Let Citizens Program (PY0053)

Programa Seamos Ciudadanos
Actor responsable de la implementación
Ministerio del Interior
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
La evolución de los delitos de forma desagregada a nivel geográfico, muestra una concentración de los mismos en Asunción y Departamento Central. En estos lugares reside el 41% de la población del país y según los registros policiales se concentran el 50% de los delitos, y el 60% de los robos.
¿Cuál es el compromiso?
El compromiso consiste en la promoción de la participación ciudadana en la implementación de planes de prevención del delito. Para el efecto se plantea la constitución de espacios interactivos para la discusión de problemáticas. Además, la construcción participativa del mapa local del delito y la violencia, y el desarrollo de proyectos pertinentes acorde a las necesidades de la comunidad en cinco territorios, dando énfasis a recursos vinculados a la prevención social y situacional.
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Ante los problemas indicados, los desafíos que se imponen en un principio son: i) Obtener la articulación entre sectores (estatal, comunitario y productivo); ii) Alcanzar la movilización de recursos alternativos a los de las agencias tradicionales del sistema penal punitivo represivo; iii) Crear espacios adecuados para los jóvenes en situación de vulnerabilidad social; y iv) Garantizar la sustentabilidad de las acciones impulsadas.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
El compromiso apunta a la realización de diagnósticos participativos desarrollados a partir de información delictiva generada por distintas fuentes, promoviendo el trabajo participativo y coordinado. De modo a garantizar el cumplimiento de los estándares de Gobierno Abierto, se apuntará a contar con el acompañamiento permanente de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio del Interior, especialmente en aquellas actividades relacionadas al acceso a la información, la rendición de cuentas y la realización de denuncias por parte de la ciudadanía.
Información adicional
Los recursos para la asistencia técnica se encuentran incorporados en el Programa de Administración del Ministerio del Interior. Eventualmente se podrá contar con recursos previstos en el presupuesto del Programa de Gestión Integrada en Seguridad Ciudadana. En virtud de acuerdos marco interinstitucionales suscritos, se podrá disponer recursos de los municipios. Se buscará gestionar los recursos previstos en la Ley N° 5876/2017, “De Administración de Bienes Incautados y Comisados”, (Art. 46).

Vinculación con planes de desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo: El Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo es “Reducción de Pobreza y Desarrollo Social”; entre sus líneas de acción, es pertinente destacar dos: “Intervenir en las condiciones sociales y ambientales que explican la ocurrencia de delitos y/o la sensación de inseguridad e “Incrementar y mejorar la información sobre la dinámica del delito, la percepción de inseguridad, los factores y causas implicadas, y la eficacia de los distintos organismos de control comprometidos.”
Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC). Eje 2 “Prevención Social y Situacional” y Eje 6 “Gestión Institucional”
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Se encuentra asociado al Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Las principales actividades se encontrarán orientadas por el Manual de Prevención del Delito
Información de contacto
Liliana Díaz, Director General Transparencia y Anticorrupción, lilidiazgaray@gmail.com, +595214152062
Director General de Enlaces: Raúl Aquino, +595985822048
+595214152259
Otros actores del Estado involucrados
Se aspira a articular el trabajo de instancias tales como: Policía Nacional; Ministerio de la Mujer (MINMUJER); Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA); Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS); gobiernos locales y sociedad civil. Se considera la integración incluso del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Se reconocen como actores clave a las organizaciones locales, las escuelas, las unidades de salud familiar y las comisarías.

Hitos Fecha de inicio
Fecha de término
Priorización de territorios conforme a criterios estadísticos (incidencia delictiva) y de gobernabilidad Julio de 2018 Agosto de 2018
Organización de cinco mesas comunitarias de seguridad ciudadana y capacitación de sus integrantes Agosto de 2018 Octubre de 2018
Diagnóstico participativo local en cinco comunidades Octubre de 2018 Febrero de 2019
Diseño de cinco programas de intervención en la comunidad de manera participativa Febrero de 2019 Mayo de 2019
Implementación de Programas de intervención en cinco comunidades Mayo de 2019 Mayo de 2020
Evaluación participativa de programas de intervención Mayo de 2020 Junio de 2020

Será diseñado un plan de monitoreo y de evaluación participativa periódica que incluirá los siguientes indicadores:
a) Número de casos de VIF denunciados ante las distintas instancias.
b) Número de casos de perturbación de la paz pública denunciados ante las distintas instancias.
c) Número de casos de robo denunciados ante la Policía Nacional.
d) Número de casos de consumo de estupefacientes según registros de la Policía Nacional y la SENAD.
e) Número de actividades realizadas.
La línea de base de los indicadores seleccionados será realizada al momento de priorizar los territorios, conforme lo señalado en la planificación de actividades
El informe de avance de la implementación será publicado en la web del Ministerio.

19. Programa Seamos Ciudadanos

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

El compromiso consiste en la promoción de la participación ciudadana en la implementación de planes de prevención del delito. Para el efecto se plantea la constitución de espacios interactivos para la discusión de problemáticas. Además, la construcción participativa del mapa local del delito y la violencia, y el desarrollo de proyectos pertinentes acorde a las necesidades de la comunidad en cinco territorios, dando énfasis a recursos vinculados a la prevención social y situacional.

Metas:

• Priorización de territorios conforme a criterios estadísticos (incidencia delictiva) y de gobernabilidad.
• Organización de cinco mesas comunitarias de seguridad ciudadana y capacitación de sus integrantes.
• Diagnóstico participativo local en cinco comunidades.
• Diseño de cinco programas de intervención en la comunidad de manera participativa
• Implementación de Programas de intervención en cinco comunidades
• Evaluación participativa de programas de intervención
• Plan de monitoreo y de evaluación participativa periódica que incluirá los siguientes indicadores:
  • Número de casos de VIF denunciados ante las distintas instancias.
  • Número de casos de perturbación de la paz pública denunciados ante las distintas instancias.
  • Número de casos de robo denunciados ante la Policía Nacional.
  • Número de casos de consumo de estupefacientes según registros de la Policía Nacional y la SENAD.
  • Número de actividades realizadas.

Fecha de inicio: Julio 2018 Fecha de término: Junio 2020

Para ver el texto completo del compromiso, por favor visitar: https://www.opengovpartnership.org/documents/paraguay-action-plan-2018-2020/

Contexto y objetivos

El diagnostico presentado por el Ministerio del Interior del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo en la “Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2016” indicó que la inseguridad en el país es causada por un conjunto de factores estructurales, como altos niveles de violencia intrafamiliar [159] y la incidencia creciente de la problemática de las adicciones y el narcotráfico [160], entre otros. Al respecto, el plan de acción señala que en Asunción y Distrito Central reside el 41% de la población del país y según los registros policiales se concentran el 50% de los delitos, y el 60% de los robos [161].

Asimismo, según la organización Insight Crime, Paraguay es una ruta importante para el narcotráfico. Este hecho hace al país una zona donde opera el crimen organizado local, así como organizaciones y redes criminales extranjeras [162]. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior [163], en 2018 se registraron un total de 497 homicidios dolosos. En el departamento de Asunción y Departamento Central se registraron 33 y 48 víctimas respectivamente, mientras que en el departamento de Amambay se registraron 116 víctimas, seguidas del Alto Paraná con 69 víctimas identificadas.

Dada esta problemática compleja, este compromiso apunta a promover la participación activa de la ciudadanía en la construcción y realización de diagnósticos y procesos de intervención comunitaria para la prevención del delito, inicialmente en cinco comunidades del país. De igual manera, el compromiso dispone el diseño de un plan de monitoreo y evaluación participativa con cinco indicadores basados en la cantidad de casos denunciados y registrados por las autoridades. En esta medida, se propone como primera actividad la priorización de territorios conforme a criterios estadísticos como la incidencia delictiva y la gobernabilidad. Esta actividad es importante dado que Paraguay está compuesto por 19 departamentos, en los cuales se registran cifras diferentes de denuncias y víctimas. Existe entonces la necesidad de contar con una priorización de los territorios que requerirán mayor focalización e intervención por parte de las autoridades.

El compromiso establece etapas específicas para su cumplimiento, que son fácilmente verificables. Cada uno de los componentes o etapas señaladas describen un producto particular a realizarse, como la organización de una mesa comunitaria, la entrega de un diagnóstico y de un programa de intervención diseñado participativamente. Estas etapas reflejan el enfoque participativo que propone el compromiso, por cuanto se contempla que los miembros de las cinco comunidades señaladas intervengan en cada una de ellas. Por tal motivo, este compromiso es relevante para la participación ciudadana en tanto dispone la organización de mesas comunitarias para la realización de un diagnostico local en materia de seguridad ciudadana y el diseño de programas de intervención y su posterior implementación. Otros países como República Dominicana [164] y Uruguay [165] han utilizado este modelo de intervención ciudadana constituyendo verdaderos espacios de debate y participación, así como herramientas para habilitar un ambiente de convivencia pacífica.

No obstante, el compromiso no aclara particularmente el ámbito de participación que tendrán estas mesas comunitarias. No se contempla si se convocará a toda la ciudadanía en general o miembros de las cinco comunidades y si tendrán un lugar en las mesas. Tampoco señala qué entidades del Estado participarán en esos espacios. Frente a la implementación de los programas de intervención propuestos, no queda clara cómo se realizará este proceso ni quiénes serán los responsables.

De igual manera, el compromiso tiene un componente de divulgación de datos, relativo al acceso a la información, por cuanto se plantea un plan de monitoreo con indicadores basados en el número de casos registrados para incidentes de violencia intrafamiliar, perturbación de la paz pública, robo o hurtos y consumo de estupefacientes. Esta información delictiva es recabada por distintas fuentes. Asimismo se trata de información no accesible actualmente a la ciudadanía, por lo que su publicidad en estos espacios permitirá un primer paso hacia su apertura. Cabe mencionar que el compromiso dispone la presentación de esta información para enriquecer la construcción participativa de los planes de intervención así como el proceso de priorización sobre el cual inicia la implementación del compromiso. Sin embargo no menciona en qué medida esta información es de utilidad para los participantes de las mesas comunitarias.

El involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo de planes locales de seguridad ciudadana, tal y como lo propone el compromiso, podría tener un impacto transformador en el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el territorio. No obstante, el compromiso, tal como está escrito, se refiere a las medidas integradas para divulgar la información pero no contempla de manera clara cuál será el rol de la ciudadanía al momento de contar con esta información, o cómo se traducirá en soluciones ciudadanas a las problemáticas de inseguridad y violencia intrafamiliar que se presentan en las comunidades.

Este compromiso abre la posibilidad de empoderar a la ciudadanía a actuar en pro del bien colectivo, al aportar insumos sobre las amenazas que se viven en su comunidad basados en su propia experiencia, y de qué manera consideran que se pueden contrarrestar. Este papel es preponderante y debe informar el proceso de construcción de las políticas públicas de seguridad ciudadana de este nuevo Gobierno. Por lo expuesto anteriormente, el impacto de este compromiso es moderado.

Siguientes pasos

Para el investigador del IRM, se debe incorporar este compromiso en el próximo plan de acción pues es un elemento inicial para la construcción de una política integral de seguridad ciudadana en el país, con enfoque participativo. Para estos efectos, un punto a resaltar es la información que se derivará de la implementación del compromiso, la cual se recomienda poner a disposición de toda la ciudadanía en formatos fáciles de comprender. De igual manera, se recomienda potenciar la participación de la ciudadanía en las mesas comunitarias, y que se permita que estas instancias cumplan, además de un rol consultivo y de incidencia en la construcción de planes de intervención, un papel clave en el monitoreo a la implementación, presupuestaria y física, de las políticas locales de seguridad.

[159] Según el BID, los niveles de violencia intrafamiliar en Paraguay son muy elevados en comparación con las estadísticas regionales. Por ejemplo, en el año 2012, la Policía Nacional intervino en un total de 1637 casos de violencia doméstica, en donde 1401 (86%) de casos tuvieron como víctima a mujeres, y 236 (14%) a hombres.

[160] El primer Estudio Nacional realizado sobre Pacientes Drogodependientes en 2005 determinó un alto consumo de alcohol en la población paraguaya, en tanto en el 50% de los casos la droga que motivó el tratamiento de estos pacientes fue el alcohol, seguido por la marihuana (19.5%) y la cocaína (13.6%).

[161] Cuarto plan de acción, pág. 64.

[162]https://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-paraguay/perfil-de-paraguay/

[163]http://www.mdi.gov.py/images/Observatorio_files/2018/An%C3%A1lisis%20Estad%C3%ADstico%20de%20Homicidio%20Doloso%20en%20Paraguay%20-%20A%C3%B1o%202018.pdf

[164]https://mip.gob.do/index.php/noticias/item/que-es-la-mesa-local-de-seguridad-ciudadania-y-genero

[165]https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=102

[166] Al respecto ver: http://www.mdi.gov.py/images/pdf_mdi/informe_enfoque_genero_24feb.pdf

19. Programa Seamos Ciudadanos

Limitado:

De acuerdo con el tablero de monitoreo dispuesto por el Gobierno para este plan de acción, este compromiso se implementó en un 50% [63]. El Ministerio del Interior priorizó las comisarías de siete departamentos [64] para ser parte del Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual busca aumentar la eficacia de la política en el control y prevención de la criminalidad [65]. Respecto de los demás hitos del compromiso, solo se realizó una de las cinco mesas comunitarias propuestas en la ciudad de Luque, Barrio San Carlos [66], y no se registraron acciones para dar cumplimiento a los demás hitos señalados. El investigador del IRM intentó contactar a las autoridades responsables del compromiso pero no recibió respuesta.