Mechanisms Against Misuse of Funds (PA0010)

Detectar los vacíos legales que permite a los servidores públicos no habilitados manejar fondos del Estado. Crear mecanismos que no permitan la asignación y utilización de fondos del Estado por parte de servidores públicos y generar los controles respectivos.

Compromiso 5. Mecanismos y controles para fondos del Estado

Texto del compromiso:

Detectar los vacíos legales que permiten a los servidores públicos no habilitados manejar fondos del Estado.

Hitos:

1.1. Crear una comisión compuesta por ANTAI, CGR, MEF, Secretaría Nacional de Descentralización y representantes de la sociedad civil.

1.2. Reuniones de la comisión para identificar los vacíos legales.

1.3 Presentar propuestas para ser tomadas en cuenta en la ley que aprueba el presupuesto para el año fiscal 2016.

1.4 Presentación de propuestas.

Institución responsable: Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Secretaría Nacional de Descentralización.

Institución (es) de apoyo: NA

Fecha de inicio: julio de 2015 Fecha final: diciembre de 2016

Objetivo del compromiso

Este compromiso lo propusieron miembros de la sociedad civil con el objetivo de evitar que funcionarios públicos pudieran utilizar fondos del Estado sin estar autorizados para ello.

Para ello se pretendía detectar vacíos legales que facilitaran tales acciones y solventarlos mediante propuestas de nueva normativa y sugerencias para tenerlas en consideración a la hora de aprobar los presupuestos nacionales. Estas propuestas saldrían de una Comisión integrada por representantes de varias instituciones públicas[Note43: La propuesta indicaba que del sector público la integrarían el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional de transparencia y Acceso a la información (ANTAI) y la Secretaría Nacional de Descentralización] y organizaciones de la sociedad civil, y se compartirían con las instancias correspondientes para generar controles e informar del proceso de aprobación del presupuesto nacional.

La iniciativa surgió después de que algunos diputados del partido anteriormente en el Gobierno accedieran a fondos públicos a través de contratos manejados por las juntas comunales y del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que según una auditoría del Tribunal Electoral[Note44: José González Pinilla, “Carlos ´Tito´ Afú manejó $4 millones, según auditoría del Tribunal Electoral”, La Prensa, 8 de septiembre de 2014.], habrían utilizado con fines políticos durante la campaña electoral del 2014 sin que por ello se les hubiese sancionado[Note45: Gustavo Aparicio, “Delitos de diputados electos quedarían impunes”, La Prensa, 16 de agosto de 2016.].

Cumplimiento

Medio término: No Iniciado

Al concluir el primer año de implementación, en junio de 2016, no se habían tomado aún acciones para su implementación.

Fin de término: Completo

La Comisión propuesta en el primer hito del compromiso, compuesta por ANTAI, la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Descentralización y representantes de la sociedad civil, quedó conformada por parte de las instituciones del Gobierno en mayo de 2016, cuando se confirmó la participación de la Secretaría Nacional de Descentralización.

Sin embargo, se reunió y concluyó su conformación hasta el 24 de agosto de 2016[Note46: El correo de convocatoria para la conformación de la Comisión y el acta de reunión se encuentran disponibles en archivo de Google Drive.], en parte debido a atrasos en la selección de las personas que representarían a la sociedad civil.

El MEF trabajó por su cuenta durante la segunda mitad del 2015 en una serie de propuestas e iniciativas para cumplir con los objetivos del compromiso, entre las que destacan:

· Modificación de la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 2015 (Ley 36 de 2 de diciembre de 2015[Note47: http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/presupuestoNacion/Documents/pre_2015_ley.pdf]); específicamente los artículos 284 y 285.

· Emisión de un decreto ejecutivo[Note48: Decreto Ejecutivo N.° 321 de 13 de julio de 2015.] que reglamenta el procedimiento a seguir en el trámite de modificaciones al Presupuesto General del Estado, mediante los traslados de partidas que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación.

La reunión de agosto fue la única ocasión en que la Comisión sesionó. Durante el encuentro, el MEF presentó las iniciativas implementadas y algunas otras en las que se encontraba trabajando:

· Establecimiento de un procedimiento por el que el representante legal de las Juntas Comunales debe enviar una solicitud a la institución sustentando el traslado entre partidas.

· Modificación del decreto 321 y la ley 29, ambos del 2015, para definir quién es el responsable de los traslados de las partidas.

· Inclusión de mecanismos de rendición de cuentas en la Ley de Descentralización (#37) de enero de 2016 para que los consejos municipales y judiciales realicen consultas ciudadanas e informen cómo están administrando los recursos públicos.

· Establecimiento, como requisito, del aval de la Contraloría General de la República para hacer los desembolsos de recursos que se hacen a los municipios.

Durante la reunión de agosto también se definieron otros requisitos sobre el funcionamiento de las Juntas de Desarrollo con el objetivo de que funcionen como salvaguardas de la buena administración que hagan de los recursos de que disponen. Entre ellas está el deber de escoger un representante por cada comunidad para que participe en los consejos municipales con derecho a voz y voto, que una persona de cada distrito deba asistir al consejo de distrito y que las Juntas de Desarrollo locales estén en las comunidades.

La Secretaría Nacional de Descentralización, por su parte, expuso el trabajo hecho para reglamentar la Ley 66 de 29 de octubre del 2015, por la que se creó esta Secretaría. La Comisión se propuso elaborar observaciones para incluirlas en la reglamentación de dicha ley, que establece las directrices para el manejo de fondos públicos por parte de los gobiernos locales.

Estas propuestas se le presentaron formalmente a la Secretaría de Descentralización el 2 de septiembre de 2016[Note49: Carta firmada por Angélica Martín dirigida a Ericka González, acusada de recibida el 5 de septiembre de 2016.]. Incluyeron una propuesta de mecanismo de veedurías ciudadanas para fomentar la participación en la formulación y el seguimiento de proyectos desarrollados por los consejos de desarrollo local de las comunidades, los principios rectores para la selección de veedores ciudadanos por parte de las Juntas Comunales y Provinciales, algunos criterios sobre el perfil que deberían cumplir los candidatos, cuáles deberían ser sus responsabilidades y una propuesta de metodología para su selección. También se incluyeron los requisitos mínimos con los que, desde la perspectiva de la Comisión, deberían cumplir las consultas ciudadanas que deberán hacer las Juntas.

De acuerdo con Leah Cedeño[Note50: Entervista realizada por el investigador IRM el 14 de abril de 2018, Ciudad de Panamá.], directora de Movimiento Independiente (MOVIN), ¨los organismos de la sociedad civil hicimos un gran énfasis en la propuesta legislativa para que se garantizara la participación ciudadana en la gestión de fondos de la Descentralización, incluyendo el desarrollo de presupuestos participativos y la rendición de cuentas¨.

Con estas acciones se completaron las acciones propuestas por el compromiso.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Participación ciudadana: Marginalmente

A pesar de que la Comisión no fue la encargada de realizar la investigación, el diagnóstico y las propuestas de todas las reformas, como se había contemplado inicialmente, constituyó un foro que permitió la participación de la sociedad civil en varias de las reformas que se plantearon a raíz del cumplimiento del compromiso.

Si bien no todas las propuestas de cambios normativas y de nueva reglamentación surgieron de la Comisión, pues una parte importante se hizo en el seno del MEF, las que sí surgieron de este foro contaron con los aportes de los representantes de la sociedad civil que la integraron. Esto concede al compromiso el aporte de haber ayudado a crear un espacio de participación efectiva, que antes no existía y que ayudó a presentar aportes relevantes en el fortalecimiento de la normativa contra la corrupción.

El hecho de que la Comisión se reuniera una única vez y que se hubiese creado exclusivamente para el cumplimiento de este compromiso le resta trascendencia al impacto que este foro de participación podría haber tenido en el tiempo.

Sobre la normativa modificada y planteada por el compromiso, es indispensable dar un plazo mayor para poder hacer un análisis adecuado sobre el impacto que podrá tener en la actuación habitual del Gobierno y los aportes que realizará para mejorar su apertura.

Adicionalmente, dando seguimiento a una de las propuesta normativas adoptadas en el marco de este compromiso, MOVIN llevó a cabo una serie de capacitaciones para líderes comunitarios de varias zonas del país, sobre las oportunidades de participación que les otorga la Ley de descentralización. La preparación impartida también buscó empoderarles en su rol de veedores, ayudarles a supervisar que los fondos de los municipios se usaran en proyectos que realmente beneficiarían a los ciudadanos y cómo desarrollar presupuestos participativos. De acuerdo con MOVIN se capacitaron más de 200 líderes comunitarios en cerca de 10 municipios del país, incluyendo las comarcas indígenas.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Este compromiso no se incluyó en el plan 2017-2019.