Open Platform for Public Security Information (MX0080)

¿Cuál es el compromiso? Objetivo a corto plazo (al 31 de agosto de 2021)
Conformar una plataforma única, pública e interoperable que concentre, divulgue y transparente información* a nivel nacional de calidad** sobre seguridad, justicia y paz*** que incluya mecanismos de participación ciudadana**** (en el diseño, implementación y evaluación de políticas en la materia) para la mejora de la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

* Información y datos (de manera ilustrativa y no limitativa)
**De acuerdo con los principios de datos abiertos (oportunos y primarios), atributos de calidad, accesibilidad y pertinencia cultural, desagregada (género, edad, discapacidad, situación migratoria, población indígena y afrodescendiente), actualizada periódicamente, estandarizada, con pertinencia cultural, comparable, unificada.
***Distintas violencias, fenómenos delictivos y violaciones a Derechos Humanos, así como las estrategias y políticas de justicia.
*** grupos prioritarios, organizaciones de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales.

Objetivo a mediano plazo (al finalizar el sexenio)
Crear metodologías diferenciadas que aseguren la calidad de la información sobre seguridad*, justicia y paz, que integre un mecanismo de evaluación y participación
ciudadana para contribuir a la toma de decisiones, el escrutinio público y la rendición de cuentas.

*Con base en Art. 21 Constitucional

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Además de la causa Directa 1 identificada en el árbol del problema “Ausencia de sistemas de información actualizada que permitan el monitoreo del fenómeno delictivo (incluyendo violaciones a Derechos Humanos) como bases de datos, protocolos, metodologías, así como su interoperabilidad institucional.”, se agrega que 1) no se están generando la totalidad de los registros y bases de datos a las que están obligadas normativamente las instituciones en la materia (por ejemplo, los registros en materia de desaparición; las estadísticas de uso de la fuerza; el registro nacional de detenciones); 2) las bases de datos con las que ya contamos no cuentan con metodologías transparentes ni mecanismos que fomenten la participación ciudadana en su conformación y permitan recabar, procesar, difundir, utilizar la información; 3) las bases de datos no son interoperables, no cuentan con niveles de desagregación en materia de género, edad, discapacidad, situación migratoria, grupo étnico, ni permiten hacer cruces (por ejemplo, cruces de información entre los registros de personas desaparecidas con los registros forenses de personas fallecidas no identificada); 4) no contar con datos verificables y confiables en la materia dificulta la posibilidad de plantear políticas públicas precisas en materia de seguridad, justicia, paz y derechos humanos.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
La generación de bases de datos transparentes, confiables, verificables e interoperables permite contar con una imagen más clara de los impactos diferenciados de la crisis de seguridad, justicia y derechos humanos. Esto, a su vez, contribuye al fortalecimiento institucional dado que facilita el diseño, implementación y evaluación de los resultados de las políticas públicas de seguridad. De igual manera, contribuye a la accesibilidad de la información y ayuda a recuperar la confianza en las instituciones públicas de seguridad.

La totalidad de la información que se incluirá en la plataforma está vinculada a las facultades, competencias y funciones de las instituciones responsables, razón por la que este compromiso es factible y permitirá que estas bases de datos sean más transparentes, innovadoras y cuenten con participación ciudadana y rendición de cuentas.

Supuestos (Análisis de riesgo solamente a nivel fin y propósito)
Las bases de datos que deben ser incluidas en la plataforma forman parte de las obligaciones en la materia de cada una de las instituciones mencionadas. La coordinación entre los actores involucrados es liderada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que establece una ruta de trabajo formal con las instituciones responsables de contar con los distintos registros y bases de datos, así como asegurar la calidad de la información.

Se cuenta en su caso con el presupuesto necesario para llevar a cabo las adecuaciones tecnológicas necesarias.

¿Cómo se verificará el cumplimiento del compromiso?
A partir de la inclusión de los registros, bases de datos estadísticos y versiones públicas de informes que deben ser incluidos en la plataforma pública. Se establece un Comité de Participación ciudadana en la construcción de metodología de la plataforma, que dé seguimiento a la implementación.

¿Por qué es relevante para los valores de OGP?
a) Innovación: el compromiso permite que obligaciones de las instituciones que han sido establecidas normativamente sean innovadoras con una plataforma que permite encontrar cruces entre obligaciones hasta ahora desarticuladas
b) Participación ciudadana: integra mecanismos de participación ciudadana (a través de la inclusión de sociedad civil y academia en las discusiones sobre la metodología de los registros y de la plataforma)
c) Transparencia: al ser la información pública y verificable e
d) Rendición de cuentas: dado que los registros, bases de datos y versiones públicas de informes permiten contar con mayor información respecto a los resultados de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad, justicia, paz y derechos humanos.

Alineación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de género
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación. El cumplimiento del compromiso tendría un potencial impacto en términos de desarrollo: contar con información clara sobre el fenómeno delictivo permite la mejor construcción y aplicación de políticas públicas, así como mayor impacto en sus objetivos. La mejora de las condiciones en materia de seguridad e impunidad permitiría, paralelamente, fortalecer a las comunidades afectadas en términos de desarrollo económico y social.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

Alineación del compromiso con perspectiva de igualdad de género
El compromiso se ha redactado para que cada una de las bases de datos y los indicadores que las conforman permitan visibilizar los efectos de la violencia no sólo en las mujeres, sino otros grupos históricamente vulnerados (indígenas, migrantes, niños, adolescentes, LGBTTI y personas con discapacidad), así como sus múltiples interseccionalidades. Esto con la finalidad de generar políticas públicas incluyentes que visibilicen las causas específicas de la violencia hacia estos grupos históricamente vulnerados pues invisibilizarlas generaría efectos desproporcionados.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo al que pertenece el compromiso
Eje I. Política y gobierno. Cambio de paradigma en seguridad.

Información adicional
Marco normativo que sustenta el compromiso:
• Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
• Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
• Ley Nacional del Registro de Detenciones
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
• Ley de Uso de la Fuerza y Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas
• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
• Ley General de Víctimas y Lineamientos para transmisión de información
• Ley Nacional de Extinción de Dominio
• Ley Nacional de Ejecución Penal
• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

6. Plataforma única y abierta de información de seguridad pública

Objetivo principal

“Conformar una plataforma única, pública e interoperable que concentre, divulgue y transparente información a nivel nacional de calidad sobre seguridad, justicia y paz que incluya mecanismos de participación ciudadana (en el diseño, implementación y evaluación de políticas en la materia) para la mejora de la toma de decisiones y la rendición de cuentas.”

Hitos

En el cuarto plan de acción de México, los compromisos no describen hitos sino “acciones clave” que permitirán alcanzar el/los objetivo/s planteado/s. En este caso, las acciones clave son:

• Grupo de trabajo interinstitucional
• Ruta para mejorar la calidad de la información y la interoperabilidad de los registros existentes.
• Plataforma que concentrará la información
• Ruta de publicación de información de manera proactiva y de priorización de publicación de información mandatada, pero no existente

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de México en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexico_Action-Plan_2019-2021.pdf

Análisis del compromiso

En materia de justicia y cumplimiento de las leyes, uno de los tres ejes principales abordados en este plan de acción, la consulta pública reveló que el segundo tema prioritario para los participantes es la paz y la seguridad pública, ante la percepción generalizada de que el Estado mexicano no cuenta con las capacidades para garantizar la seguridad de la población con un enfoque de derechos humanos.

La seguridad pública es un tema que genera gran preocupación entre los mexicanos. Los resultados de la última Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI indican que para casi el 80 por ciento de la población nacional, la inseguridad y la delincuencia constituyen el problema más apremiante del país. [35] Los niveles de violencia en México se han incrementado a través del tiempo. Los asesinatos, por ejemplo, alcanzaron un total de 34 mil 582, la cifra más alta desde que inició el registro oficial en 1997. [36] La edición de 2019 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo, elaborada cada año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), organización de la sociedad civil mexicana, encuentra que los cinco primeros lugares están ocupados por ciudades mexicanas. [37] La forma más extrema de violencia contra las mujeres, el feminicidio, alcanza en México proporciones alarmantes: se estima que durante los últimos veinticinco años ha habido aproximadamente 35 mil víctimas de este delito y que todos los días entre nueve y diez mujeres son asesinadas en el país. [38]

Durante la etapa de elaboración de árboles de problemas, en la que el Comité Coordinador se reunió con expertos en materia de seguridad, se identificó que la incapacidad del estado se deriva de varios factores, entre los que destaca la falta de información confiable y la ausencia de una participación ciudadana efectiva que presione a la autoridad a dar un tratamiento adecuado a todas las carpetas de investigación. [39]

La primera etapa del proceso de cocreación arrojó cinco propuestas de compromiso que coincidían significativamente en señalar la necesidad de contar con un sistema de información integral sólido y apropiado (actualizado, sistemático, desagregado e interoperable) en materia de seguridad pública, justicia y paz, a fin de facilitar tanto la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas, como la planeación y definición de políticas públicas efectivas. [40]

Durante la segunda etapa de cocreación se definió el compromiso actualmente incluido en el plan de acción, el cual tiene por objetivo asegurar la calidad de la información sobre seguridad, justicia y paz e incluir “un mecanismo de evaluación y participación ciudadana para contribuir a la toma de decisiones, el escrutinio público y la rendición de cuentas”. [41]

Para alcanzar dicho objetivo, el compromiso plantea, en primer término, la formación de un grupo de trabajo interdisciplinario y con participación de la sociedad civil, el cual estará a cargo de realizar un diagnóstico de la información disponible a fin de establecer lineamientos para la configuración de la plataforma integral, así como estándares de calidad y metodologías de interoperabilidad. [42] Este grupo de trabajo también definirá una ruta para la implementación de las recomendaciones derivadas de este diagnóstico. En conjunto con la sociedad civil, el Gobierno diseñará y hará disponible la plataforma donde habrá de verterse la información y definirá una ruta para publicar de manera proactiva tanto la información prioritaria como la mandatada pero que aún no existe.

Este compromiso es relevante frente a los valores de acceso a la información y participación ciudadana al buscar que los datos que permiten dimensionar el fenómeno delictivo en México sean accesibles al público y a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas que buscan incidir en la toma de decisiones en la materia. Abre, además, espacios de participación ciudadana en la definición de metodologías para conformar los registros y la plataforma.

Específicamente, se determinó que la información disponible se encuentra dispersa, que no necesariamente está actualizada y que no hay garantía de interoperabilidad entre las bases de datos existentes. Más aún, las distintas dependencias de gobierno a cargo de la seguridad pública no generan toda la información a la que están obligadas de acuerdo con la normativa vigente. [43] Por último, las metodologías utilizadas para la conformación de las bases de datos existentes se perciben como poco transparentes, lo cual afecta la capacidad de la sociedad civil para verificar la información que se da a conocer y, por ende, mina la confiabilidad del público en el accionar de las autoridades, además de que impide a los tomadores de decisiones plantear políticas públicas sólidas para enfrentar los problemas de seguridad, justicia y violaciones a los derechos humanos. [44]

En términos generales, el compromiso está redactado con claridad. De llevarse a término como lo plantea la hoja de ruta, el compromiso implicaría cambios significativos respecto del statu quo al construir algo que en la actualidad no existe y que sí es muy necesario tanto para el Gobierno como para la ciudadanía. El acceso a la información y la transparencia de ésta son elementos cruciales para permitir a la sociedad dar seguimiento a la actividad del Gobierno en materia de seguridad pública, justicia y paz y exigir cuentas al respecto. El modelo colaborativo que plantea el compromiso es también destacable, especialmente si se logra involucrar a la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso. Por estos motivos y, considerando el contexto mexicano, el compromiso es ambicioso.

El compromiso enfrenta, sin embargo, retos importantes que podrían limitar su impacto potencial. Por una parte, el texto del compromiso plantea que los mecanismos de participación ciudadana que habrán de generarse contribuirán al diseño, implementación y evaluación de políticas en materia de seguridad pública, lo cual no se confirma en las actividades consideradas en la hoja de ruta. La participación ciudadana que ahí se establece está enfocada en el diseño y construcción de la plataforma informativa sobre seguridad pública, justicia y paz. [45] Si bien esto podría llevar a una mayor incidencia ciudadana en el ciclo de políticas, no existe garantía de que eso suceda ni se contemplan mecanismos que maximicen las probabilidades de éxito.

Por otra, no se han dimensionado las necesidades tecnológicas y presupuestarias asociadas con garantizar la limpieza, sistematización, alojamiento e interoperabilidad de las bases de datos existentes y crear las que hacen falta. Además, el compromiso requiere un nivel de coordinación interinstitucional significativo entre entidades independientes, lo cual siempre puede generar retrasos y conflictos. De hecho, el NOSC compartió con la investigadora del IRM que no ha sido posible involucrar a la FGR, cuya participación es esencial por los datos que generan en materia de seguridad pública, en el proceso de implementación de este compromiso. [46]

Por las razones anteriormente expuestas, la valoración de la investigadora del IRM es que el impacto potencial de este compromiso es moderado.

Compromiso 6. Plataforma única y abierta de información de seguridad pública

• Verificable: Sí
• ¿Tiene una visión de gobierno abierto? Sí, acceso a la información y participación ciudadana
• Potencial para obtener resultados: Moderado

● Cumplimiento: Limitado

● ¿Abrió el Gobierno? Aún no hay resultados tempranos para reportar

La seguridad pública es un tema que genera gran preocupación a los mejicanos. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de septiembre de 2022, indican que el 64,4% de la población mayor de 18 años considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro [79]. La problemática principal que buscaba abordar el compromiso era la ausencia de sistemas de información actualizada y centralizada que permitieran el monitoreo de eventos delictivos a través de la creación de una plataforma única, pública e interoperable, la cual fuera diseñada e implementada con mecanismos de participación ciudadana [80].

A pesar de su importancia y relevancia, el cumplimiento alcanzado fue limitado. Se realizaron las acciones de conformación del grupo de trabajo y la identificación inicial de información disponible en seguridad pública. El compromiso no posee resultados tempranos con incidencia para reportar. La sociedad civil y agencias gubernamentales consultadas resaltan como uno de los principales obstáculos la no participación de la Fiscalía General de la República (FGR) [81], la cual tiene potestad sobre un gran número de registros y datos necesitados para el cumplimiento efectivo del compromiso [82]. Se reconoce además que la pandemia pausó el compromiso, aunque este se reanudó de forma virtual en el verano de 2020 para consensuar y presentar cambios a su hoja de ruta. En diciembre 2020 se evidenció la última reunión, no existiendo evidencias de nuevos avances en el compromiso [83]. Las OSC encuestadas resaltan que luego de las etapas iniciales hubo baja disposición por las entidades públicas en los trabajos pautados para el compromiso [84]. Las entidades públicas a su vez mencionan que hubo limitantes legales de confidencialidad de la información, falta de participación de otros actores públicos relevantes, y el planteamiento de metas no alcanzables [85], aunque el compromiso sí permitió identificar conjuntos de datos, existentes y faltantes, que deben ser liberados [86] para la elaboración de la plataforma propuesta. La plataforma no se materializó.