Tres formas a través de las que la Declaración de París puede impulsar el Objetivo 16
En diciembre de 2016 durante la cuarta Cumbre Global de OGP que se llevó a cabo en París, más de 20 gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones multilaterales firmaron el compromiso 13 de la Declaración de París a través del cual se dio prioridad a mejorar el acceso a la justicia a través de un mejor monitoreo y colecta de datos. Creemos que hay tres formas en las que estos esfuerzos contribuirán a lograr avances en el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, como lo definen el objetivo 16 y la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
1. Fortalecer el compromiso con el acceso a la justicia
La visión de la Agenda 2030 es “un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables”. Según el ODS 16.3, los gobiernos deberán promover un estado de derecho a nivel nacional e internacional y asegurar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Sin embargo, a dos años de la publicación de la agenda, se han logrado pocos avances en cuanto a la implementación del objetivo 16 en objetivos concretos. Se estima que 4 mil millones de personas pobres y marginadas viven sin la protección de la ley. Si no logramos una mayor voluntad política, corremos el riesgo que los ODS no logren cumplir sus promesas de mejorar los sistemas de justicia.
OGP tiene la capacidad de generar voluntad política y de impulsar reformas judiciales. La Declaración de París reconoce la relación entre el acceso a la justicia, el gobierno abierto y los ODS. Este documento será un catalizador para que los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de OGP incluyan compromisos relacionados con la justicia en sus Planes de Acción Nacional. Creemos que, para lograr el mayor impacto posible, los Planes de Acción Nacional deben incluir compromisos concretos sobre el empoderamiento legal y el acceso a la justicia. El más reciente plan de acción de Sudáfrica es un excelente ejemplo de ello, pues busca contribuir al desarrollo y sostenibilidad del movimiento legal al asegurar que los asesores legales comunitarios tengan los recursos necesarios para responder a las necesidades de los grupos marginados.
2. Identificar indicadores para medir el acceso a la justicia
La Agenda 2030 identificó la necesidad de crear indicadores internacionales, regionales y nacionales para poder dar seguimiento a los avances de los objetivos. A nivel global, hay pocos datos que permitan estimar cuántas personas no tienen acceso a la justicia.
Los indicadores oficiales que fueron adoptados para medir el ODS 16.3 son muy limitantes. Los dos que fueron seleccionados por el Grupo Interinstitucional y de Expertos (IAEG por sus siglas en inglés) de la ONU se enfocan en los sistemas de justicia criminal, incluyendo el tiempo de detención antes del juicio y las tasas de denuncia de los crímenes. Aunque estos números son importantes, la justicia va más allá de la policía y las cárceles. Para la mayoría de la gente, las injusticias no ocurren durante los procesos.
La comunidad internacional y el IAEG reconocen las limitaciones de estos indicadores, por lo que están buscando nuevas ideas para dar seguimiento al objetivo 16. Necesitamos tener indicadores que monitoreen el alcance y la naturaleza de las necesidades legales de las personas, las injusticias colectivas que enfrentan muchas comunidades y los mecanismos que ofrecen compensación. Estos datos ayudarán a los gobiernos a diseñar políticas más sólidas y definidas y fortalecer los esfuerzos de mejorar el acceso a la justicia y al gobierno abierto.
La Declaración de París ofrece una oportunidad a los miembros de OGP para probar nuevos métodos que den un mejor seguimiento al acceso a la justicia. Además, OGP tiene una oportunidad muy especial para pedir a los gobiernos y a la sociedad civil que desarrollen indicadores nacionales de acceso a la justicia. Estados Unidos inició el proceso de desarrollo de indicadores nacionales de justicia en colaboración con la sociedad civil como parte de su compromiso con los ODS y con la Declaración de París. Además, la sociedad civil de OGP está colaborando para identificar mecanismos para medir el acceso a la justicia a nivel global a través de la Iniciativa de Datos ODS 16. OGP puede ser un recurso importante para aprender de estos esfuerzos.
3. Establecer alianzas para el acceso a la justicia
Los ODS establecen el compromiso de crear una alianza global para el desarrollo sostenible y hacen un llamado a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para colaborar y lograr los resultados de gran escala que plantea el desarrollo sostenible. Sin embargo, desde que se adoptaron, la sociedad civil está cada vez más amenazada en muchos países del mundo. El año pasado, CIVICUS identificó amenazas a las libertades cívicas en más de 100 países, además de cada vez más impunidad en las injusticias.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una herramienta que pretende luchar contra esta tendencia. La Declaración de París promueve la inclusión, participación y alianzas entre los gobiernos y la sociedad civil para impulsar la implementación del objetivo 16. La Declaración de París puede ayudar a identificar buenas prácticas en el acceso a la justicia. A través de la plataforma de OGP, los países pueden aprender entre sí y colaborar para identificar nuevos mecanismos. La Red Global de Empoderamiento Legal facilita un grupo abierto para intercambiar buenas prácticas y discutir retos. Les recomendamos a todos los interesados en el acceso a la justicia en OGP continuar la discusión.