Comentarios al Borrador del II Plan de Acción del Gobierno de España

Esperaba con mucho interés conocer el borrador del II Plan de Acción del Gobierno de España en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). El documento no ha colmado mis expectativas y me ha decepcionado. Personalmente, sospecho que  España está en la OGP no tanto por pleno convencimiento, sino más bien porque estratégicamente entiende que no puede no estar.  

A mi juicio, el Gobierno de España interpreta de una forma laxa los tres pilares fundamentales en los que se basa el marco de actuación de la OGP: transparencia  (institucional), participación (ciudadana)  y colaboración (entre lo público y lo privado). Presenta unos compromisos muy tangencial e indirectamente relacionados con las líneas prioritarias de actuación que propone la OGP. No llega a la esencia misma de lo que debería ser un Plan de Acción eficiente y efectivo: con medidas concretas y compromisos objetivamente verificables que permitan crear indicadores de medición de cumplimiento.

Para la versión final del Plan, se hace imprescindible un esfuerzo en términos de brevedad, concreción, síntesis y adecuación a los principios generales de la OGP. Además, en tanto que la OGP es una alianza multilateral, se convierte en una ventana global y escaparate internacional. Es muy recomendable presentar un II Plan de Acción trabajado por la Administración pública y consensuado con la Sociedad Civil. Pues, en definitiva,  es una carta de presentación de lo que sí parece estar convencido este Gobierno, y es la marca España (promoción de una cierta imagen del país en el exterior). Muchas personas en todos los lugares del mundo leerán con atención el II Plan de Acción del Gobierno de España en la OGP, y conviene que lo que se presente sea digno de un Estado que dice tener voluntad de modernizar sus procesos de gestión pública, con transparencia y rendición de cuentas.

El borrador del II Plan contiene 20 compromisos -demasiados para poder atender a todos con la dedicación y diligencia debidas- adscritos a tres categorías: 1. “Transparencia y Datos Abiertos” (compromisos 1 a 16); 2. “Gestión más transparente de los fondos públicos” (compromiso 17); y, 3. “Participación de la ciudadanía en la toma de decisiones” (compromiso 18 a 20).  Ni la definición de estas categorías, ni la descripción de casi la totalidad de los compromisos, se corresponden con lo que la OGP sugiere a los países para la elaboración de sus planes de acción.

El Gobierno de España presenta sus compromisos bajo unas clasificaciones generales que él mismo se inventa, y en cada compromiso dice a que categoría o categorías de desafíos propuestos por la OGP responde: (i) mejorar los servicios públicos; (ii) incrementar la integridad pública; (iii) tener una gestión más efectiva y eficiente de los recursos públicos; (iv) crear comunidades más seguras;  y (v) incrementar la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas del sector privado.  A mi parecer,  algunos de los compromisos están erróneamente clasificados. Además, esta forma de categorización dificulta la comparación de los compromisos de España con los suscritos por otros países miembros de la Alianza.   Imposibilitando así la  identificación y transferencia de  buenas prácticas internacionales conmensurables en materia de gobierno abierto.

De los 20 compromisos propuestos sólo entiendo realmente propios de Gobierno Abierto el 1 y el 17. Los otros 18, se refieren a iniciativas más propias de Gobierno Electrónico, por su recurso al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). Lo que pone, una vez más de manifiesto, que  el Gobierno de España mezcla y confunde Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico.

– El compromiso 1 (Portal de Transparencia) es para mí el más importante. Pero, no detalla suficientemente cuales serán las medidas e instrumentos utilizados para su implementación. Hay pues, a mi juicio, una deliberada falta de transmisión de información fundamental a este respecto, que además en principio no puede imputarse a la ausencia de conocimiento de la misma por parte de la Administración, pues se marca como plazo de implementación 2014. Lo que quiere decir que dispone de medio año para su implementación, por lo que: de un lado, me cuesta creer que si no sabe cómo hacerlo lo haya a hacer en este plazo, y de otro, si sabe cómo lo va a hacer, no logro comprender por qué no lo explicita en su descripción. De ahí, mi conclusión: intencionada ausencia de información pública a este respecto.

– El compromiso 17 (Mayor control y transparencia de las subvenciones públicas), es el único que se refiere a la gestión más eficiente de los recursos públicos. Precisamente por los recientes escándalos de presunta corrupción, bajo estudio de los órganos judiciales competentes en materia, que desde hace algún tiempo están siendo noticia en España; la Administración debería hacer mucho más énfasis en este tipo de medidas que garanticen el debido uso de los recursos públicos, cada vez más escasos, facilitando su rendición de cuentas con la ciudadanía.  Porque los recursos públicos no sólo son subvenciones, son también contratos de provisión de bienes y servicios, personal contratado por la Administración ad hoc para desempeñar cierto servicio profesional, concursos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración (funcionarios de carrera o personal laboral), compras públicas, externalización de servicios públicos previa adjudicación de contratos a empresas mixtas (público-privadas) o privadas, etc. De todo esto, no se dice directamente nada.

En resumen,  sospecho que estos compromisos responden al oportunismo de una política de gobierno, y no de estado, como una verdadera cuestión de apuesta institucional más allá del puntual gobierno de turno,  que debería tenerse en consideración en todas y cada una de las administraciones públicas que componen la Administración General del Estado. Además, lo que gran parte de la ciudadanía española esperaría encontrar en este II Plan de Acción serían compromisos concretos en la buena dirección de la apertura de gobierno, de su toma de decisiones, con medidas cotidianas que implican a los ciudadanos. Unos ciudadanos cada vez más descreídos y preocupados, pero al mismo tiempo también, más exigentes y demandantes de otra forma de gestión pública.