Elecciones y la Alianza para el Gobierno Abierto en México

El próximo 1º de julio se llevarán a cabo elecciones federales y locales en México en las que se disputarán más de 18,000 puestos. En el ámbito federal, se elegirán Presidente, 128 cargos en el Senado, y 500 cargos en la Cámara de Diputados. Votarán en estas elecciones más de 89 millones de mexicanos, de los cuales 12 millones lo harán por primera vez. Esta será también la primera ocasión en que la boleta presidencial incluya candidatos independientes y en la que se permita la reelección (de momento, solo para alcaldes y congresos locales).

Las transiciones van más allá del proceso electoral. Los comicios de julio próximo llegan en un momento en el que México, país fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), enfrenta uno de los mayores retos desde que inició su participación en el 2011. A partir de mayo de 2017, el espacio de participación, diálogo y co-creación que hizo posible el proceso de gobierno abierto en el país, y que en su momento fue considerado un mecanismo innovador en la región, se encuentra en un punto de inflexión debido el retiro de organizaciones de sociedad civil que en él estaban representadas.

Ante la dificultad hasta ahora observada para restablecer la confianza entre gobierno y sociedad civil, cabe preguntarse si la transición política que se avecina podría generar condiciones más propicias para seguir construyendo propuestas en el marco de los planes de acción de gobierno abierto. Además del cambio de gobierno en sí, la oportunidad se presenta por la prominencia de problemas como la corrupción y la impunidad en la agenda pública, y por la importancia que los candidatos atribuyen a temas como la transparencia y la participación ciudadana en sus discursos y programas de gobierno. Para transformar esta oportunidad en resultados concretos, sin embargo, será necesario que tanto gobierno como sociedad civil realicen esfuerzos proactivos que favorezcan el acercamiento y ayuden a recuperar el diálogo.

Gobierno abierto en la agenda electoral

Si bien en los últimos años México ha logrado avances importantes en materia de acceso a la información y transparencia, aún falta mucho por hacer en rendición de cuentas y participación ciudadana. La percepción de corrupción en México ha empeorado de manera constante desde 2015. Actualmente, según datos de Transparencia Internacional, México es uno de los países con mayor percepción ciudadana de corrupción en Latinoamérica, y el primer lugar entre los países de la OCDE.^[1] Además, como documenta Civicus Monitor, el espacio cívico en México se encuentra restringido en distintas zonas del país debido, principalmente, a la penetración del crimen organizado, la corrupción generalizada, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que impera en el sistema de justicia.^[2]

El impacto de logros legislativos como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley 3de3 se ha visto limitado por retos operativos y de coordinación (especialmente en el caso del SNA), pero también por lo que se percibe como resistencia o falta de voluntad de parte de una clase política gobernante que se siente afectada.

No sorprende, en este contexto, que sean la corrupción, la impunidad y la inseguridad los temas dominantes en las campañas. Todos los aspirantes a la presidencia, sin excepción, han priorizado estos problemas en sus planes y programas de gobierno. La mayoría de los candidatos hacen alguna referencia a la transparencia, la rendición de cuentas y/o la participación ciudadana como herramientas para combatir estos y otros problemas.^[3]

No obstante, son principalmente los dos punteros los que proponen de manera más explícita acciones para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, ciudadanizar algunos aspectos de la toma de decisiones gubernamental, y potenciar el uso de tecnologías innovadoras para mejorar la gobernanza.

Algunas de las propuestas del candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, incluyen transparentar los procesos de procuración de justicia y del poder judicial en general, así como las actividades de cabildeo en el Congreso. También propone ciudadanizar la investigación de actos de corrupción, así como la supervisión y fiscalización de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno. Otras medidas incrementarían la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y en la supervisión del sistema penitenciario.^[4] 

Por su parte, el Proyecto de Nación 2018-2024 de la Coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, plantea, entre otras cosas, extender las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a los actores privados que reciban recursos públicos, impulsar legislación general contra el conflicto de interés, e incrementar la participación ciudadana en los órganos de combate a la corrupción, promoción de transparencia e impartición de justicia. También se propone universalizar la declaración de situación patrimonial a todas las personas físicas y morales con acceso a recursos públicos, e implementar mecanismos de participación aleatoria para vigilar algunos procesos gubernamentales de adquisición, arrendamiento y contratación.^[5] Este Proyecto es la única plataforma en la que explícitamente se menciona el gobierno abierto y el proceso OGP. Para impulsarlos, se propone introducir reformas legales para facilitar las consultas populares y hacer una revisión de los resultados hasta ahora alcanzados en ese marco.^[6]

Desafíos para la Alianza para el Gobierno Abierto en México.

Reconstruir la confianza y el diálogo. En mayo de 2017, y en medio de un escándalo de vigilancia digital ilegal ampliamente conocido (y que afectó directamente a defensores del derecho a la salud que colaboraban en el tercer plan de acción), los representantes de sociedad civil decidieron retirarse del Secretariado Técnico Tripartita (STT), el mecanismo institucional que hasta entonces había hecho posible la definición de tres planes de acción y un total de 62 compromisos cumplidos (2015). El retiro del Núcleo (como se le conoce a las organizaciones de sociedad civil en el STT) puso al STT en una situación de estancamiento funcional que se mantiene hasta la fecha y de la que las partes interesadas ven muy difícil salir en lo que resta de la actual administración. Esto se debe, principalmente, a la insatisfacción del Núcleo con la respuesta que hasta ahora han obtenido a sus demandas por parte de las autoridades competentes.^[7]

Implementar un plan de acción sin apoyo de sociedad civil y en el marco del cierre de la administración actual. El deterioro de la relación entre sociedad civil y gobierno también ha implicado que la implementación del tercer plan de acción ha seguido adelante pero no contará con el respaldo de sociedad civil. Lo anterior, debido a que las organizaciones externas al Núcleo que aceptaron acompañar el proceso con posterioridad al retiro de éste, no están dispuestas, por solidaridad o para no antagonizar, a dar un aval formal de avance o cumplimiento de los compromisos.

Construir nuevos compromisos y asegurar la continuidad de la iniciativa bajo un nuevo gobierno. De acuerdo con los calendarios de OGP, a México le correspondería comenzar a desarrollar un cuarto plan de acción hacia la segunda mitad de 2018. Es difícil imaginar que en las circunstancias actuales se pueda construir el espacio de confianza y apertura necesario para co-crear nuevos compromisos. El panorama se complejiza con la proximidad del cambio de gobierno. En México, esta alternancia se presenta cada seis años (no existe en el país reelección presidencial) y con ella normalmente llegan nuevas prioridades, agendas y funcionarios – especialmente si el nuevo gobierno se quiere distanciar del anterior. Esto implica que garantizar la continuidad de las decisiones del gobierno saliente puede ser un reto, especialmente si no existen mecanismos institucionales suficientemente sólidos que hagan dichas decisiones vinculantes.  

Estrategias y perspectivas ante los desafíos.

El Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP recomendó a las partes interesadas valorar la posibilidad de ajustar el calendario que guiará el próximo plan de acción de México. En este sentido, la implementación del plan de acción 2016-2018 continuará de acuerdo al calendario original pero la construcción del cuarto plan arrancará durante la segunda mitad de 2019.  Con este cambio se da oportunidad a la nueva administración de adquirir las herramientas e insumos necesarios para continuar con el proceso de la OGP, al tiempo que se da espacio a gobierno y sociedad civil para reconstruir y redefinir su relación.

Esto no garantiza la reactivación del STT, o que la colaboración entre gobierno y sociedad civil para efectos de los próximos planes de acción se vaya a dar en los términos que hasta ahora hemos conocido. Tampoco asegura, por supuesto, que las políticas públicas que de ahí se deriven resultarán efectivamente en un gobierno más abierto.

Los aspirantes a la presidencia, especialmente los que encabezan las intenciones de voto, se presentan favorables a los valores de gobierno abierto. No obstante, habrá que esperar a que el ganador de la contienda y su equipo entren en funciones para entender mejor la naturaleza de la colaboración con la sociedad civil que van a promover y los mecanismos específicos que utilizarán para ello. Como sabemos, alentar la participación ciudadana no necesariamente implica promover la co-creación.

En cualquier caso, el próximo gobierno, sin importar su tinte o denominación, tendrá la oportunidad de poner en marcha acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía en la posibilidad de una colaboración abierta y fructífera con el gobierno y, con ello, generar condiciones para atender los problemas públicos más apremiantes. Por su parte, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad de continuar presionando, fiscalizando y, sobre todo, aportando ideas para que los discursos de campaña se conviertan efectivamente en realidad.