Implementing Open Justice Policy (HN0086)

Breve descripción del compromiso

El compromiso tiene como objetivo la apertura en el Poder Judicial (PJ), transversalizando en la administración de justicia la filosofía de “Estado Abierto” y los principios de participación, colaboración y transparencia que permitan un pleno acceso a la justicia e interés en las necesidades más sentidas por la sociedad. Para lograr tales fines, se aprobará la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con un plan de acción encaminado entre otros temas a: 1. Promover la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta, integrada por los diferentes actores del ecosistema de Justicia. 2. Fortalecer y consolidar por medio de la Escuela Judicial el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales y otros actores del sistema, relacionados a Estado y Justicia Abierta. 3. Fortalecer, rediseñar y ampliar el rendimiento y alcance de los mecanismos de comunicación institucional, empoderando y sensibilizando a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias, así como para facilitar el acceso del público a información a través de un lenguaje claro y sencillo plasmado en resoluciones judiciales transparentes de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas. Por último, el rediseño de la plataforma oficial del PJ facilitando el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras como por ejemplo (pero no limitado a) aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los juzgados de justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía.

Definición del problema

1. ¿Cuál es el problema que el compromiso busca abordar? Históricamente, el Poder Judicial fue considerado como uno de los poderes públicos del Estado menos sometidos al escrutinio público. La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático (Elena, Sandra, 2015). El compromiso pretende abordar desafíos estructurales en la rendición de cuentas de los sistemas de justicia en Honduras, así como las barreras que enfrentan los grupos vulnerables y marginados para ejercer sus derechos. Sumado a lo anterior, en el año 2021, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project le dio a Honduras una puntuación de 0.41 ocupando el puesto de 117 de 140 países evaluados. Dentro de los factores que evalúa el índice se encuentra la “ausencia de la corrupción” obteniendo una puntuación del 0.37 en el subfactor que hace referencia a los funcionarios del gobierno del Poder Judicial que no utilizan cargos públicos para obtener beneficios privados. Los afectados por este problema son principalmente las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas LGBTIQA+, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas en situación de pobreza. Estos grupos sufren discriminación, violencia, exclusión y vulneración de sus derechos humanos en el ámbito de la justicia. El problema ha ocurrido en todo el territorio nacional, pero se agudiza en las zonas rurales y remotas, donde hay menos presencia y acceso a los servicios judiciales. Los afectados se han visto impactados de diversas formas por este problema. Algunas de las consecuencias son: la impunidad, la revictimización, la desconfianza en las instituciones, el desconocimiento de sus derechos, la falta de protección legal y el aumento de la conflictividad social. El problema se ha visto más acentuado en los últimos años, debido a la crisis política, social y sanitaria que atraviesa el país. El problema empezó desde hace décadas, como resultado de un sistema judicial débil, corrupto e ineficiente, que no ha respondido a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Según datos del PNUD, Honduras ha tenido en la última década uno de los índices más bajos de acceso a la justicia en América Latina, con un 38% de cobertura. Asimismo, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Judicial 2019, Honduras ocupó el puesto 17 de 18 países evaluados en materia de transparencia judicial. Estas cifras evidencian la magnitud y la urgencia del problema que el compromiso busca solucionar.

2. ¿Cuáles son las causas del problema? Las causas del problema son diversas, dentro de las cuales están: 1. Falta de personal en el Poder Judicial y alta demanda de los usuarios. 2. Limitaciones en aspectos presupuestarios, logísticos y recursos económicos para una completa modernización del Poder Judicial. 3. Percepción de desconfianza de parte de los ciudadanos, derivada de los diferentes actos de corrupción e impunidad que socavaron este Poder del Estado en los últimos 12 años.

Descripción del compromiso

1. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para resolver el problema? 1. Se ha ido mejorando el acceso a la información judicial a través lo cual implica brindar a la población un mayor acceso a los documentos y procesos judiciales. Esto contribuye a fortalecer el interés por la justicia al permitir una mayor transparencia y comprensión de los procedimientos legales. 2. El Poder Judicial de Honduras ha implementado iniciativas de tecnología y digitalización en el sistema judicial para mejorar la apertura y la accesibilidad. Esto incluye el uso de plataformas en línea y sistemas electrónicos que facilitan el acceso a información sobre casos judiciales, sentencias y otros documentos legales relevantes. 3. Se han llevado a cabo campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población para fomentar el interés por la justicia y promover una mayor comprensión de los derechos y el sistema judicial. Estas campañas buscan empoderar a la población y alentar su participación en la defensa de sus derechos a través de los mecanismos legales disponibles.

2. ¿Qué solución propone? La aprobación e implementación de la primera política de justicia abierta, para avanzar la apertura judicial y el fortalecimiento de la administración de justicia, aplicando los principios de OGP, esta incluirá la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta. Con el objetivo de aportar a la formación de los funcionarios judiciales y personal administrativo, se desarrollarán programas relacionados a la apertura judicial que contribuyan al mejoramiento continuo en la función de administración de justicia, que incluirá, además, el empoderamiento y sensibilización a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial, para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias. En aras de promover una gestión de “puertas abiertas” en el Poder Judicial, se procederá al rediseño total de la página de este Poder del Estado, con el objetivo de que brinde información sobre, pero no limitada a: aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los Juzgados de Justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía. Asimismo, para facilitar el acceso del público a información, a través de un lenguaje claro y sencillo, plasmado en resoluciones judiciales transparentes, de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas.

3. ¿Qué resultados queremos lograr con la implementación de este compromiso? Adopción e implementación de la primera Política de Justicia Abierta que contenga compromisos que logren la apertura judicial y un mayor acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Aplicación de los principios y estándares de OGP por parte de los/as funcionarios judiciales y personal administrativo en el ejercicio de la función de administración de justicia. Adicionalmente, se pretende un mayor acceso a la información concerniente a la gestión y desempeño del Poder Judicial que trae consigo un mayor monitoreo ciudadano.

Análisis del compromiso

1. ¿Cómo promoverá la transparencia el compromiso? Por medio de la Escuela Judicial el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales y otros actores del sistema, relacionados a Estado y Justicia Abierta. Asimismo, el fortalecimiento, rediseño y ampliación del rendimiento y alcance de los mecanismos de comunicación institucional, empoderando y sensibilizando a las juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial para el debido tratamiento de las víctimas y atención de las personas usuarias, así como para facilitar el acceso del público a información, a través de un lenguaje claro y sencillo, plasmado en resoluciones judiciales transparentes, de fácil comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía a la que van dirigidas. Por último, con el rediseño de la plataforma oficial del Poder Judicial, se facilita el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras, como por ejemplo aspectos de funcionamiento, cantidades de audiencias, cronograma de audiencias programadas actualizado a diario, un mapa georreferenciado con información de la ubicación de los Juzgados de Justicia disponibles, competencia (por asuntos y cuantía), número de resoluciones emitidas, e información de la decisión tomada, así como otros datos que puedan ser considerado relevantes para la ciudadanía.

2. ¿Cómo ayudará el compromiso a fomentar la rendición de cuentas? Mediante la creación y publicación del sistema de monitoreo y seguimiento de Justicia Abierta, que brinda un monitoreo de las prioridades establecidas en plan de acción de la política de justicia abierta..

3. ¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones? Con la instalación de una mesa de cooperación de Justicia Abierta, integrada por los diferentes actores del ecosistema de Justicia y permitirá generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como impulsar iniciativas conjuntas ciudadano céntricas que contribuyan a fortalecer el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.

Planificación del compromiso (Hitos | Resultados esperados | Fecha de finalización prevista)

Aprobación de la Política de Justicia Abierta. | • Aprobación de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial (incluido el plan de acción) por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. • Socialización de la Política de Justicia Abierta en todos los niveles del Poder Judicial y con actores del ecosistema de justicia (al menos el 50% de los empleados han sido capacitados). • Publicación del sistema de monitoreo y seguimiento de Justicia Abierta. | 2025

Instalación de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. | • Desarrollar el marco regulatorio de la conformación, atribuciones y funcionamiento de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. • Aprobación del marco regulatorio por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. • Instalación y funcionamiento de la Mesa de Cooperación de Justicia Abierta. | 2025

Fortalecer el desarrollo de programas formativos dirigidos a servidores judiciales, relacionados a Estado y justicia abierta. | • Revisión y mejoras de la metodología actual (en colaboración con la academia y otros actores del ecosistema de justicia) con énfasis en la generación de valor público a través de la adecuada atención de las personas usuarias. • Realización del Curso Estado y Justicia Abierta con servidores judiciales (de todo nivel) y otros actores del ecosistema de justicia. | 2025

Rediseño del portal oficial del Poder Judicial facilitando el acceso del público a la información sobre servicios de justicia con herramientas tecnológicas innovadoras. | • Levantamiento de información sobre el funcionamiento de los servicios de Justicia. • Taller de Casos de Uso respecto al actual Portal del Poder Judicial e identificación de la demanda por parte de la ciudadanía. • Rediseño del portal del Poder Judicial con información relevante acerca del accionar del Poder Judicial, disponible en línea, acceso gratuito, y atendiendo la demanda de la ciudadanía de acceso a la información. | 2025

Implementar el modelo de “Despacho Judicial Abierto” en dos Juzgados Pilotos que cuenten con acreditación en gestión de calidad, bajo la norma GICA-Justicia | • Desarrollar un protocolo que detalle los requisitos mínimos de funcionamiento de un “Despacho Judicial Abierto”. • Seleccionar los Juzgados Piloto bajo criterios de selección acordes al protocolo desarrollado. • Ejecutar las acciones requeridas para la implementación al menos en un 50% del modelo en los juzgados pilotos. | 2025

Rediseño de los mecanismos de comunicación institucional para empoderar y sensibilizar a juezas y jueces a participar activamente en la promoción de la transparencia del Poder Judicial. | • Diseñar y desarrollar con el apoyo de la Escuela Judicial un programa de formación dirigido a juezas y jueces, en técnicas de comunicación, funcionamiento e interacción en redes. • Diseñar y desarrollar espacios-programas institucionales de comunicación, con la participación activa de juezas y jueces y en colaboración con otros actores. • Diseñar y desarrollar campañas informativas para fomentar una cultura institucional que promueva la apertura y el diálogo con la sociedad. • Construir instrumentos de medición de la confianza ciudadana y monitorearlos periódicamente. | 2025

Action Plan Review

Compromiso 7. Promoviendo la Apertura Judicial para fortalecer el interés por la Justicia en Defensa de los Derechos de la Población

Corte Suprema de Justicia

Para una descripción completa del compromiso, consulta el compromiso 7 aquí: https://www.opengovpartnership.org/documents/honduras-action-plan-2023-2025/ 

Contexto y objetivos:

La presidencia del Poder Judicial propuso este compromiso a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Honduras (STLCC), basado en los insumos de las jornadas de consulta, donde la ciudadanía expresó la necesidad de incorporar un compromiso dentro del sector de justicia pública. De acuerdo con datos del World Justice Project de 2022, Honduras ocupa el puesto 121 (de un total de 140 países) en el Índice de Estado de Derecho, y se ubica en los últimos diez países en la categoría de justicia criminal [15]. De acuerdo con el plan de acción, históricamente el sector judicial ha sido considerado como uno de los poderes públicos del Estado menos sometidos a la rendición de cuentas públicas [16]. En el plan de acción 2019-2021, el Gobierno incluyó un compromiso con responsabilidad del Poder Judicial, con el objetivo de implementar el Sistema de Expedientes Judiciales Electrónicos (SEJE) y fortalecer las capacidades de funcionarios públicos a nivel municipal en materia de justicia abierta. El compromiso se implementó de manera limitada y el SEJE se estableció como una prueba piloto [17]. Tanto las y los

representantes de la sociedad civil como de la STLCC [18] coinciden en la importancia de que el Poder Judicial participe en este plan de acción, sobre todo en el contexto de cambios políticos recientes que ha atravesado el país.

El compromiso busca aumentar la cantidad de información documental disponible sobre los procesos judiciales a través del modelo de despachos abiertos, un modelo que, según representantes de la STLCC [19], se ha importado desde Costa Rica [20]. La nueva información se publicará en el portal oficial del Poder Judicial en formatos comprensibles para la ciudadanía. La iniciativa también desarrollará las capacidades de servidores judiciales, incluidos jueces y juezas, para utilizar de mejor manera herramientas para mejorar la comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía y promover la transparencia de manera periódica. La incorporación de un compromiso de este tipo y enfocado en aumentar la cantidad de información disponible representa un paso importante para un sector judicial que es percibido como parcial, sujeto a corrupción y que no garantiza el cumplimiento del debido proceso [21].

Potencial para alcanzar resultados: Modesto

La implementación de este compromiso podría representar potencial modesto para la generación de resultados en el sector judicial de Honduras. La participación de este poder público en los planes de acción de Honduras a través de compromisos completos no ha sido significativa en el pasado. Esto representa un paso innovador en el marco del plan de acción, y también para un país que requiere el fortalecimiento de la defensa de derechos humanos y del espacio cívico habilitante [22]. Las consecuencias de obtener mayores niveles de transparencia y acceso a la información en el sistema judicial pueden ser significativamente positivas para cuestiones económicas, sociales y protección del medio ambiente, en la medida que el sistema judicial sea percibido como un mecanismo garante del debido proceso de forma libre.

Si bien representantes de la STLCC [23] y organizaciones de la sociedad civil de la Mesa Técnica de Seguimiento [24] coinciden en el alcance prometedor de este compromiso, representantes de la sociedad civil también son precavidos al advertir que la implementación de la iniciativa puede encontrar mucha resistencia por parte de los servidores judiciales. Por una parte, reconocen que el compromiso de los líderes del sector judicial es importante para garantizar el cumplimiento, pero comentan que parte de esa resistencia pudiera suceder por desconocimiento del alcance completo del significado de gobierno abierto. Por otro lado, añaden que muchos servidores judiciales han comenzado su gestión recientemente, y este compromiso pudiera ser una oportunidad para sensibilizarlos sobre la promoción de la transparencia desde un inicio.

Oportunidades, desafíos y recomendaciones durante la implementación

Dentro de los hitos incorporados en el compromiso, el rediseño del portal oficial del Poder Judicial, la publicación de información relevante del quehacer judicial y la implementación del modelo de despachos judiciales abiertos representan los elementos prioritarios para el impacto de este proyecto. Si bien los demás hitos referentes a formación de servidores judiciales son un excelente complemento, la parte central de la iniciativa descansa en garantizar efectivamente mayores niveles de transparencia e información a la ciudadanía.

El aseguramiento de recursos para la implementación del compromiso es un factor indispensable para el cumplimiento. De acuerdo con representantes de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el compromiso posee un financiamiento parcial, pero se espera que este pueda completarse en los años siguientes de acuerdo con la ejecución del plan de acción. Esto debe considerarse como un factor a monitorear de manera que la prueba piloto para el modelo de despachos abiertos se ejecute a tiempo en al menos el 50 % de los juzgados pilotos, tal cual establece el plan de acción. De la misma forma, los recursos (financieros, humanos, tecnológicos) deben asegurar el funcionamiento del nuevo portal del Poder Judicial, para que este no cese su funcionamiento una vez termine el plan de acción. El año anterior, Honduras afrontó problemas con el funcionamiento de su portal web destinado a OGP por motivos similares.

[16]