AIP Law and Principles of Open Government (PY0025)

Problema: La Ley de Acceso a la Información Pública de Paraguay entró en vigencia en setiembre de 2015. Este hecho, si bien es un gran avance, no garantiza de por sí el acceso a la información ya que los actores de la sociedad civil y las personas en general no conocen este derecho y no existe una tradición de solicitar información al Estado. La realidad actual es que las personas aún no acceden a la información que necesitan para hacer valer sus derechos y para monitorear al sector público, en parte por falta de disponibilidad de la información y en parte por desconocimiento de los mecanismos existentes. Igualmente los principios de Gobierno Abierto necesitan de una mayor apropiación por parte de los actores. Objetivo principal: Lograr el empoderamiento ciudadano y de actores claves de la sociedad civil por medio de la promoción, difusión y ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP), contribuyendo a la aplicación progresiva de la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” y a la participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia mediante el fomento del Gobierno Abierto. Realizar actividades que fomenten, difundan y faciliten el ejercicio del derecho de AIP, la Ley de AIP y el Gobierno Abierto con sociedad civil y funcionarios públicos.

✪ Compromiso 1. Mayor nivel de apropiación de la Ley de AIP y de los principios de gobierno abierto para mejor calidad de vida.

Texto del Compromiso:

Realizar actividades que fomenten, difundan y faciliten el ejercicio del derecho de AIP, la Ley de AIP y el gobierno abierto con sociedad civil y funcionarios públicos.

Hitos:

1. 1 Consultorio Jurídico creado dentro de la cátedra de AIP de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción para realizar y dar seguimiento a casos prácticos de solicitudes de información pública, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
2. 30 instituciones del Poder Ejecutivo se adecuan al 100% con los requisitos establecidos en el Artículo 8 de la Ley AIP de información mínima disponible, utilizando el sistema estandarizado de transparencia activa desarrollado por SENAC; y además, vinculado al Portal único de AIP.
3. 1 instancia de mediación administrativa pre-judicial creada en la Dirección de AIP, en coordinación con los mediadores de Casas de Justicia del MJ.
4. 1 concurso de propuestas de difusión dirigido a la ciudadanía para fortalecer la relación entre la agenda de Gobierno Abierto y el mejoramiento de calidad de vida. Una propuesta ganadora implementada.
5. 50 municipios adecuan sus páginas web con el apoyo de SENATICS para cumplir con los requisitos de información mínima disponible, según lo establecido en el Art. 8º de la Ley AIP; y además, se adhieren al Portal único de AIP.
6. 1000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, 50 periodistas y 300 funcionarios capacitados en AIP en al menos 15 eventos.
7. 500 personas capacitadas (sociedad civil y funcionarios públicos) a través de Cursos Cortos de Gobierno Abierto.
8. 1 campaña de sensibilización realizada sobre el derecho de AIP con soporte técnico y difusión de SICOM y OSC y materiales de capacitación y sensibilización disponibles en formato amigable en sitio web de la Dirección de AIP.
9. Ejemplares de Gaceta y de todos los Decretos firmados de los periodos anteriores disponibles en las webs http://www.gacetaoficial. Gov.py y http://www.presidencia.gov.py, respectivamente.
10. Información actualizada trimestralmente sobre la gestión de la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con discapacidad y con mecanismo de interacción con la ciudadanía.

Institución(es) responsable(s):Ministerio de Justicia (MJ)

Institución(es) de apoyo:Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS), Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), Universidad Nacional de Asunción, Red de Transparencia y Anticorrupción, Jefaturas TIC de los municipios afectados, Secretaría Nacional de la Juventud, Secretaría de Información y Comunicación

Fecha de inicio:   2^o semestre 2016                               Fecha de cierre: 1^er semestre 2018

Nota editorial: Este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, tiene impacto potencial transformador y fue sustantiva o completamente implementado.

Objetivo del compromiso

A través de este compromiso, el gobierno buscó aumentar el conocimiento del derecho de acceso a la información pública por parte de distintos sectores ciudadanos e impulsar el uso de los recursos de la Ley N° 5282 “De acceso a la información pública y transparencia gubernamental”, promulgada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. Para ese fin, se impulsaría la capacitación de funcionarios públicos y la inclusión de estándares de transparencia a nivel local en articulación con el Ejecutivo.

Por otro lado, el compromiso buscaba promover estrategias para fomentar el uso de la información pública por parte de la ciudadanía, incluyendo la creación de un Consultorio Jurídico especializado en la Universidad Nacional de Asunción, un concurso de innovaciones para fortalecer la agenda de gobierno abierto y un proyecto de creación de una instancia de mediación de conflictos.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

Luego del primer año de implementación, el compromiso se encontraba a tiempo con un nivel de avance sustancial. Se avanzó en la creación del consultorio jurídico de acceso a información pública, el cual inició funciones en septiembre de 2017, durante el segundo año de implementación.

Por otro lado, 17 de 30 instituciones del Gobierno se incorporaron al sistema estandarizado de transparencia y 78 municipios adecuaron información a los requisitos de ley. En cuanto a las propuestas de difusión de acceso a información pública, en julio de 2017 se llevó a cabo una jornada del DataBootCamp, un espacio para capacitar a la ciudadanía en los diversos recursos disponibles en el tema.

Más información sobre estas actividades está disponible en el informe de avance 2016-2017 del Mecanismo de Revisión Independiente.

Fin de término: Sustancial

En septiembre de 2017, entró en funcionamiento la Clínica Jurídica que funciona en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. [1] Su propósito principal es propiciar un espacio de interacción de la academia con la comunidad a través de un servicio social gratuito de asesoramiento y procuración ante tribunales, para casos en que los ciudadanos precisen recurrir a la Justicia en busca del cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en la Ley No. 5282/14 “De acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. [2]

El proyecto de implementación de la Clínica se diseñó con base en 5 etapas: 1) Convocatoria, capacitación y selección de estudiantes; 2) Apertura pública de la Clínica y difusión de los servicios; 3) Selección de casos iniciales; 4) Asesoramiento, tramitación y procuración de casos en tribunales; 5) Cierre de actividades con informe final. Para ello se seleccionaron a 6 estudiantes que se suman a los 10 del año anterior, quienes se reúnen semanalmente con los tutores para la identificación de los casos y la metodología de abordaje.

Una vez seleccionados los casos de solicitudes de información realizadas en el marco de la ley 5282/14, se capacitará a cada alumno en el seguimiento a las solicitudes, la preparación de una fundamentación conceptual, lógica y normativa para sustentar el pedido de acceso y, en caso de ser rechazadas o no atendidas, la presentación de escritos de amparo.

Fuera del período de evaluación de este informe, el Consultorio Jurídico ha realizado actividades de difusión entre las que destaca el Seminario sobre “Acceso a la información pública y participación ciudadana”, realizado el 22 de agosto de 2018 en la Universidad Nacional de Asunción.

Con relación a la meta 2, los investigadores del MRI pudieron verificar que el Portal Unificado de Información Pública muestra la información requerida por el artículo 8 de la Ley AIP ^[3] para más de 30 instituciones del Gobierno, cumpliéndose así lo establecido en el plan de acción. ^[4]

Sobre la creación de una instancia administrativa prejudicial en la Dirección de AIP del Ministerio de Justicia, la evidencia presentada por el Gobierno hace constar la creación del Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Si bien este podría actuar como instancia administrativa prejudicial, funciona en la sede de la Facultad de Derecho de la UNA y es dependiente de la cátedra de Acceso a la Información.

Por tanto, los investigadores del MRI consideran que este hito no puede considerarse cumplido, debido a que dicha instancia no se encuentra bajo la gestión de la Dirección de AIP del Ministerio de Justicia como se menciona en el compromiso.

Al respecto del concurso de propuestas para difusión del derecho de AIP dirigido a la ciudadanía (meta 4), en julio de 2017 se llevó a cabo la cuarta edición de #InnovandoPY Hackaton 2017. La actividad abordó dos categorías: código abierto y datos abiertos de políticas públicas, siendo seleccionadas cuatro propuestas ganadoras. ^[5] Como parte del relevamiento de evidencias, el equipo del MRI conversó con Marcelo Elizeche, responsable de una de las propuestas ganadoras en la categoría Código Abierto, “DROP TABLE USUARIO”. Elizeche indicó a los investigadores que, como parte de las actividades posteriores al concurso, se realizaron dos capacitaciones sobre la propuesta a funcionarios de la STP, una realizada en fecha 4 de setiembre y la siguiente el día 20 de setiembre de 2017. Sin embargo, Elizeche manifestó que no cree que la propuesta se implemente por la STP, principalmente por la falta de recursos económicos y humanos. Más allá de lo expuesto por este referente, la evidencia revisada por los investigadores del MRI no permite determinar si alguna de las propuestas ganadoras fue implementada como se establecía en el plan.

Para la adecuación de 50 páginas web municipales (meta 5), fue creado el  Portal http://www.municipios.gov.py/municipios/. A través de su revisión, se pudo observar que se ha estandarizado la interfaz para los portales, aunque está pendiente en algunos casos la publicación de información en algunas de las categorías. ^[6]

Sobre la capacitación en AIP a públicos específicos: jóvenes, periodistas y funcionarios públicos, el informe de autoevaluación del Gobierno da cuenta de que 471 personas participaron en 11 cursos sobre gobierno abierto, sus principios y herramientas principales. ^[7] El ciclo de cursos se desarrolló con el apoyo del Programa Democracia y Gobernabilidad de USAID/PARAGUAY y organizado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO.

Para la campaña de sensibilización sobre el derecho de acceso a información pública, el Ministerio de Justicia llevó a cabo más de 50 eventos, aunque en algunos casos la participación fue limitada, tal como se verificó por medio de las listas de asistencia. ^[8]

Los investigadores verificaron que en el caso de la meta 9 sobre la publicación de los ejemplares de la gaceta y los decretos de períodos pasados, el portal oficial muestra las gacetas y decretos publicados desde 1995, al igual que una lista para su uso y propósito. ^[9]

Por último, en el caso del monitoreo ciudadano a la información de la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS), se pudo verificar que las actas de reuniones se encuentran disponibles en el sitio web ^[10]; sin embargo, no se encontró información sobre el mecanismo de interacción con la ciudadanía o de otros medios de publicación de datos que fuesen accesibles a personas con discapacidad, como se menciona en el compromiso.

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente

Participación ciudadana: Marginalmente

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 5282, su implementación se ha enfrentado al incumplimiento de instituciones del Poder Ejecutivo y municipalidades que se resisten a brindar información pública. Por otro lado, según el Gobierno la ciudadanía ha mostrado poco interés en hacer uso de las herramientas que en ella se establecen para el acceso a la información.

Ante lo anterior, el Gobierno propuso este compromiso para estandarizar información presentada en sitios web públicos – a nivel nacional y local – según los requisitos de ley. Asimismo, impulsó una serie de actividades de capacitación y sensibilización sobre dichas herramientas, acompañadas por la creación de un espacio para brindar asesoría a los ciudadanos para su aplicación.

Luego de la implementación del compromiso, se logró la estandarización de 50 páginas web municipales y la centralización de información sobre 30 instituciones de gobierno. En estas últimas se incluyen los tres Poderes del Estado y órganos Extra Poder. De esta forma se da cumplimiento a la creación del mecanismo estandarizado de transparencia activa o “Portal de Transparencia”, ^[11] vinculado al Portal Unificado de Solicitudes de Acceso a la información pública.

Por otro lado, el Gobierno realizó las jornadas de capacitación y sensibilización a través de cursos y eventos alrededor del país. Los eventos realizados fuera del programa de USAID lograron bajos niveles de convocatoria, como fue verificado por los investigadores.

En tal sentido, los investigadores del MRI consideran que el avance en materia de acceso a información ha sido marginal. Para el caso de la estandarización y publicación de información, las actividades del compromiso dan cumplimiento a lo establecido dentro de la ley, sin que se identifique claramente el valor agregado del proceso, más allá de haber incluido la participación a nivel municipal.

Por otra parte, si bien el compromiso buscaba promover la apropiación ciudadana de las herramientas de acceso a información pública, sus actividades limitaron los espacios de participación de los ciudadanos a los cursos y eventos de sensibilización, en los que el ciudadano continúa siendo un sujeto pasivo. El Consultorio Jurídico – considerado por el Gobierno la instancia de mediación administrativa pre-judicial – presenta importantes avances en su establecimiento y funcionamiento, pero todavía no está del todo listo para atender a la ciudadanía. El cumplimiento de esta actividad habría sido clave para considerar un avance en la práctica de gobierno relacionada a la participación ciudadana en esta área de política pública.

De igual forma, el mecanismo de participación en temas relativos a personas con discapacidad no fue desarrollado y en el caso del hacktaton, además de no haberse desarrollado la iniciativa ganadora, los investigadores del MRI consideran que la participación se limita a ciudadanos con conocimientos especializados.

En este sentido, tal como recomendaron los investigadores del MRI en el informe de avances, para mejorar la participación ciudadana podría considerarse la incorporación de la figura de veeduría a los procesos de evaluación de la aplicación de la ley y su difusión. Es importante, además, que se mejoren los espacios de incidencia en la toma de decisiones, especialmente en temas de relevancia para la calidad de vida de los ciudadanos, como el caso de las personas con discapacidad.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El cuarto plan de acción de Paraguay (2018-2020) incluye cuatro compromisos liderados por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, contemplan otros objetivos y metas diferentes a las aquí planteadas. No incluye, por ejemplo, la creación de la instancia de mediación administrativa pre-judicial en la Dirección de AIP, hito que no fue completado en la implementación de este plan.