La política de gobierno abierto en Paraguay, etapa electoral y próxima administración presidencial y legislativa

El ingreso de Paraguay a la Alianza de Gobierno Abierto en el año 2011, ha marcado el inicio de un proceso acelerado de construcción y fortalecimiento del marco normativo y de una mayor conciencia respecto a la transparencia y el acceso a la información pública, como pilares de un Estado de derecho.

A partir del 2011, el Estado paraguayo ha venido implementando de manera ininterrumpida, los diferentes planes de acción de gobierno abierto, independientemente de los gobiernos de turno. Estos fueron: I Plan de Acción 2012-2014, II Plan de Acción 2014-2016 y el III Plan de Acción 2016-2018, estando actualmente en proceso el IV Plan de Acción 2018-20.

El proceso de construcción de los planes de acción ha estado liderado desde el inicio por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) que además coordina la Mesa Conjunta, que nuclea a diversas organizaciones de la sociedad civil, sector privado y entidades del Estado comprometidas con las políticas de gobierno abierto.

Consolidación del gobierno abierto como política de estado

Desde 2011, Paraguay ha tenido un proceso interesante de promulgación de leyes favorables a la transparencia y el acceso a la información pública que generan hoy el entorno normativo propicio para la implementación de las políticas vinculadas con una mayor apertura del gobierno a la ciudadanía.

Entre las disposiciones normativas que pueden ser mencionadas se destacan:

• Decreto No. 10144/2012, por el cual se crea la Secretaría Nacional Anticorrupción. Ente rector de la administración pública paraguaya en materia de transparencia y anticorrupción.

• Ley No. 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional De la Declaración Jurada de Bienes.

• Ley No. 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de recursos públicos.

• Ley No. 5282/2014, del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental

Además de la promulgación de estas disposiciones normativas, en este tiempo se han producido fallos judiciales históricos en favor de una cultura de transparencia en la administración pública. Los fallos han sentado jurisprudencia formidable en el sentido de ratificar el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental.

Estos fallos son:

El Acuerdo y Sentencia No. 1306/13, en el caso del ciudadano Daniel Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo y el reciente fallo del Juez Rubén Riquelme mediante el cual dispone la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República, entre los años 1998 y 2017.

Estos antecedentes positivos, sin embargo, no pueden ocultar los enormes desafíos que todavía aquejan al Estado paraguayo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Estas medidas reflejan esfuerzos valiosos tanto desde el Estado como desde la sociedad civil (organizaciones y academia) por consolidar las políticas de gobierno abierto como políticas de Estado que trascienden a los gobiernos en el tiempo.

Gobierno abierto en el reciente periodo electoral

La agenda de gobierno abierto como tal estuvo ausente en los discursos de las campañas políticas. Sin embargo, los avances registrados en las políticas de transparencia y acceso a información pública sí fueron incorporados en los planes de gobierno de ambos candidatos, con mayor énfasis en el caso del candidato de la ANR electo, Mario Abdo Benítez.

Desde la Mesa de Trabajo Conjunta de Gobierno Abierto se plantearon en dos reuniones plenarias, la posibilidad de acercar propuestas a los candidatos, pero esta actividad finalmente no ha sido desplegada.

Sin embargo, desde el Grupo Impulsor de Acceso a Información (GIAI), iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil que forman parte activa del proceso de gobierno abierto y que impulsan los compromisos suscritos en los planes de acción, se han realizado eventos públicos de suscripción de manifiestos a favor de la transparencia y el libre acceso a información pública. Los eventos se realizaron con candidatos a gobernadores de diversos departamentos del país, así como capacitaciones sobre la ley No. 5282/2014 de acceso a información pública, que fue un compromiso contenido en el segundo plan de acción de Paraguay.

Transcurridas las elecciones generales el pasado 22 de abril,  se espera ahora que las nuevas autoridades delineen el rumbo a seguir en cuanto a los ejes de democratización del Estado, lucha contra la corrupción y  participación ciudadana. Los meses siguientes serán claves en la apuesta por la continuidad de la política pública de gobierno abierto paraguaya.

En esta etapa de transición entre gobiernos, sería pertinente que las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del proceso actual de construcción del cuarto plan de acción, inicien conversaciones con el Presidente electo a fin de garantizar la continuidad del proceso ya iniciado.

Como parte de esa estrategia de acercamiento al Presidente electo, se podría plantear la posibilidad de la promulgación del Decreto presidencial que apruebe el cuarto plan de acción y constituya, vía decreto, a la Mesa de Trabajo Conjunta como espacio plural e interinstitucional responsable del monitoreo de las políticas de gobierno abierto. Lo anterior para garantizar con instrumentos normativos concretos la continuidad de la agenda de gobierno abierto.

Finalmente, recomendamos que el cambio de gobierno no signifique el desmantelamiento de los equipos técnicos de la Secretaría Técnica de Planificación, que hace años vienen gerenciando el proceso. Mantener los cuadros gerenciales de la STP responsables de la agenda de gobierno abierto coadyuvaría a retomar las actividades ya iniciadas y previstas relacionadas con el desarrollo del IV Plan de Acción 2018-2020.