Hearings Accountability of Local Governments (PE0060)

Problema público identificado: De acuerdo a un estudio de la Defensoría del Pueblo existen las siguientes dificultades en las audiencias de rendición de cuentas realizadas por los gobiernos subnacionales:
• Los gobiernos regionales y locales emplean diferentes criterios para definir el lugar de realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas.
• Con relación a la convocatoria, solo 10 gobiernos regionales y 4 municipalidades provinciales convocaron a la audiencia pública de rendición de cuentas con 30 días de anticipación, el cual es un plazo razonable para promover una amplia difusión y mayor participación de la población, así como para organizar adecuadamente la audiencia.
• La mayoría de gobiernos regionales y municipalidades provinciales señaló como temas de agenda los logros, avances y dificultades de la gestión, sin embargo no brindaron mayor información sobre estos puntos en el informe de rendición de cuentas.
• Tanto a nivel regional como local, los informes de rendición de cuentas no se desarrollaron sobre la base de los logros y avances de la gestión de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional o Provincial Concertado.Objetivo: Los gobiernos regionales y locales rinden cuentas de acuerdo a los lineamientos desarrollados para tal fin.

Compromiso 12. Mejorar la calidad de las audiencias de rendición de cuentas de gobiernos regionales y locales

Texto del compromiso:

Mejorar la calidad de las audiencias de rendición de cuentas de los gobiernos regionales y locales.

• Conformación de un grupo de trabajo integrado por entidades públicas y sociedad civil para elaborar una propuesta de lineamientos de audiencias de rendición de cuentas.
• Lineamientos de audiencias de rendición de cuentas elaborados y aprobados.
• Difusión y capacitación a funcionarios sobre lineamientos en gobiernos regionales y locales seleccionados.
• Reporte sobre las mejoras en las audiencias de rendición de cuentas.

Institución responsable: Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública -SGP-.

Institución (es) de apoyo: Defensoría del Pueblo, Secretaria de Descentralización de la PCM y Gobiernos Regionales y Locales, Grupo Propuesta Ciudadana, Ciudadanos al Día.

Fecha de inicio: agosto 2015 Fecha final: julio 2016

Contexto y objetivos

De acuerdo a un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, citado en el plan de acción, en las audiencias de rendición de cuentas ocurren los siguientes problemas: las entidades emplean diferentes criterios para definir el lugar; no cumplen con la convocatoria a la audiencia, al menos con 30 días de anticipación; no brindan mayor información sobre los logros, avances y dificultades de la gestión; ni su relación con lo establecido en su respectivo plan de desarrollo. Un informe más reciente de la DP confirma lo dicho ^{Puede verse en http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Reporte-2015-Rendicion-de-Cuentas-Distrital.pdf} .

El objetivo del compromiso es que los gobiernos regionales y locales rindan cuentas con estándares mínimos, de acuerdo a unos lineamientos desarrollados con ese fin, los cuales serían consultados con la sociedad civil, antes de su aprobación y puesta en marcha. Esto garantizaría el cumplimiento de requisitos mínimos como los plazos de convocatoria, un lugar accesible, los temas de la agenda y el marco general para la rendición de cuentas.

La solución planteada es la discusión y aprobación de unos “lineamientos de audiencias de rendición de cuentas”, que serían aplicados en gobiernos regionales y locales seleccionados, a modo de prueba piloto, sobre cuyas audiencias se hará un reporte de mejoras encontradas.

El compromiso ha sido calificado con una especificidad media porque, si bien la discusión de los lineamientos con la sociedad civil y su aprobación son actividades concretas en la línea del objetivo, no se han especificado los destinatarios de la difusión y la capacitación, dado que la aplicación del documento se dará en algunos gobiernos regionales y locales que no se han señalado. El reporte sobre las mejoras tampoco tiene un destinatario claro ni genera una acción posterior.

Por estas mismas razones el impacto potencial es moderado, en vista que no será la totalidad de gobiernos regionales y locales que estarán sujetos a seguir los lineamientos, ya que no se ha previsto una normativa vinculante, ni se ha señalado el alcance de los gobiernos en los que se aplicará. Sin embargo, dada la ausencia actual de normas mínimas para efectuar la rendición de cuentas a nivel sub-nacional, el compromiso podría resultar en un avance significativo.

Cumplimiento

De acuerdo al informe de autoevaluación del Gobierno, las actividades para el cumplimiento de este compromiso no se han iniciado y han sido reprogramadas para el mes de junio de 2017. La PCM informó que el compromiso se retrasó porque los representantes de las OSC enviaron sus observaciones a los Términos de Referencia para la contratación del consultor, cuando vencían los plazos administrativos para el cierre presupuestal del año 2015.

Siguientes pasos

Con vista a lo analizado, la investigadora del MRI cree que los hitos 3 y 4 del compromiso deben ser modificados para ser implementados en lo que resta del plazo de vigencia del plan de acción. La modificación consiste en precisar el ámbito de aplicación de los nuevos lineamientos –a manera de prueba piloto- y que su evaluación sirva de base para formular un nuevo compromiso en el siguiente plan, cuyo impacto sea mayor.

El nuevo compromiso debe:

• Involucrar a la totalidad de gobiernos regionales y locales del país.
• Incluir una normativa que los haga de cumplimiento obligatorio.
• Recoger las conclusiones del reporte de mejoras que se realice en la aplicación piloto, para actualizar la norma.
• Incentivar la participación ciudadana y el diálogo entre los titulares de los pliegos y la población de su jurisdicción.

Por último, y de acuerdo a las manifestaciones de los actores civiles consultados, la obligación de rendir cuentas debe extenderse a los más altos niveles de Gobierno, además del Ejecutivo a los poderes Legislativo y Judicial, sobre los que no existen normas ni compromisos en la actualidad.