Avances y desafíos en la institucionalización de prácticas de gobierno abierto en América Latina
Desde 2011, gobiernos de diferentes países de la región decidieron sumarse a una iniciativa mundial que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura de información como una herramienta de transformación. Bajo este panorama, en diferentes contextos políticos y sociales, comenzó a pensarse al gobierno abierto como un canal para cambiar la calidad de vida de nuestras democracias y de la sociedad que habita en ellas.
Hace dos semanas, con motivo del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto que reunió a más de 2.000 personas, se puso en discusión la forma que tenemos de ver y entender el gobierno abierto. Sin lugar a dudas, muchos acordamos que el gobierno abierto nos proporciona un marco de acción propicio para desterrar antiguas prácticas de secretismo y decisiones a puertas cerradas comunes en nuestra región. Sin embargo, no es posible construir países con instituciones sólidas y legítimas si no pasamos del discurso de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, a acciones concretas que influyan en las decisiones sobre asuntos públicos.
El grado de institucionalidad que muestran estas prácticas, no da lugar a dudas respecto a la adhesión de voluntades políticas a estos procesos a partir, sobre todo, de la adopción de normativa en materia de apertura y acceso a la información. Según un estudio que realizamos desde Directorio Legislativo, 14 países de la región sancionaron más de 122 decretos ejecutivos y leyes en materia de transparencia y gobierno abierto. Este dato implica, en promedio, que cada uno de estos países (1) está creando al menos nueve normas por año en la materia. Es decir, un número comparativamente mayor respecto al promedio anual de leyes que se sancionan en otras temáticas – una o dos leyes anuales en áreas de salud y/o educación -.
Leyes y decisiones del PEN sobre apertura sancionadas en el período 2011-2017, según país. (2)
Leyes y Decisiones del Poder Ejecutivo sobre apertura gubernamental, según tema (2011-2017) (3)
De estas 122 leyes y decretos, 33 fueron en materia de apertura de información y datos abiertos, 22 en mecanismos de anticorrupción, 12 sobre transparencia en contrataciones públicas, 13 sobre ética pública, dividiendo el resto entre creación de institucionalidad, presupuesto abierto, elecciones y partidos políticos, participación ciudadana, documentación y archivo y, en el último lugar, gestión de intereses.
Leyes sobre apertura sancionadas en la región, según origen (2011-2017)
Un dato llamativo es que estas 56 leyes sancionadas, tienen cierta paridad en su origen, mientras 29 se iniciaron en el Poder Legislativo, 27 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo. Demostrando que, en muchos casos, no sólo la agenda de gobierno abierto está impresa en nuestras administraciones centrales, sino también en nuestros Parlamentos.
Crecimiento de los países que se incorporaron a la AGA… (4)
En medio de este panorama normativo, conviene también indagar respecto a cómo la propia agenda de OGP ha crecido dentro de cada administración: estas reformas también se traducieron en el crecimiento de las burocracias estatales, en aumento de presupuesto y en la creación de manera formal de espacios de diálogo entre sociedad civil y gobierno.
Al momento de ingresar en la Alianza para el Gobierno Abierto, tres países tenían una persona trabajando en el proceso, mientras el resto contaba con un equipo de entre dos y cinco personas. Sin embargo, a medida que este proceso fue avanzando, todos menos uno, sumaron gente y recursos al área que dedica su tiempo a la agenda de OGP. Lo mismo sucede en relación a los espacios de cocreación y los espacios de diálogo. En el inicio, once países no tenían diálogos fluidos con sus gobiernos, dos tenían espacios informales, y solo Uruguay contaba con un canal de acceso más fluido. Hoy, tenemos doce países que tienen espacios formales y permanentes dejando de lado a Perú y Brasil en los que estas prácticas se encuentran actualmente suspendidas.
Desafortunadamente, los números nos indican datos de la realidad que pueden no transformarnos. La agenda de gobierno abierto para nuestros países, debería responder a los problemas centrales que sufre una región atravesada por desigualdades políticas, sociales y económicas. No podemos hablar de gobierno abierto si todavía siguen existiendo prácticas de violación a los derechos humanos, como sucede actualmente en México; casos de corrupción en la mitad de los legisladores de Brasil y Guatemala; la permanencia de toma de decisiones a puertas cerradas como casi sucede con la elección del Defensor del pueblo en Argentina, e innumerables denuncias de parte de la sociedad civil latinoamericana respecto a su bajo poder de incidencia en las agenda de gobierno abierto.
Tenemos que poder acordar conceptos, y que gobierno abierto, y la participación y transformación que de él se desprenden, implique lo mismo para todos. No es lo mismo estar dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto que poder utilizar las herramientas que esto brinda para transformar. Entendemos que la sociedad civil de los distintos países lo tiene muy claro, nos resta saber si los gobiernos están igual de dispuestos a asumir este compromiso. No tenemos que quedarnos en lo discursivo, tenemos que aprovechar esta oportunidad para cambiar.