Right of Access to Public Information (UY0083)

Status quo o problema que se quiere resolver A varios años de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, existe una demanda generalizada por obtener información con relación al proceso de implementación de la normativa en nuestro país, así como dotar a la Unidad de Acceso a la Información Pública de un sistema de información unificado para dar cumplimiento a los cometidos atribuidos por ley. Asimismo, existen inconvenientes con relación a la admisibilidad de solicitudes de información por correo electrónico, sin perjuicio de que existe un sistema oficial de la Unidad para la presentación de las mismas. Objetivo principal Dar publicidad a la información relativa al cumplimiento de la Ley así como facilitar la presentación de las solicitudes de información en nuestro país. Breve descripción del compromiso El presente compromiso tiene dos aristas, por un lado generar instancias de publicación con relación al grado de cumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en la Ley y por otro lado viabilizar el uso del SAIP así como también la admisibilidad de la presentación de solicitudes de información por mail y uso del sistema creado por UAIP. Desafío de OGP atendido por el compromiso Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Relevancia En virtud de las competencias que se han establecido a la Unidad de Acceso a la Información Pública y del cumplimiento de obligaciones que ante ella deben reportar los sujetos obligados se buscar generar mecanismos de publicación fiable de la información relativa al cumplimiento de las obligaciones establecidas por Ley, como un mecanismo para rendir cuentas con relación a las estas. Asimismo, se busca viabilizar mediante herramientas normativas el uso del Sistema de Acceso a la Información Pública de UAIP, así como la viabilidad de presentación de las solicitudes de información por mail. Ambición En virtud de las publicaciones referidas se buscar aumentar el grado de cumplimiento de la Ley, así como también eliminar obstáculos en la presentación de solicitudes de información. Se buscar tener un sistema de información confiable y con reportes periódicos. Status quo o problema que se quiere resolver No existen en el país criterios comunes con relación al acceso a los documentos vinculados con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el período comprendido entre el 13/06/1968 a 28/02/1985, los cuales integran diversos archivos públicos y privados. Ello hace que frecuentemente existan discordancias entre quienes están al frente de los mismos, y se niegue el acceso a la información ante el temor de vulnerar otros derechos en juego. El acceso a este tipo de información es fundamental para fortalecer valores democráticos, la garantía de no repetición de los hechos y la vigencia del derecho a la justicia y a la verdad que poseen las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, en especial en el marco de una política de transparencia y accesibilidad a la información que controla el Estado. Objetivo principal Elaborar, consultar y difundir los principales criterios técnicos-jurídicos que garanticen el derecho de acceso a la información pública, tanto en su dimensión individual como colectiva, respecto al contenido de los archivos que contengan todo lo referido a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico militar, e incluyendo el período pre dictatorial, abarcando el período 13/06/1968 a 28/02/1985, en armonía con la legislación vigente en Uruguay, e incorporando la visión y los aportes de la sociedad civil, la academia y el Estado. Breve descripción del compromiso Elaboración de los criterios rectores en base a la armonización de la normativa vigente en el país. Ronda de consultas para recibir aportes y sugerencias de organismos e instituciones vinculados a los derechos humanos, tanto del ámbito público como del privado. Presentación y difusión de los criterios acordados entre todos, a los diferentes involucrados en la temática (archivólogos, documentalistas, asesores jurídicos, etc) Contribuir con la política pública de memoria y reparación integral Colaborar con la profesionalización de los archivos: aplicación de normas archivísticas, sistema unificado de información, identificación y análisis documental. Alcanzar un acceso amplio pero resguardando el derecho de las víctimas: perfiles de usuarios y niveles de acceso. Generar los mecanismos de participación vinculantes. Eliminar los obstáculos legales y fácticos que impidan el acceso y la difusión. Desafío de OPG atendido por el compromiso Transparencia y acceso a la información pública, participación de la sociedad civil en las políticas públicas y rendición de cuentas de los Estados. Relevancia La importancia del compromiso se observa en dos niveles que se relacionan en clave de secuencialidad y complementariedad. El nivel de integrarse una política pública que se desarrolla en determinado contexto político, social y cultural que complementa a las demás políticas gubernamentales y recoge propuestas de la sociedad civil en un marco democrático (Gobierno Abierto). El nivel que refiere a la necesidad de una política archivística y de formación profesional de archivos (acopio, organización, tratamiento, conservación, protección, acceso), considerando los siguientes principios: 1) equilibrio entre acceso y protección de datos personales, 2) memoria como instrumento pedagógico, 3) fortalecer la identidad de la nación, 4) protección del patrimonio y del legado a los ciudadanos, 5) participación de entidades públicas y privadas en un marco de colaboración, 6) garantizar el acceso a la información como derecho humano, 7) atender a la rendición de cuentas como exigencia democrática, 8) generar alianzas interdisciplinarias (archivos, derecho, historia, antropología, tecnologías), 9) contribuir a la lucha contra la corrupción y la impunidad, 10) garantizar el derecho de acceso a la verdad y a la justicia. Ambición Se trata de garantizar el derecho de acceso a la información pública en el marco de estos archivos, a víctimas, familiares, grupos sociales y personas en general, sin vulnerar otros derechos en juego. Contribuir a la organización científica de la documentación que se relaciona con ese período de la historia del país. Facilitar acuerdos y criterios comunes de acceso a la información sobre archivos de violaciones de Derechos Humanos, y sus servicios, entre sociedad civil, academia, y el Estado. Definir buenas prácticas en la gestión de documentos de archivos en esta materia, y en consonancia con el principio de transparencia, rendición de cuentas y participación. Status quo o problema que se quiere resolver Desde el 17 de octubre de 2008 tenemos en nuestro país la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 18.381 que crea la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) como órgano garante de este derecho. En virtud de los esfuerzos realizados y los programas de capacitación que ha llevado adelante la UAIP, hoy podemos decir que un 26 por ciento de la población conoce este derecho, pero debemos avanzar para aumentar su conocimiento y preparar a los sujetos obligados para poder dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley, haciendo especial referencia a los gobiernos sub-nacionales y a otros ámbitos específicos de acción. Objetivo principal Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y capacitación con relación al Derecho de Acceso a la Información Pública que contemple públicos objetivos que hasta el momento no han sido abarcados por parte de UAIP, así como también actividades de promoción para las personas. Breve descripción del compromiso Difundir y capacitar en material de Derecho de Acceso a la Información Pública. Desafío de OGP atendido por el compromiso Transparencia y acceso a la información pública. Relevancia La difusión y promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública incide con relación a la exigibilidad de este derecho por parte de la población. Mediante a la difusión de este derecho se busca generar capacidades en las personas para que mediante el acceso a la información puedan mejorar su calidad de vida. En ese mismo sentido, se buscar generar capacidades en los sujetos obligados poniendo en este caso foco en los gobiernos sub-nacionales, a los efectos de fortalecer la implementación de la Ley en dichos ámbitos. Así como también en otros ámbitos específicos de acción. Ambición Mejorar los porcentajes de conocimiento del DAIP en nuestro país. Generar capacidades en la materia en los ámbitos sub-nacionales y a nivel de ámbitos específicos de acción.

For commitment details, see the Year 1 report: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Uruguay_Mid-term_IRM-Report_2016-2018.pdf

8. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

✪ Compromiso 25. Derecho de acceso a la información pública

Nota editorial: Este compromiso es una agrupación de los compromisos 8.1, 8.2 y 8.3, según lo acordado por el MRI y el Gobierno. Para los fines de la narrativa, cada compromiso se trata como un hito. Los textos y actividades se presentan de forma resumida en este informe y la versión completa está disponible en: http://bit.ly/2GhM9zi

Texto del compromiso:

25.1 Rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública Publicación en línea de información relativa al estado de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) por parte de los sujetos obligados. Impulsar las reformas normativas necesarias para viabilizar el uso del Sistema de Acceso a la Información Pública en la Administración Central, así como también para facilitar la presentación de las solicitudes de acceso por medios electrónicos.

25.2 Difusión y capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, dirigido a un público que hasta el momento no ha sido alcanzado por parte de la UAIP y realizar actividades de promoción para el público en general. Desarrollar una campaña nacional de sensibilización ciudadana en la materia, teniendo como público objetivo funcionarios 

25.3 Criterios sobre entrega de información en materia de violaciones de Derechos Humanos.  Elaborar, consultar y difundir criterios técnico-jurídicos que garanticen el derecho de acceso a la información pública referida a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, en el período comprendido entre 13/06/1968 y 28/02/1985, que incluye el período pre-dictatorial. La iniciativa propone desarrollar los criterios en armonía con la legislación vigente en Uruguay, incorporando en el proceso la visión y los aportes de la sociedad civil, la academia y el Estado.

Institución(es) responsable(s): Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)

Institución(es) de apoyo: AGESIC, Presidencia de la República, Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Institución Nacional de Derechos Humano, Archivo General dela Nación, Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Licenciatura en Archivología – Universidad de la República, Grupo de Trabajo Archivístico Interinstitucional (Res N°403/014), Ministerio de Relaciones Internacionales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Pasado Reciente de la Universidad, y las siguientes organizaciones de la sociedad civil: CAinfo, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Observatorio Luz Ibarburu, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Open Society Justice Intiative, CRYSOL, Asociación Uruguaya de Archivólogos y la Red de Gobierno Abierto.

Fecha de inicio: agosto 2016                                                  Fecha de cierre: diciembre 2018

Nota editorial: Este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, tiene impacto potencial transformador y fue sustantiva o completamente implementado.

Objetivo del compromiso

Este compromiso tuvo como objetivo continuar profundizando en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde octubre de 2008. Desde entonces, existe una demanda generalizada por obtener información con relación al proceso de implementación de la normativa.

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano garante creado por la ley, busca generar mecanismos de publicación fiables de la información para el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Asimismo busca viabilizar mediante herramientas normativas el uso del Sistema de Acceso a la Información [176] y la viabilidad de solicitudes de información por correo electrónico. A pesar de que existe un sistema oficial para la presentación de las solicitudes de información, persisten inconvenientes en relación a la admisibilidad de las mismas.

La referente de la UAIP manifestó [177] que a partir de los esfuerzos realizados, actualmente solo un 26% de la población conoce su derecho de acceso a la información pública. Es necesario continuar aumentando el conocimiento y preparar a las personas que deben dar cumplimiento a la ley, así como contar con las directrices claras para el manejo de cierta información , como es la relativa a los derechos humanos, donde suele haber discordancias en facilitar su acceso por miedo a vulnerar otros derechos.

Concretamente el compromiso incluyó tres hitos:

• Rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública, con el doble objetivo de dar publicidad a la información relativa al grado de cumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y de facilitar la presentación de las solicitudes de información, a través del Sistema de Acceso a la Información (SIAP).
• Capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública hacia públicos objetivos, los cuales la UAIP no ha abarcado hasta el momento. Se busca con estas acciones generar capacidades en las personas, para que puedan ejercer este derecho, y en los gobiernos subnacionales como sujetos obligados.
• Elaboración, consulta y difusión de los criterios técnico jurídicos sobre entrega de información en materia de violaciones de derechos humanos. Con ellos se garantiza el derecho de acceso a la información pública, tanto en su dimensión individual como colectiva, respecto al contenido de los archivos que contengan información referida a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar (13/06/1968 a 28/02/1985), en armonía con la legislación vigente en Uruguay, e incorporando la visión y los aportes de la sociedad civil, la academia y el Estado.

Si bien el primer hito hace referencia a la rendición de cuentas, su texto no permite determinar si la definición adoptada cumple con los criterios de este valor según la AGA. No se especifica la creación de mecanismos que obliguen al Gobierno a justificar sus acciones ante el público.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

Este compromiso se implementó de forma sustancial antes del informe de medio término y sus metas avanzaron de acuerdo al cronograma previsto.

25.1. Rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública

En octubre 2016 la Unidad de Acceso a la Información (UIAP) comenzó con el trabajo de auditoría  de los sujetos obligados en el cumplimiento de la transparencia activa reguladas en el Art. No. 5º de la Ley 18.381 en los sitios web de las unidades ejecutoras del Estado nacional en un sentido amplio. Los resultados se publicaron en el sitio web de la UAIP [178] y se presentaron de forma presencial a todos los referentes de transparencia de los organismos públicos. La lista de referentes de transparencia activa de los organismos se publica en datos abiertos [179].

Las reformas normativas necesarias para viabilizar el uso del Sistema de Acceso a la Información (SIAP) [180] en la administración central que estaba prevista para mayo 2017 se reprogramó para diciembre de 2017.  

25.2. Difusión y capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)

En el primer año se avanzó significativamente en las acciones de difusión y capacitación. El programa Queremos Saber se incorporó al Programa de Educación Ciudadana y Laboral de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), que brinda herramientas a los estudiantes que terminan la educación media para transitar a un nivel educativo posterior. A través del programa se realizaron capacitaciones en las localidades de Las Piedras, Paso Carrasco y Suárez, en el departamento de Canelones.

Asimismo, Queremos Saber realizó un recorrido por el país con propuestas lúdicas en el marco de las Expo Educa, ferias dirigidas a jóvenes estudiantes de nivel secundario que se realizan desde 2007. Se avanzó en las capacitaciones de funcionarios de gobiernos locales con el desarrollo de tres instancias de capacitación sobre DAIP y sobre la publicación de información de Transparencia Activa en Datos Abiertos en los departamentos de Rivera, Paysandú y Tacuarembó. 

25.3 Criterios sobre entrega de información en materia de violaciones de derechos humanos.

En diciembre de 2016 se hizo un lanzamiento del compromiso con la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. El documento borrador con criterios para acceder a la información relativa a violaciones de DDHH se terminó en agosto de 2017. Durante 2017 se realizó un relevamiento de actores públicos y privados que tienen archivos del período de facto. También de organizaciones que trabajan en el tema, víctimas y familiares de víctimas, periodistas y la Comisión de Investigación del Parlamento.

Las capacitaciones y difusión de los criterios quedaron pendientes para comienzos de 2018, una vez que el documento estuviera terminado. 

Para mayor información sobre estos hitos consultar el informe de avances 2016-2017 [181].

Fin de término: Sustancial

25.1. Rendición de cuentas en materia de acceso a la información pública

Este hito se completó totalmente en el segundo año de implementación del plan. Se realizó una nueva auditoría de transparencia activa correspondiente al año 2017 [182]. Los niveles administrativos evaluados fueron Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos de contraloría, entes autónomos, servicios descentralizados, intendencias, juntas departamentales, a los que se suman en esta oportunidad por primera vez las Personas Públicas no Estatales [183].

Según se informa en el Mirador de Gobierno Abierto, con fecha 7 de septiembre de 2018 se presentó al Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública el proyecto borrador del decreto para viabilizar el uso del Sistema de Acceso a la Información Pública en la Administración Central, así como para facilitar la presentación de las solicitudes de acceso por medios electrónicos. Se informaba asimismo que entre octubre y noviembre de 2018 estaba prevista la validación de la versión final para enviar al Poder Ejecutivo [184]. Las investigadoras del MRI no pudieron acceder a este borrador porque no estaba disponible al público.

25.2. Difusión y capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)

Esta meta su cumplió en su totalidad. El 28 de septiembre de 2017, se realizó en Montevideo la Movida Ciudadana 2017 [185]. Por cuarto año consecutivo esta movida realizó una intervención urbana en la rambla de Montevideo para entregar materiales informativos al público sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. La Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) replicó la campaña en más de 10 países y también realizó una actividad internacional en el Edificio Mercosur [186]. En materia de sensibilización se ejecutó una campaña en redes sociales en todo el país en paralelo con el evento referido.

Adicionalmente, se elaboró un audiovisual ^[187] para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información. El mismo se pautó en redes sociales y logró un alcance nacional. El audiovisual también se transmitió en las pantallas de Más Bus durante todo el mes de septiembre, en el marco del Día Internacional del Derecho al Acceso a la Información.

En septiembre y octubre de 2017 se realizaron capacitaciones en la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo así con las dos capacitaciones a públicos específicos establecidas como acciones de esta meta [188].

Según se constata en el Mirador de Gobierno Abierto [189] también se cumplió con la realización de las tres instancias de capacitación en el interior que estaban previstas. Las capacitaciones se realizaron en los departamentos de Rivera, Paysandú y Tacuarembó.

25.3 Criterios sobre entrega de información en materia de violaciones de derechos humanos

Con el objetivo de recibir aportes y sugerencias al documento de parte de los involucrados del ámbito público y privado, el 10 de agosto de 2017 se realizó un taller ^[190] sobre acceso a la información pública en materia de violación a los derechos humanos. con criterios sobre entrega de información sobre violaciones de DDHH elaborado por al UAIP. Los aportes se sistematizaron en relatorías de las diferentes mesas de intercambio, que fueron remitidas a la UAIP para que elaborara el documento final.

En el año 2017 se realizaron capacitaciones en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así como también en el Ministerio de Defensa Nacional a los efectos de dar difusión a los criterios validados [191]. En el año 2018, en el marco de la Semana de la Democracia se realizaron dos instancias abiertas a referentes de acceso a la información pública y al público interesado para avanzar en la difusión de los criterios validados [192].

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Significativamente

Participación ciudadana: Significativamente

A 10 años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), actores de la sociedad civil consideran que es necesario rediscutir algunos de los puntos que en su momento fueron de avanzada. Entre los problemas señalados está el régimen de excepciones y la potestad de los organismos de declarar una información como reservada o confidencial, las mejoras necesarias en la transparencia activa y la institucionalidad de la UAIP [193].

La implementación de este compromiso constituye un avance significativo para la apertura del Gobierno. En lo que respecta al acceso a la información, la UAIP hizo un esfuerzo por evaluar el nivel de cumplimiento de la ley por los sujetos obligados, además de acciones sistemáticas de difusión de dicha ley y de las herramientas disponibles para canalizar las solicitudes, y capacitaciones a distintos públicos. Esto representa un cambio importante en la práctica gubernamental.

Por otro lado, si bien en el compromiso se habla de rendición de cuentas, las acciones realizadas se refieren a transparencia y a facilitar el acceso a la información, ya que no establecen mecanismos de retroalimentación que permitan canalizar demandas o hacer un monitoreo para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Por otra parte, en el área de los derechos humanos hubo una apertura significativa en relación a la participación ciudadana, dado que la meta se cocreó junto con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos. Las organizaciones convocadas, que abordan la temática desde diversas perspectivas se involucraron activamente en la definición de los criterios para la entrega de la información sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985).

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El cuarto plan de acción incluye dos compromisos liderados por la UAIP que apuntan a dar seguimiento a lo iniciado en este plan.

En primer lugar, el nuevo plan propone crear un Índice Nacional de Transparencia (INT) que mida el nivel de madurez de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la por la Ley No.18.381. Además, se elaborará un instrumento de evaluación general que permita medir el cumplimiento de los diferentes aspectos relacionados a la transparencia de la información pública en cada sujeto obligado por la LAIP [194].

En segundo lugar, se busca generar una propuesta de reforma de la Ley N°18.381 de Acceso a la Información Pública a través de un proceso participativo. [195] La reforma estaría relacionada con el alcance de la norma, las excepciones y el diseño institucional del órgano de control y responden a temas levantados durante la implementación del plan.