Meritocracy (PA0016)

Regular la designación que realiza el Órgano Ejecutivo, a fin de que se establezca un proceso de escrutinio público a los posibles seleccionados y sean estas opciones entre los candidatos que cuenten con el beneplácito de la sociedad panameña para la futura escogencia.Desarrollar y aplicar mecanismos de regulación y autorregulación en el nombramiento de funcionarios de alta jerarquía.

Compromiso 11. Mecanismos participativos de escogencia de magistrados, procuradores y fiscales administrativos

Texto del compromiso:

Elaborar propuesta para establecer mecanismos participativos de escogencia de magistrados, procuradores, magistrados y fiscales administrativos.

Desarrollar y aplicar mecanismos de regulación y autorregulación en el nombramiento de funcionarios de alta jerarquía.

Hitos:

11.1 Elaboración de una propuesta en la mesa de trabajo de AGA (representantes de la sociedad civil y ANTAI) sobre el mecanismo de escogencia.

11.2 Entregar la propuesta al Consejo de Gabinete para su discusión.

11.3 Elaboración de una nueva propuesta en la mesa de trabajo de AGA (representantes de la sociedad civil y ANTAI) para elevarla a ley.

11.4 Entregar la propuesta al Consejo de Gabinete para su debida discusión.

Institución responsable: Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y Ministerio de la Presidencia.

Institución (es) de apoyo: N/A

Fecha de inicio: julio de 2015 Fecha final: noviembre de 2015

Objetivo del compromiso

El objetivo de este compromiso radicó en incluir a la sociedad civil en los procesos de selección de las personas que ocupan varios puestos de alto perfil dentro del Órgano Judicial: los de magistrados, procuradores y fiscales administrativos.

En Panamá los mecanismos participativos para la selección de magistrados y los fiscales administrativos de la Corte Suprema de Justicia se elaboran anualmente; sin embargo, estos los regula el Ejecutivo y la decisión final es siempre del Consejo de Gabinete.

Desde la perspectiva de los miembros de la sociedad civil[Note80: Karla Pinder (Alianza Ciudadana Pro Justicia), entrevistada por la investigadora del MRI el 15 de agosto de 2016.], el proceso para escoger quiénes ocuparán estos cargos concede un alto margen de discrecionalidad al Órgano Ejecutivo, pues constitucionalmente es el Consejo de Gabinete la entidad responsable de la selección de estos cargos.

Esto permite que en ocasiones se designe a personas sin las competencias necesarias para un buen desempeño, por lo que se hace necesario crear un proceso que permita el escrutinio público de estas asignaciones.

El proceso se había cambiado anteriormente para incluir la participación ciudadana; sin embargo, esta se eliminó en la administración 2009 - 2014 y el nuevo mecanismo de selección se mantuvo vigente después del 2015.

Para lograr el objetivo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y representantes de la sociedad civil que participan en la mesa de trabajo de gobierno abierto elaborarían una propuesta sobre el mecanismo de escogencia que entregarían al Consejo de Gabinete y que serviría como base para posteriormente elaborar una propuesta de proyecto de ley para darle ese rango legal al nuevo mecanismo.

Cumplimiento

Medio término: No Iniciado

De acuerdo con el Informe de Medio Término, en junio de 2017 no se había iniciado el trabajo de la propuesta del nuevo mecanismo para escoger magistrados, procuradores y fiscales administrativos.

De acuerdo con Aida Martínez, asesora legal de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la ANTAI, en reiteradas ocasiones les solicitó a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, a Alianza Ciudadana Pro Justicia y la fundación Generación Sin Límite el envío de las propuestas que habían realizado en el marco de la escogencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2015.

El objetivo era discutirlas en la mesa de trabajo de Gobierno Abierto y usarlas como base para la propuesta del mecanismo de escogencia que ser haría al Órgano Ejecutivo, y así cumplir con los primeros dos hitos del compromiso. Sin embargo, la información no había sido remitida al momento de redactar el Informe de Medio Término.

Los miembros de la sociedad civil entrevistados[Note81: Karla Pinder (Alianza Ciudadana Pro Justicia), entrevistada por la investigadora del MRI para el informe de Medio Término, el 15 de agosto de 2016, y Annette Planells (MOVIN), entrevistada por la investigadora del MRI el 17 de agosto de 2016], por su parte, afirmaron no conocer los avances hechos con relación a este compromiso e indicaron que no fueron convocados para trabajar propuestas sobre alternativas para la elección de los puestos.

Fin de término: No Iniciado

Durante su segundo año de implementación no se realizaron nuevas acciones, por lo que el panorama se mantuvo igual al descrito por el Informe de Medio Término.

No obstante, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, Movimiento Independiente (MOVIN) elaboró por su cuenta una propuesta metodológica para la selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que propusieron ante el Pacto de Estado por la Justicia. Esta incluía la realización de entrevistas, pruebas psicométricas y elaboración de perfiles por parte de un panel de evaluadores.

Sin embargo, esta se elaboró fuera del marco del plan de acción y no se discutió dentro de la mesa de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en Panamá, por lo que no se consideró como parte de las iniciativas realizadas para implementar el compromiso. ANTAI conocía de este trabajo iniciado por las organizaciones de la sociedad civil desde antes de elaborar el plan de acción, pero no formó parte de él.

De acuerdo con Leah Cedeño, directora de MOVIN, desarrollaron su propuesta como parte de los esfuerzos que realizan bajo su eje de institucionalidad. “No hubo una razón particular, para no hacerlo dentro del marco de la AGA. El Presidente se había comprometido a utilizar el Pacto de Estado por la Justicia[Note82: El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso asumido en Panamá el año 2005 por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño para hacerlo más independiente, transparente y eficiente (Procuraduría de la Administración, Ministerio Público, 2016).] -que incluye la participación de sociedad civil y la elaboración de perfiles de candidatos- como vehículo transparente para la escogencia de magistrados. MOVIN presentó una metodología internacional para medir y establecer perfiles, junto con pruebas psicométricas, y desarrollo de casos que buscan medir los criterios de integridad, ética y transparencia entre otras cosas. Es parte de los ejes de trabajo de MOVIN y por eso lo facilitamos como insumo”, expresó.[Note83: Entrevista realizada por el investigador MRI de Fin de Término el 14 de abril de 2018.]

Desde la perspectiva de ANTAI es poco probable que la Asamblea Nacional actual apruebe las reformas planteadas desde la sociedad civil, pues no existe el ambiente y priorización para hacerlo.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Participación ciudadana: No cambió

Al no haberse iniciado la implementación de este compromiso dos años después de haberse lanzado el plan de acción, no hay cambios en prácticas gubernamentales que reportar.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Este compromiso no se incluyó en el plan de acción 2017-2019.