Los retos que emergen frente a un proceso electoral: ¿Qué nos enseña el caso de Sao Paulo, Brasil?

No son pocos los analistas y expertos que consideran a Brasil un hub de innovaciones democráticas: formales e informales, de planificación descendente (concebida desde el Estado) o ascendente (generadas por miembros del público o sociedad civil). Sao Paulo, la metrópoli más grande de país, ha sido un motor de estas innovaciones.

Brasil es uno de los fundadores de la Alianza para Gobierno Abierto (AGA u OGP por sus siglas en inglés) y en 2016 Sao Paulo fue elegida como pionera del programa local de OGP.

El 2016 fue también un año de elecciones municipales en el país y el piloto subnacional en Sao Paulo fue profundamente marcado por el contexto electoral y de transición. Las elecciones municipales en el 2016, para elegir al ejecutivo municipal (Alcalde o Prefeito en portugués) y al legislativo municipal (Câmara dos Vereadores), repercutieron significativamente en las instituciones públicas responsables de la agenda del gobierno abierto en la ciudad (aquellas a cargo del primer Plan de Acción de Sao Paulo en la OGP como la iniciativa São Paulo Aberta de la Secretaría de Relaciones Internacionales – SMRI – y la Contraloría General del Municipio), y, en consecuencia, en el proceso de elaboración e implementación del plan de acción.

El período electoral impuso límites y retos al proceso de elaboración del Plan, por ejemplo, con restricciones legales al uso de la comunicación oficial de la alcaldía durante los meses que antecedieron el voto. La diseminación de información y la movilización de los ciudadanos estuvo, por consiguiente, limitada.

En São Paulo, el plan de acción fue elaborado durante la gestión de Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores – PT) e implementado durante la gestión de João Dória (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB).

La alternancia política-partidaria, en tiempos de polarización política a nivel nacional, generó cambios significativos no sólo en los liderazgos políticos del ejecutivo municipal a nivel secretarial, sino también en el cuerpo técnico de servidores en la mayoría de las secretarías. Además de la alternancia, el contexto de restricción fiscal, en tiempos de marasmo económico también a nivel nacional, acarreó en cortes en el efectivo de funcionarios públicos en las principales agencias implementadoras, incluso en las que se hacían cargo del piloto de la OGP. Desde el período de elaboración del plan de acción, en 2016, hasta el final del período de implementación, en diciembre de 2017, tres funcionarios distintos ocuparon el puesto de punto focal ante la OGP.

La transición impactó la implementación del plan de acción. Trajo inestabilidad e incertidumbre política y exigió un gran esfuerzo del cuerpo técnico permaneciente para renovar el compromiso político del más alto escalón (en el Gabinete del Alcalde y en las Secretarías Municipales) con el plan de acción de la OGP. Sao Paulo necesitaba más tiempo para la articulación y la renegociación del plan, tiempo que no existió, debido a los plazos del piloto de la OGP. La transición retrasó el inicio de la implementación de los compromisos e impactó en el contenido de lo que se había acordado durante las fases de elaboración del plan de acción y planificación inicial, hechas en colaboración con la sociedad civil. La mayoría de los compromisos tuvieron menos de un año para su implementación (de abril 2017 hasta diciembre).

Aunque el calendario de ejecución abreviado impuso límites reales a la capacidad de los compromisos de promover apertura en el gobierno, el piloto de São Paulo fue igualmente revelador por los múltiples esfuerzos realizados por un equipo reducido de funcionarios públicos y algunas organizaciones de la sociedad civil altamente comprometido, luchando por sostener y ampliar la agenda de gobierno abierto en la ciudad.

Durante la última década, la ciudad de São Paulo fue pionera en la agenda de gobierno abierto en Brasil. São Paulo creó un comité intersecretarial de gobierno abierto (CIGA-SP) en el 2014, años antes de la entrada de la ciudad en la OGP. La participación formal de la ciudad en la OGP y la inserción de los compromisos de gobierno abierto de la AGA en Programa de Metas 2017-2020 de la ciudad son señales de la voluntad de las dos gestiones de actualizar y renovar, formalmente, el compromiso municipal de expandir y consolidar acciones de gobierno abierto. Sin embargo, más allá del compromiso formal, faltó a São Paulo la real voluntad política: el apoyo político, técnico y financiero para avanzar.

En 2018, año de un nuevo proceso de co-creación de un nuevo plan de acción, Sao Paulo tiene un nuevo Alcalde o Prefeito, Bruno Covas, quien era el vice-alcalde de João Dória, que sale para lanzarse al cargo de gobernador del estado de Sao Paulo, una de las 27 unidades federativas del país cuya capital es la municipalidad de Sao Paulo. Una nueva transición. Pero los retos para el futuro siguen siendo los mismos: ampliar la ambición de los planes de acción y garantizar su sostenibilidad.

Una agenda sostenible es una agenda ambiciosa, capaz de armonizar iniciativas estructurales y formativas con propuestas ambiciosas de reformas de apertura en sectores y políticas socialmente relevantes a los paulistanos. Sin duda, co-crear compromisos de apertura en la provisión de servicios esenciales es una manera importante de hacer el puente hacia el impacto social y la sostenibilidad. Sin embargo, una agenda sostenible es también una agenda que consolide y mejore los espacios de confianza forjados en 2016 para la construcción colectiva del plan de acción y la gestión compartida de la OGP (espacios como el Foro de Gestión Compartida o Fórum de Gestão Compartilhada para los planes de acción de la OGP en la ciudad). Finalmente, una agenda de gobierno abierto sostenible es una agenda de políticas e iniciativas de Estado y no de gobiernos o gestiones. ¿Hasta qué punto pueden, los incipientes mecanismos de institucionalización y anclas políticas o legales que existen hoy en Sao Paulo, lograr generar estabilidad bajo constantes transiciones en plazos muy cortos? ¿Qué herramientas puede ofrecer una plataforma internacional como la OGP a los reformadores en el gobierno y la sociedad para esquivar a las conocidas trampas de la continuidad en la gestión pública?