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Uruguay

Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (UY0069)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Uruguay Third National Action Plan 2016-2018

Action Plan Cycle: 2016

Status:

Institutions

Lead Institution: Presidencia de la República - Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)

Support Institution(s): AGESIC - Educantel

Policy Areas

Capacity Building, Public Participation, Security & Public Safety

IRM Review

IRM Report: Uruguay End-of-Term Report 2016-2018, Uruguay Mid-Term Report 2016-2018

Early Results: Marginal

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: No

Ambition (see definition): Low

Implementation i

Completion:

Description

Status quo o problema que se quiere resolver El artículo 49 de la ley 19355 de 1° de enero de 2016, asigna a la SENACLAFT, el control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores y demás actividades que están incluidas en la denominación “APNFD”: Actividades y profesiones no financieras designadas. Asimismo, la mencionada ley, le asigna el cometido de coordinar, implementar y ejecutar programas y actividades de capacitación. Se estima que el universo de sujetos obligados en el sector de APNFD, es superior a las 10.000 personas, lo que hace inviable llegar a todos ellos en eventos de capacitación presenciales. Objetivo principal Implementar capacitación en línea, que permita sensibilizar e instruir sobre la importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. Brindar las herramientas que permitan a los sujetos mencionados, cumplir adecuadamente con las obligaciones de control que tienen a su cargo. Breve descripción del compromiso Implementación de un curso en línea de capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Se desarrollará en módulos, en cada uno de los cuales se proporcionará información teórica y preguntas de evaluación que se contestarán en línea. Para poder avanzar en el curso será indispensable aprobar la evaluación propuesta en cada módulo. Al finalizar todos los módulos, se otorgará un certificado que acreditará la realización y aprobación del curso. Desafío de OGP atendido por el compromiso Transparencia, Anticorrupción y Participación ciudadana Relevancia Se busca concientizar y crear una cultura ciudadana de prevención en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ambición Colaborar en el cumplimiento de dos aspectos sustanciales del Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo de nuestro país: a) el que más nos debe importar como sociedad y como nación soberana es el que tiene que ver con el enfrentamiento a la actividad criminal organizada. b) proporcionar herramientas que nos permitan cumplir con mayor eficacia con los estándares internacionales en la materia.

IRM Midterm Status Summary

IRM End of Term Status Summary

3.  JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN

Compromiso 11. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Nota editorial: Este compromiso es una agrupación de los compromisos 3.3 y 3.4, según lo acordado por el MRI y el Gobierno. Para los fines de la narrativa, cada compromiso se trata como hito. Los textos y actividades se presentan de forma resumida en este informe y la versión completa está disponible en: http://bit.ly/2GhM9zi

Texto del compromiso:

11.1. Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

Sensibilizar e instruir sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de sujetos obligados del sector no financiero, a través de un plan de capacitación en línea dirigido a los actores involucrados (escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores y demás actividades y profesiones no financieras).

11.2. Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Crear cinco mesas de trabajo coordinadas por representantes de la Secretaría de los sectores inmobiliario, administradores de sociedades, casinos, zonas francas y rematadores, con sesiones periódicas para trabajar en el diagnóstico de la situación de cada uno de los sectores respecto a los riesgos a los que se ven enfrentados. Identificar las brechas existentes en la legislación actual para proponer un marco normativo que sea más eficaz en la construcción de un sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. 

Institución(es) responsable(s): Presidencia de la República – Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

Institución(es) de apoyo: AGESIC, Educantel y representantes de los sujetos obligados del sector no financiero (por ejemplo, Asociación de Escribanos del Uruguay, Cámara Inmobiliaria del Uruguay, zonas francas, casinos, administradores de sociedades comerciales, etc.)

Fecha de inicio: julio 2016                                                          Fecha de cierre: febrero 2017

Objetivo del compromiso

Este compromiso tuvo como objetivo general crear una cultura ciudadana de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fundamentalmente para colaborar en el cumplimiento de dos aspectos sustanciales: el enfrentamiento a la actividad criminal organizada y prepararse para la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se realizará en 2019. Estar incluido en listas GAFI (que identifican a las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención y combate al lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo) puede generar enormes perjuicios al país.

El riesgo general del país en relación a la criminalidad financiera es calificable como medio, con una dinámica razonablemente estable. No obstante, Uruguay desarrolla una política para hacer frente al reto de la criminalidad financiera, que se basa en el desarrollo de una pluralidad de herramientas [67].

El compromiso incluyó dos hitos principales:

  • Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dirigido a los actores involucrados (escribanos, inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores y demás actividades y profesiones no financieras).
  • Adecuación del marco normativo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT).

Las acciones previstas en este compromiso tienen un alto nivel de especificidad con productos concretos y metas claras. No obstante, en función de su texto, el MRI no puede determinar la relevancia de las acciones propuestas en este compromiso frente a ninguno de los valores de la AGA.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

Este compromiso se implementó de forma sustancial durante el primer año, con distinto nivel de avances en sus hitos.

11.1 Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Se realizó el curso en línea “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, donde para junio de 2017 habían participado más de 300 personas, con distintos grados de posible vinculación al lavado de activos (funcionarios públicos, escribanos, contadores, dueños de inmobiliarias, usuarios de zonas francas, rematadores entre otros). La evaluación de esta primera experiencia piloto y su adecuación se reprogramaron para el segundo año del plan, dado que estaba pendiente la aprobación del proyecto de ley integral para la lucha contra el lavado de activos y el proyecto de ley integral antiterrorista (11.2), que implicaría importantes modificaciones al contenido de las capacitaciones.

11.2 Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. 

Se conformaron cinco mesas temáticas que se reunieron 28 veces: sector de administradores de sociedades, sector casinos, sector inmobiliario, sector rematadores y sector zonas francas. Los sectores reúnen alrededor de 30 organizaciones y empresas [68].

Se presentaron al Parlamento Nacional el proyecto integral para la lucha contra el lavado de activos y el proyecto de ley integral antiterrorista [69].

En cuanto al diagnóstico de la situación de cada uno de los sectores respecto a los riesgos a los que se ven enfrentados, el avance fue limitado y se evidenció la necesidad de profundizar en el estudio e incluir a subsectores, dada la heterogeneidad de los mismos. 

Por mayor información consultar el informe de avances 2016-2017 [70].

Fin de término: Sustancial

Al cierre del año del plan, el compromiso se había cumplido sustancialmente.

11.1. Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La fecha definida para el cumplimiento del compromiso se reprogramó para el 30 de septiembre de 2018 porque el contenido de las capacitaciones debía ser actualizado en función de la aprobación las nuevas leyes [71]. Se aprobó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos [72] y el Financiamiento del Terrorismo, No.19.574, pero la Ley Integral Antiterrorismo continuaba a estudio del Poder Legislativo, de acuerdo a lo que informó la referente del compromiso [73].

11.2, Adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

El 20 de diciembre de 2017 el Poder Legislativo sancionó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, No.19.574, publicada en enero de 2018 [74]. La Ley Integral Antiterrorismo continuaba en manos del Poder Legislativo, que aún la estaba estudiado, al cierre de este informe. Por su parte ya estaba lista la redacción del decreto reglamentario de la Ley Integral de Lavado de Activos y la Presidencia de la República la tenía en sus manos para su aprobación [75]

El referente del proyecto manifestó [76] que se estima que a fines del año 2018 estarán llegando al fin del proceso de reglamentación en el que participaron los sujetos obligados: Colegio de Abogados, Colegio de Escribanos, y Colegio de Contadores, así como representantes de las demás actividades profesionales sujetas a la legislación antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente
Participación ciudadana: Marginalmente

A pesar de que este compromiso, tal cual está redactado en el plan de acción, no es claramente relevante a los valores de la AGA, su implementación logró de todas formas un avance marginal en la apertura del Gobierno.

La capacitación a actores relevantes generó acceso a información, aunque las investigadoras entienden que de forma marginal. Si bien un buen número de personas integrantes de sectores clave del tema lavado de activos recibieron información nueva y de primera mano sobre cómo implementar las leyes y las implicancias de las mismas, aún resta evaluar el uso y utilidad que puedan dar a esa información.

Con la implementación de este compromiso se generó una apertura del Gobierno, en tanto que se crearon espacios de participación para trabajar en la adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Las investigadoras del MRI consideran que el involucramiento de los actores vinculados desde diversos ámbitos de actuación a situaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, implica un avance. Pero este avance es todavía de carácter marginal y para profundizar aún más en este tipo de acciones es importante definir las características y los alcances de esa participación, generar espacios que sean de carácter permanente e involucrar a otros actores.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Este compromiso no se retoma en el cuarto plan de acción.

[68]Sector administradores de sociedades: Estudios Jurídicos Ferrere, Guyer & Regules, Posadas, Posadas & Vecino, Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, Hughes & Hughes, MMA&A Consultans, BRUM & COSTA, TESTA, KPMG, RSM, Ernst & Young, Estudio Dr. Raúl Doldan, Blanco & Etcheverry, Fischer & Schickendantz, PWC, Estudio Ramela & Regules Rucker y Deloitte. Sector casinos: Representantes de Carrasco Nobile, Conrad, Casino Parque Hotel y Casinos del Estado. Sector inmobiliario: Representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (ADAPI), la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU), la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este (ADIPE-CIDEM), la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) y la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU). Sector rematadores: Representantes de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI)
[69]Información suministrada por Andrés Niemann referente del compromiso 26/9/2017
[71] Los referentes del proyecto informaron durante la etapa de revision final de este informe, que al 30 de diciembre de 2018 se habían capacitado 3019 personas.
[73] Consulta realizada a Laura Ricci, SENACLAFT, 20/09/2018
[75] Información suministrada por Andrés Nieman, SENACLAFT, 24/09/2018
[76]Información suministrada por  Andrés Nieman, SENACLAFT, 24/09/2018

Commitments

Open Government Partnership