseño y ampliación del rendimiento y alcance de los mecanismos de comunicación institucional, empoderando y sensibilizando a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias, así como para facilitar el acceso del público a información, a través de un lenguaje claro y sencillo, plasmado en resoluciones judiciales transparentes, de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas. Por último, con el rediseño de la plataforma oficial del Poder Judicial, se facilita el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras, como por ejemplo aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los Juzgados de Justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía.
2. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Mediante la creación y publicación del sistema de monitoreo y seguimiento de Justicia Abierta, que brinda un monitoreo de las prioridades establecidas en plan de acción de la política de justicia abierta..
3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? Con la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta, integrada por los diferentes actores del ecosistema de Justicia y permitirá generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como impulsar iniciativas conjuntas ciudadano céntricas que contribuyan a fortalecer el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.
Planificación del compromiso (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista)
Aprobación de la Política de Justicia Abierta. | • Aprobación de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial (incluido el plan de acción) por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. • Socialización de la Política de Justicia Abierta en todos los niveles del Poder Judicial y con actores del ecosistema de justicia (al menos el 50% de los empleados han sido capacitados). • Publicación del sistema de monitoreo y seguimiento de Justicia Abierta. | 2025
Instalación de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. | • Desarrollar el marco regulatorio de la conformación, atribuciones y funcionamiento de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. • Aprobación del marco regulatorio por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. • Instalación y funcionamiento de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. | 2025
Fortalecer el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales, relacionados a Estado y justicia abierta. | • Revisión y mejoras de la metodología actual (en colaboración con la academia y otros actores del ecosistema de justicia) con énfasis en la generación de valor público a través de la adecuada atención de las personas usuarias. • Realización del Curso Estado y Justicia Abierta con servidores judiciales (de todo nivel) y otros actores del ecosistema de justicia. | 2025
Rediseño del portal oficial del Poder Judicial facilitando el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras. | • Levantamiento de información sobre el funcionamiento de los servicios de Justicia. • Taller de Casos de Uso respecto al actual Portal del Poder Judicial e identificación de la demanda por parte de la ciudadanía. • Rediseño del portal del Poder Judicial con información relevante acerca del accionar del Poder Judicial, disponible en línea, acceso gratuito, y atendiendo la demanda de la ciudadanía de acceso a la información. | 2025
Implementar el modelo de “Despacho Judicial Abierto” en dos Juzgados Pilotos que cuenten con acreditación en gestión de calidad, bajo la norma GICA-Justicia | • Desarrollar un protocolo que detalle los requisitos mínimos de funcionamiento de un “Despacho Judicial Abierto”. • Seleccionar los Juzgados Piloto bajo criterios de selección acordes al protocolo desarrollado. • Ejecutar las acciones requeridas para la implementación al menos en un 50% del modelo en los juzgados pilotos. | 2025
Rediseño de los mecanismos de comunicación institucional para empoderar y sensibilizar a juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial. | • Diseñar y desarrollar con el apoyo de la Escuela Judicial un programa de formación dirigido a juezas y jueces, en técnicas de comunicación, funcionamiento e interacción en redes. • Diseñar y desarrollar espacios-programas institucionales de comunicación, con la participación activa de juezas y jueces y en colaboración con otros actores. • Diseñar y desarrollar campañas informativas para fomentar una cultura institucional que promueva la apertura y el diálogo con la sociedad. • Construir instrumentos de medición de la confianza ciudadana y monitorearlos periódicamente. | 2025