Amending the Law of Transparency and Access to Public Information (PE0049)

Problema público identificado: Se han identificado los siguientes vacíos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública -LATIP- que inciden en su aplicación: No cuenta con un glosario de términos que oriente a los funcionarios públicos en la interpretación de dicha ley. No contiene disposiciones que regulen las consecuencias sobre el extravío y destrucción indebida de la información en poder de las entidades públicas. Las entidades públicas tienen dificultad para aplicar sanciones a los funcionarios y servidores públicos que incumplen la LTAIP, debido a que ésta establece de manera general que el incumplimiento de sus disposiciones conlleva a la sanción por falta grave, sin establecer un catálogo de infracciones con su correspondiente sanción. Objetivo: Orientar a los funcionarios públicos en la interpretación de las disposiciones de la LTAIP, así como establecer una adecuada regulación de las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de dicha ley.

Compromiso 1. Modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Texto del compromiso:

Formular una propuesta normativa para la modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de incluir un glosario de términos, regular lo concerniente a la destrucción y extravío de la información e incorporar un capítulo de infracciones y sanciones.

• Proyecto de ley culminado
• Reuniones de trabajo con entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil para compartir el proyecto y recibir comentarios
• Aprobación del proyecto de ley por la Alta Dirección de PCM
• Remisión del proyecto de ley al Congreso de la República

Institución responsable: Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública.

Institución (es) de apoyo: Ministerio de Justicia, Contraloría General de la República y Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Además las organizaciones Proética, Ciudadanos al Día y el Consejo de la Prensa.

Fecha de inicio: agosto2015 Fecha final: febrero 2016 ^{Estas fechas, de inicio y de término, son propuestas por el Plan de Acción aprobado por el gobierno.}

Contexto y objetivos

El compromiso espera promover un mayor nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) a través de modificaciones en el texto de la norma, pues se han detectado deficiencias en la entrega de información. Un informe de la Defensoría del Pueblo (DP) ^{“Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 2003-2013” en http://bit.ly/2gcT27G} dio cuenta que esta oficina había registrado 8.800 quejas por incumplimiento de la LTAIP en el tiempo que lleva vigente, desde 2003 a 2013. Asimismo, indicó que la única vía legal de apelación es un proceso judicial de Habeas Data, cuya duración promedio es de 3 años.

El compromiso, que está bien especificado, pretende modificar el texto de la LTAIP mediante un proyecto de ley que sería informado, previamente a su envío al Congreso, a instituciones públicas y representantes de la sociedad civil en reuniones de trabajo destinadas a recibir comentarios. El objetivo concreto es orientar a los funcionarios públicos en la interpretación de las disposiciones de la LTAIP, así como establecer una regulación de las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. A través de un glosario de términos y un código de infracciones, se espera mejorar el desempeño de los funcionarios y, con ello, el acceso de la ciudadanía a información que garantice la transparencia en la administración del Estado.

Según el informe de la DP, elaborado en el año 2013, la vigencia de la LTAIP y sus avances corren el riesgo de diluirse o de no generar el impacto que se requiere si no se toma la decisión de reformar el marco institucional que garantiza la transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública.

En opinión dela investigadora del MRI, la sola aprobación de esta norma, a nivel del Ejecutivo, no garantiza su transformación en ley dado que eso depende del poder Legislativo. No obstante, de lograrse la definición de términos, regulaciones y sanciones podría suplir la ausencia de directivas internas claras y ampliamente conocidas por funcionarios públicos en este ámbito, que representa uno de los problemas principales que dificulta el cumplimiento de la LTAIP ^{Consejo de la Prensa Peruana, Problemas detectados en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, septiembre 2012, http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_cons.pdf} . Por esta razón consideramos que el impacto potencial del compromiso es moderado.

Sin embargo, el cumplimiento de las actividades y la aprobación del proyecto de ley no garantizan el mejor desempeño de los funcionarios y una mayor transparencia en el Estado. Para conseguir el objetivo, este compromiso debería complementarse con la existencia de una autoridad de supervisión que imponga estas sanciones en caso de infracciones a la ley y regule los pedidos de información, de acuerdo al marco legal. Por esta razón, el impacto potencial de la aprobación de esta norma, incluso a nivel del Legislativo, es moderado pues, en caso de incumplimiento, nada garantiza la imposición de una sanción y, más aún, la entrega efectiva de la información solicitada por los ciudadanos.

Cumplimiento

El compromiso no se ha iniciado, según información del punto de contacto del Gobierno peruano ante la AGA ^{Patricia Guillén Nolasco, punto de contacto del gobierno. Entrevista en su oficina el 22 de julio de 2016.} . Las razones más importantes que dio para el incumplimiento de este compromiso fueron la ausencia de la participación de los representantes de la sociedad civil, lo que no permitió recoger sus opiniones. Señala también que al aproximarse el cambio de gobierno se enfocó esfuerzos en la implementación de otros compromisos más avanzados.

Con relación a este compromiso, los representantes de la sociedad civil entrevistados expresaron que estas acciones complementarias no tendrían sentido ni efecto práctico cuando la principal dificultad es la falta de un órgano independiente con facultades para aplicar las sanciones para el incumplimiento. Por esta razón, cuando la PCM invitó al asesor técnico de la sociedad civil, Roberto Pereira, a colaborar con este compromiso, no obtuvo respuesta, según confirmaron para este informe ambas partes.

Siguientes pasos

La recomendación de la investigadora del MRI es retirar este compromiso de un futuro plan de acción y dejar los cambios y mejoras de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en manos de la Autoridad Nacional de Transparencia, ya creada y citada. Dado que la creación de esta entidad fue consensuada como prioritaria en la fase de elaboración del plan, sería más efectivo fortalecerla, dejando que esa instancia asuma las tareas de este compromiso y que las armonice con sus objetivos globales y otras acciones que considere necesarias para garantizar el acceso ciudadano a la información pública. Además, dotarla de la independencia, autonomía y facultades sancionadoras que reclama la sociedad civil, para que las reformas sean consensuadas.