Elecciones presidenciales como inflexión en la agenda de gobierno abierto, riesgos y oportunidades: el caso costarricense

Tras entrar en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en enero de 2012, Costa Rica ha mejorado cualitativa y cuantitativamente sus procesos de co creación y participación con cada plan de acción. Para su tercer plan de acción (2017-2019) procura la consolidación institucional de gobierno abierto e impulsar políticas públicas de Estado Abierto que integren acciones de los tres Poderes de la República.

Costa Rica se encuentra a mitad de los dos años de implementación de su tercer plan de acción, el cual deberá sortear, al igual que el primero, las turbulencias propias del período de transición entre dos administraciones del Poder Ejecutivo posterior a unas elecciones presidenciales.

Durante su participación en la OGP, el país ha vivido dos procesos de elecciones presidenciales: uno en el año 2014 y otro este mismo año, que culminó recién en abril pasado y cuyo cambio de gobierno se dio este mismo mes de mayo. Ambos procesos electorales se dieron en medio de la implementación de planes de acción. Aunque el segundo ciclo electoral no se ha completado, pues la nueva administración apenas se acomoda en la silla que ocupará los próximos cuatro años, la cercanía de éste generó una influencia en la agenda de gobierno abierto.  El proceso impactó los niveles de implementación y, particularmente, el seguimiento a los compromisos del plan de acción hacia el cierre de la administración, una influencia similar a la sufrida en el proceso electoral del 2014.

Impacto de las elecciones en la implementación de los compromisos OGP

Del primer plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica 2013-14, de un total de 23 compromisos, seis tuvieron un nivel sustancial de cumplimiento y sólo dos de los compromisos relevantes para gobierno abierto fueron completados. Adicionalmente, durante la implementación de este plan de acción el gobierno no contó con un sistema de monitoreo o un canal de publicación que permitiera a la población dar seguimiento al cumplimiento de compromisos.

Sobre el tercer plan de acción 2017-19, el otro que enfrentó un período electoral tras un año del inicio de su implementación, el gobierno no contaba con información sobre los niveles de implementación de sus compromisos luego de seis meses de haberlo presentado, en noviembre de 2017. Para mayo de 2018 tampoco había actualizado la información en la página web nacional de gobierno abierto para mostrar los niveles de cumplimiento de los compromisos, pues lo que seguía publicado era el progreso del plan de acción anterior, cuyo período concluyó en junio de 2017.

El segundo plan de acción 2015-17, implementado entre los dos mencionados, tuvo en cambio ocho compromisos implementados sustancialmente y uno completo de un total de 22 compromisos, todos ellos relevantes para gobierno abierto.También contó con la publicación de información sobre los niveles de cumplimiento de los compromisos durante el segundo año de implementación.

La diferencia en la implementación de los tres planes de acción se debió, entre otras razones, a que la incertidumbre sobre lo que sucedería con los compromisos de gobierno abierto tras las elecciones llevó a posponer aquellas iniciativas que difícilmente podrían completarse tras un año de implementación. También condujo a la concentración de los recursos en aquellas acciones que no implicarán la creación de nuevas dependencias o jurisprudencia que pudiese ser descontinuada por la próxima administración.

Ambos procesos electorales también representaron la oportunidad de reconfigurar los integrantes de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto de acuerdo a las necesidades coyunturales. En el 2014, desde muy temprano en la nueva administración, la sociedad civil trabajó con el gobierno en la creación de un decreto que, a diferencia del publicado por la administración anterior, estableciera una comisión que tomase en cuenta a las organizaciones de sociedad civil que participaban activamente en la agenda de gobierno abierto.

Para el proceso de la campaña electoral de este 2018, la Comisión se encuentra trabajando en una propuesta sobre quienes deberían ser sus nuevos integrantes, y cómo deberían estar distribuidos según las instituciones, sectores y poderes del Estado de donde procedan. Además, están valorando la alternativa de crear no una Comisión de Gobierno Abierto, sino una Comisión de Estado Abierto.

Sociedad civil, agente esencial para mitigar el impacto de las elecciones

Tras estas experiencias podrían definirse tres etapas clave en las transiciones electorales en relación a los ciclos de implementación de los planes de acción de gobierno abierto:

• Campaña: En esta primera etapa es de gran ayuda que la sociedad civil se acerque a los candidatos para exponerles los compromisos que serán responsables de seguir implementando en caso de resultar electos (en los casos en que planes de acción y cambios del Ejecutivo se traslapan), los avances logrados y la importancia de potenciarlos. Permite un acercamiento con actores claves del proceso, dar continuidad o mejorar foros multi-actor y preparar las condiciones para una transición más efectiva.
• Salida del gobierno: al coincidir esta etapa con el período de campaña electoral y próximo a la conclusión del mandato, es de especial importancia el llamado a cuentas hecho desde la sociedad civil. Igualmente, en el órgano multi-actor se debe respetar la cadencia de reuniones definida (mensualmente por ejemplo) y la agenda de temas para monitorear el cumplimento de los compromisos del plan de acción. Es clave también trabajar en la documentación de las experiencias adquiridas.
• Transición: El acompañamiento de la sociedad civil durante este proceso resulta clave para aprovechar y transmitir las experiencias y avances logrados. Pues son las organizaciones y personas de este sector las que pueden darle continuidad al proceso avanzado y aprovechar el cambio para señalar los puntos de mejora del proceso desarrollado hasta el momento. En esta etapa resulta de gran ayuda que la administración saliente deje toda la documentación, repositorios de conocimiento y lecciones aprendidas debidamente documentadas.

Finalmente, hay al menos dos factores externos que influyen en el nivel de impacto de los períodos electorales en las agendas de gobierno abierto y que pueden o no presentarse según sea el caso:

• Cambio o continuidad de partido político: en el caso de Costa Rica, cuando el partido político saliente y el que asumiría el Poder Ejecutivo fue diferente, la agenda de gobierno abierto cambio significativamente y perdió continuidad.
• Rotación de personal: la salida de personal de gobierno trabajando directamente en la implementación de compromisos, conforme se acerca el final del mandato en el Ejecutivo, es otro factor que afecta la implementación de la agenda.

Para mitigar el impacto de estos factores resulta de gran importancia la documentación continua de los procesos, lecciones aprendidas y avances logrados para cada una de las iniciativas de gobierno abierto, así como los retos más comúnmente afrontados.

Cómo cualquier otro proceso de cambio que genera incertidumbre, las elecciones también representan una oportunidad para hacer un alto en el camino. Permiten evaluar el recorrido y sacar de él las lecciones posibles para preparar lo que viene, a través de una estrategia que controle los riesgos y propicie mejoras. En el caso de Costa Rica, las bases para institucionalizar los procesos ya están dadas. Con los cambios en el desarrollo y la constitución de la futura Comisión, la expectativa es generar las condiciones para llevar el concepto de Estado Abierto del discurso a la acción.