Inclusion and Continuing Education of People with Disabilities (UY0078)

Status quo o problema que se quiere resolver Desconocimiento de la normativa vigente nacional e internacional sobre discapacidad e inclusión educativa de personas con discapacidad en el sistema educativo. El desconocimiento es de la población en general y de las instituciones, en especial las educativas. Objetivo principal Actualizar la normativa vigente en torno a la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo uruguayo. Alinear la normativa de ANEP en función de la normativa internacional y nacional vigente, Convención Sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008) ratificada en Uruguay por la Ley N°18.418 del 20 de noviembre de 2008 y la Ley sobre Protección Integral de Personas con Discapacidad N° 18.651 del 19 de febrero de 2010. Breve descripción del compromiso Sistematizar y ajustar la normativa vigente en torno a las personas con discapacidad., propiciando acuerdos para la elaboración de criterios comunes para su aplicación. Desafío de OGP atendido por el compromiso Transparencia. Relevancia El compromiso contribuirá a la elaboración de acuerdos institucionales para el conocimiento y aplicación de la normativa vigente para la inclusión y continuidad educativa y socio-profesional de las personas con discapacidad. Ambición Conocimiento y aplicación de la normativa sobre discapacidad e inclusión educativa, por parte de las instituciones educativas y sus actores. Mayor coherencia en los criterios para la aplicación de la normativa para la inclusión en el Sistema Nacional de Educación. Status quo o problema que se quiere resolver Actualmente no se dispone de información sistematizada y actualizada sobre los recursos para la inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad. La Comisión honorario para la Continuidad educativa y socio profesional para la discapacidad viene trabajando desde el año 2011, en este contexto se han detectado las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a información de calidad acerca de las diferentes propuestas educativas para personas con discapacidad. Objetivo principal Brindar información sistematizada y actualizada sobre recursos existentes para la inclusión y continuidad educativa de personas con discapacidad. Breve descripción del compromiso Se realizará un relevamiento nacional acerca de las diferentes propuestas educativas (formales y no formales) y de los recursos humanos, materiales y de accesibilidad, a partir de un sistema de indicadores creado en forma participativa con todos los actores involucrados. Los datos del mismo serán publicados. Desafío de OGP atendido por el compromiso Transparencia: publicación proactiva o reactiva de información, mecanismos para fortalecer el derecho a la información y el acceso abierto a la información. Relevancia El compromiso contribuye al fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como a la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación. Innova en materia de accesibilidad y ejercicio de derechos. Ambición Se espera que, a partir de los productos que se generen, se aporte a las políticas públicas en discapacidad y que las personas accedan a información necesaria que a la inclusión y continuidad educativa.

For commitment details, see the Year 1 report: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Uruguay_Mid-term_IRM-Report_2016-2018.pdf

6. EDUCACIÓN

Compromiso 20. Inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad

Nota editorial: Este compromiso es una agrupación de los compromisos 6.5 y 6.6 según lo acordado por el MRI y el Gobierno. Para los fines de la narrativa, cada compromiso se trata como un hito. Los textos y actividades se presentan de forma resumida en este informe y la versión completa está disponible aquí: http://bit.ly/2GhM9zi

Texto del compromiso:

20.1 Normativa con relación a la inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad 

Sistematizar y ajustar la normativa vigente vinculada a la inclusión educativa de personas con discapacidad en el sistema educativo formal, propiciando acuerdos para la elaboración de criterios comunes para su aplicación, con foco en asegurar la inclusión y continuidad educativa. Alinear la normativa de ANEP en función de la normativa internacional y nacional vigente, Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008) ratificada en Uruguay por la Ley N°18.418 del 20 de noviembre de 2008 y la Ley sobre Protección Integral de Personas con Discapacidad N° 18.651 del 19 de febrero de 2010. 

20.2 Relevamiento de información para la inclusión educativa y continuidad de personas con discapacidad

Relevar a nivel nacional las diferentes propuestas educativas (formales y no formales), los recursos humanos, materiales y de accesibilidad existentes para la inclusión y continuidad educativa de personas con discapacidad. Este relevamiento se realizará a partir de un sistema de indicadores, elaborado en forma participativa con los actores involucrados.

Institución(es) responsable(s): Ministerio de Educación y Cultura (MEC)- Dirección de Educación

Institución(es) de apoyo: Consejo Nacional de Educación no Formal (CONENFOR); Ministerio de Desarrollo Social (MMIDES)- Programa Nacional de Discapacidad, Instituto Nacional de la Juventud (INJU)- Jóvenes en Red; Ministerio del Interior- Espacio Candi; Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)-Consejo de Educación Inicial y Primaria- Inspección de Educación Especial; Consejo de Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación Técnico Profesional; Consejo Directivo Central (CODICEN)Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos; Dirección Sectorial de Planificación Educativa - Unidad de Promoción, Intervención y Desarrollo Educativo (UPIDE); Consejo de Formación en Educación; Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP); Comisión Nacional Honoraria para la Discapacidad (CNHD) y por la sociedad civil el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva.

Fecha de inicio: agosto 2016                                                          Fecha de cierre: junio 2018

Objetivo del compromiso

Este compromiso tuvo como objetivo superar las dificultades que enfrenta la población para acceder a información de calidad acerca de las propuestas educativas para personas con discapacidad. Estas dificultades se identificaron en el marco del trabajo de la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad [145] del Ministerio de Educación y Cultura.

Para cumplir con este objetivo, se propuso contribuir a la elaboración de acuerdos institucionales para ampliar el conocimiento y aplicación de la normativa vigente sobre inclusión, continuidad educativa y socioprofesional de las personas con discapacidad, así como dar a conocer los recursos disponibles.

En concreto, el compromiso incluyó dos hitos principales:

• Actualizar, modificar y alinear la normativa vigente sobre inclusión educativa de personas con discapacidad en el sistema educativo formal en función de la normativa internacional y nacional, y avanzar en acuerdos para su aplicación.

• Relevamiento nacional y publicación de las propuestas educativas (formales y no formales) y de los recursos humanos, materiales y de accesibilidad existentes, a partir de un sistema de indicadores cocreado con otros actores vinculados.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

Al momento de la entrega del informe de avances, el compromiso tenía un avance sustancial en sus actividades y todas ellas se estaban desarrollando de acuerdo al cronograma planteado. 

20.1 Normativa con relación a la inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad 

El 20 de marzo de 2017 se aprobó y entró en vigencia el Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en centros educativos [146]. El Protocolo abarca a todos los centros educativos formales y no formales, así como bibliotecas públicas y privadas. Con esta resolución queda conformada también una mesa de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura que tiene el objetivo de abordar la temática de accesibilidad e inclusión [147].

Asimismo, en el primer año se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDHH) para el trabajo en situaciones de rechazo y discriminación de personas con discapacidad en centros educativos [148].

20.2 Relevamiento de información para la inclusión educativa y continuidad de personas con discapacidad

Este hito se cumplió totalmente en el primer año de implementación del plan. Se realizó el relevamiento de los recursos en acuerdo con la Dirección de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES y con el asesoramiento en materia de accesibilidad del Grupo de Trabajo sobre Educación, colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil y organismos de la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad.

El 26 de junio de 2017 se realizó el lanzamiento de la Guía de Recursos para la Accesibilidad e Inclusión [149], herramienta en línea que forma parte de la Guía Recursos del MIDES y cuya información está también disponible en datos abiertos

Por mayor información sobre estos hitos, consultar el informe de avances 2016-2017 [150].

Fin de término: Sustancial

20.1 Normativa con relación a la inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad 

El referente gubernamental del compromiso [151] informó a las investigadoras del MRI, que se suspendió la meta de establecer acuerdos para la aplicación de la normativa, ya que a corto plazo no era posible medir cómo se implementa dicha normativa. Si bien es un marco obligatorio, las características de diseño institucional hacen que lo deban tomar como referencia, pero dentro de un contexto de autonomía institucional. 

20.2 Relevamiento de información para la inclusión educativa y continuidad de personas con discapacidad

Este hito se cumplió en su totalidad en el primer año de implementación del plan.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Marginalmente

Participación ciudadana: Significativamente

Hasta la implementación de este compromiso, no se disponía de información sistematizada y actualizada sobre los recursos para la inclusión y continuidad educativa de las personas con discapacidad. La Comisión Honoraria para la Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, había detectado las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a información de calidad acerca de las diferentes propuestas educativas para personas con discapacidad.

Con la nueva Guía de Recursos para la Accesibilidad e Inclusión disponible en línea, las personas pueden acceder, en un solo lugar, a información de calidad acerca de las diferentes propuestas educativas para personas con discapacidad. Por otra parte la referente del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva de la sociedad civil [152], manifestó que durante la implementación del compromiso se establecieron procesos claros y efectivos de participación de la sociedad civil, se escuchó a los actores y se tomaron en cuenta sus aportes.

La representante de sociedad civil también manifestó que el Gobierno trabajó en forma colaborativa con la sociedad civil durante la elaboración del protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en centros educativos como en la etapa relevamiento. Destacó que se convocó a las organizaciones para participar, se tomaron en cuenta sus sugerencias y se incluyeron sus aportes. Además, a partir de este compromiso las organizaciones quedaron como integrantes permanentes de la Comisión Honoraria para la Continuidad Educativa y Socio profesional para la Discapacidad.

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que este compromiso, específicamente con la implementación de su segundo hito, significó un avance marginal en la apertura del Gobierno en lo que se refiere al acceso a la información ya que se limitó a relevar y poner a disposición información. La apertura del Gobierno sí fue significativa en términos de participación ciudadana dado que los actores involucrados tuvieron una incidencia en la toma de decisiones y se incluyeron en un espacio permanente de participación en el ámbito ministerial.

Las investigadoras del MRI consideran que el primer hito relativo a la adecuación de la normativa es un objetivo de relevancia para la política, pero no tiene relación directa a los valores de la AGA, ni genera apertura en una práctica de gobierno.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

Este compromiso no tiene seguimiento en el cuarto plan de acción.